Gerardo Reyes Santos

Expediente 936/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
936/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Gerardo Reyes Santos

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que el promovente, no recurrió, en queja, el auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. Notifíquese personalmente por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Gerardo Reyes Santos, en su calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Isidro Reyes Pamats contra actos del Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México. . . . Precisión del acto. Del análisis integral de la demanda, se desprende que la parte promovente reclama: La resolución de siete de julio de do mil veintiuno, dictada en el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el auto de once de junio de este año, que determinó confirmar éste último, en el que negó al quejoso regularizar el procedimiento y dejar sin efectos la orden de llamar a juicio al tercero Francisco Trinidad Rojas de La Rosa, en el juicio ordinario civil 127/2015. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. . . . En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así pues, con apego a los numerales transcritos y relacionados a su vez con los diversos artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda, por notoriamente improcedente la demanda de amparo en estudio, en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: --- (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la lectura de este último precepto legal, se advierte que refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. . . . En las condiciones apuntadas, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad, la propiedad. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de siete de julio de do mil veintiuno, dictada en el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el auto de once de junio de este año, que determinó confirmar éste último, en el que negó al quejoso regularizar el procedimiento y dejar sin efectos la orden de llamar a juicio al tercero Francisco Trinidad Rojas de La Rosa, en el juicio ordinario civil 127/2015. Así, queda de manifiesto que dicha determinación no tiene sobre la parte solicitante de amparo, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi-instancial, puesto que la determinación de la responsable, únicamente se traduce en una determinación inherente a llamar a juicio a Francisco Trinidad Rojas de La Rosa, en el juicio ordinario civil 127/2015, como tercero. Por lo que, con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, pues el alcance del acto reclamado únicamente se traduce en permitir la intervención de quien posiblemente tenga derecho a ello en el juicio de origen. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva, cuando pudieran influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses legales de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se llame a juicio al tercero en el juicio natural. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto -el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnados, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. . . . Domicilio procesal y autorizados. Domicilio Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, la lista que se publica en los Estrados de este juzgado. Autorizados Se tiene como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Teresa Juárez Hernández quien está inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas, por así solicitarse expresamente por el amparista. Copias y reproducción de constancias. Expedición de copias se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Exhorto notificaciones electrónicas. se exhorta a las partes promoventes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, soliciten la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para la práctica de notificaciones consulta de expediente electrónico y presentación de promociones y escritos. Asimismo se insta las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y números telefónicos, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; Lo anterior, en el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. Transparencia. con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.

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