Gerardo Reyes Reyes
Expediente 694/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 694/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gerardo Reyes Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo de tres de octubre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. ... El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, tres de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual remite acta de comparecencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, de la que se advierte que se le entregó a Manuel Antonio Roldán García, apoderado legal del quejoso *****, el título de propiedad número 1010896, expedido a favor de este último, como titular de la parcela número 116 del poblado ********************, derivado de la solicitud número 30190015138 correspondiente al trámite SEDATU-04-015. ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO SOBRE PARCELAS. En ese sentido, en términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte la documental anexada al oficio de cuenta, la cual merece valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. ... De lo anterior y de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se puede precisar que en esta vía constitucional la parte quejosa reclama: La omisión y/o negativa de entregar el título de propiedad correspondiente a la parcela ejidal número ******************** del ejido ********************, al apoderado de Gerardo Reyes Reyes, asimismo, la omisión y/o negativa de reconocer y aceptar la personalidad de Manuel Antonio Roldan García, como apoderado del aquí quejoso. En ese orden de ideas, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que de acuerdo al trámite SEDATU-04-15 DOMINIO PLENO INDIVIDUAL, identificado con la solicitud 30190015138 del poblado Palmas de Abajo municipio de Actopan, Estado de Veracruz, seguido del procedimiento registral, le fue recaída calificación registral positiva, por lo que quedó debidamente inscrita bajo el folio 30004017111101934R, el veintisiete de junio de dos mil veinte; y, en consecuencia, fue cancelado el certificado de derechos parcelarios 360280, expidiéndosele el título parcelario 1010896 a nombre del quejoso Gerardo Reyes Reyes, informando que señaló las nueve horas con treinta minutos del veinte de septiembre de dos mil veintitrés, para que la parte aquí quejosa, acudiera a recoger el título parcelario a su nombre; el cual, fue entregado a Manuel Antonio Roldán García, apoderado legal del quejoso Gerardo Reyes Reyes, el veintiséis de septiembre pasado, según se advierte de la constancia que la autoridad responsable acompaña al oficio de cuenta. Luego, de la relación armónica de la precisión del acto reclamado con el contenido de las constancias allegadas a los autos del juicio de amparo en que se actúa, resulta inconcuso que la actitud omisiva tildada de inconstitucional por parte de la responsable ha dejado de existir y por ende sus consecuencias legales han dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa; por lo tanto, la suscrita analizará de oficio la actualización de la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En ese contexto, cabe destacar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto, en este caso omisivo, no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esta tesitura, si el acto que se reclama por esta vía es en esencia es la omisión y/o negativa de entregar el título de propiedad correspondiente a la parcela ejidal número ******************** del ejido ********************, al apoderado de Gerardo Reyes Reyes, asimismo, la omisión y/o negativa de reconocer y aceptar la personalidad de Manuel Antonio Roldan García, como apoderado del aquí quejoso, y en este momento procesal obra en autos el acta de comparecencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, de la que se advierte que se le entregó Manuel Antonio Roldán García, apoderado legal del quejoso Gerardo Reyes Reyes el título de propiedad número 1010896, expedido a favor de este último, respecto a la parcela ejidal número ******************** del ejido ********************; resulta evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Lo subrayado es propio). En ese tenor, al haberse analizado de oficio la actualización de la causa de improcedencia respecto a la cesación de efectos del acto reclamado, se debe proceder a lo estipulado por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". (Lo subrayado es propio). En este orden de ideas, una vez que se ha acreditado que los efectos del acto reclamado han cesado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, la suscrita considera menester sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las diez horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintitrés. Además, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Asimismo, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a las autoridades responsables.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, tres de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual remite acta de comparecencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, de la que se advierte que se le entregó a Manuel Antonio Roldán García, apoderado legal del quejoso *****, el título de propiedad número 1010896, expedido a favor de este último, como titular de la parcela número 116 del poblado ********************, derivado de la solicitud número 30190015138 correspondiente al trámite SEDATU-04-015. ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO SOBRE PARCELAS. En ese sentido, en términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte la documental anexada al oficio de cuenta, la cual merece valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. ... De lo anterior y de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se puede precisar que en esta vía constitucional la parte quejosa reclama: La omisión y/o negativa de entregar el título de propiedad correspondiente a la parcela ejidal número ******************** del ejido ********************, al apoderado de Gerardo Reyes Reyes, asimismo, la omisión y/o negativa de reconocer y aceptar la personalidad de Manuel Antonio Roldan García, como apoderado del aquí quejoso. En ese orden de ideas, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que de acuerdo al trámite SEDATU-04-15 DOMINIO PLENO INDIVIDUAL, identificado con la solicitud 30190015138 del poblado Palmas de Abajo municipio de Actopan, Estado de Veracruz, seguido del procedimiento registral, le fue recaída calificación registral positiva, por lo que quedó debidamente inscrita bajo el folio 30004017111101934R, el veintisiete de junio de dos mil veinte; y, en consecuencia, fue cancelado el certificado de derechos parcelarios 360280, expidiéndosele el título parcelario 1010896 a nombre del quejoso Gerardo Reyes Reyes, informando que señaló las nueve horas con treinta minutos del veinte de septiembre de dos mil veintitrés, para que la parte aquí quejosa, acudiera a recoger el título parcelario a su nombre; el cual, fue entregado a Manuel Antonio Roldán García, apoderado legal del quejoso Gerardo Reyes Reyes, el veintiséis de septiembre pasado, según se advierte de la constancia que la autoridad responsable acompaña al oficio de cuenta. Luego, de la relación armónica de la precisión del acto reclamado con el contenido de las constancias allegadas a los autos del juicio de amparo en que se actúa, resulta inconcuso que la actitud omisiva tildada de inconstitucional por parte de la responsable ha dejado de existir y por ende sus consecuencias legales han dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa; por lo tanto, la suscrita analizará de oficio la actualización de la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En ese contexto, cabe destacar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto, en este caso omisivo, no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En esta tesitura, si el acto que se reclama por esta vía es en esencia es la omisión y/o negativa de entregar el título de propiedad correspondiente a la parcela ejidal número ******************** del ejido ********************, al apoderado de Gerardo Reyes Reyes, asimismo, la omisión y/o negativa de reconocer y aceptar la personalidad de Manuel Antonio Roldan García, como apoderado del aquí quejoso, y en este momento procesal obra en autos el acta de comparecencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, de la que se advierte que se le entregó Manuel Antonio Roldán García, apoderado legal del quejoso Gerardo Reyes Reyes el título de propiedad número 1010896, expedido a favor de este último, respecto a la parcela ejidal número ******************** del ejido ********************; resulta evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Lo subrayado es propio). En ese tenor, al haberse analizado de oficio la actualización de la causa de improcedencia respecto a la cesación de efectos del acto reclamado, se debe proceder a lo estipulado por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". (Lo subrayado es propio). En este orden de ideas, una vez que se ha acreditado que los efectos del acto reclamado han cesado, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, la suscrita considera menester sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las diez horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintitrés. Además, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Asimismo, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a las autoridades responsables.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa que el pasado veinte de septiembre del año en curso, no le fue posible hacer entrega del título de propiedad ********************, al apoderado legal de la parte quejosa, debido a que no entregó copia certificada de su poder notarial, sin embargo se le dijo que cuando contara con su copia certificada se le permitiría el acceso para hacerle entrega del referido título de propiedad. En consecuencia, agréguese como legalmente corresponda y dese vista al quejoso ********************, por el término de tres días, haciéndole entrega del oficio de cuenta, lo que se deberá hacer constar en la razón actuarial correspondiente; lo anterior, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese por lista de acuerdos y personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.
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