Gerardo Saenz Romero

Expediente 801/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
801/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Saenz Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en la Fracción I, del Artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración del cuaderno incidental En cuanto al incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva el incidente de suspensión original es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica a las partes, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le formuló en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, para que se manifestara lo que a sus intereses convenga, respecto de la denominación correcta de las autoridades señalas como Director General de la Policía Estatal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua. La parte quejosa quedó debidamente notificada del referido requerimiento y transcurrió el plazo que se le confirió sin que aportara al presente asunto la denominación y domicilio, correctos y actuales de las autoridades de referencia. Así, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado, por lo que, para los efectos de este juicio de amparo se tienen como autoridad inexistente al Director General de la Policía Estatal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua. Debido a lo anterior, se ordena suspender toda comunicación con la referida autoridad, de conformidad con los artículos 5º, 108, fracción III, de la Ley de Amparo y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, debiendo hacer las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En consecuencia, se dejan sin efectos la audiencia señalada para las diez horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia incidental respecto de dichas autoridades, por resultar innecesaria su celebración. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado**********z. Doy fe.

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le formuló en proveído de veintiocho de agosto del presente año, para que se pronunciara respecto a la imposibilidad de notificar al "Agente del Ministerio Publico Investigador adscrito al Departamento de Homicidios de la Fiscalía General, Zona Norte y Comandante General de la Policía Estatal del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad. Así, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado, por lo que, para los efectos de este juicio de amparo se tiene como autoridades inexistentes a las referidas en el párrafo que antecede. Debido a lo anterior, se ordena suspender toda comunicación con la referida autoridad, de conformidad con los artículos 5º, 108, fracción III, de la Ley de Amparo y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, debiendo hacer las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, agréguese a los autos la pieza postal que devuelta por Correos de México la cual contiene el oficio 23096/2023 dirigido a la autoridad señalad como Director General de la Policía Estatal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, en razón de que refiere que no existe la autoridad. En consecuencia, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede notificada de éste proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se tendrá por inexistente la mencionada autoridad, respecto de este incidente de suspensión. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y se señalan las diez horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para su desahogo Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto, para resolver, el juicio de amparo 801/2023-III, promovido por **. RESULTANDO. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad ** promovió juicio de amparo contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, y otras, con sede en esta Ciudad. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se registró bajo el consecutivo 801/2023-III, y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado; se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se reclama un auto dictado dentro de un expediente del orden penal, que se tramita en el territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclama al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, y otras, con sede en esta ciudad, en esencia lo siguiente: "IV.- ACTO O ACTOSRECLAMADOS: A) La ilegal orden de detención y/o aprehensión dictada en mi contra, decretada por la Autoridad Responsable Ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la Autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. B) De la autoridad señalada C. Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a él departamento de homicidios. " TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus respectivos informes justificados, el Agente del Ministerio Público Investigador, adscrito al departamento de homicidios de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, así como el Secretario de Seguridad Pública Estatal, negaron la existencia del acto que se les atribuyó. Al no haber ofrecido la parte quejosa prueba para desvirtuar tales negativas, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; (...)" Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que le fue atribuido por el quejoso, y anexó copia certificada de diversas constancias que obran en la Causa Penal 4167/2023, de las cuales se advierte que el uno de agosto de dos mil veintitrés, se emitió orden de aprehensión en contra de **, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado, en términos de los artículos por los artículos 123, 124, y 127, en relación al diverso 136 fracción II, inciso b), todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de **; por hechos ocurridos el veintinueve de julio de dos mil veintitrés, en el cruce de las calles ** en esta ciudad. Posteriormente, el Juez de Control informó que una vez ejecutada la orden de aprehensión, el treinta de agosto del año en curso se formuló imputación al hoy quejoso, por su probable participación en los hechos señalados en párrafos anteriores, y en su oportunidad, solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver respecto de su situación jurídica, por lo que se señalaron las once horas del cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia de vinculación o no a proceso. Asimismo, se impuso a **, la medida cautelar establecida en la fracción XIV del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva, por un plazo de veinticuatro meses, contado a partir de esa fecha, hasta el treinta de agosto de dos mil veinticinco. Así, en audiencia de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó auto de vinculación a proceso a **, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado, en términos de los artículos por los artículos 123, 124, y 127, en relación al diverso 136 fracción II, inciso d), sin acreditarse el inciso b) del citado numeral, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de **; por hechos ocurridos el veintinueve de julio de dos mil veintitrés, en el cruce de las calles ** en esta ciudad. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º de esta última, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por una funcionaria dotada de fe pública, como lo es el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta Ciudad. Es aplicable al respecto, la tesis formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XII, Noviembre de 1993, Página: 342. que indica: "DOCUMENTOS NO OBJETADOS, SU VALOR PROBATORIO. Si el documento privado ofrecido como prueba por una de las partes, no es objetado en cuanto a su autenticidad, tiene valor probatorio pleno para acreditar el hecho respectivo." QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, la suscrita estima que respecto a la orden de aprehensión dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, el uno de agosto de dos mil veintitrés, en la causa penal 4167/2023, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" El precepto normativo transcrito con antelación prevé la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, la cual consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, el juicio de amparo será improcedente si de concederlo se afectara esa nueva situación y, por ello, deben estimarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Así, la finalidad del artículo 61, fracción XVII, señalado es evitar la inutilidad o ineficacia de la acción constitucional por causas ajenas que hacen irreparable el acto reclamado y que, de no existir dicha causa de improcedencia, perdería fundamento el juicio constitucional, pues no podría restituirse al agraviado en el goce o respeto del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Las causas ajenas consisten en: a) Un acto posterior al que se reclama; y, b) Haya autonomía o independencia entre ambos, de modo que la última resolución pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; dichos aspectos son ajenos, pues la nueva situación jurídica y su autónomía no son materia de impugnación en el juicio constitucional que puedan analizarse en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I, de la ley citada; ello en atención a los principios de instancia de parte agraviada y relatividad de las sentencias que rigen al juicio pues, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al trastocar los efectos de diversa resolución judicial que no fue previamente impugnada por la parte agraviada. Ante esa finalidad normativa, el artículo 61, fracción XVII, invocado no contraviene el derecho a contar con un recurso eficaz a que se refiere el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues aquél pretende evitar que, precisamente, el juicio de amparo sea inútil por causa de una nueva situación jurídica y, por ende, la norma no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad, atento a razones de seguridad jurídica, cuando existen causas externas que hacen irreparable las violaciones alegadas por el quejoso, máxime que la causal de improcedencia de mérito no impide que esa nueva situación jurídica pueda ser impugnada mediante diverso juicio de amparo. La circunstancia de que dicha causal de improcedencia dé lugar a que no se analicen de fondo los conceptos de violación, no resulta violatoria del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido, aunado a que las causales de improcedencia son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, los presupuestos procesales, como son las causales de improcedencia, encuentran su justificación en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, que dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es constitucionalmente correcto que la Ley de Amparo vigente establezca los términos y condiciones que deban cumplirse para la procedencia del juicio de amparo, acorde con la jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, el artículo 61, fracción XVII, referido no contraviene el artículo 1o., segundo párrafo, constitucional, en cuanto al principio de interpretación pro persona, pues ello encuentra su propia limitación a lo que prevé la propia Constitución Federal, en este caso, en el numeral 107, párrafo primero, que dispone que las controversias a que se refiere el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos que determine su ley reglamentaria; lo que significa que el legislador ordinario se encuentra facultado constitucionalmente para emitir leyes en donde se establezcan las formalidades que estime deban cumplirse y llevar a cabo dicho fin, máxime que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados, mediante sus órganos legislativos, pueden y deben establecer en las leyes que emitan, presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, para cumplir con los propias formalidades que establece la Constitución Federal en sus artículos 1o., 14 y 17. Además, lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en cuanto a interpretar las normas en favor de las personas, no implica que el legislador ordinario se encuentre obligado a establecer que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, pues también debe emitir sus leyes para hacer posible la aplicación de los principios que establecen los artículos constitucionales de referencia. En el caso, como se precisó, el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, **, promovió demanda de amparo por propio derecho contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al departamento de Homicidios, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, así como de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, consistentes en la orden de detención y/o aprehensión del quejoso. Sin embargo, de las constancias que obran en autos, se desprende que una vez ejecutada la orden de aprehensión librada por el Juez de Control, en la causa penal 1467/2023, el treinta de agosto de dos mil veintitrés, se formuló imputación al hoy quejoso, y se señaló el cuatro de septiembre de misma anualidad para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso, en la cual, el Juez de Primera Instancia, dictó auto de vinculación a proceso a Gerardo Sáenz Romero, por su probable participación en el delito de homicidio calificado. Documentales que por ser públicas se les confiere valor probatorio pleno, en términos de lo que disponen los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. En esas condiciones, si el acto reclamado consiste en una orden de aprehensión y la autoridad responsable vinculó a proceso al imputado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes expuesto la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, que dice: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por **, en contra de las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos precisados en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.

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