Gerardo Saade Kuri

Expediente 407/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 49 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
407/2021
Año
2021
Actuaciones
49
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Saade Kuri
  • Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 49.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; Atenta a la certificación secretarial de cuenta y al estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de quince de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que por un lado sobresee y por otro niega el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, no es óbice a lo anterior, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios 22131/2022, 22132/2022, 22133/2022, 22134/2022 y 22135/2022, por los cuales se notificó a las autoridades responsables Congreso, Gobernadora, Secretario General de Gobierno, Secretario de Finanzas y Administración y Coordinador General del Catastro, todos del Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, la sentencia dictada en este expediente, pues al haberse sobreseído por un lado y negado el amparo, dichas autoridades no están legitimadas para recurrirla, conforme al artículo 87 de la ley de la materia. Es aplicable, por analogía jurídica, la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO POR CONDUCTO DE SU DELEGADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA LEY CUYA CONSTITUCIONALIDAD DEFIENDE. Los recursos establecidos en la Ley de Amparo tienen como finalidad reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio de garantías con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación y resolución. Ahora bien, cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de garantías, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional, por lo que dicha resolución a quien en todo caso podría deparar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. En estas condiciones, el presidente de la República carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto por conducto de su delegado, contra la sentencia que sobresee en el juicio respecto de la ley cuya constitucionalidad defiende, pues en tal caso no existe declaración al respecto." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 2214). En ese contexto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DEPURABLE por virtud de que en el mismo SE NEGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. En consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años a que alude el mencionado numeral, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. Por otra parte, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Por otra parte, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, y obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se pone a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, a fin de que se presente en el local de este juzgado y recoja los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término serán destruidos junto con el expediente. En el entendido que de conformidad lo establecido en los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ", a fin de que le sean devueltas las documentales que anexó a su demanda de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/1364/2022, de treinta de mayo de dos mil veintidós, quien actúa asistido por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE ESTABLECE: "Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; Atenta a la certificación secretarial de cuenta y al estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de quince de julio de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que por un lado sobresee y por otro niega el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, no es óbice a lo anterior, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios 22131/2022, 22132/2022, 22133/2022, 22134/2022 y 22135/2022, por los cuales se notificó a las autoridades responsables Congreso, Gobernadora, Secretario General de Gobierno, Secretario de Finanzas y Administración y Coordinador General del Catastro, todos del Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, la sentencia dictada en este expediente, pues al haberse sobreseído por un lado y negado el amparo, dichas autoridades no están legitimadas para recurrirla, conforme al artículo 87 de la ley de la materia. Es aplicable, por analogía jurídica, la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO POR CONDUCTO DE SU DELEGADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA LEY CUYA CONSTITUCIONALIDAD DEFIENDE. Los recursos establecidos en la Ley de Amparo tienen como finalidad reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio de garantías con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación y resolución. Ahora bien, cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de garantías, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional, por lo que dicha resolución a quien en todo caso podría deparar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. En estas condiciones, el presidente de la República carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto por conducto de su delegado, contra la sentencia que sobresee en el juicio respecto de la ley cuya constitucionalidad defiende, pues en tal caso no existe declaración al respecto." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 2214). En ese contexto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DEPURABLE por virtud de que en el mismo SE NEGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. En consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años a que alude el mencionado numeral, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. Por otra parte, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Por otra parte, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, y obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se pone a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, a fin de que se presente en el local de este juzgado y recoja los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término serán destruidos junto con el expediente. En el entendido que de conformidad lo establecido en los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ", a fin de que le sean devueltas las documentales que anexó a su demanda de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/1364/2022, de treinta de mayo de dos mil veintidós, quien actúa asistido por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe"

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; a quince de julio de dos mil veintidós. VISTO; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 407/2021, promovido por Gerardo Saade Kuri, en contra de actos del Congreso del Estado de Guerrero, y de otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, validado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, en esta demarcación, y turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito el catorce de abril siguiente, Gerardo Saade Kuri, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que se transcriben a continuación: "[.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. 2.- EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. 3.- La C. PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 4.- EL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 5.- EL C. SECRETARIO DE ADMINSTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 6.- EL C. COORDINADOR GENERAL DE CATASTRO, dependiente de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 7.- EL C. DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 8.- EL C. DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 9.- EL C. DIRECTOR DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. IV.- LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: 1.- Del H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, se reclama: a). - La discusión, aprobación y expedición de la LEY NÚMERO 492 DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el 01 de diciembre del 2017; específicamente la inconstitucionalidad de los articulas 9, 10, 15, 18,21, 23, 24, 26, 27, 61. 62 y 63. b),- La discusión, aprobación y expedición de la LEY NÚMERO 638 DE INGRESOS. PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, ESTADO DE GUERRERO, para el ejercicio fiscal 2021; publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el 25 de diciembre del 2020; específicamente GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 2 la inconstitucionalidad de los artículos 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, formato de presupuesto de ingresos (CRI 1. 2.1. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 171 y 172. c).- La discusión, aprobación y expedición de la LEY NÚMERO 266 DE CATASTRO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el 26 de noviembre de 2019; específicamente, la inconstitucionalidad de los artículos 2, fracción IV, 4, fracción XXI, 6, 13, fracción X, 14, fracción IV, 29, 30, 36, 41, 42, fracción I, 43, 44, 48. d).- La discusión, aprobación y expedición del 'DECRETO NÚMERO 640 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE USO DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN QUE SERVIRÁN DE BASE AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021'; específicamente, la inconstitucionalidad de la tarifa aplicable para la determinación del impuesto predial para el ejercicio 2021, numerales 'II TABLA DE VALORES UNITARIOS DE TERRENOS URBANOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021' Y 'I TABLA DE VALORES UNITARIOS DE TERRENOS URBANOS PARA EL. EJERCICIO FISCAL 2021', con ubicación 'ACAPULCO, GUERRERO, COLONIA O FRACCIONAMIENTO DESARROLLO TURÍSTICO - PLAYA DIAMANTE, ZONA CATASTRAL No. 030, No. 4: AV. LAS PALMAS LADO CONTRARIO A ZONA FEDERAL', 'TABLA DE VALORES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, (CLV 20)' Y 'DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN EL USO Y LA CLASE' y actualización de los valores de los predios. 2.- Del GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, se reclama: a).- La discusión, aprobación y expedición de la LEY NÚMERO 492 DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el 01 de diciembre del 2017; específicamente la inconstitucionalidad de los artículos 9, 10, 15, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 61, 62 y 63. b).- La discusión, aprobación y expedición de la LEY NÚMERO 638 DE INGRESOS, PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, ESTADO DE GUERRERO, para el ejercicio fiscal 2021; publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado del Guerrero, el 25 de diciembre del 2020; específicamente la inconstitucionalidad de los artículos 3, 9, 10, 11, 12, 13,15, formato de presupuesto de ingresos CRI 1. 2.1. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 171 y 172. c) La aprobación, promulgación y publicación de la LEY NÚMERO 266 DE CATASTRO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO; publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el 26 de noviembre de 2019; específicamente, la inconstitucionalidad de los artículos 2, fracción IV, 4, fracción XXI, 6, 13, fracción X, 14, fracción IV, 29, 30, 36, 41, 42, fracción I, 43, 44, 48; al vulnerar los derechos fundamentales del quejoso, establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, en relación con el artículo 1º de la Ley Suprema. d).- La aprobación, promulgación y publicación del DECRETO NÚMERO 640 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE USO DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN QUE SERVIRÁN DE BASE AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021'; específicamente, la inconstitucionalidad, los capítulos en los que se contiene la tarifa aplicable para la determinación del impuesto predial para el ejercicio 2021, numerales 'II TABLA DE VALORES UNITARIOS DE TERRENOS URBANOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021' Y 'I TABLA DE VALORES UNITARIOS DE TERRENOS URBANOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021', con ubicación ACAPULCO, GUERRERO, COLONIA O FRACCIONAMIENTO DESARROLLO TURÍSTICO -PLAYA DIAMANTE, ZONA CATASTRAL No. 030, No. 4: AV. LAS PALMAS LADO CONTRARIO A ZONA FEDERAL', 'TABLA DE VALORES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, (CLV 20)' Y 'DESCRIPCION DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN EL USO Y LA CLASE' y actualización de los valores de los predios. e). - La discusión, aprobación y expedición del REGLAMENTO DE LA LEY NÚMERO 266 DE CATASTRO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el 22 de julio de 2020, específicamente, la inconstitucionalidad de los artículos 20, 24, 25, fracciones II, IV, 30, fracción I, inciso a) y 31. 3.- Del C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, se reclama: GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 3 ??????? ?? a).- La discusión, aprobación y expedición de la LEY NÚMERO 492 DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el 01 de diciembre del 2017; específicamente la inconstitucionalidad de los artículos 9, 10, 15, 18,21, 23, 24, 26, 27, 61, 62 y 63. b).- La discusión, aprobación y expedición de la LEY NÚMERO 638 DE INGRESOS, PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, ESTADO DE GUERRERO, para el ejercicio fiscal 2021; publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el 25 de diciembre del 2020: específicamente la inconstitucionalidad de los artículos 3, 9, 10, 11, 12, 13,15, formato de presupuesto de ingresos CRI 1. 2.1. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 171 y 172. c).- Refrendo y firma la ley número 638 de Ingresos, para el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal202t publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el 25 de diciembre da12020; específicamente la inconstitucionalidad de los artículos 3, 9, 10, 11, 12, 13 y 15, formato de presupuesto de ingresos CRI 1. 2.1. d).- El refrendo y firma de la LEY NÚMERO 266 DE CATASTRO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO; publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el 26 de noviembre de 2019; específicamente, la inconstitucionalidad de los artículos 2, fracción IV, 4, fracción XXI, 6, 13, fracción X, 14, fracción IV, 29, 30, 36, 41, 42, fracción I, 43, 44, 48. e).- El refrendo y firma del DECRETO NÚMERO 640 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE USO DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN QUE SERVIRÁN DE BASE AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO PARA EL COBRO DE LAS CONSTRIBUCIONES SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021'; específicamente, la inconstitucionalidad, los capítulos en los que se contiene la tarifa aplicable para la determinación del impuesto predial para el ejercicio 2021, numerales 'II TABLA DE VALORES UNITARIOS DE TERRENOS URBANOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021' y 'I TABLA DE VALORES UNITARIOS DE TERRENOS URBANOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021', con ubicación ACAPULCO, GUERRERO, COLONIA O FRACCIONAMIENTO DESARROLLO TURÍSTICO PLAYA DIAMANTE, ZONA CATASTR,AL No. 030, No. 4: AV. LAS PALMAS LADO CONTRARIO A ZONA, FEDERAL', 'TABLA DE VALORES DE .CONSTRUCCION VIGENTE PARA EL EJERCICIO F!SCAL 2021, (CLV 20)' Y 'DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN EL USO Y LA CLASE' y actualización de los valores de los predios. f). - El refrendo y firma del REGLAMENTO DE LA LEY NÚMERO 266 DE CATASTRO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el 22 de julio de 2020; específicamente, la inconstitucionalidad de los artículos 20, 24, 25, fracciones II, IV, 30, fracción I, inciso a) y 31. 4.- DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. a). - El refrendo y firma del REGLAMENTO DE LA LEY NÚMERO 266 DE CATASTRO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el 22 de julio de 2020; específicamente, la inconstitucionalidad de los artículos 20, 24, 25, fracciones II, IV, 30, fracción I, inciso a) y 31. 5.- DEL C. COORDINADOR GENERAL DE CATASTRO, dependiente de la SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE, GUERRERO. a) - El refrendo y firma del REGLAMENTO DE LA LEY NÚMERO 266 DE CATASTRO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el 22 de julio de 2020; específicamente, la inconstitucionalidad de los articulas 20, 24, 25, fracciones II, IV, 30, fracción I, inciso a) y 31. 6.- De la C. PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, la aprobación y remisión de la iniciativa del DECRETO NÚMERO 640, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE USO DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN QUE SERVIRÁN DE BASE AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO PARA EL COBRO DE LAS CONSTRIBUCIONES SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021; específicamente, la inconstitucionalidad, los capítulos en los que se contiene la tarifa aplicable para la determinación del impuesto predial para el ejercicio 2021, numerales 'II TABLA DE VALORES UNITARIOS DE TERRENOS URBANOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021' Y 'I TABLA DE VALORES UNITARIOS DE GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 4 TERRENOS URBANOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021', con ubicación ACAPULCO, GUERRERO, COLONIA O, FRACCIONAMIENTO DESARROLLO TURISTICO -PLAYA DIAMANTE, ZONA CATASTRAL No. 030, No. 4: AV. LAS PALMAS LADO CONTRARIO A ZONA FEDERAL', 'TABLA DE VALORES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, (CLV 20)" Y "DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍTICAS DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN EL USO Y LA CLASE' y actualización de los valores de los predios. 7.- Del C. DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la validación de los criterios técnicos y normativos que se utilizaron en la actualización de los valores de predios, contenidos en las TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE USO DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN QUE SERVIRÁN DE BASE AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021; específicamente, la inconstitucionalidad, los capítulos en los que se contiene la tarifa aplicable para la determinación del impuesto predial para el ejercicio 2021, numerales "II TABLA DE VALORES UNITARIOS DE TERRENOS URBANOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021" Y "I TABLA DE VALORES UNITARIOS DE TERRENOS URBANOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021", con ubicación ACAPULCO, GUERRERO, COLONIA O FRACCIONAMIENTO DESARROLLO TURÍSTICO -PLAYA DIAMANTE, ZONA CATASTRAL No. 030, No. 4: AV. LAS PALMAS LADO CONTRARIO A ZONA FEDERAL", "TABLA DE VALORES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, (CLV 20)" Y "DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN EL USO Y LA CLASE" Y actualización de los ,valores de los predios. 8.- Del C DIRECTOR DE CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, la elaboración ,del proyecto de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, contenidos en el Decreto Número 640, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE USO DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN QUE SERVIRÁN DE BASE AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO PARA EL COBRO DE LAS CONSTRIBUCIONES SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 20211 específicamente, la inconstitucionalidad, los capítulos en los que se contiene la tarifa aplicable para la determinación del impuesto predial para el ejercicio 2021, numerales "II TABLA DE VALORES UNITARIOS DE TERRENOS URBANOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021" Y "I TABLA DE VALORES UNITARIOS DE TERRENOS URBANOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021", con ubicación ACAPULCO, GUERRERO, COLONIA O FRACCIONAMIENTO DESARROLLO TURÍSTICO PLAYA DIAMANTE, ZONA CATASTRAL No. 030, No. 4: AV. LAS PALMAS LADO CONTRARIO A ZONA FEDERAL", "TABLA DE VALORES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, (CLV 20)" Y "DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN EL USO Y LA CLASE" y actualización de los valores de los predios. 9.- Del C. DIRECTOR DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, reclamo: el cálculo, la liquidación y recepción del pago anual actualizado, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, por concepto de impuesto predial, de los bimestres 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°, del inmueble con el Número de Cuenta catastral: 030-001-005-0024; apoyado en los preceptos legales, cuya inconstitucionalidad se reclama. Por último se reclama de todas las autoridades responsables, los efectos y consecuencias, tanto jurídicas, como materiales que pudieran desprenderse de los actos violatorios que se reclaman en el pliego de demanda constitucional, ya sea que se actualicen por acciones de las propias responsables o por cualquier otra autoridad al efecto designada. [.]" SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados y narración de antecedentes. La parte quejosa invocó como derechos transgredidos los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transcribió los antecedentes del acto reclamado que estimó conducentes. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 5 ??????? ?? TERCERO. Tramitación del juicio. Mediante proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, fue radicada la demanda de amparo bajo el número de expediente 407/2021; este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; ordenó dar a la Fiscal Federal adscrita la intervención que le compete; y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; por auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes el cambio de adscripción del Juez Juan Manuel Acevedo Mejía, y como nueva titular de este órgano jurisdiccional la suscrita Jueza Laura Elizabeth Miranda Torres, sin que a la fecha en que se resuelve hayan planteado alguna causa de recusación en términos de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, que impida el dictado de la sentencia correspondiente; así, una vez integrados los autos, tuvo verificativo la audiencia de ley, con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, en virtud de que se reclaman normas de carácter general emitidas por el Congreso local cuyo primer acto de aplicación tuvo verificativo dentro del límite territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 6 SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio1. TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza de los actos reclamados, es necesario fijarlos claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda y sus anexos, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis número P.VI/2004, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SUFIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."2; de ahí que, de conformidad con el análisis contextual señalado, se obtiene los reclamos siguientes: I. De las autoridades del Estado de Guerrero: Congreso, Gobernadora, y Secretario General de Gobierno, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y orden de publicación de los siguientes ordenamientos: Ley Número 492 de Hacienda Municipal de Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 9, 10, 15, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 61, 62 y 63. Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, específicamente sus artículos 3, 9, 10, 11, 12, 13 y 15. Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 2, fracción IV, 4, fracción XXI, 6, 13, fracción X, 14, fracción IV, 29, 30, 36, 41, 42, fracción I, 43, 44 y 48. 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 2 Tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 7 ??????? ?? II. De las autoridades del Estado de Guerrero: Congreso, Gobernadora, y Secretario General de Gobierno; así como de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el ámbito de sus respectivas atribuciones: La iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y orden de publicación del Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021. III. De las autoridades del Estado de Guerrero: Gobernadora, Secretario General de Gobierno, Secretario de Finanzas y Administración, y Coordinador General de Catastro, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.- La discusión, aprobación, expedición, refrendo y orden de publicación del Reglamento de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 20, 24, 25, fracciones II, IV, 30, fracción I, inciso a), y 31. IV. Del Coordinador General de Catastro del Estado de Guerrero, y de la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.- La elaboración del proyecto y validación de criterios técnicos y normativos utilizados en las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021. V. De la Directora de Catastro e Impuesto Predial, y de la Director de Ingresos, ambas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.- La determinación e incremento de la base gravable efectuada respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 030-001-005-0024, como consecuencia de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 8 CUARTO. Oportunidad en la demanda. La demanda es oportuna si se parte que del caudal probatorio se constata que el pago de la contribución respectiva que originó la emisión de la factura con folio 2100328540, aconteció el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. De ahí que, el plazo de quince días para la presentación del amparo quedó comprendido a partir del dieciocho de marzo al doce de abril de dos mil veintiuno, sin considerar en dicho cómputo los días sábados y domingos al ser inhábiles en términos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, y el treinta y uno de marzo, uno y dos de abril de dos mil veintiuno, correspondientes a la Semana Santa o Mayor en que no corrieron términos de ley. Por tanto, la demanda de amparo se presentó oportunamente el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, esto es, dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Inexistencia de actos reclamados. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, de análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 9 ??????? ?? CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO3." En ese contexto, tenemos que el Coordinador General de Catastro del Estado de Guerrero (en su denominación cierta de la también señalada como Director General de Castro e Impuesto Predial), al momento de rendir informe justificado, negó los actos que le son reprochados; negativa que se acoge respecto del refrendo del Reglamento de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, puesto que dicho acto no es de su competencia, ponderando que previa firma del Titular del Poder Ejecutivo, corresponde al Secretario General de Gobierno llevar a cabo tal evento; de ahí que, no se le puede imputar acto referente al proceso legislativo de creación de normas. En efecto, para esta juzgadora no pasa inadvertido que tal obligación recae en el Secretario General de Gobierno y el o los Secretarios de Despacho respectivos, en términos del artículo 90, punto 2, de la Constitución Política Local4 y numeral 20, fracción III, de la Ley Orgánica del Estado de Guerrero, número 85. Por otra parte, el Encargado de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir informe justificado, negó el acto que se le reprocha, agregando ser competencia de la Directora de Catastro e Impuesto Predial; de ahí que, atento a la negativa expresada, no es dable tenerle como cierta la determinación e incremento de la base gravable efectuada respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 030-001-005-0024, como consecuencia de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales; negativa que se robustece de lo estatuido en el artículo 8 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, que dispone como autoridades en materia de 3 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, de abril de 1994, página 68. 4 Artículo 90. Todo servidor público de la administración pública estatal será responsable de los actos, omisiones y resoluciones emitidos que no se apeguen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que de ellas emanen. 1. Para su validez y observancia, las leyes promulgadas por el Gobernador deberán refrendarse por el Secretario General de Gobierno; y, 2. Los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Gobernador deberán estar firmados por el Secretario General de Gobierno y el o los Secretarios de Despacho respectivos. 5 Artículo 20. La Secretaría General de Gobierno es el órgano encargado de conducir, por delegación del Ejecutivo, la política interna del Estado, y le corresponde el despacho de los asuntos siguientes: . lll.- Refrendar, para que sean obligatorios, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que el Gobernador promulgue, expida o autorice, sin perjuicio de que lo haga el titular de la Secretaría o dependencia al que corresponda el asunto;..." GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 10 catastro solo al Presidente Municipal, al Tesorero Municipal y al Director de Catastro Municipal. En tales condiciones, al no ser imputable acto alguno referente al proceso legislativo de creación de normas al Coordinador General de Catastro del Estado de Guerrero, y de determinación e incremento de la base gravable al Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en lo conducente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. A su vez, la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir su informe justificado argumenta de manera toral que el pago realizado por el quejoso no fue bajo requerimiento realizado por ella, lo que conduce a tener por no cierto algún acto de ejecución que en forma genérica le es atribuido, como primer acto de aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales. Al respecto, debe indicarse que, al margen de lo manifestado por la responsable, en el caso, resulta inexistente el acto de aplicación de que se trata; como se explica a continuación. En el caso, la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales, deriva de la actuación de la parte quejosa frente al contenido legal aplicable con motivo del pago que efectuó por concepto de impuesto predial; y no porque en ejercicio de las facultades inherentes a las autoridades municipales, hubieran hecho efectivo el cumplimiento del mandato contenido; es decir, aunque pudiera ser cierto que la responsable llevó a cabo la determinación e incremento de la base gravable respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 030-001-005-0024; y, con ello recibió el pago del impuesto predial; lo cierto es que la aplicación de los normativos se materializó con el entero de la contribución que de manera voluntaria y espontánea efectuó el contribuyente; de ahí que, la parte quejosa se ubica en la hipótesis de la autoliquidación. En relación con esa figura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS, en sesión de veintisiete de junio de dos mil siete, determinó lo siguiente * La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 11 ??????? ?? la conducta observada por la propia autoridad, por lo que el que en un juicio de amparo el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, sólo acredita la autoaplicación de la ley y no da lugar a tener por acreditada la existencia de los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. De la ejecutoria aludida derivó la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En aplicación del criterio jurisprudencial, se arriba a la conclusión que no puede considerarse que las autoridades municipales señaladas como responsables hayan aplicado en perjuicio de la parte quejosa la normatividad reclamada. o La parte peticionaria de amparo acudió a este juicio de amparo con motivo del pago que, voluntariamente y en forma espontánea, efectuó del impuesto predial en el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno respecto del inmueble identificado con cuenta catastral 030-001-005-0024. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 12 La mecánica para la determinación de las contribuciones locales se encuentra regulada, entre otros, por los artículos 28, 29, 30, 34 y 72 del Código Fiscal Municipal número 1526, de los que se desprende que el sistema contributivo municipal se rige por el principio autodeterminativo, ya que la determinación o liquidación de los tributos se efectúa -ordinariamente- por el propio contribuyente. La ley fiscal parte de un diverso principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias, de manera excepcional, la ley dispone que ese cálculo podrá ser realizado por la autoridad hacendaria. La autoliquidación es una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto administrativo, sino una simple declaración tributaria en la que el propio sujeto pasivo practica también la liquidación tributaria consecuente. La autoliquidación es una declaración liquidación practicada y presentada por el propio sujeto pasivo. En la práctica, a esta forma de enterar el tributo a cargo del contribuyente también se le denomina autodeterminación, que es el procedimiento mediante el cual el propio contribuyente determina los impuestos a su cargo y efectúa el entero respectivo. La autodeterminación contributiva se basa en el principio de buena fe, de acuerdo con el cual el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria cumple, espontáneamente y en tiempo, con sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. 6 "Artículo 28. La Obligación Fiscal, nace cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las Leyes Fiscales. Dicha obligación se determinará y liquidará conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, pero le serán aplicables las normas sobre procedimientos que se expidan con posterioridad". "Artículo 29. El crédito fiscal es la obligación fiscal determinada en cantidad líquida o en especie que incluye los accesorios legales, que deberán pagarse en los términos que determinen las disposiciones fiscales". "Artículo 30. Pago o entero es el cumplimiento de una obligación fiscal determinada en cantidad líquida y deberá efectuarse, en los términos siguientes: I. Si es a las autoridades a las que corresponde hacer la liquidación, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya surtido efectos la notificación de la misma. II. A los sujetos pasivos o responsables solidarios les corresponde determinar en cantidad líquida la prestación fiscal, dentro de los diez días siguientes a la fecha de su causación en tratándose de personas físicas y quince días en el caso de las personas morales". "Artículo 34. Las autoridades fiscales rectificarán en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que no hubieren transcurrido cinco años desde que se practicó la determinación o liquidación, según sea el caso, cuya rectificación se pretenda". "Artículo 72. Los sujetos que tengan obligación de presentar declaraciones, manifestaciones y avisos, deberán hacerlo en las formas que al efecto apruebe la Tesorería Municipal y de proporcionar los datos e informes que en dichas formas se requieran. Las declaraciones, manifestaciones o avisos, se presentarán en la Tesorería Municipal respectiva y en todos los casos se devolverá al interesado una copia sellada". GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 13 ??????? ?? Resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 11/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del texto siguiente: "OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. El citado precepto dispone que corresponde a los contribuyentes determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Consecuentemente, en el causante recae la obligación de determinar, en cantidad líquida, las contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley. La autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias. Ahora bien, la interpretación del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación pone de relieve que la referida autodeterminación no constituye un reflejo de algún principio constitucional, esto es, no se trata de un derecho a favor del contribuyente, sino de una modalidad relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuya atención supervisa la autoridad fiscal, como lo acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia tributaria." Como quedó precisado, la autoliquidación no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino al cumplimiento voluntario y espontáneo de una obligación establecida en la ley. En consecuencia, al no ser atribuible a la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, el acto de aplicación que en forma genérica le es atribuido, procede sobreseer en el presente juicio en lo relativo de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo aquí expuesto la jurisprudencia visible en la página doscientos treinta y seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete - dos mil, tomo seis, materia común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Y la tesis, consultable en la página novecientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dos, tomo quince, materia común, Novena Época, que reza: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 14 Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". SEXTO. Existencia de actos reclamados. En contraposición a la conclusión alcanzada en el considerando que antecede, deben tenerse por ciertos los actos destacados como reclamados y que se atribuyen a las autoridades legislativas responsables del Estado de Guerrero, siguientes: Congreso, Gobernadora, y Secretario General de Gobierno; puesto que al rendir sus informes justificados los aceptaron en el ámbito competencial respectivo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto que se atribuye al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, consistente en el refrendo del Reglamento de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero. Máxime que del análisis del Reglamento de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, se constata su participación, como enseguida se evidencia: GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 15 ??????? ?? De igual forma, debe tenerse por cierta la iniciativa que se atribuye a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, debiéndose tener por desvirtuada la negativa expresada en su informe justificado, acorde a lo preceptuado en el artículo 21 del Reglamento de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero7, que expresamente prevé la atribución del Ayuntamiento Municipal, a través de su Presidenta, para presentar el proyecto de Tablas de Valores Unitarias al Congreso; situación que se corrobora de la parte considerativa de exposición de motivos, que en lo conducente se observa: "[.] III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Que la Iniciativa presentada por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, se sustenta en lo siguiente: La ciudadana Adela Román Ocampo, Presidenta Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en uso de las facultades que le confieren los Artículos 115 fracción IV, inciso C), segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 229 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero número 231; 62 fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, 34 y 35 de la Ley Numero 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero; y 20, 21, 22, 23 y 24 del Reglamento de la Ley Numero 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, presento a su consideración para su análisis, revisión y aprobación en su caso, la Tabla de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción, misma que fue elaborada en base a los siguientes considerandos:.." Todo lo anterior, ponderando que la existencia de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no necesita ser probada en autos, pues basta que tales ordenamientos estén publicados en el medio difusivo correspondiente, como en este caso es el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. Además, la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicada al acto de que se trate y tal publicidad determina que los tribunales a los que se encomienda la aplicación del derecho no puedan argüir desconocerlo, por la notoriedad de ese acontecimiento. 7 Artículo 21. Una vez elaborado el proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, por parte de la Dirección de Catastro Municipal del ayuntamiento respectivo, se enviarán a la Coordinación General de Catastro, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para su revisión y validación de los criterios técnicos y normativos que se utilizaron en su elaboración, y una vez cumplidos estos, se devolverán al ayuntamiento; en caso de no cumplir satisfactoriamente estos criterios técnicos y normativos se harán del conocimiento del mismo para su corrección. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 16 En ese sentido, tiene aplicación las Jurisprudencia y Tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que indican: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, Materia Común, página 206.) "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba oficial de la Ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65, primera parte, página 15) En otro orden, también deben tenerse por ciertos los actos reclamados consistentes en la elaboración del proyecto y validación de criterios técnicos y normativos utilizados en las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021; ante la omisión de pronunciarse en lo conducente por parte del Coordinador General de Catastro del Estado de Guerrero; al igual la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, -quien en similitud- omitió pronunciarse en cuanto a la elaboración del proyecto que se le imputa. Lo anterior se considera así, partiendo de que los artículos 13 y 34 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, así como los numerales 20, 21 y 22 de su Reglamento, prevén que son funciones del Director de Catastro Municipal del Ayuntamiento respectivo, elaborar el proyecto de tablas de valores unitarios de suelo y construcción, el que será enviado a la Coordinación General de Catastro de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guerreo, para su revisión y validación de los criterios técnicos y normativos que se utilizaron, a fin de que -en su caso- sea aprobado por el Congreso del Estado. Finalmente, no pasa inadvertido que la parte quejosa destaca como acto reclamado por vicios propios la determinación e incremento de la base gravable efectuada respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 030-001-005-0024; actuar este último que es dable tener por cierto a la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, habida cuenta que al rendir su informe justificado sostiene de manera toral que la Dirección a su cargo procedió a determinar el valor GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 17 ??????? ?? catastral del inmueble, sin que el incremento a la base gravable sea producto de un reevalúo catastral efectuado al mencionado inmueble tal y como lo señala la parte quejosa; de ahí que, deba tenerse por cierto el referido acto, aunque haya negado de manera genérica haber cometido las violaciones que se le atribuyen, puesto que la manifestación que vierte es suficiente para acreditar la certeza de esa conducta reclamada. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." (Véase en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, julio de 1994, Materia Común, página 391). SÉPTIMO. Causas de improcedencia infundadas. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada y establecidas las anteriores consideraciones, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 814 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que enseguida se transcribe: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." (Semanario Judicial de la Federación, editado en el Apéndice de 1995, Octava Época, Materia Común, Tomo VI, Parte TCC, página 553). La Directora de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, propuso que en el presente juicio se demuestra la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, precepto que dispone: GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 18 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la citada Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En el caso, la parte quejosa compareció a juicio para reclamar el Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, con motivo de su primer acto de aplicación, materializado en la determinación e incremento de la base gravable efectuada respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 030-001-005-0024, lo que acreditó con la factura de pago del impuesto correspondiente con folio 2100328540. De manera que, le asiste interés jurídico para controvertir la normativa que regula el tributo, sin que para tal efecto sea indispensable verificar la titularidad de la propiedad. Lo antepuesto encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2a./J. 141/2012 (10a.), que emanó de dicha ejecutoria, de título y consideraciones siguientes: "IMPUESTO PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS LEYES QUE LO ESTABLECEN. El interés jurídico que le asiste a la parte quejosa para reclamar en el juicio de amparo las leyes que establecen o modifican el impuesto predial en aspectos generales, con motivo de un acto de aplicación, puede acreditarse con el recibo o certificado de pago del tributo a su nombre, correspondiente al ejercicio de vigencia de la ley, pues de tal prueba deriva que es contribuyente de aquél, en relación con el predio a que el recibo se refiere y que realizó el pago de la contribución, sin que deba exigirse la aportación de mayores elementos de prueba; salvo en los casos en que se impugnen, en lo particular, normas que regulen determinados supuestos que requieran de la demostración, con mayores pruebas, de que el particular se encuentra comprendido en ellos."8 De ahí que, resulte infundada la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. 8 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, registro: 2002151, libro XIV, noviembre de 2012, tomo 2, materia(s): Común, Administrativa, página: 1305. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 19 ??????? ?? Asimismo, deben desestimarse las manifestaciones de la responsable tendentes a controvertir la falta de afectación patrimonial de la quejosa con las normas reclamadas, pues involucran indefectiblemente un estudio de la materia de fondo. Resulta aplicable por analogía, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 135/2001, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Finalmente, no se soslaya que la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, refiere que debe sobreseerse en el juicio por inexistencia de los actos a tribuidos, al tratarse de una autoliquidación; y, a su vez, que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18; así, basta lo expuesto en los considerandos cuarto y quinto que rigen este fallo para tener por atendidas tales manifestaciones. Además, cabe destacar que es procedente el juicio constitucional, conforme al artículo 107 fracción I inciso d) de la Ley de Amparo9, al reclamarse una norma general, con motivo de su primer acto de aplicación. OCTAVO. Causales de improcedencia fundadas. Respecto de los actos reclamados referentes al proceso legislativo de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal de Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 9, 10, 15, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 61, 62 y 63; Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, específicamente sus artículos 3, 9, 10, 11, 12, 13 y 15; Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 2, fracción IV, 4, fracción XXI, 6, 13, fracción X, 14, fracción IV, 29, 30, 36, 41, 42, fracción I, 43, 44 y 48; y de su Reglamento, tocante sus artículos 20, 24, 25, fracciones II, IV, 30, fracción I, inciso a), y 31; así como en cuanto a la elaboración del 9 "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: . d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;." GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 20 proyecto y validación de criterios técnicos y normativos utilizados en las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021; se demuestra la causal de improcedencia prevista en el artículo 108, fracción VIII, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, tal y como lo anuncia al momento de rendir su informe justificado la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. Los preceptos legales mencionados, disponen: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito, o por los medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación (.). Los artículos en mención refieren que la demanda de amparo debe contener, entre otros, el concepto o conceptos de violación, y este requisito debe estimarse como una de las precisiones esenciales del juicio de amparo, en virtud de que es en el concepto de violación en el que la parte promovente, mediante los hechos, argumentos y razonamientos, establece las violaciones de derechos fundamentales que le causan los actos reclamados. En consecuencia, la ausencia o falta de tales conceptos, hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se le solicita, toda vez que no está en posibilidad de analizar y resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o actos que se reclaman porque se cometan o no violaciones de derechos fundamentales, pues no basta que la parte quejosa en la parte relativa de la demanda señale determinados preceptos constitucionales que estime infringidos, si no expresa en qué consiste la infracción que imperativamente debe quedar razonada en el concepto correspondiente, para que se satisfaga el requisito exigido por la citada fracción VIII del artículo 108, de la Ley de Amparo. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 21 ??????? ?? Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO ANTE JUZGADOS DE DISTRITO. El artículo 116 de la Ley de Amparo, en su fracción V, establece que la demanda de amparo contendrá, entre otros, el concepto o conceptos de violación. De aquí que no basta señalar como violados los preceptos constitucionales si no se expresa por qué se violan dichos preceptos. Este requisito debe estimarse como uno de aquellos que son esenciales del juicio de garantías, en virtud de que es el concepto de violación en el que el promovente, mediante hechos, argumentos y razonamientos, establece las violaciones de garantías que le causan los actos reclamados. En consecuencia, la ausencia o falta de tales conceptos hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se solicita." (Registro digital: 232306, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 187- 192, Primera Parte, página 108) En el caso, respecto de los actos reclamados relacionados con la elaboración del proyecto y validación de criterios técnicos y normativos utilizados en las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, no obstante que la parte quejosa los destaca como reclamados, del análisis íntegro de la demanda no se advierte reclamo tendente a controvertir su constitucionalidad. Mientras que tocante a los actos reclamados referentes al proceso legislativo de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal de Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 9, 10, 15, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 61, 62 y 63; Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, específicamente sus artículos 3, 9, 10, 11, 12, 13 y 15; Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 2, fracción IV, 4, fracción XXI, 6, 13, fracción X, 14, fracción IV, 29, 30, 36, 41, 42, fracción I, 43, 44 y 48; y de su Reglamento, referente sus artículos 20, 24, 25, fracciones II, IV, 30, fracción I, inciso a), y 31; si bien es cierto que, la parte quejosa invoca que contravienen los principio de proporcionalidad y equidad tributarias; también cierto es que, no basta señalar como violados los preceptos constitucionales, en el caso, el artículo 31, fracción IV, si no se expresa por qué se violan dichos preceptos, lo cual, en la especie no acontece, pues no se pierde de vista que los motivos de disenso se encuentran encaminados a evidenciar la vulneración de los principios GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 22 anotados únicamente por cuanto hace al contenido del diverso Decreto número 640 reclamado. Lo anterior es así, ya que, de los conceptos de violación se aprecia plenamente la intención de controvertir lo siguiente: * La constitucionalidad del Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, por contravenir los principios tributarios previstos en la fracción IV, del artículo 31 Constitucional; así como plantear un análisis en cuanto al cumplimiento al mandato contenido en el artículo 1° de la Carta Magna, encaminado frente a la solicitud para que este órgano considere el principio pro persona y el control de convencionalidad al resolver el presente asunto. * La determinación e incremento de la base gravable efectuada respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 030-001-005-0024, como consecuencia de la aplicación del Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021; bajo los argumentos torales siguientes: * La autoridad responsable llevó a cabo la modificación del valor catastral, incrementando de manera exorbitante y desproporcional la base gravable del inmueble -a su decir en un cuatrocientos por ciento (400%)- considerándolo inconstitucional en franca vulneración a la garantía de audiencia, al sostener que el dictamen de revaluación no le ha sido notificado. *En contravención a lo preceptuado por el artículo Sexto Transitorio de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2021, la autoridad responsable aumentó el importe de pago del impuesto predial, excediéndose del monto total del CFDI expedido el año inmediato anterior. *El cobro relativo carece de fundamentación y motivación alguna. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 23 ??????? ?? De manera que, al no haber materia de litis respecto de los actos reclamados relacionados con la Ley Número 492 de Hacienda Municipal de Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 9, 10, 15, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 61, 62 y 63; Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, específicamente sus artículos 3, 9, 10, 11, 12, 13 y 15; Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 2, fracción IV, 4, fracción XXI, 6, 13, fracción X, 14, fracción IV, 29, 30, 36, 41, 42, fracción I, 43, 44 y 48; y de su Reglamento, tocante a sus artículos 20, 24, 25, fracciones II, IV, 30, fracción I, inciso a), y 31; así como en cuanto a la elaboración del proyecto y validación de criterios técnicos y normativos utilizados en las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, esta juzgadora no está en posibilidad de analizar y resolver sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad que, en apariencia se reclaman, pues no basta que la parte quejosa los señale como actos reclamados, si no expresa en qué consiste la infracción que se reprocha. Resta destacar que toda ley tiene la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, por lo que no basta su simple reclamo a través de la acción de amparo para que sean consideradas contrarias al marco constitucional, salvo excepciones en que impera la suplencia en la deficiencia de la queja a grado tal, que aun ante la ausencia de conceptos de violación, el juzgado debe abordar el estudio de constitucionalidad, sin embargo, dicha excepción a la regla general no cobra vida en el presente asunto, pues se reclaman leyes relativas a impuestos; por tanto, la presunción de que goza la ley debe ser destruida por el gobernado a través de los conceptos de violación, correspondiéndole la carga de la prueba; de ahí que el sobreseimiento decretado en relación a los artículos antes precisados, atiende a que sería incorrecto negar el amparo por esa falta, si precisamente por su ausencia no es posible analizar si son disonantes con la Constitución General de la República. Sobre el tema de la presunción de constitucionalidad que inviste a las leyes, resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 121/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 143 del Semanario Judicial de la Federación y GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 24 su Gaceta, tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, relativa a la Novena Época, cuyo tenor es: "LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta con expresar la causa de pedir; sin embargo, ello no significa que los quejosos o recurrentes puedan limitarse a realizar afirmaciones sin sustento, pues a ellos corresponde exponer las razones por las cuales estiman inconstitucionales los actos reclamados. Por tanto, en virtud de que toda ley goza de la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, corresponde a quienes la impugnan, la carga de la prueba, pues sólo así es posible analizar si la ley reclamada contraviene o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De ahí que, ante la falta de disenso, lo procedente es decretar el sobreseimiento por falta de conceptos de violación, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo. En esa misma línea de pensamiento, respecto de las respecto del reclamo relativo al refrendo del decreto promulgatorio o su publicación, se demuestra la causa de improcedencia prevista en el artículo 108, fracciones III, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, como a continuación se verá. Los preceptos legales mencionados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. (.)". De acuerdo con lo anterior, cuando la parte quejosa reclame el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o su publicación, deberá señalar a las autoridades que realicen dichos actos cuando sean impugnados por vicios propios, pues de lo contrario el juicio de amparo resulta improcedente. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 25 ??????? ?? En el caso, del análisis minucioso de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa no formula concepto de violación en contra del refrendo del decreto promulgatorio y orden de publicación de que se trata, de manera que el juicio de amparo se torna improcedente en contra de esos actos que se atribuyen a la Gobernadora, y al Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Guerrero; consecuentemente, de igual forma, se sobresee el juicio de amparo en relación al citado acto que se reprocha y respecto de las autoridades a quienes se les atribuye, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse plenamente la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, del mismo cuerpo normativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 224, Volumen 139-144, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro 232553, del contenido siguiente: "PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS LEYES. La promulgación no es otra cosa que la publicación formal de la ley y ambas voces se emplean como sinónimas, tanto en el lenguaje común como en el jurídico, sin que sea obstáculo para llegar a esta conclusión, el que en la doctrina, también jurídica, exista una corriente de opinión que pretenda encontrar diferencias entre la promulgación y la publicación de las leyes, pues tales diferencias son meramente teóricas, al resultar que la Ley Fundamental emplea las dos palabras con el mismo significado, según se desprende de la consulta, entre otros, de los artículos 70, 72 inciso a), y 89, fracción I, de la propia Constitución.". Asimismo, tiene aplicación en lo que interesa, sin oponerse a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia: VIII.3o. J/14, del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 1386, del Tomo XX, Agosto de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO CONTRA LEYES. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR COMO AUTORIDADES RESPONSABLES AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y AL DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO IMPIDE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ORDENAMIENTO RECLAMADO. Resulta incorrecto que el Juez de Distrito sobresea en un juicio de amparo contra leyes, fuera de la audiencia constitucional, porque el impetrante de garantías no haya señalado en su demanda como autoridades responsables al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación; si de la lectura del libelo primario se obtiene, que el quejoso llamó a juicio al Congreso de la Unión que expidió la norma que se reclama de inconstitucional, y al presidente de la República que la promulgó, expresando conceptos de violación en contra de dichos actos, ya que ello no impide examinar la constitucionalidad del citado ordenamiento, aun cuando no se hayan expresado motivos de inconformidad respecto del acto de GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 26 refrendo y su publicación, dado que no son combatidos por vicios propios, pues habiéndose oído a la autoridad responsable expedidora del ordenamiento combatido, incluyendo al Ejecutivo que la promulgó, la eficacia o falta de fundamento de los conceptos de violación habrá de afectar a todos los actos de formación de la ley.". Esta potestad federal advierte que no se aprecia que se actualice diversa causal de improcedencia de manera oficiosa, ni las partes las hacen valer; por tanto, se procede a examinar el asunto a la luz del concepto de violación vertido por la parte quejosa. En ese contexto, sólo en caso de resultar infundados los planteamientos de inconstitucionalidad de las normas reclamadas, se procederá al estudio de los conceptos de violación propuestos contra el acto concreto de aplicación. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." NOVENO. Análisis de los conceptos de violación. No es necesario trascribir los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en su escrito de demanda, ya que no se requiere para el desarrollo y dictado de la presente resolución. Sobre el particular, es aplicable la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618, que señala: GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 27 ??????? ?? "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo y en razón de la técnica que rige el juicio de amparo, se abordará el análisis de los conceptos de violación en un orden diverso al que fueron vertidos, en función de la naturaleza de las violaciones alegadas y del mayor beneficio que se pudiera concretar en la esfera jurídica de la parte quejosa. Es aplicable, la jurisprudencia 304, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1677, del tomo XXIX, febrero de 2009, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 167961, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso". I. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA APROBACIÓN, EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DEL DECRETO NÚMERO 640 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE USO DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN QUE SERVIRÁN DE BASE AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 28 En el tercer concepto de violación, la parte quejosa argumenta que el Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, vulnera en su perjuicio los principios tributarios previstos en la fracción IV, del artículo 31 Constitucional, porque carece de bases objetivas y razonables, además de que pasa por alto la capacidad contributiva del gobernado. Expresa que el Congreso del Estado no estableció el mecanismo que debe seguir el órgano técnico para la obtención del valor que se tomará para efectos tributarios y que permitan al contribuyente tener la certeza sobre los factores que incidieron en la cuantía de la carga tributaria, por lo que dejó al arbitrio de órganos ajenos al Poder Legislativo la determinación de los elementos para la afectación patrimonial de la obligación tributaria. Tal planteamiento resulta infundado porque contrariamente a lo que expone la parte quejosa, las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción, contienen bases objetivas y razonables, ya que -incluso- su elaboración parte del mecanismo implementado conforme a las directrices establecidas en la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, y su Reglamento, de ahí que no transgrede el principio de legalidad tributaria puesto que como se expondrá, los trabajos para la obtención de los valores unitarios, se encuentran previstos en ley, para dar certeza al contribuyente sobre los factores que inciden en la cuantía de la carga tributaria. I.I. LEGALIDAD TRIBUTARIA. El principio de legalidad tributaria consiste en que las contribuciones sean establecidas mediante un acto legislativo y que los elementos esenciales de aquéllas también se encuentren consignados en la ley. Para mejor proveer se trae a cuenta la siguiente tesis jurisprudencial: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 29 ??????? ?? mexicanos "contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, que esté establecido por ley; sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida." 10 Por tanto, atendiendo a la finalidad y al derecho a la seguridad jurídica que se tutela en el artículo 31, fracción IV, Constitucional, a través del principio de legalidad tributaria, el acatamiento de éste tiene lugar cuando se establecen en un acto material y formalmente legislativo todos aquellos elementos que sirven de base para realizar el cálculo de una contribución, fijándolos con la precisión necesaria que, por un lado, impida el comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participen en su recaudación y que, por otro, generen al gobernado certidumbre sobre qué hecho o circunstancia se encuentra gravado, cómo se calculará la base del tributo, qué tasa o tarifa debe aplicarse, cómo, cuándo y dónde se realizará el entero respectivo y, en fin, todo aquello que le permita conocer qué cargas tributarias le corresponden en virtud de la situación jurídica en que se encuentra o pretenda ubicarse. Ello es así, ya que la aludida garantía de legalidad tributaria exige que la carga impositiva esté prevista en una ley para evitar que quede al margen de la arbitrariedad de las autoridades exactoras la fijación del tributo, quienes sólo deberían aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso concreto, para evitar el cobro de impuestos imprevisibles y a título particular, y para que el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos del tributo. Así, lo que exige el principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, Constitucional, es que la determinación de los sujetos pasivos de las contribuciones, su objeto y, 10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 232796, Instancia: Pleno, Séptima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 91-96, Primera Parte, página 172, Tipo: Jurisprudencia. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 30 en general, sus elementos esenciales, se encuentren en la ley y para ello es suficiente que en ellas se precisen en forma razonable, de manera que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de sus obligaciones fiscales. Conforme al anterior criterio jurisprudencial, el principio de la garantía de legalidad consignada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, radica primordialmente en evitar: - Que quede a la arbitrariedad de las autoridades exactoras, la fijación del tributo, para que de esta manera sólo apliquen las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas por el legislador en el caso concreto; - El cobro de impuestos imprevisibles; - El cobro de impuestos a título particular; y a contraposición; - Permitir que el particular, en todo momento, conozca de manera cierta y anticipada al hecho impositivo o hipótesis de causación del tributo, su obligación de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano el que precise los elementos esenciales del tributo. En el caso, es necesario tomar en consideración que los artículos del 29 a 39 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, así como los numerales 20 a 27 del Reglamento de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, señalan que los valores de los terrenos y de construcciones, los coeficientes de incremento, demérito y demás elementos de valuación, se elaborarán y aplicarán mediante las tablas de valores unitarios. De acuerdo con esos preceptos, para elaborar las mencionadas tablas, se deben seguir diversas directrices, a saber: a) Cada Dirección de Catastro Municipal para la elaboración de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción deberán realizar los estudios de valores correspondientes conforme a lo establecido en los artículos 25, 26 y 27 del Reglamento de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, una vez una vez elaborado el proyecto de tablas de valores unitarios del municipio, debe remitirlo a la Coordinación General de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado para su revisión y validación de los criterios técnicos y normativos que se utilizaron en su elaboración; GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 31 ??????? ?? b) Luego, éste debe analizar y estudiar el proyecto de tabla de valores unitarios y, en su caso, de no cumplir satisfactoriamente estos criterios técnicos y normativos se harán del conocimiento de la Dirección de Catastro Municipal para su corrección. c) Una vez hecha la validación de los criterios técnicos y normativos de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, por parte de la Coordinación General de Catastro, la autoridad municipal correspondiente las presentará ante el Cabildo para su discusión y aprobación en su caso. d) Una vez aprobadas las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción por el Cabildo, se levantará el acta de aprobación correspondiente y serán enviadas por conducto de la Presidenta Municipal al Congreso del Estado para su análisis y expedición del decreto de aprobación correspondiente. Asimismo, se prevén que tratándose de la aprobación de tablas de valores unitarios, el Congreso del Estado en el supuesto de que la Coordinación General de Catastro emita observaciones sobre la propuesta de tablas de valores unitarios de suelo y construcción, podrá valorarlas y convenir su inclusión en el Decreto correspondiente. De igual forma, que los valores unitarios de la tierra, tratándose de los predios comprendidos en las zonas urbanas, se especificarán por metro cuadrado, y que para su determinación se tomarán en cuenta la importancia e influencia de los siguientes elementos: su localización o bien el uso predominante, los servicios urbanos existentes, medios de comunicación, tomando en cuenta en forma enunciativa y no limitativa elementos como: suministro de agua, vialidades, drenaje, energía eléctrica y alumbrado público, banquetas y guarniciones, equipamento básico, vigilancia y servicios de limpia, parques públicos y jardines, equipamento especial, mercados públicos y proximidad a zonas comerciales o de servicios, y cualquier otra característica que pueda influir en los valores de mercado o reales de los mismos. En cambio, los valores unitarios para predios rústicos se especificarán por hectárea; para su determinación se considerarán los siguientes elementos: el tipo o clase de tierra, disponibilidad de la infraestructura de riego, proximidad de caminos, carreteras, puertos o centros de distribución de acopio y abasto, costos de los medios de transporte, tipo de clima, cultivos principales y periodicidad, utilidad y GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 32 explotación del terreno, y cualquier otra característica que pueda influir en los valores de mercado o reales de los mismos. Luego, para determinar los valores unitarios de los diferentes tipos de construcción, se clasificarán tomando en cuenta la cantidad, calidad y valor de los materiales utilizados en su estructura, acabados y mano de obra aplicada en ellos, clasificándolas según su uso y clase, se procederá a fijar un valor unitario para cada tipo de clasificación de construcción. En ese sentido, los valores unitarios de terrenos y de construcciones aprobados, tendrán vigencia a partir de su publicación en los términos que establezca el decreto correspondiente o, en su defecto, su vigencia será por el ejercicio fiscal respectivo, y que concluido el término de vigencia de los valores unitarios a que se refiere el artículo anterior, se prorrogará la aplicación de los mismos hasta en tanto no se publiquen nuevos valores unitarios. Mientras que la valuación tiene por objeto asignar a los predios un valor determinado, mediante los procedimientos legales, así como los elementos y bases para efectuar dicha valuación; que los valuadores deberán presentarse en el predio objeto de la valuación y los requisitos que se deberán observar; asimismo, se prevé lo correspondiente a las manifestaciones, avisos y notificaciones, al precisar cuáles son las obligaciones de los que deben de presentar los avisos o modificaciones correspondientes, también las obligaciones de los peritos valuadores; igualmente, se establece cuáles son los medios de defensa para combatir las resolución dictadas por la autoridad catastral; y, los actos y omisiones de las autoridades responsables de aplicar la ley; tales medios son la rectificación y la revisión. De ahí que, el legislador sí prevé los elementos para calcular la base del impuesto reclamado; así como el procedimiento para la fijación del valor catastral base del tributo con las tablas de valores correspondientes, sin dejar en estado de incertidumbre a los contribuyentes, ni al arbitrio de la autoridad administrativa ningún elemento. Esto es, quedó evidenciado que las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción, no carecen de bases objetivas y razonables, pues su elaboración parte del mecanismo implementado para ello conforme a las directrices establecidas en la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, y su GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 33 ??????? ?? Reglamento, siendo inconcuso que todos los elementos esenciales están previstos en una ley formal y material. Por ende, contrario a lo que expresa la parte quejosa, no se deja al arbitrio de la autoridad la aplicación de la base para el cálculo del impuesto, ya que, se insiste, se establecen claramente en la ley, las causas y circunstancias que la autoridad toma en consideración para realizar las clasificaciones que contienen los distintos valores monetarios, respecto del metro cuadrado de terreno, así como los tipos de construcción en la tabla de valores unitarios que se toma como base para el cálculo del tribuno en estudio, por lo que de manera alguna se crea un estado de incertidumbre al contribuyente. De esta forma, de la interpretación sistemática de los artículos antes invocados, se colige que el análisis de los elementos de influencia que pueden incidir en la determinación de los valores unitarios, se realiza exclusivamente en la parte del estudio que deberá de efectuar el Catastro Municipal o, en su caso, la Coordinación General de Catastro del Gobierno del Estado, mas no así en las propias tablas de valores unitarios. Lo anterior permite reconocer que los elementos a considerar en la determinación de los valores de mercado, los cuales sólo se deben reflejar en el procedimiento de estudio de los valores, pero no en las tablas de valores unitarios de terreno, que se presentan a través de planos con valores unitarios por calle, rango o zona. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia11: "TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE ZAPOPAN, JALISCO. EL DECRETO 23733/LIX/11, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 QUE LAS CONTIENE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA13. De los artículos 13, fracción IX, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, se advierte que la autoridad catastral municipal, al elaborar los proyectos de las tablas de valores unitarios, sólo tomará en cuenta los elementos mencionados en el numeral 56 (servicios municipales existentes; vías de comunicación; vecindad con zonas comerciales o centros de abasto; el uso, destino y reserva determinados para el suelo conforme a su zonificación, y cualquier otra característica que pueda influir en los valores de mercado o reales de los éstos) para su estudio, análisis y aprobación por los Consejos Técnicos de Catastro Municipal y del Estado, respectivamente, pero sin que constituyan elementos que deban reflejarse en las tablas de valores unitarios y mapas de las zonas catastrales. Lo anterior lo corrobora el artículo 35 del Reglamento de la ley citada, el cual establece que para el estudio de valores de terreno urbano se atenderá a lo dispuesto en el referido artículo 56, para lo cual se realizará un croquis o plano general de la población, delegación o zona en estudio, además de que 11 Registro digital: 2008376, Instancia: Plenos de Circuito, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: PC.III.A. J/7 A (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, página 2125, Tipo: Jurisprudencia. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 34 la información sobre los servicios de cada una de las calles podrá obtenerse de las diversas dependencias del Ayuntamiento, a efecto de elaborar diversos planos, como el de red de servicios de agua potable, de drenaje, de energía eléctrica, de alumbrado público y de los diferentes tipos de rodamiento y de equipamiento social. Pero además, del análisis a dichas tablas se advierte que contienen lo siguiente: la tabla de valores de centros de población, en la que se clasifican los poblados, tomando en consideración la red de agua potable y alcantarillado, electrificación, alumbrado, telefonía, recolección de basura y transporte, entre otros factores, la tabla de valores de plazas comerciales, la tabla de valores de parques industriales, los factores unitarios para áreas de reserva urbana, los valores de áreas en transición, así como la tabla de deméritos e incrementos; lo que denota que los valores de terreno urbano no sólo atienden a la zona catastral y colonia, sino también a otros aspectos para su fijación. Por tanto, el indicado decreto no transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que para determinar las tablas de valores unitarios que consagra, ya se reflejaron en el procedimiento de estudio, por lo que es innecesario que se señalen expresamente en dichas tablas." Por tanto, tomando en consideración que el Congreso del Estado tendrá facultades de aprobar o rechazar los proyectos contenidos en la iniciativa respectiva, e incluso de valorar la conveniencia de incluir las observaciones que la Coordinación General de Catastro emita en observaciones sobre la propuesta de tablas de valores unitarios de suelo y construcción; es evidente que al aprobar las iniciativas respectivas analiza los estudios técnicos en que se sustentan, y expresa su consentimiento con su resultado plasmado en la propuesta, por lo que no tiene que fundar y motivar su actuación al verse involucrada su libre configuración legislativa. Sin que ello implique, que la tabla de valores combatida hubiese sido emitida de forma unilateral sin la participación del Ayuntamiento, pues como se vio, el Catastro Municipal es el encargado de formular los estudios técnicos que sustente el proyecto respectivo. A lo anterior son aplicables las siguientes jurisprudencias: "PREDIAL MUNICIPAL. REFORMAS AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, Y ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO CORRESPONDIENTE. LAS FACULTADES QUE OTORGAN A LOS AYUNTAMIENTOS PARA PROPONER A LOS CONGRESOS LOCALES LAS BASES Y TASAS DE DICHO TRIBUTO SON DE EJERCICIO DISCRECIONAL, POR LO QUE SU OMISIÓN NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCESO LEGISLATIVO QUE DEPARE PERJUICIO A LOS CONTRIBUYENTES"12 "VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA"13. 12 Registro digital: 179505, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 1/2005, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Enero de 2005, página 6. 13 Registro digital: 188907, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: P./J. 94/2001, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, página 438. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 35 ??????? ?? I.II. PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El principio de proporcionalidad tributaria que consagra el artículo 31 fracción IV de la Constitución General de la República, radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su auténtica capacidad contributiva, de modo tal que las personas que tengan mayores recursos tributen en forma cualitativamente superior a las de medianos y reducidos recursos. Esto es, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien goce de mayor capacidad contributiva y menos el que tenga en menor proporción. En ese orden de ideas, el principio de proporcionalidad obliga al legislador a graduar el impuesto de forma tal que la participación de los ciudadanos en el sostenimiento a los gastos públicos, se realice en función de la mayor o menor capacidad económica manifestada al realizar el hecho imponible, por lo que los elementos de cuantificación de la obligación tributaria deben hacer referencia al mismo, esto es, que la base gravable permita medir esa capacidad económica y la tasa o la tarifa expresen la parte de aquélla que corresponde al ente público acreedor del tributo. Así se desprende de la jurisprudencia que sustentó el Tribunal Pleno, que se lee bajo el rubro: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES."14 En ese contexto, para analizar la proporcionalidad y equidad del sistema de tributación del impuesto predial de Acapulco de Juárez, Guerrero, es menester considerar la fuente de riqueza que se grava y el mecanismo establecido para cuantificar la base gravable del tributo. Siendo evidente que el impuesto predial en esta demarcación grava una manifestación aislada de riqueza, a través del valor del bien inmueble de que se trate, por lo que la capacidad contributiva de los sujetos pasivos se mide, precisamente, en función del valor del bien inmueble. 14 Registro digital: 184291, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: P./J. 10/2003, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Mayo de 2003, página 144. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 36 Por su parte, el Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, prevé: * En torno al suelo, la autoridad encargada de la determinación del valor catastral del inmueble deberá verificar en primer término, si se trata de predio "urbano" o "rústico", en atención a las características precisadas en las propias "Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo", y posterior a ello, verificar la ubicación del predio a valuar, atendiendo la zona catastral, calle y tramo respectivo, para que sepa con qué valor de suelo debe otorgarle. * En torno a las construcciones, de la "Tablas de Valores de Construcción" se advierte que en la primera fila se clasifican en dieciocho categorías: 1) "VIVIENDA UNIFAMILIAR", 2) "DEPARTAMENTO CONDOMINIO", 3) "OFICINAS", 4) "HOTELESMOTELES", 5) "COMERCIOS O PRESTACIÓN DE ALGÚN TIPO DE SERVICIO", 6) "ESCUELAS", 7) "RESTAURANTES", 8) "NAVES IND/BODEGAS", 9) "HOSPITALES", 10) "ESTACIONAMIENTO", 11) "TECHUMBRES", 12) "TERRAZAS", 13) "ALBERCA", 14) "JARDINES", 15) "ELEVADORES", 16) "PAVIMENTOS Y BANQUETAS", 17) "MUROS DE CONTENCION", y 18) "CENTROS SOCIALES, SALON DE EVENTOS, ESTADOS, FOROS Y ESPECTÁCULOS". Para después en una segunda fila las construcciones se clasifican por categorías en: 1) "A PRECARIA", 2) "B POPULAR", 3) "C ECONÓMICA", 4) "D INTERÉS SOCIAL", 5) "E MEDIO", 6) "F SEMIFLUJO", 7) "G LUJO", 8) "H PLUS", y 9) "I PREMIER". Y por último, en las subsecuentes filas señalan el Valor Unitario en UMA's por metro cuadrado que le corresponde al bien respectivo. En esas condiciones, siguiendo el orden referido es innegable que debe conocerse primero qué tipo de construcción está adherida al predio; segundo, determinar la subclasificación según sus características; para así estar en condiciones de conocer el Valor Unitario en UMA's por metro cuadrado que le corresponde al bien inmueble. En el entendido de que la "TABLA DE VALORES DE CONSTRUCCIÓN" anteriormente insertada, tratándose de las GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 37 ??????? ?? categorías de las construcciones, a saber: 1) "A PRECARIA", 2) "B POPULAR", 3) "C ECONÓMICA", 4) "D INTERÉS SOCIAL", 5) "E MEDIO", 6) "F SEMIFLUJO", 7) "G LUJO", 8) "H PLUS", y 9) "I PREMIER", debe precisarse que su definición se aclara en el resto de las tablas insertas en el apartado "IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN EL USO Y LA CLASE". Luego, es inconcuso que existen múltiples factores que inciden para determinar los valores asignados, tales como el grado de urbanización y características de los servicios públicos, de infraestructura y equipamiento, uso actual y potencial del suelo, índices socioeconómicos de los habitantes; siendo que para la elaboración de las propuestas de los valores unitarios de suelo, se deberá tomar en cuenta la ubicación de las diversas zonas, sectores y subsectores catastrales, entre otros. De ahí que, la tablas de valores unitarios de que se trata, no desatiende la capacidad contributiva del gobernado, pues como se ve, se toman en consideración las característica particulares del predio sujeto al impuesto y, las cuales, se reflejan en la forma como se determinan los valores unitarios, determinantes en la fijación del valor catastral de cada inmueble, por ende no es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria. En virtud de lo anterior, los conceptos de violación analizados son infundados. II. ESTUDIO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELACIONADOS CON LA VULNERACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD, TUTELADO EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En el segundo concepto de violación, la parte quejosa aduce que para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, la responsable omitió notificar la determinación e incremento de la base gravable efectuada respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 030-001-005-0024, la que representó un incremento exorbitante y desproporcional, de ahí que, considere se le vulnera su derecho de audiencia previa. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 38 Por otro lado, argumenta que el cobro del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, contenido en el comprobante fiscal que acompaña, carece de fundamentación y motivación. Vulnerando en su perjuicio el mandato contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los argumentos en comento resultan infundados, como se explica a continuación. II.I DERECHO DE AUDIENCIA. En principio es de señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis de jurisprudencia ha sustentado que tratándose de impuestos por regla general no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una obligación unilateral y obligatoria, y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondientes; tesis que a letra dicen: "AUDIENCIA, GARANTIA DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA. Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos." (Registro digital: 233084; Instancia: Pleno; Séptima Época; Materias(s): Constitucional, Administrativa; Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 66, Primera Parte, página 77; Tipo: Jurisprudencia) "CATASTRO, LEY DEL, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE. NO VIOLA LA GARANTIA DE AUDIENCIA. La Ley del Catastro del Estado de Baja California Norte, no concede a los causantes audiencia previa a la práctica de los avalúos, sino posterior a ellos, pero esto no implica que se viole el artículo 14 constitucional, puesto que el mismo, al señalar "que nadie puede ser privado... de sus posesiones", se refiere a una afectación definitiva y en el caso la fijación unilateral de los avalúos por parte de las autoridades no "priva" a los quejosos de sus propiedades o posesiones, sino que simplemente se les está fijando una nueva GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 39 ??????? ?? base impositiva predial, debiendo distinguirse entre la creación del impuesto y la fijación de la base para cobro que es el efecto de los avalúos; en este último caso si los particulares no están de acuerdo con los avalúos pueden inconformarse en los términos del artículo 26 de la ley en este caso al concederse la garantía de audiencia posterior a la realización de los avalúos, pero previa al cobro del impuesto, está la ley cumpliendo con los supuestos del artículo 14 constitucional, puesto que concede la garantía de audiencia previa a la afectación definitiva de los intereses de los causantes, y tan es así que la notificación de los avalúos no indica un requerimiento de pago, pues del propio artículo 26 en su párrafo final se desprende que ni aun a los causantes que estén conformes con el avalúo, se les está exigiendo el pago inmediato, sino simplemente se les notifica la nueva base del impuesto. Por todo lo anterior, debe concluirse que la Ley del Catastro de Baja California no es inconstitucional por conceder la garantía de audiencia, con posterioridad a la realización de los avalúos." (Registro digital: 232856; Instancia: Pleno; Séptima Época; Materias(s): Constitucional, Administrativa; Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 78, Primera Parte, página 15; Tipo: Aislada) En ese contexto, tenemos que de la intelección de los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, puede advertirse en primer término, que el legislador desarrolló los elementos sustantivos del tributo en comento, pues definió y desarrolló quiénes son los sujetos obligados a su pago (artículo 11), así como el objeto del impuesto predial (artículo 10), su base y tasa (artículo 9), así como el periodo de pago (artículos 13 y 14). Por su parte, los artículos 6, 34 y 35 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, disponen el procedimiento para obtener el "valor catastral", apoyándose en todo momento de las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción, preceptos legales que disponen: "Artículo 6.- El valor catastral de los predios será el obtenido por los procesos establecidos en esta Ley y su Reglamento, el cual servirá de base para la determinación y aplicación del impuesto predial. Artículo 34.- Para determinar el valor catastral de cada predio, se aplicarán los valores unitarios para el suelo y para los diferentes tipos de construcción que al efecto elabore la Dirección de Catastro Municipal, que previamente serán aprobados y autorizados por el H. Congreso del Estado. [..] Artículo 35.- Una vez formuladas las tablas de valores unitarios de suelo y construcción y validadas por la Coordinación General de Catastro, se someterán a acuerdo del Cabildo, para que se envíen en calidad de proyecto, por conducto del Presidente Municipal al H. Congreso del Estado para su análisis, discusión y aprobación correspondiente. Dichas tablas de valores unitarios deberán presentarse para su aprobación, en la fecha que señale la Ley Orgánica del Municipio Libre Vigente." Así, razonablemente permite afirmar y sostenerse que la base del impuesto predial es el valor catastral de los inmuebles, y que GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 40 su importe se obtiene conforme a las disposiciones de la propia Ley de Catastro Municipal y su Reglamento. I. Para tal efecto, conforme a la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, se aplicaran los valores unitarios para el suelo y para los diferentes tipos de construcción, contenidos en las tablas de valores unitarios, en la forma en que se determine15. II. Luego, deberá multiplicarse el valor unitario de suelo aplicable, de la zona catastral donde se ubique, por la superficie total del terrero; y, a su vez, deberá multiplicarse el valor unitario de la construcción aplicable, a cada tipo y clase de edificación por el área total construida.16 Ahora bien, la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero dispone que en el caso de existir parámetros que afecten el valor catastral de los inmuebles, ya sea tratándose en la superficie del terreno, la construcción, servicios públicos, o por la entrada en vigor de nuevos valores catastrales unitarios, las autoridades catastrales realizarán procesos de actualización a través de la valuación o revaluación del predio17. Los artículos 38, 40 y 41 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, disponen que una vez aprobadas las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, la Dirección de Catastro, procederá a la valuación y revaluación individual o masiva de los predios, distinguiendo que la valuación catastral tiene por objeto determinar el valor catastral de los inmuebles; mientras que la revaluación catastral tiene por objeto actualizar el valor catastral de que se trata.18 Por su parte, el Reglamento de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, dispone que 15 Artículo 48.- La valuación y revaluación catastral de los predios rústicos y urbanos se hará con aplicación específica de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, en la forma en que determine esta Ley y su Reglamento. 16 Artículo 44.- Para la valuación y revaluación catastral de cada terreno deberá multiplicarse el valor unitario de suelo aplicable, de la zona catastral donde se ubique, por la superficie total del terreno. - - - Para la valuación y revaluación catastral de cada construcción deberá multiplicarse el valor unitario de la construcción aplicable, a cada tipo y clase de edificación por el área total construida. 17 Artículo 17.- Las autoridades catastrales realizarán los procesos de actualización conforme al proceso siguiente: [.] VII. Se procedenrá a la valuación o revaluación del predio, cuando en la actualización de la cédula catastral se han modificado aquellos parámetros que afecten el valor de dicho predio, tales como las superficies de terreno o construcción, servicios públicos o por la entrada en vigor de nuevos valores catastrales unitarios, y ." 18 Artículo 40.- La valuación catastral tiene por objeto determinar el valor catastral de los bienes inmuebles ubicados dentro del Municipio de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. Artículo 41.- La revaluación catastral tiene por objeto actualizar el valor catastral a los bienes inmuebles ubicados dentro del Municipio de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 41 ??????? ?? tratándose de la determinación del valor catastral de los inmuebles, ésta será basándose en dos procedimientos alternativos: El primero.- a través de la determinación del valor del inmueble mediante el avalúos por enfoque directo; y, El segundo.- mediante el método de autodeterminación del valor catastral de manera voluntaria por parte del contribuyente, aplicando invariablemente los valores catastrales establecidos en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción vigentes para el municipio y autorizadas por el Congreso del Estado. Luego, con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, la Dirección de Catastro Municipal enviará al contribuyente por correo electrónico o certificado un formato oficial para la autodeterminación del valor catastral y la determinación del impuesto predial; o, en su defecto, será proporcionado al acudir personalmente a solicitarlo.19 Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, en caso de que el contribuyente no tenga objeción al contenido de los datos del formato oficial de determinación de valor catastral, procederá a realizar el pago de sus obligaciones en los términos y plazos establecidos. Finalmente, es importante mencionar que tanto la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, como su Reglamento, estatuyen capítulos relativos a los recursos que los contribuyentes pueden interponer en caso de inconformidad. En esa medida, atendiendo la naturaleza autodeterminable del impuesto predial, razonablemente permite afirmar y sostener la inexistencia de un procedimiento en que el contribuyente deba ser oído, ya que es él quien de forma voluntaria cumple con su obligación; siendo que en caso de desacuerdo con los datos considerados por la autoridad como propuesta para el cumplimiento de su obligación tributaria, tendrá a su alcance diversos procedimientos en los que podrá ejercer su 19 Artículo 48. Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, la Dirección de Catastro Municipal proporcionará un formato oficial para la autodeterminación del valor catastral y la determinación del monto de impuesto predial a pagar. Este formato se enviará a los contribuyentes por correo electrónico, por correo certificado, se entregará de manera personal o bien el contribuyente acudirá personalmente a la a solicitarlo, apegándose a las formalidades legales establecidas en el Código Fiscal Municipal, para ello los contribuyentes previamente deberán aportar su correo electrónico a la citada autoridad catastral. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 42 garantía de audiencia para corregir o modificar los términos en que habrá de tributar. En efecto, atendiendo la naturaleza autodeterminable del impuesto predial, la garantía de audiencia no es previa, pues parte de la buena fe del contribuyente quien de manera voluntaria cumple con su obligación contributiva y que, como parte de una simplificación administrativa, la autoridad determinó el importe por concepto de impuesto predial a su cargo mediante la emisión de la factura correspondiente, en la que se advierten los elementos que se tomaron en consideración para tal efecto. Consecuentemente, no trasciende el derecho de audiencia previa, tratándose del método de autodeterminación del que se hablado; tomando en cuenta que el formato oficial para la autodeterminación del valor catastral y la determinación del impuesto predial, sólo tiene por objeto que conozca los elementos a partir de los cuales deberá cumplir con su obligación contributiva; situación que se satisface con la emisión de la propuesta para pago -que sirvió para sustento- y de la propia factura relativa que la parte quejosa allegó a este sumario. Así, el contribuyente siempre tiene a su alcance los procedimientos administrativos para acudir ante la autoridad administrativa a instar una modificación de los términos en que habrá de cumplir con la obligación; tal y como se constata de los recursos de aclaración e inconformidad contenidos en los artículos 84 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, así como 64, 65 y 69 de su Reglamento, del tenor literal siguiente: "Artículo 84.- El recurso de inconformidad procederá por: I. Error en la determinación de las medidas del predio que hayan servido para establecer el valor catastral; II. Error en la aplicación de los parámetros de valuación, que sirvieron de base para la determinación del valor catastral; III. Error en la clasificación del tipo de terreno o de la tipología de la construcción de que se trate, y IV. Cualquier otro error u omisión que modifique la valuación del predio, y que el contribuyente considere le afecta a sus intereses." "Artículo 64. Las personas propietarias o poseedoras de predios ubicados en el municipio, podrán interponer por sí o por conducto de sus representantes legales, los recursos de aclaración e inconformidad en contra de los actos catastrales de las autoridades municipales." "Artículo 65. El Recurso de Aclaración podrá interponerse en cualquier tiempo, y procede cuando: I. El nombre de la persona propietaria o poseedora del inmueble sea distinto de aquel que aparece en los padrones catastrales; II. La clave catastral sea distinta de la que le corresponde al bien inmueble; GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 43 ??????? ?? III. Exista error o diferencias entre los datos relativos a la superficie, linderos o colindancias del terreno, y IV. Exista error o diferencias entre los datos asentados en los padrones catastrales y las características físicas del bien inmueble." "Artículo 69. Procede el recurso de inconformidad cuando surja uno o varios supuestos establecidos en el artículo 84 de la Ley, o bien cuando los contribuyentes no estén conformes con la resolución que haya recaído al Recurso de Aclaración." Además, los artículos 16, fracción I20, y 42, fracción III21, de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, permiten que a petición del interesado se lleve a cabo el proceso de valuación o revaluación catastral, de modo que el gobernado no queda en estado de indefensión para el caso de que hubiera dado cumplimiento a la obligación del pago del impuesto predial y estime que se determinó indebidamente el valor catastral que sirve como base de aquel tributo, pues se encuentra en aptitud de solicitar su valuación y/o revaluación. Resulta aplicable al respecto la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Febrero de 2010, página 2887, que dice: "PREDIAL. LA DETERMINACIÓN DE LOS VALORES UNITARIOS CATASTRALES BASE DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, POR CONDUCTO DE SU CONSEJO MUNICIPAL DEL CATASTRO INMOBILIARIO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de audiencia tratándose de actos legislativos, incluso cuando se combate una ley autoaplicativa, se respeta al establecer el legislador los procedimientos necesarios para que se escuche a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. En tal contexto, la determinación de los valores catastrales unitarios base del impuesto predial, que establece el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, por conducto de su Consejo Municipal del Catastro Inmobiliario, no viola la citada garantía, ya que, por una parte, contra dicha resolución procede el recurso de revisión que prevé el artículo 48 de la Ley del Catastro Inmobiliario de la entidad y, por otra, porque la última parte del artículo 2o. del Decreto 192 de la Legislatura Estatal, publicado en el Periódico Oficial el 26 de diciembre de 2008, establece el procedimiento a seguir cuando el contribuyente no esté de acuerdo con el valor catastral unitario determinado en la tabla relativa, contenida en el propio precepto." 20 "ARTÍCULO 16.- Los procesos catastrales podrán iniciarse: I. A petición de los propietarios, poseedores o personas que tengan un derecho real sobre los Predios o por cualquier persona con interés legítimo en cumplimiento a una obligación registral". 21 "ARTÍCULO 42.- La Dirección de Catastro llevará a cabo la valuación y revaluación catastral de los predios atendiendo a lo siguiente: (.) III. Se podrán generar los avalúos catastrales por predio, a petición de parte o de oficio, que servirán de base para el cálculo del impuesto predial." GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 44 De ahí que, los conceptos de violación analizados son infundados porque no se acredita la trasgresión al derecho de audiencia aducido por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis aislada XV.4o.41 A, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Registro digital: 165200, de rubro y texto siguientes: "PREDIAL. LA DETERMINACIÓN DE LOS VALORES UNITARIOS CATASTRALES BASE DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, POR CONDUCTO DE SU CONSEJO MUNICIPAL DEL CATASTRO INMOBILIARIO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de audiencia tratándose de actos legislativos, incluso cuando se combate una ley autoaplicativa, se respeta al establecer el legislador los procedimientos necesarios para que se escuche a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. En tal contexto, la determinación de los valores catastrales unitarios base del impuesto predial, que establece el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, por conducto de su Consejo Municipal del Catastro Inmobiliario, no viola la citada garantía, ya que, por una parte, contra dicha resolución procede el recurso de revisión que prevé el artículo 48 de la Ley del Catastro Inmobiliario de la entidad y, por otra, porque la última parte del artículo 2o. del Decreto 192 de la Legislatura Estatal, publicado en el Periódico Oficial el 26 de diciembre de 2008, establece el procedimiento a seguir cuando el contribuyente no esté de acuerdo con el valor catastral unitario determinado en la tabla relativa, contenida en el propio precepto." II.II FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Ahora, la parte quejosa aduce que la factura no cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe satisfacer. Sin embargo, contrario a lo pretendido, no es dable exigir a la responsable que la citada factura, que ampara el pago del impuesto predial del inmueble, cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación; pues no se trata de un acto de autoridad en sentido formal, sino que es un comprobante de pago que ampara el monto erogado por la contribución. De manera que, en todo caso, la factura deberá sujetarse a los requisitos de validez que para tal efecto exige el Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A, dentro de los cuales no se encuentran el de fundamentación y motivación, pues se insiste, la fundamentación y motivación son requisitos de validez de los actos de GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 45 ??????? ?? autoridad y la factura que ampara el pago del impuesto no constituye un acto de esa naturaleza. En consecuencia, con los conceptos de violación analizados son infundados porque no se acredita que los actos reclamados resulten contrarios a lo previsto en los artículos 14 y 16 Constitucionales. III. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Finalmente, en el primer concepto de violación, la parte quejosa propone argumentos para controvertir el DECRETO NÚMERO 640 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE USO DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN QUE SERVIRÁN DE BASE AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021, pretendiendo que se emprenda un análisis considerando el principio pro persona y el control de convencionalidad. Así, argumenta que no existe una relación razonable entre los valores establecidos en las "TABLAS" y el valor del inmueble en concreto, sin que se justifique con algún elemento objetivo y razonable, el excesivo incremento en la asignación de los valores unitarios de suelo y construcción, ya que no es suficiente con levantar datos del mercado, puesto que las autoridades deben establecer la interpretación más favorable a la persona. Pretendiendo evidenciar de esta manera que el DECRETO NÚMERO 640 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE USO DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN QUE SERVIRÁN DE BASE AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021, contraviene el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expuesto lo anterior, los planteamientos de que se trata, encaminados su análisis frente a la solicitud para que este órgano considere el principio pro persona y el control de convencionalidad al resolver el presente asunto se estiman inoperantes. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 46 Si bien la reforma al artículo 1° constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, que establece el principio pro persona y el control de convencionalidad, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional, no menos cierto es que ello no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma. Esto es así, porque dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que se dejen de observar los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, tales como el de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y cosa juzgada, pues de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Da sustento a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.56/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 772 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Además, cabe destacar que la aplicación del principio pro persona no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales deban resolver que las cuestiones planteadas por los gobernados de manera GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 47 ??????? ?? favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca. Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia 1a./J.104/2013 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal que aparece publicada en la página 906 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: 'PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.', reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de 'derechos' alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." El referido principio no puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. El control de regularidad constitucional ex officio, establece que por imperativo del artículo 1° y 133 constitucionales, las autoridades del País, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 48 reconocidos en la propia constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El examen del control ex officio pueden hacerlo, por virtud de su cargo de jueces, aun cuando: 1) no sean de control constitucional; y, 2) no exista una solicitud expresa de las partes, pues la propia Norma Fundamental los faculta a inaplicar una norma cuando adviertan que viola derechos humanos, de manera que el control difuso no constituye un proceso constitucional sino sólo una técnica al alcance del juez para que pueda ejercer un control de constitucionalidad en un proceso, sea éste constitucional o de cualquier otra naturaleza y cuyo ejercicio da lugar al dictado de una resolución con efectos entre las partes. Análisis que deben hacer las autoridades en el ámbito de su competencia; por ejemplo, los tribunales colegiados de circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación, deben ejercer el control difuso de regularidad constitucional ante la violación de derechos humanos, con la observación de que sólo pueden hacerlo en el ámbito de su competencia, es decir, respecto de las disposiciones que ellos mismos están facultados para aplicar, específicamente, las contenidas en los ordenamientos que rigen el procedimiento del juicio de amparo, esto es, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquélla. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. IX/2015 (10a.) del Pleno del Alto Tribunal publicada en la página 355 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, de rubro y texto siguientes: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. Por imperativo del artículo 1o., en relación con el diverso 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para lo cual cuentan con la facultad de ejercer un control de regularidad constitucional difuso o ex officio, que corresponde a un sistema que confía a cualquier autoridad, sin importar su fuero, la regularidad constitucional de las leyes y por virtud del cual toda autoridad debe, ante un caso concreto que verse sobre cualquier materia, inaplicar la norma que debería fundar su acto, si ésta es violatoria de un derecho humano contenido en la Carta Fundamental o en un tratado internacional. Ahora bien, cuando se habla del control ex officio debe tenerse presente que dicha expresión significa que ese tipo de examen pueden hacerlo, por virtud de su cargo de Jueces, aun cuando: 1) no sean de control constitucional; y, GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 49 ??????? ?? 2) no exista una solicitud expresa de las partes, pues la propia Norma Fundamental los faculta a inaplicar una norma cuando adviertan que viola derechos humanos, de manera que el control difuso no constituye un proceso constitucional sino sólo una técnica al alcance del Juez para que pueda ejercer un control de constitucionalidad en un proceso, sea éste constitucional o de cualquier otra naturaleza y cuyo ejercicio da lugar al dictado de una resolución con efectos entre las partes. En estas circunstancias, se concluye que los Tribunales Colegiados de Circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación, deben ejercer el control difuso de regularidad constitucional ante la violación de derechos humanos, con la observación de que sólo pueden hacerlo en el ámbito de su competencia, es decir, respecto de las disposiciones que ellos mismos están facultados para aplicar, específicamente, las contenidas en los ordenamientos que rigen el procedimiento del juicio de amparo, esto es, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquélla." Así como la diversa P. X/2015 (10a.) también del Pleno visible en la página 356 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, que establece: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN. No corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito examinar, de oficio, la inconstitucionalidad de los preceptos que rigen en los procedimientos o juicios de los que deriva el acto reclamado, ya que tal asignación corresponde, en su caso, a las autoridades judiciales encargadas de su aplicación (autoridades administrativas, jueces, salas de instancia, etcétera), pues sostener lo contrario, es decir, que los Tribunales Colegiados de Circuito pueden, mediante un control difuso de regularidad constitucional declarar, en amparo directo, la inconstitucionalidad de disposiciones contenidas en leyes que rigen el procedimiento o juicio de origen generaría inseguridad jurídica para las partes, quienes parten de la base de que en el juicio han operado instituciones como la de preclusión, por virtud de la cual han ejercido los derechos procesales que les corresponden en torno a las decisiones emitidas por el juzgador, sin que deba soslayarse que el cumplimiento al imperativo prescrito en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a toda autoridad, en el ámbito de su competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, no implica que puedan dejar de observarse los mecanismos jurisdiccionales previstos en el orden interno de los Estados para impugnar los actos de autoridad que pudieran considerarse violatorios de derechos humanos. Ahora, esta manera de ordenar el sistema no significa que se impongan límites a los tribunales de la Federación que por disposición constitucional tienen a su cargo el conocimiento de los mecanismos para la protección de la Norma Fundamental, para cumplir con el imperativo que ésta ordena ni que se desconozcan las obligaciones adquiridas en diversos tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano en el sentido de proteger en todo momento los derechos humanos de los justiciables, pues los órganos federales encargados de ejercer el control de regularidad constitucional concentrado cuentan con las herramientas necesarias para cumplir con ese mandato, en cuya labor deben observar las reglas que tradicionalmente han normado las instituciones que tienen a su cargo, de manera que, en ejercicio de este control concentrado, pueden emprender el análisis sobre la constitucionalidad de una norma a partir de lo siguiente: (i) en respuesta a la pretensión formulada por el quejoso; (ii) por virtud de la causa de pedir advertida GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 50 en el planteamiento de los conceptos de violación o en agravios; o bien, (iii) con motivo de la utilización de la institución de la suplencia de la queja deficiente, en términos de la Ley de Amparo que, en ciertas materias, permite ese análisis aun ante la ausencia total de conceptos de violación o de agravios. En las circunstancias apuntadas, no es que los órganos de control concentrado estén exentos de ejercer un control difuso, sino que sólo pueden hacerlo en los términos que la propia Constitución les faculta." Expuesto lo anterior, en relación con el control de convencionalidad, sugerido por el peticionaria de amparo, no debe perderse de vista que el control de convencionalidad, como su nombre lo refiere, sujeta al juzgador analizar un precepto normativo nacional específico, a efecto de determinar si resulta acorde con la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Así, prima facie, para emprender un análisis de esta naturaleza, lo primero es identificar el derecho humano que está tutelando el precepto normativo que se reclama, correlativo con un precepto convencional que tutela el mismo derecho; y sólo en el supuesto de que la norma reclamada resulte contraria a lo instituido en la citada Convención, entonces se decretará su inaplicación en la esfera de derechos del quejoso. Sin que, en el caso, la parte quejosa haya confrontado el DECRETO NÚMERO 640 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE USO DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN QUE SERVIRÁN DE BASE AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021, con un precepto jurídico de la citada Convención, que estime regule el mismo derecho en sentido contrario; lo que pone de manifiesto lo improcedente de sus argumentos. De ahí que, como se adelantó son inoperantes los argumentos relativos a que se debe ejercer control de convencionalidad, a través de afirmaciones genéricas, sin explicar por qué debe realizarse un análisis de convencionalidad respecto de la modificación de la base gravable del inmueble para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. También deben desestimarse los planteamientos de la quejosa tendentes a solicitar la aplicación del principio pro homine, pues dicho postulado constituye un procedimiento de selección normativo entre dos o más normas de derechos humanos que, siendo aplicables, GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 407/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 51 ??????? ?? tengan contenidos que sea imposible armonizar y que, por tanto, exijan una elección; o bien, dos o más posibles interpretaciones admisibles de una norma, de modo que se acoja aquella que adopte el contenido más amplio o la limitación menos restrictiva del derecho; y en el caso, no nos encontramos ante un derecho humano tutelado por dos sistemas normativos que requiera ese discernimiento. Tampoco nos encontramos ante una doble interpretación normativa, ni la quejosa propone una posible interpretación que pudiera resultarle más benéfica o menos restrictiva, lo que pone de manifiesto lo inoperante del argumento que nos ocupa. Sustenta lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: "PRINCIPIO PRO PERSONA. SÓLO PUEDE UTILIZARSE EN SU VERTIENTE DE CRITERIO DE SELECCIÓN DE INTERPRETACIONES CUANDO ÉSTAS RESULTAN PLAUSIBLES. De acuerdo con lo previsto en el artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas de derechos humanos se interpretarán y aplicarán "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia", ello implica que el principio pro persona opera como un criterio que rige la selección entre: (i) dos o más normas de derechos humanos que, siendo aplicables, tengan contenidos que sea imposible armonizar y que, por tanto, exijan una elección; o (ii) dos o más posibles interpretaciones admisibles de una norma, de modo que se acoja aquella que adopte el contenido más amplio o la limitación menos restrictiva del derecho. Así, es importante que tanto las normas entre las que se elige como las interpretaciones que se pretendan comparar sean aplicables en el primer caso y plausibles en el segundo, por ser el resultado de técnicas válidas de interpretación normativa. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 1a./J. 104/2013 (10a.) y 1a./J. 10/2014 (10a.), sostuvo que el principio pro persona no puede entenderse como una exigencia para que se resuelva de conformidad con las pretensiones de la parte que lo invoque, ni como un permiso para soslayar el cumplimiento a los requisitos de admisibilidad o procedencia de recursos y medios de impugnación, aunque sí exige que su interpretación se realice en los términos más favorables a las personas. Lo anterior, refleja que el principio pro persona debe beneficiar a quienes participen dentro de un procedimiento jurisdiccional, ya que opera como criterio para determinar el fundamento, alcances, regulación y límites de los derechos humanos de cada una, según se encuentren en juego en un asunto, mientras que su falta de utilización puede ser reclamada en juicio por el efecto potencialmente perjudicial que podría tener para la tutela de un derecho humano."22 Ante la ineficacia de los conceptos de violación propuestos, procede negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, por los razonamientos expuestos en los considerandos quinto y octavo que rigen este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, por los actos y las razones dadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta hoy quince de julio de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución, quien actúa asistida por Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    CITATORIO: NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO LA SENTENCIA DE QUINCE DEJULIO DEL AÑO EN CURSO,LA CUAL RESOLVIÓ: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gerardo Saade Kuri, por los razonamientos expuestos en los considerandos quinto y octavo que rigen este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****, por los actos y las razones dadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese

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