Gerardo Romero Fuentes

Expediente 1104/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1104/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
07/07/2016

Partes del expediente

  • Gerardo Romero Fuentes

Actuaciones

  1. Principal

    AL NO HABER ACUDIDO A NOTIFICARSE LA PARTE QUEJOSA (CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS: Este juzgado declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Además, este Juzgado de Distrito estima que no se incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo, ni existió imposibilidad para tal efecto. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que contra esta determinación tienen expedito su derecho, para interponer el recurso previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que, una vez fenecido el plazo respectivo, de no existir inconformidad con el presente pronunciamiento, se ordenará el archivo de este expediente.

  2. Principal

    Se recibe el oficio signado por la Jefe de Departamento Jurídico Divisional de la Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual da cumplimiento al proveído de diez de junio de dos mil diez, esto, es, informa la fecha en que tuvo conocimiento de la sentencia dictada en el presente juicio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término que concede a las partes el artículo 86 de la ley de la materia para impugnar la sentencia dictada en el presente juicio de amparo por este Juzgado de Distrito el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, en la que se sobreseyó y se otorgó el AMPARO Y PROTECCIÓN de la JUSTICIA FEDERAL a la parte quejosa Bacardí y Compañía Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado Juan Gerónimo Piñera Guevara, sin que ninguna de las partes lo haya hecho. En tal virtud, con fundamento en los artículos 356 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2º, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Ahora bien, la concesión del amparo es en los siguientes términos: "a) Las autoridades fiscales municipales desvinculen a la quejosa Bacardí y Compañía Sociedad Anónima de Capital Variable, de la obligación de pagar el Derecho por Servicios de Alumbrado Público contenido en los artículos reclamados, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, hasta en tanto dure vigente el dispositivo legal que se aprecia inconstitucional. b) Las autoridades fiscales deberán ordenar la devolución y entrega a la quejosa mencionada, únicamente de la parte correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, del numerario que por concepto de Derecho por Servicios de alumbrado público hubieren enterado del periodo comprendido del uno de enero de dos mil dieciséis y las subsiguientes en caso de que se hayan pagado respecto del servicio 241 890 101 710. Del mismo modo, la devolución de las cantidades debe realizarse en forma actualizada, con el fin de restituir a la solicitante del amparo en el pleno goce de sus derechos fundamentales vulnerados, con independencia de que las disposiciones del cuerpo normativo local puedan o no establecer que la devolución de cantidades a cargo de los municipios, deba ser realizada con la actualización correspondiente. En la inteligencia de que la actualización de mérito, debe calcularse a la fecha concreta en que se acredite efectivamente el pago realizado." En tal virtud, los alcances de la ejecutoria de amparo consisten en lo siguiente: 1.- Desvincular a la quejosa de la aplicación de los artículos 1 y 2 fracción II, subinciso 5), y en específico, el artículo 18 inciso b) de la Ley de Ingresos del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, para el ejercicio fiscal 2016. 2.- Que se devuelvan a la quejosa las cantidades cobradas por el derecho por Servicios de Alumbrado Público a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, debidamente actualizada a la fecha en que se realice la devolución. Para cumplir la sentencia de amparo, el Congreso y el Gobernador del Estado no tienen que ejecutar ningún acto, pues se les reclamaron actos legislativos como son, la expedición y promulgación de la Ley de Ingresos del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, la cual no puede quedar insubsistente, por tratarse de una disposición de orden público de carácter general y por lo mismo impersonal. Cobra aplicación al caso la tesis aislada P.CXXXVII/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 135, del Tomo IV, Noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 200006, cuyo rubro es: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION". En cambio, es la autoridad aplicadora de la ley quien debe asumir el acatamiento del núcleo esencial de la obligación exigida, esto es, el Ayuntamiento del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, a través del Tesorero del citado Ayuntamiento. Luego, considerando que en el caso la autoridad tiene que cumplir con dos deberes (desvincular a la quejosa de la aplicación de la Ley de Ingresos y devolver el derecho pagado, debidamente actualizado), se hace necesario indicarle los lineamientos a seguir para la ejecución de la sentencia: 1.- Devolución de cantidades pagadas por la quejosa por concepto de Derecho por servicios de Alumbrado Público Toda vez que en este momento no se conoce la cantidad exacta que debe devolverse a la parte quejosa que obtuvo la protección constitucional, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a cumplir con el procedimiento fijado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 67/2010 para este tipo de casos. Por ende, se requiere a la moral quejosa a fin de que, con los recibos oficiales correspondientes, acredite las cantidades pagadas por concepto de Derecho por servicios de Alumbrado Público, que considere que se le deben devolver, correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil dieciséis. En el entendido de que deberá adjuntar las constancias con las cuales justifique su dicho, esto es, el aviso-recibo oficial correspondiente y los comprobantes de pago. En la inteligencia de que si bien no se señala un término para tal desahogo, se le hace de su conocimiento que éste resulta indispensable para continuar con el procedimiento de cumplimiento al fallo protector. La jurisprudencia P./J. 67/2010 invocada aparece publicada en la página 225, del Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 164035, cuyo rubro es: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA FALTA DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA LEY TRIBUTARIA QUE REGULE CONTRIBUCIONES QUE SE RIJAN POR EL PRINCIPIO DE AUTOLIQUIDACIÓN, ES EN SEDE JURISDICCIONAL DONDE DEBE SUSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA PRECISARLA (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 47/2009)". Una vez que la parte quejosa desahogue el anterior requerimiento se le dará vista a la autoridad responsable para que de manera motivada manifieste lo que a su interés convenga. Con independencia de lo anterior, considerando que el artículo 211, de la Ley de Amparo, faculta a los Jueces de Distrito a dictar toda orden y medida de apremio necesaria para hacer cumplir las sentencias, se requiere al Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en la ciudad de Puebla, para que dentro del término de tres días, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, precise el monto total por concepto de derecho por servicios de alumbrado público, que pagó la quejosa Bacardí y Compañía Sociedad Anónima de Capital Variable, por el ejercicio de dos mil dieciséis, respecto del número de servicio 241 890 101 710. Se le apercibe que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Sin que sea óbice para lo anterior que el aludido Superintendente, no tenga el carácter de autoridad responsable en el presente juicio constitucional, ya que al tratarse del cumplimiento de una ejecutoria, están obligadas a cumplir todas las autoridades, aun cuando no hayan intervenido en el mismo, con apoyo en el numeral 197 del ordenamiento en mención. 2.-Desvinculación de la norma Con fundamento en el artículo 192, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, se requiere al el Ayuntamiento del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, (como autoridad responsable), para que a través del Tesorero del citado Ayuntamiento, dentro del plazo de tres días realice las gestiones correspondientes a efecto de que desvincule a la quejosa Bacardí y Compañía Sociedad Anónima de Capital Variable, de la obligación de pagar el Derecho por servicios de Alumbrado Público, respecto del servicio 241 890 101 710, en la parte proporcional del ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y hasta en tanto duren vigentes los dispositivos legales que se declararon inconstitucionales, en el entendido de que deberán acompañar copia certificada de las constancias que acrediten fehacientemente su acatamiento. Se apercibe a la autoridad responsable, para el caso de no acatar este mandato dentro del plazo concedido, con apoyo en los artículos 192, segundo párrafo, y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, parámetro vigente en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Además, se remitirá este expediente por competencia delegada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto, fracción IV, del acuerdo general 5/2013, pronunciado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales de Circuito, para los efectos del diverso numeral 107, fracción XVI de nuestra carta magna, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar en la destitución del cargo respectivo y la correspondiente consignación de las autoridades responsables. Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento al párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo, esto es, requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable obligada al cumplimiento de la ejecutoria, es menester determinar quién o quiénes lo son, de acuerdo a la ley de la materia. Conforme a los artículos 78, fracción XXV, y 163 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, se desprende que el superior jerárquico de la autoridad responsable es el Ayuntamiento del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. Por tanto, se requiere a dicha autoridad para que le ordene a su subalterno cumpla con la ejecutoria en el tiempo y forma indicados y dentro del plazo de tres días demuestre a este órgano que dio la orden respectiva por lo que también se le apercibe de que, en caso de no demostrar ante este juzgado de distrito que conminó eficazmente a la autoridad a cumplir el fallo protector, y que hizo uso de todos los medios a su alcance a tal efecto, se hará igualmente acreedor a la multa por el mismo monto con que se apercibió a su inferior jerárquico así como a la sanción establecida en la parte final del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en la separación de su puesto y su consignación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia P/J.54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro doce, noviembre de dos mil catorce, tomo I, Décima Época, registro 2007918, cuyo rubro es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Finalmente, con apoyo en el artículo 211, de la Ley de Amparo se requiere al Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en Puebla, para que dentro del plazo de tres días con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, desvincule a la quejosa Bacardí y Compañía Sociedad Anónima de Capital Variable, con número de servicio 241 890 101 710 correspondiente al Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, la obligación de pagar el Derecho por Servicio de Alumbrado Público, es decir deje de cobrarle este concepto dada la concesión del amparo hecha por este Juzgado Federal. Se le apercibe que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Lo anterior como ya se precisó, aun cuando dicha comisión no sea autoridad para efecto del amparo, ya que por sus funciones se encuentra vinculada a la ejecución, en términos del artículo 197, de la Ley en cita. Por otro lado se devuelve al Director General de Asuntos Jurídicos de Estudios y de Proyectos Legislativos del Congreso del Estado de Puebla, la copia certificada de constancias relacionadas con el proceso legislativo que expidió la Ley de Ingresos del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, que remitió como prueba de su parte al rendir su informe justificado, solicitándole el acuse respectivo.

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