Gerardo Ruiz González

Expediente 256/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 21 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
256/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • Gerardo Ruiz González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado que guardan los autos del que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, se declara que el mismo ha quedado firme y como está ordenado en el referido auto, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados y no existen diligencias pendientes de practicar y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa. En la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es depurable.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa, el auto de trece de septiembre del año en curso, por las razones que expone; consecuentemente, practíquese a la parte quejosa la notificación de dicho auto así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Se publica el auto de trece de septiembre del año en curso, con efectos de notificar a la arte quejosa: Zacatecas, Zacatecas, trece de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido al quejoso Gerardo Ruiz González y a la parte tercero interesada SAM´S Club (Operadora Walmart, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable), por auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en el cual se les informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente expediente, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia y vistas las constancias que integran el presente cuaderno, se procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo en los siguientes términos: En sentencia terminada de engrosar el seis de mayo de dos mil veintiuno, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, por los motivos ahí expuestos. Inconforme con dicha sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, mismo que fue del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, registrándolo como amparo en revisión laboral 92/2021; y se resolvió en sesión de quince de julio de dos mil veintiuno, en los términos siguientes: "PRIMERO. Se revoca la sentencia de seis de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, en los autos del juicio de amparo indirecto 256/2020. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gerardo Ruiz González, contra la resolución de diez de febrero de dos mil veinte, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, dentro del expediente 1031/III/2011, por medio de la cual se declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto contra el acuerdo de doce de abril de dos mil diecinueve. Los efectos son los precisados en la parte final de esta ejecutoria. Notifíquese." Los efectos de la protección constitucional fueron para que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas: 1) Deje insubsistente la resolución reclamada de diez de febrero de dos mil veinte, emitida en el expediente 1031/III/2011, por medio de la cual se declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto contra el auto de doce de abril de dos mil diecinueve. 2) En su lugar emita otra, donde participen y conozcan del recurso todos los integrantes de la Junta (Pleno), es decir, los representantes de los patrones y de los trabajadores, junto con la propia Presidenta (o en su defecto, con el auxiliar que esté conociendo del asunto en términos del artículo 635 de la Ley Federal del Trabajo), y analicen nuevamente el recurso. Para lo cual, deberá prescindir de razonar que las Juntas no pueden revocar sus propias determinaciones, pues el auto materia del recurso fue emitido únicamente por la Presidenta (de ningún modo por la Junta actuado en Pleno), por lo cual, el recurso desde luego puede modificar lo decidido por aquélla, en caso de resultar fundado, inclusive, supliendo la deficiencia de los argumentos del recurrente al tratarse del cumplimiento de un laudo que la propia responsable emitió. Por lo anterior, en proveído veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, para que dentro del plazo de tres días hábiles, diera cumplimiento a la ejecutoria del amparo y remitiera a este juzgado las constancias con las que lo acreditara. En acato a dicho requerimiento, mediante oficio 1033/2021 de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dicha autoridad responsable dejó insubsistente la resolución del incidente de liquidación dictado el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 1031/III/2011; y, a efecto de acreditar lo anterior, remitió las siguientes copias certificadas: ? De la resolución del recurso de revisión de once de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el juicio laboral 1031/III/2011, mediante la cual, resolvió declararlo improcedente, el cual emitió en forma colegiada. Documentales con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena."1 Entonces, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por la responsable, se advierte que dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez atendió a todos los lineamientos descritos por este órgano jurisdiccional, en el presente juicio de amparo. No se soslaya que la autoridad responsable no remite las constancias con las que acredita que notificó de manera personal a la parte quejosa la resolución del recurso de revisión de once de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el juicio laboral 1031/III/2011; sin embargo, no se dicta mayor pronunciamiento al respecto debido a que en el presente juicio de amparo por auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno se le dio vista a la parte quejosa con el contenido de las constancias remitidas por la responsable con motivo del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mismo que le fue notificado el uno de septiembre siguiente, lo que da certeza de que quedó enterado de su contenido. Es aplicable por los motivos que en ella se exponen, la jurisprudencia 2a./J. 36/99, aprobada por la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, de epígrafe y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, trece de septiembre de dos mil veintiuno. VISTO; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido al quejoso Gerardo Ruiz González y a la parte tercero interesada SAM´S Club (Operadora Walmart, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable), por auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en el cual se les informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente expediente, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia y vistas las constancias que integran el presente cuaderno, se procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo en los siguientes términos: En sentencia terminada de engrosar el seis de mayo de dos mil veintiuno, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, por los motivos ahí expuestos. Inconforme con dicha sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, mismo que fue del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, registrándolo como amparo en revisión laboral 92/2021; y se resolvió en sesión de quince de julio de dos mil veintiuno, en los términos siguientes: "PRIMERO. Se revoca la sentencia de seis de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, en los autos del juicio de amparo indirecto 256/2020. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gerardo Ruiz González, contra la resolución de diez de febrero de dos mil veinte, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas, dentro del expediente 1031/III/2011, por medio de la cual se declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto contra el acuerdo de doce de abril de dos mil diecinueve. Los efectos son los precisados en la parte final de esta ejecutoria. Notifíquese." Los efectos de la protección constitucional fueron para que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas: 1) Deje insubsistente la resolución reclamada de diez de febrero de dos mil veinte, emitida en el expediente 1031/III/2011, por medio de la cual se declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto contra el auto de doce de abril de dos mil diecinueve. 2) En su lugar emita otra, donde participen y conozcan del recurso todos los integrantes de la Junta (Pleno), es decir, los representantes de los patrones y de los trabajadores, junto con la propia Presidenta (o en su defecto, con el auxiliar que esté conociendo del asunto en términos del artículo 635 de la Ley Federal del Trabajo), y analicen nuevamente el recurso. Para lo cual, deberá prescindir de razonar que las Juntas no pueden revocar sus propias determinaciones, pues el auto materia del recurso fue emitido únicamente por la Presidenta (de ningún modo por la Junta actuado en Pleno), por lo cual, el recurso desde luego puede modificar lo decidido por aquélla, en caso de resultar fundado, inclusive, supliendo la deficiencia de los argumentos del recurrente al tratarse del cumplimiento de un laudo que la propia responsable emitió. Por lo anterior, en proveído veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, para que dentro del plazo de tres días hábiles, diera cumplimiento a la ejecutoria del amparo y remitiera a este juzgado las constancias con las que lo acreditara. En acato a dicho requerimiento, mediante oficio 1033/2021 de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dicha autoridad responsable dejó insubsistente la resolución del incidente de liquidación dictado el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 1031/III/2011; y, a efecto de acreditar lo anterior, remitió las siguientes copias certificadas: ? De la resolución del recurso de revisión de once de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el juicio laboral 1031/III/2011, mediante la cual, resolvió declararlo improcedente, el cual emitió en forma colegiada. Documentales con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena."1 Entonces, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por la responsable, se advierte que dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez atendió a todos los lineamientos descritos por este órgano jurisdiccional, en el presente juicio de amparo. No se soslaya que la autoridad responsable no remite las constancias con las que acredita que notificó de manera personal a la parte quejosa la resolución del recurso de revisión de once de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el juicio laboral 1031/III/2011; sin embargo, no se dicta mayor pronunciamiento al respecto debido a que en el presente juicio de amparo por auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno se le dio vista a la parte quejosa con el contenido de las constancias remitidas por la responsable con motivo del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mismo que le fue notificado el uno de septiembre siguiente, lo que da certeza de que quedó enterado de su contenido. Es aplicable por los motivos que en ella se exponen, la jurisprudencia 2a./J. 36/99, aprobada por la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, de epígrafe y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo.

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