Gerardo Rosas Saucedo

Expediente 1076/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 6 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1076/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
06/11/2019

Partes del expediente

  • Gerardo Rosas Saucedo

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Gerardo Rosas Saucedo, en contra de los actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI); lo anterior con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1° fracción I, 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1076/2019. IMPROCEDENCIA Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo promovida por Gerardo Rosas Saucedo, por propio derecho, se advierte que el promovente reclama de la autoridad responsable los siguientes actos: a) Acuerdo de quince de octubre de dos mil diecinueve, emitido a las once horas dentro de la fase de investigación contralada en la carpeta de investigación CDI/2402/TEHUA/FED/FISDAI (actualmente proceso 63/2019/TECAMACHALCO) en el punto tres de dicho acuerdo, en la parte que la autoridad niega la petición formulada por la parte quejosa mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil diecinueve en el que le solicitó el acto de investigación consistente en la solicitud a las compañías relacionadas con los número celulares involucrados en los hechos atribuidos al defendido para que remitan los mensajes de voz que aparecen en los mismos, durante todo el día doce de julio de dos mil diecinueve. b) Acuerdo de quince de octubre de dos mil diecinueve, emitido a las doce horas con cinco minutos, dentro de la fase de investigación contralada en la carpeta de investigación CDI/2402/TEHUA/FED/FISDAI (actualmente proceso 63/2019/TECAMACHALCO) en el punto cuatro de dicho acuerdo, en la parte conducente en que la autoridad responsable niega girar oficio a INTERPOL para localizar a la supuesta víctima del delito de secuestro ***. Ahora bien, este juzgador considera que respecto a dichos actos se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este último interpretado a contrario sensu, que establecen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.). Énfasis añadido. Del segundo de los numerales transcritos, se advierte que la procedencia del juicio de amparo respecto de actos emitidos dentro de juicio, fuera de juicio o después de concluido se encuentra limitada a la condición de que sean de imposible reparación. Por tanto, para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De esta manera, es inconcuso que los actos reclamados consistentes en la resolución de quince de octubre de dos mil diecinueve en los puntos tres y cuatro dictada por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), no es de imposible reparación, pues el hecho que la autoridad responsable no acceda a la petición encaminada al desahogo de diversas pruebas, no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales reclamables en el juicio de amparo, ya que con las mismas no se genera una afectación material a derechos sustantivos, sino únicamente se genera una afectación jurídica de naturaleza formal, la cual puede o no trascender al fallo que en su momento se llegue a dictar. Pues contrario a lo referido por el promovente, no se coarta su derecho a ofrecer pruebas dentro de la etapa de investigación controlada, pues en ella se contempla el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba que las partes estimen convenientes a fin de acreditar su teoría del caso, ello de conformidad con el artículo 334, en relación con el diverso 340, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se sostiene lo anterior, toda vez que los actos reclamados antes referidos, están relacionados con la preparación de datos de prueba en la fase de investigación complementaria o formalizada, que forma parte del procedimiento penal acusatorio y oral, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no afectan materialmente derechos sustantivos, sino en todo caso, producen una afectación a derechos adjetivos o procesales, la cual puede ser subsanada en la etapa intermedia o de preparación del juicio, etapa en que el imputado puede solicitar los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso. En efecto, del contenido del artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que la audiencia intermedia es la etapa que tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, por lo que si en el caso, el acuerdo reclamado se emitió durante el transcurso del plazo de la investigación complementaria, el promovente del amparo cuenta con la posibilidad de realizar su petición en la etapa intermedia. sto, pues si bien es cierto, como lo sostuvo la mayoría, el Máximo Tribunal del país ha establecido que el procedimiento penal acusatorio y oral se encuentra dividido en una serie de momentos o etapas, cada una de las cuales tiene una función específica, que, conforme al principio de continuidad del proceso, previsto en el primer párrafo del artículo 20 Constitucional, se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que sólo superándose una etapa es que se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas; razón por la cual, las partes en el procedimiento, se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente; también lo es que, en la especie, la etapa idónea para ofrecer y admitir los medios de prueba que estimen pertinentes las partes para acreditar su teoría del caso, es la etapa intermedia, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atento a lo anterior, se sostiene que el proveído pronunciado por el Ministerio Público responsable, en la fase de investigación complementaria, en el cual determinó improcedente realizar actos de investigación, no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales del quejoso, reclamables en el juicio de amparo indirecto, en atención a que no producen, por sí mismos, una afectación material a derechos sustantivos, como lo son de audiencia, defensa y libertad, ya que sólo producen una lesión jurídica de naturaleza formal que pueden o no trascender al sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse. Lo que evidencia que el acto reclamado no es de imposible reparación, pues no afecta por sí mismos de manera directa un derecho sustantivo del peticionario de amparo, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y, en todo caso, inciden en la posición que tomarán las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos. Apoya a lo anterior la tesis: 1a. LII/2018 (10a.), visible en la página 962, Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y texto son del tenor siguiente: ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. UNO DE SUS OBJETIVOS ES DEPURAR EL MATERIAL PROBATORIO QUE SE VA A DESAHOGAR EN JUICIO ORAL, EXCLUYENDO AQUEL QUE SE HAYA OBTENIDO CON VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. En el sistema de justicia penal acusatorio, al cierre de la investigación formalizada no sigue inmediatamente la realización del juicio oral, sino una etapa "intermedia" que también se realiza ante el juez de control. Dicha etapa inicia con la formulación de la acusación por parte del Ministerio Público y tiene por objeto principal la preparación del juicio, fijando de modo preciso su objeto, los sujetos intervinientes y los medios de prueba que deberán ser desahogados. En este sentido, una de las principales funciones del juez de control durante esta etapa consiste en asegurarse que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral. Así, al dictar el auto de apertura a juicio, el juez de control debe verificar esta situación y excluir cualquier medio de prueba obtenido a partir de una violación a derechos fundamentales. En consecuencia, será precisamente durante la etapa intermedia cuando el imputado deba expresar los planteamientos que considere pertinentes en torno a la vulneración de sus derechos fundamentales que hayan tenido un impacto en la obtención de medios de prueba y, en consecuencia, solicitar la exclusión de éstos del material probatorio que va a ser desahogado en el juicio oral. No hay que perder de vista que para que el nuevo sistema de justicia penal funcione adecuadamente es necesario que las cuestiones relativas a la exclusión probatoria derivada de violaciones a derechos fundamentales, queden definitivamente dilucidadas de forma previa a la apertura del juicio oral, de tal manera que el juzgador en esta última etapa tenga como función exclusiva el análisis de las pruebas para determinar la existencia del delito y la responsabilidad del acusado. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b, de la Carta Magna, esta última interpretada a contrario sensu, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas nombradas en el escrito de cuenta y por señalado como domicilio para oír y recibir sus notificaciones el que hace mención en el mismo. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y no dejar en estado de indefensión al promovente de amparo, se ordena pasar los autos a cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este juzgado federal a fin de notificarle de manera personal la presente determinación, así como las subsecuentes, por conducto de sus autorizados, en el domicilio señalado para tal efecto, corriéndoles traslado con copia certificada o autorizada de los autos que se lleguen a dictar y de las promociones que integren el expediente, con excepción de aquéllas presentadas por el impetrante del amparo. Por lo que respecta a la petición del impetrante de amparo, en cuanto a permitir tomar placas fotográficas de las actuaciones que de este expediente emanan; dígasele que se provee de conformidad a lo anterior, previa petición verbal y razón que del citado acto se deje asentada en el presente sumario, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 Constitucional, para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes, y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el Actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Finalmente, de conformidad con los preceptos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 11, fracción VI, 16 y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información, elaborará la versión pública protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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