Gerardo Rodolfo Ruiz Morales

Expediente 493/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
493/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Rodolfo Ruiz Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que en el escrito inicial de demanda el quejoso señaló como acto reclamado lo siguiente: "[.] DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE SE RECLAMA: DENTRO DE LA CAUSA PENAL 213/2013, LA OMISIÓN DE PROCURAR POR TODOS LOS MEDIOS LEGALES, QUE ME SEA PRACTICADO EL PROTOCOLO DE ESTAMBÚL, ORDENÁNDO DICHO DICTAMEN LOS CC. MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN MEXICALI." (sic) Que del informe justificado y de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable, registrados con folios 8828 y 9172, se desprende: Copia certificada de la causa penal 213/2013, relativas a las diligencias realizadas para llevar a cabo el protocolo de Estambul, de las que se advierte el dictamen médico debidamente ratificado en diligencia de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, por el médico legista José Julián Rosas Navarro. Que por auto de dos de septiembre de la presente anualidad se dio vista a las partes, con el oficio y anexos registrados con folio 11129, enviados por la autoridad señalada como responsable de los que se advierte: Copia certificada del proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual tuvo por recibido el dictamen presentado por el perito psicólogo Marcos Aguilar Sánchez, relativo al protocolo de Estambul, practicado al aquí quejoso Gerardo Rodolfo Ruiz Morales. Copia certificada de la diligencia de Ratificación del dictamen psicológico de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, del perito psicólogo Marcos Aguilar Sánchez, relativo al protocolo de Estambul, practicado al aquí quejoso Gerardo Rodolfo Ruiz Morales. El cual fue notificado personalmente al quejoso y sus autorizados el cinco de septiembre del año en curso. De lo anterior, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, el citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en: La omisión de procurar por todos los medios legales la realización del protocolo de Estambul. Acto que ha cesado sus efectos, toda vez que mediante informe justificado recibido por acuerdo de veinte de julio de dos mil veintidós, en este juzgado, la autoridad responsable informó y remitió copia certificada de la causa penal 213/2013, relativas a las diligencias realizadas para llevar a cabo el protocolo de Estambul. Lo que se concatena con el oficio y anexos registrados con folio 11129, enviados por la Juez Tercero Penal, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite diversas constancias, de las que se desprende que mediante proveídos de catorce de enero de dos mil veintiuno y dos agosto de dos mil veintidós, tuvo por recibidos los dictámenes presentados por los peritos médico y psicólogo José Julián Rosas Navarro y Marcos Aguilar Sánchez, relativos al protocolo de Estambul, practicado al aquí quejoso Gerardo Rodolfo Ruiz Morales; mismos que fueron ratificados por los citados profesionistas el treinta de junio de dos mil veintiuno y veintiséis de agosto de dos mil veintidós; por lo que al ser el acto reclamado la omisión de procurar por todos los medios legales la realización del protocolo de Estambul y dado que a la fecha éste ya fue realizado; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio (treinta de junio de dos mil veintidós), ya que fue hasta el día veintiséis de agosto de este año, que el perito en psicología ratificó su dictamen, por lo que queda evidenciado que la autoridad señalada como responsable realizó las diligencias necesarias para lograr la realización del protocolo de Estambul, el cual a la fecha ha quedado debidamente integrado (omisión que como acto reclamado hizo valer el quejoso). Por tanto, se considera que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto emitido por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo del amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 9/98, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, con registro digital 196820, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama el quejoso han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61 fracción XXI, ambos de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio que remite la Juez Tercero de lo Penal del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de treinta de agosto del año en curso, remite copia certificada de los proveídos posteriores al auto de dieciséis de noviembre pasado, relativas a la práctica del Protocolo de Estambul ordenada al quejoso; así como la ratificación a cargo del perito psicólogo Marcos Aguilar Sánchez, de veintiséis de agosto de la presente anualidad. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se le tiene anunciando como pruebas de su intención las documentales que refiere, sin perjuicio de hacer nueva relación en su caso al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Sin que obste para lo anterior que en auto de dos de septiembre pasado, se haya dado vista a las partes con algunas constancias allegadas por la responsable entre ellas la ratificación a cargo del perito psicólogo Marcos Aguilar Sánchez, de veintiséis de agosto de la presente anualidad, en virtud de que con las mismas podría actualizarse alguna posible causal de improcedencia, sin embargo, una vez que transcurra el término otorgado se acordará lo conducente a la información que hasta la fecha ha remitido la responsable y a las manifestaciones que en su caso realicen las partes. Notifíquese; personalmente al quejoso y a sus autorizados.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio firmado por la Juez Tercero Penal Provisional de Tijuana, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos remite copias certificadas de las constancias que obran dentro de la causa penal 213/2013. En consecuencia, con fundamento en los numerales 119 y 123, ambos de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las documentales remitidas por la que autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en su caso al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo y toda vez que del contenido de la documental que se atiende se advierte una posible causal de improcedencia; con fundamento en los artículos 62 y 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el oficio y constancias anexas de cuenta, por el término de ocho días, para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga. Es aplicable a lo anterior en lo conducente, por el criterio que la sustenta, la tesis II.3o.P.15 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2795, Décima Época, con registro digital 2019561, con rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL POR CESACIÓN DE EFECTOS. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO SI NO SE ACTUALIZA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL QUEJOSO INTERNO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, Y ÉSTAS EN SU INFORME JUSTIFICADO, ARGUMENTAN QUE YA LA PROPORCIONARON Y ANEXAN LOS DOCUMENTOS PARA JUSTIFICARLA, SIN QUE AQUÉL CONOZCA SU CONTENIDO. En el juicio de amparo procede el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, cuando la causa de improcedencia respectiva es manifiesta e indudable; no obstante, es improcedente decretarlo si el quejoso privado de la libertad en un centro de reclusión reclama de las autoridades penitenciarias la omisión de brindarle atención médica, y al rendir el informe justificado aquéllas lo niegan y argumentan que proporcionaron esa asistencia y anexan los documentos para justificarlo y, con apoyo en ellos, sin hacerlos del conocimiento del interno, se tiene por actualizada la causa de improcedencia por cesación de los efectos del acto reclamado, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y se sobresee fuera de la audiencia constitucional. Ello es así, porque el juzgador federal debe cerciorarse de que el quejoso tiene pleno conocimiento del contenido de esos documentos para que se imponga de la información que proporcionan y, en su caso, manifieste lo que a su interés convenga, ya que puede ofrecer pruebas que los controviertan u objetarlos, incluso en la celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, si no se hizo así, el juicio de amparo debe seguir su curso legal." También sirve de apoyo, por el criterio que la sustenta, la jurisprudencia I.5o.C.2 K del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 594 del Tomo II (Agosto de 1995) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 204616, de epígrafe y contenido: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Notifíquese y personalmente al quejoso y a sus autorizados.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del que se advierte que mediante oficio recibido el veinte de julio de la presente anualidad, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo diversas constancias relativas a la causa penal 213/2013 instaurada en contra de la parte quejosa; siendo las últimas actuaciones enviadas de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Asimismo, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", como hecho notorio la recepción del oficio con folio 9684, recibido el tres de agosto de los corrientes, en el incidente de suspensión relativo a este Juicio, por el que se tuvo a la Juez responsable informando gestiones para la aplicación del protocolo de Estambul al quejoso, dentro de la causa penal 213/2013 de su índice, al que anexó diversas constancias entre ellas acuerdo de dos de agosto de este año, en el que señala como hora y fecha para la ratificación del dictamen en materia de psicología practicado al quejoso, las trece horas con treinta minutos del veintiséis de agosto de la presente anualidad. En tales condiciones, es evidente que existen actuaciones posteriores a las enviadas de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; por tanto y toda vez que dichas constancias son necesarias para resolver el fondo de este asunto; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable Juez Tercero Penal del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para efecto de que en el plazo de tres días legalmente computado, remita copia certificada de las constancias que integran la causa penal de origen, posteriores al auto de dieciséis de noviembre pasado, relativas a la práctica del Protocolo de Estambul ordenado al quejoso y en su caso informe lo relativo a la diligencia programada para la ratificación del dictamen en materia de psicología, fijada para las trece horas con treinta minutos del veintiséis de agosto de la presente anualidad. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, o en su caso manifestar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en el artículo 260, fracción II, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional de hoy y se señalan las diez horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós para su celebración. Notifíquese.

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