Gerardo Ruíz Martínez

Expediente 486/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2020.

Datos del expediente

Expediente
486/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
07/08/2020

Partes del expediente

  • Gerardo Ruíz Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, siete de agosto de dos mil veinte. Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Atento a lo anterior, agréguense a los autos los oficios de cuenta firmado por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuales informa que a partir del dieciséis de marzo del dos mil veinte, asumió el cargo de la Dirección General de Recursos Humanos, por lo que solicita se le remitan las constancias necesarias y suficientes para estar en posibilidad de cumplir con lo requerido en autos. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, remítase mediante oficio copia de la sentencia dictada en autos y del protocolo de ejecución establecido en proveído de diecisiete de enero de dos mil veinte, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo que una vez recibidas las constancias de referencia empezara a transcurrir el término otorgado en proveído de diez de marzo de este año. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio con número de folio 7932, firmado por el Director de Amparos, en suplencia del Oficial Mayor, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que mediante oficio ***, tres de abril de dos mil veinte, instruyó a la Directora General de Recursos Humanos para que dé cumplimiento al requerimiento de este juzgado federal. De lo anterior, esta juzgadora toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de julio de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, se advierte que el presente asunto se ubica en el supuesto establecido en la ejecutoria emitida para resolver la Contradicción de Tesis 127/2020 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en el presente asunto el quejoso ***, reclamó de la autoridad responsable Petróleos Mexicanos, lo siguiente: LA OMISIÓN, en que incurren, en mi perjuicio, al dejar de cumplimentar en mi favor, los Acuerdos y Decretos emitidos, por el Consejo de Salubridad General, el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo Federal y el Titular de la Secretaría de Salud Federal y que decretan una emergencia sanitaria, ocasionada por la presencia en el territorio nacional del virus denominado COVID-19 o SARS-COV2 y por ello, dejar de otorgarme el beneficio a encontrarme resguardado, dentro de mi domicilio, cumpliendo con la cuarentena respectiva de forma indefinida, hasta que sea levantada la emergencia sanitaria, evitando así el peligro de contagio que de enfermarme, pone en peligro mi salud, mi bienestar y mi propia vida, causa muy probable, puesto que reúno las condiciones y requisitos para considerarme como grupo vulnerable de por encontrarme enfermo de DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES RENALES, HIPERTENSO Y CON OBESIDAD debidamente diagnosticadas por las hoy responsables, existiendo el peligro inminente de perder la vida, es de todos conocido, que el virus COVID-19 o SARSCoV2, es sumamente contagioso y letal, al ocasionar la muerte de muchas personas, como ocurre mundialmente. En ese sentido, conviene tener presente que el análisis de la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público y se puede realizar en cualquier momento del procedimiento, ya que su inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez cuya competencia no encuentra justificación. En ese tenor, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de ocho de julio pasado resolvió la contradicción de tesis 127/2020 entre las sustentadas por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y al respecto en la Contradicción de mérito de manera sustancial, entre otras cuestiones determinó en lo que aquí importa que: Si bien era cierto se emitieron diversos Acuerdos que establecen las medidas preventivas que deben implementarse para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19), los cuales derivaron de autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de las facultades que tienen en materia de salud pública, también lo era, que aquéllas también tienen un impacto en el mundo del trabajo, derivado de lo cual se instruyó a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo a aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19 y, posteriormente, ordenando la suspensión total de las actividades que no fueran esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria. Las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. Las referidas medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Lo anterior derivó en la jurisprudencia que está pendiente de publicación de rubro siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UN TRABAJADOR LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. En ese sentido, si bien la jurisprudencia cuyo rubro se cita aún no está publicada y por tal motivo no es una obligación para esta juzgadora atenderlo, esa determinación es un criterio orientador que evidentemente debe observarse. Es aplicable a lo anterior por las razones que sustenta la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. PUEDEN FUNDAR UNA SENTENCIA DE APELACION. No es exacto que una tesis aislada de este Alto Tribunal, no pueda fundar una sentencia de apelación, puesto que no existe disposición legal que prohíba a los tribunales orientar su criterio con los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando el caso que se juzga es análogo al que con anterioridad fue resuelto en un amparo. En ese orden de ideas, atendiendo a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 127/2020 antes descrita, esta Juzgadora procede a verificar si cuenta con las facultades legales para ejercer su jurisdicción en el presente asunto, lo anterior en atención a lo establecido en la jurisprudencial P./J.21/2009, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas. En ese tenor, es conveniente tomar en cuenta la distinción que existe entre los conceptos de jurisdicción y competencia, entendiéndose por jurisdicción la potestad de con que cuentan los juzgadores para administrar justicia, mientras que la competencia se refiere a la facultad que tienen tales juzgadores para conocer de determinadas controversias. Así, para determinar cuáles son los asuntos que debe conocer un juzgador por razón de competencia, deben atenderse criterios como: a) Materia, la cual se establece en atención a la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio, esto es, las cuestiones jurídicas que constituyen el fondo de la materia en el proceso, de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo; b) Territorio, es decir, el ámbito espacial de validez dentro del cual un juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, el cual puede denominarse de diversas maneras como circuitos, distritos o partidos judiciales. c) Grado, el cual se refiere a la posibilidad de que la decisión sobre una controversia sea sometida a revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no a derecho y resuelva si debe o no confirmarse. Así, los criterios mencionados constituyen factores determinantes de la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho, dentro de un espacio territorial concreto, en una instancia determinada. Ahora, de acuerdo con el artículo 94, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar el régimen de distribución de competencias de los órganos jurisdiccionales de amparo, debe atenderse a las pautas que de manera expresa establezca la legislación ordinaria, específicamente la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual regula la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito. En particular, respecto a las materias administrativa y de trabajo, los artículos 52 y 55 de la ley mencionada6 detallan la competencia de los Juzgados de Distrito en tales materias, de donde se advierte que el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado, así como de la autoridad responsable. Los artículos a que se han hecho referencia son del tenor siguiente: Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se aprecia de los numerales transcritos, la competencia para conocer de un juicio de amparo, se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia del Trabajo, entre otros supuestos, cuando se promueva contra actos de autoridad distinta de la judicial. De esa forma, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 83/98, de rubro: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. determinó que para fijar la competencia por materia se debe atender a la naturaleza de la acción ejercida, sin analizar la relación jurídica existente entre las partes en litigio, en tanto que dicho tema pertenece al estudio de fondo del asunto En ese mismo sentido, la Segunda Sala emitió la jurisprudencia 2ª/J. 24/2009, de rubro: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS., en la que se concluyó que para determinar la competencia por materia de los asuntos sometidos a los jueces de distrito, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, ya que éste es precisamente el elemento que define la acción constitucional, sin que ello implique el análisis de las expresiones alegadas en contra de aquél. Así, de acuerdo con lo expuesto, corresponde ahora analizar la naturaleza del acto reclamado en el presente sumario constitucional, en el que se advierte que la parte quejosa reclamó lo siguiente: LA OMISIÓN, en que incurren, en mi perjuicio, al dejar de cumplimentar en mi favor, los Acuerdos y Decretos emitidos, por el Consejo de Salubridad General, el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo Federal y el Titular de la Secretaría de Salud Federal y que decretan una emergencia sanitaria, ocasionada por la presencia en el territorio nacional del virus denominado COVID-19 o SARS-COV2 y por ello, dejar de otorgarme el beneficio a encontrarme resguardado, dentro de mi domicilio, cumpliendo con la cuarentena respectiva de forma indefinida, hasta que sea levantada la emergencia sanitaria, evitando así el peligro de contagio que de enfermarme, pone en peligro mi salud, mi bienestar y mi propia vida, causa muy probable, puesto que reúno las condiciones y requisitos para considerarme como grupo vulnerable de por encontrarme enfermo de DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE, CON COMPLICACIONES RENALES, HIPERTENSO Y CON OBESIDAD debidamente diagnosticadas por las hoy responsables, existiendo el peligro inminente de perder la vida, es de todos conocido, que el virus COVID-19 o SARSCoV2, es sumamente contagioso y letal, al ocasionar la muerte de muchas personas, como ocurre mundialmente. Por tanto, tomando en consideración que el acto reclamado en este asunto es la omisión en que incurre la autoridad responsable al dejar de cumplimentar los acuerdos y decretos emitidos por el Consejo de Salubridad General, el Presidente de la República y el Titular de la Secretaría de Salud Federal, que decretan una emergencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 o Sars-Cov2, lo que deriva en dejar de otorgarle el beneficio de resguardo dentro de su domicilio cumpliendo con la cuarentena hasta en tanto sea levantada la emergencia sanitaria, al tener que considerarlo como parte del grupo de personas de riesgo puesto que padece Diabetes Mellitus Insulinodependiente, con complicaciones renales, hipertenso y con obesidad y de la misma manera gozar de su sueldo y demás prestaciones a que tiene derecho, acto que se encuentra dentro del supuesto resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta Juzgadora estima que carece de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto. En ese contexto, se infiere que para resolver una cuestión competencial por razón de materia, se debe atender fundamentalmente a la naturaleza material del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, de la Ley de Amparo y 55, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado declara carecer de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto, por lo que se ordena remitir este expediente, al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México en virtud que se encuentra de guardia, órgano jurisdiccional al cual se le solicita atentamente informe si acepta la competencia declinada en su favor. En ese sentido, se deja sin efectos la fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Tomando en consideración la certificación de cuenta de la que se desprende que las constancias del asunto de que se trata, se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico correspondiente; además de las medidas de uso racional por escasez de papel en la Administración de este edificio sede, fórmese cuaderno de antecedentes con la papeleta, la demanda que dio lugar al presente asunto, auto admisorio y el presente acuerdo. De igual forma, las constancias de notificación del presente proveído, serán remitidas en su oportunidad al juzgado de Distrito en comento. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ciudad de México, a ocho de julio de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de tres de julio del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de Petróleos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes con el mismo; por ello, al publicarse dicho acuerdo el seis de julio pasado, el plazo para que las partes realicen manifestaciones vence el diecisiete de julio próximo, de acuerdo con certificación de cuenta. Consecuentemente, para dar margen a la vista otorgada en el dicho auto y no violar las reglas que rigen el procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ciudad de México, tres de julio de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la extensión del esquema de trabajo implementado en los órganos jurisdiccionales, así como el mantenimiento de sus actividades a distancia, prolongando el periodo de contingencia sanitaria al quince de julio de dos mil veinte. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio recibido electrónicamente, firmado por el Suplente por ausencia del Gerente Jurídico Contencioso Administrativo de Petróleos Mexicanos, mediante el cual rinde su informe justificado e informa que la autoridad denominada Petróleos Mexicanos Corporativo no existe en el organigrama de dicha institución. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe referido; con el anexo que lo acompaña, dese vista a las partes en el presente juicio de amparo para su conocimiento, a fin de que manifiesten lo que a su interés y derecho convenga. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte, la documental que acompaña al oficio de cuenta. Relaciónense en la audiencia constitucional. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9° y 28, fracciones I y III, de la ley de la materia, ténganse como delegados de la responsable a las personas que refiere y como domicilio el que señala; asimismo, ténganse como correos electrónicos para recibir notificaciones los siguientes: -vicente.francisco.morquecho@pemex.com - diana.orozco@pemex.com Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura de Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; y artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica con los usuarios Eracillas, Fmorquecho, DOROZCOA y PEXOXOANAM. En relación con la autoridad que el quejoso señaló como Petróleos Mexicanos Corporativo, toda vez que la autoridad oficiante manifiesta que no existe en el organigrama de dicha institución, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la inexistencia de la autoridad de mérito. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se dejará de tener como responsable a la misma, dada la imprecisión de su señalamiento y por ende, la imposibilidad de emplazarla al presente asunto; mientras tanto, suspéndase toda comunicación con dicha autoridad. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE; Y POR CORREO ELECTRÓNICO A LA PARTE QUEJOSA.

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