Gerardo Rodriguez Muñoz
Expediente 1302/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1302/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/09/2023
Partes del expediente
- Gerardo Rodriguez Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución en la que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: II. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que la parte quejosa no exhibió documentos originales, no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 20 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio de la Presidenta de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba de la responsable, la documental que anexa a su oficio de cuenta, que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Delegados. En términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegado para oír y recibir notificaciones la que señala la autoridad responsable en su informe justificado por así solicitarlo. Sobreseimiento fuera de audiencia. En atención a lo anterior, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido al Presidente de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en el expediente laboral D-1/498/2020 del índice de la autoridad responsable en el que solicitó la ejecución del laudo y actualizar la planilla de liquidación, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica, cabe precisar que de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que el dieciséis de agosto del año en curso, acordó el escrito presentado por la parte quejosa el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en el expediente laboral D-1/498/2020 del índice de la autoridad responsable. Asimismo, ordenó que se notificara personalmente a las partes dicha resolución, sin que se advierta que lo haya hecho, pues no adjuntó las constancias de notificación; sin embargo, esa circunstancia no impide actualizar la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que al momento de notificar personalmente la presente determinación a quejosa tendrá conocimiento de la resolución emitida, pues se ordena correr traslado con copia de la resolución en comento. En consecuencia, dado que ha cesado la omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en el expediente laboral D-1/498/2020, del índice de la autoridad responsable, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las once horas con cincuenta minutos del siete de septiembre de dos mil veintitrés; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Autoridad informa. El Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, en atención a lo requerido en auto de diez de agosto de dos mil veintitrés, remite copia certificada de la minuta de trabajo de once de agosto siguiente, de la cual se advierte lo siguiente: Se llevó a cabo la práctica de la teoría señalada en los artículos 93 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se realizó un ejercicio práctico de los cálculos a realizar. Se acordó una siguiente reunión de trabajo para el día de hoy, con la finalidad de realizar la capacitación con el desarrollo de ejercicios teórico-prácticos sobre el cálculo de cuotas y aportaciones que deben ser enteradas al ISSSTEP. Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales correspondientes. Requerimiento a Secretaría de Administración. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que en el término de tres días, realice lo siguiente: Remita copia certificada del resultado de la reunión de trabajo prevista para el día de hoy. Se hace efectivo apercibimiento de multa. En diverso orden de ideas, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil veintitrés, se requirió por última ocasión al Director General de Administración de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, Jorge Arturo del Valle López, para que en el plazo de tres días, realizara con lo siguiente: Acredite que presentó a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, la solicitud de pago a favor del quejoso José Fidel Sánchez Vázquez, por la cantidad de $630,967.77 (seiscientos treinta mil novecientos sesenta y siete pesos 77/100 moneda nacional), establecida en la interlocutoria emitida el trece de junio de dos mil veintitrés, por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución; menos las obligaciones tributarias que deba retener. No obstante, fue omiso en dar cumplimiento a dicho requerimiento, a pesar de estar debidamente notificada para ello. Se impone multa. En esas condiciones, en razón de los múltiples requerimientos que han quedado precisados con anterioridad y dado que a la fecha no se ha informado sobre el cumplimiento dado a la liquidación de sentencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diez de agosto de dos mil veintitrés y, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 158, 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se IMPONE UNA MULTA a: Jorge Arturo del Valle López, Director General de Administración de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Se determina lo anterior, en atención a la actitud de indiferencia adoptada por la referida autoridad sobre los requerimientos efectuados por este órgano jurisdiccional, a fin de lograr el cumplimiento a la sentencia de amparo, como queda evidenciado con el hecho de que, no obstante los múltiples requerimientos, no ha realizado las gestiones necesarias a fin de realizar la solicitud de pago a favor del quejoso. Se requiere nuevamente el cumplimiento a la sentencia Al margen de lo anterior, a fin de cumplir con los efectos de la sentencia de amparo, y tomando en consideración las diversas capacitaciones brindadas respecto del cálculo de las cuotas y aportaciones que deben ser enteradas al ISSSTEP con motivo de los servicios de salud que presta al quejoso, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Director General de Administración de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, para que en el término de tres días, realice lo siguiente: Acredite que presentó a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, la solicitud de pago a favor del quejoso José Fidel Sánchez Vázquez, por la cantidad de $630,967.77 (seiscientos treinta mil novecientos sesenta y siete pesos 77/100 moneda nacional), establecida en la interlocutoria emitida el trece de junio de dos mil veintitrés, por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución; menos las obligaciones tributarias que deba retener. En el entendido, de que dicha solicitud deberá atender a las disposiciones administrativas para tal efecto, así como al artículo 36 del Manual de Normas y Lineamientos para la Administración del Presupuesto, que establece lo siguiente: "36. Las Dependencias y Entidades que requieran dar cumplimiento al pago ordenado por la autoridad competente, se apegarán a los criterios que en esta materia emita la Secretaría de Administración, observando el siguiente procedimiento: I. Deberán presentar su solicitud de manera oportuna ante la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, misma que deberá contener: a) Nombre completo del o los beneficiarios a quienes se efectuará el pago; b) Monto total por el que será liberado el recurso, debiendo especificar cuáles son los conceptos que lo conforman y en su caso, incluir los impuestos y/o otras contribuciones; c) Resolución emitida por la autoridad competente que acredite la obligación de realizar dicho pago, y d) La cuantificación y validación por el área competente de la Dependencia o Entidad." Apercibida que, de ser omisa al presente requerimiento, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se requiere nuevamente al superior jerárquico. En ese orden de ideas, visto el estado procesal de autos se advierte que el Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en su calidad de superior jerárquico, tampoco ha dado cumplimiento a lo requerido en acuerdo de diez de agosto de dos mil veintitrés, consistente en lo siguiente: Requerir a las autoridades responsables a su cargo a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo y remitir las constancias que acredite el cumplimiento dado a este requerimiento. Lo anterior, no obstante encontrarse debidamente notificado; en consecuencia, se requiere nuevamente al Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que en el término de tres días cumpla los requerimientos precisados con antelación. En la inteligencia de que deberá demostrar ante este Juzgado Federal, haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñir a su subordinada, al debido cumplimiento de la sentencia, pues de lo contrario se hará acreedor a las sanciones previstas en la Ley de la materia, consistentes en la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), que dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Se requiere información a fin de, en su caso, ejecutar multa. En consecuencia, a fin de que se haga efectivo el cobro de la multa, con fundamento en lo establecido en el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, de contar con la información, proporcione el nombre, domicilio fiscal y el RFC con homoclave del Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Con el apercibimiento que, en caso de incurrir en omisión a este mandamiento, se hará acreedora a una multa de cincuenta a mil días de salario mínimo general vigente entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Razón actuarial Vista la razón actuarial de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se advierte la imposibilidad para dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiuno de julio del año en curso, relativo a emplazar a juicio a las terceras interesadas *** por conducto de sus representantes, por las razones que en dicha razón se exponen. Agréguese a los autos la referida razón y se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese
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