Gerardo Ramirez Monroy
Expediente 1028/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 19 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1028/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 02/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Gerardo Ramirez Monroy y Otros.
- Gerardo Ramirez Monroy
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Vista la certificación Secretarial que antecede, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes.
- Principal
Por otra parte, el Secretario procede a hacer relación de las constancias que integran los presentes autos, entre las que se encuentran: el escrito inicial de demanda promovida por Gerardo Ramírez Monroy; con el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Número Tres (foja 16), con residencia en esta ciudad, y anexos; con los oficios 5046/2018, 5192/2018 y 5193, signados por la citada autoridad responsable (fojas 45, 70 y 73, respectivamente); con los escritos de alegatos signados por el quejoso (fojas 36, 48 a 50, 51 a 53, 60, 100); y con los escritos de la tercero interesada Carmen Dorely Arguelles Ortega (fojas 89 y 103). A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, se abre el período probatorio; y el Secretario da cuenta al Juez con las pruebas aportadas por la responsable en su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: Ténganse por ofrecida y admitida la prueba de referencia, misma que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, que será tomada en consideración al resolver el presente asunto; sin más pruebas que relacionar se cierra este periodo. Acto seguido, se abre el periodo de alegatos, en el que el Secretario da cuenta con los formulados por la aprte quejosa y tercero interesada. A lo que el Juez acuerda: Téngase por formulados y reproducidos los alegatos de mérito, y en su caso, tómense en consideración al momento de resolver el presente juicio; sin alegatos que tener por reproducidos, se cierra este periodo y se da por concluida la presente audiencia, ordenando el suscrito Juez se dicte la sentencia que en derecho proceda. VISTO para resolver el juicio de amparo 1028/2018-V, promovido por Gerardo Ramírez Monroy; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, turnado a este Juzgado de Distrito, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Número Tres, con residencia en esta ciudad, sin que haya necesidad de transcribirlos, toda vez que no existe disposición que así lo imponga, que estimó violatorio de las garantías contenidas en los artículos 1, 8, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, abril de 1992, página 406, materia común, registro 219558, bajo el rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO." SEGUNDO. Mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se tuvo con el carácter de tercero interesada a Carmen Dorely Argüelles Ortega, quien fue legalmente emplazada a juicio; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por así disponerlo los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales; 1, fracción V, 48, 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución en la jurisdicción de este órgano de legalidad. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo, el acto reclamado que constituye la litis efectivamente planteada y la intención de la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, que no se contraponen a las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, 2) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia P./J.40/2000, con registro 192097 y la tesis aislada P.VI/2004, con registro 181810, integradas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomos XI página 32, y XIX página 255, cuyos rubros, respectivamente dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en lo acotado, al analizar en su integridad la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en: El acuerdo de cinco de octubre de dos mi dieciocho, emitido dentro de la carpeta de investigación 194/2018, por el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación número Tres, en el que se niega el derecho al acceso a la información solicitado por el quejoso, consistente en que se le proporcione los datos de identificación de una empleada adscrita a dicha dependencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Unidad General de Investigación Número Tres, con residencia en esta ciudad; al rendir su informe justificado (fojas 16 a 31), si bien, fue omisa en aceptar o negar la existencia del acto reclamado, sin embargo, del oficio 5046/2018, recibido en este órgano jurisdiccional el veintidós de noviembre del año en curso (foja 45), se desprende que dicha autoridad, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que la petición formulada por el quejoso con relación que se le proporcione los datos de identificación de una persona que la labora en dicha dependencia (aquí tercero interesada), le fue negada, en virtud de no ser la autoridad competente para proporcionar dicha información; lo que además se corrobora, con las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad manifestó el quejoso en su libelo constitucional, en el sentido de que la aludida autoridad, mediante acuerdo de cinco de octubre del año próximo pasado, le negó su solicitud de acceso a la información, razón por la cual, se tiene por cierto el acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, las que se adviertan de oficio, pues al ser la procedencia del juicio de amparo un presupuesto procesal, su estudio es preferente, de conformidad a la técnica jurídica que se consigna en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. En relación con lo anterior, conviene dejar establecido que el análisis de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte quejosa su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo arriba dicho, por identidad de razón, la tesis III.2o.C.3 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, Enero de 2013, Materia Común, localizable en la página 2066, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." En el caso, el suscrito Juzgador considera que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, por las consideraciones que más adelante se señalaran. Ahora bien, es importante destacar que el juicio constitucional es un procedimiento de naturaleza extraordinaria, por lo que su procedencia está regida por reglas especiales y principios fundamentales. Dentro de dichas reglas esenciales que estructuran la procedencia del juicio de amparo, podemos localizar el principio de definitividad; regla que dirige la procedencia del juicio de derechos fundamentales únicamente respecto de actos definitivos, es decir, aquellos en los que no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En otras palabras, la definitivdad se constituye como un presupuesto de procedencia que implica que antes de acudir al juicio constitucional, se deberán agotar los recursos que prevé la Ley ordinaria, siempre y cuando sean idóneos para modificar, anular o revocar el acto de que se trate. Al respecto, se insertan los artículos 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61 fracción XX de la Ley de Amparo, supuestos normativos donde se advierte la presencia del principio en mención: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley." "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley". Ahora bien, conforme a lo establecido en los artículos 147 y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el solicitante de una petición de acceso, podrá presentar ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (dentro del término de quince días siguientes a la fecha de su notificación), recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por las autoridades federales y demás sujetos obligados en el marco de dicha Ley de Transparencia, siempre que a través de ésta se actualice alguno de los siguientes supuestos: a. La clasificación de la información; b. La declaración de inexistencia de información; c. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; d. La entrega de información incompleta; e. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; f. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la Ley; g. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado; h. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante; i. Los costos o tiempos de entrega de la información; j. La falta de trámite a una solicitud; k. La negativa a permitir la consulta directa de la información; l. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o m. La orientación a un trámite específico. Asimismo, en términos de lo previsto en el artículo 157 de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante Ley Federal de Transparencia), se desprende que a través del citado medio ordinario de defensa el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante INAI), podrá confirmar, revocar o modificar la respuesta que haya emitido el Sujeto Obligado. Al respecto para mayor referencia se inserta el texto del artículo señalado en el párrafo anterior: "Artículo 157. Las resoluciones del Instituto podrán: I. Desechar o sobreseer el recurso; II. Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o III. Revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrá ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera." En el caso, el quejoso ejerció su derecho de acceso a la información a través de la solicitud presentada ante la autoridad responsable, dentro de la carpeta de investigación 194/2018, cuya respuesta fue emitida el cinco de octubre de dos mil dieciocho, y de la cual, el quejoso tuvo conocimiento el doce del citado mes y año, por así haberlo manifestado bajo protesta de decir verdad en su libelo constitucional; por lo que dicha respuesta debe ser analizada a través del recurso de revisión previsto en el artículo 142, fracción XII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el que se prevé: "148. El recurso de revisión procederá en contra de: XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta". En consecuencia, el quejoso debió interponer el recurso de revisión ante el INAI, toda vez que dicho órgano constitucional autónomo es el garante por excelencia del derecho de acceso a la información, pero al no haberlo hecho, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, pues en todo caso, sólo la resolución del INAI es impugnable a través del juicio de amparo, en términos del artículo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el recurso de revisión ante el órgano garante, constituye un instrumento idóneo y efectivo de protección al derecho de acceso a la información, pues en él se valorarán las manifestaciones del recurrente, la resolución de la autoridad, las pruebas aportadas y en su caso, los alegatos de las partes. Lo anterior, sin perjuicio que en la Ley Federal de Transparencia no se prevea que con el recurso de revisión pueda suspenderse el acto impugnado, ni tampoco que el quejoso esencialmente manifieste que se viola en su perjuicio su derecho de acceso a la información, defensa adecuada, debido proceso y petición; en la inteligencia que por lo que hace al primer punto, dada la naturaleza de los actos, por regla general éstos carecen de una ejecución material que pueda ser paralizable; y, en consecuencia, no podrían ser materia de suspensión ni en el recurso en cita ni en el propio juicio de amparo. Y en cuanto a la segunda cuestión, si bien el quejoso demandante hace valer violaciones directas e indirectas a la Constitución Federal, como lo son debido proceso, defensa adecuada, acceso a la información y congruencia en cuanto a la respuesta con lo requerido, lo cierto es que a efecto de dilucidar la materia a debate (si la negativa de información manifestada por la autoridad resulta apegada a derecho), necesariamente debe acudirse a disposiciones y lineamientos de legislación ordinaria, de la Ley Federal de Transparencia y en su caso a lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de determinar la legalidad de la respuesta emitida por la autoridad responsable. En apoyo a lo anterior, se inserta el siguiente criterio jurisprudencial emitido por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito: "RECURSOS ORDINARIOS. VIOLACIONES DIRECTAS Y VIOLACIONES INDIRECTAS DE LA CONSTITUCION. Este Tribunal Colegiado estima que puede promoverse en forma inmediata el juicio de garantías, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda de garantías, violaciones directa e indirectas a la Carta Magna. Lo anterior, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de garantías, habida cuenta de que el agraviado sólo puede atacar adecuadamente la resolución respectivamente ante el Juez de amparo, pues no resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de garantías, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar el proveído recurrido, porque de todas maneras al fallarse el recurso, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías, obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Se estima además, que no resultaría jurídico, cuando se plantean en la misma demanda de garantías violaciones constitucionales directas e indirectas, analizar únicamente las primeras y omitir el estudio de las segundas, porque no puede fraccionarse la procedencia del juicio de garantías. El juicio constitucional procede porque se configura un excepción a la regla contenida en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, o bien es improcedente conforme a dicha regla; pero no puede aceptarse que el amparo proceda sólo respecto a determinados conceptos de violación y resulte improcedente en lo que ve a otros" Lo anterior, en el entendido que además, conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el INAI es un Órgano Constitucional Autónomo especializado, cuya finalidad y responsabilidad radican precisamente en garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de las autoridades y demás sujetos obligados. Al respecto, a mayor abundamiento, se insertan las tesis I.7o.A.4 CS (10a.) y I.7o.A.3 CS (10a.) emitidas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro y texto siguiente: "INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. NORMAS DE DERECHO INTERNO Y CONVENCIONALES QUE PUEDEN SUSTENTAR EL SENTIDO DE SUS FALLOS, PARA PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN MÁS FAVORABLE AL EJERCICIO PLENO DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. El acceso a la información pública es un derecho fundamental contenido en el artículo 6o., apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que su ejercicio por personas con alguna discapacidad, obliga al órgano constitucional autónomo mencionado a aplicar las normas relativas al derecho sustantivo señalado, bajo un enfoque que privilegie la solución más favorable a su ejercicio pleno, esto es, preferir aquella interpretación que haga eficaz el cumplimiento de la norma sustantiva. Así, existen disposiciones contenidas en ordenamientos diversos, tanto de derecho interno como de carácter convencional, que pueden sustentar el sentido de sus fallos, como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de observancia en todo el país y aplicable no sólo a la administración pública centralizada y paraestatal, sino también, entre otros, a órganos como el aludido; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y, en el plano supranacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, cuya regulación en los temas relativos a la no discriminación, accesibilidad e implementación de ajustes razonables, es acorde con la legislación de derechointerno, destacando el deber del Estado Mexicano y, por ende, de las autoridades que lo conforman, previsto en el numeral 21 del primero de los instrumentos internacionales citados, de adoptar todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer, entre otros, el derecho a recabar, recibir y facilitar información en igualdad de condiciones con las demás personas y mediante cualquier forma de comunicación que elijan." "INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. COMO AUTORIDAD DEL ESTADO, ESTÁ OBLIGADO A PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS, AL INTERPRETAR EL ORDEN JURÍDICO DE SU COMPETENCIA, FAVORECIENDO EN TODO TIEMPO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA. Conforme al artículo 6o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados; se trata, por tanto, de una autoridad en la materia a que se refiere su denominación y, en consecuencia, sujeta, como todas las demás del Estado, a la obligación impuesta en el artículo 1o. de la Ley Fundamental, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, lo que se logra al interpretar el orden jurídico de su competencia a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México es Parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia." De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; por lo que se impone sobreseer en este juicio en términos del diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. En otro aspecto, y dado el sentido que rige la presente sentencia, no se analizarán los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías que en sus conceptos de violación plantea la parte quejosa respecto de los actos que reclama, y que constituyen el problema de fondo. Lo antes dicho se encuentra sustentado en la jurisprudencia II.3o. J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Octubre de 1993, Materia Común, visible en la página 57, registro 214593, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, dado el sobreseimiento decretado con base en la causal de improcedencia actualizada, es dable agregar que aun y cuando no se resolvió en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa que se dice agraviada por los actos de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se reitera, no es incompatible con el derecho humano de trato. Sustenta lo dicho, la tesis XVII.1o.C.T.15 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, Común, página 2274, registro 2003381, del rubro y texto siguientes: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." QUINTO. En otro aspecto, al no haber señalado expresamente la parte quejosa, su conformidad con la publicación de sus datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto conforme al primer párrafo del artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; por tanto, atento a los artículos 11, fracción VI, 68 y 113, de la citada ley, al tratarse de información confidencial, los datos personales y sensibles contenidos en este fallo y en el presente juicio, no podrán publicarse ni estarán sujetos a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. No obstante, en función al principio de máxima publicidad contenido en los artículos 3, 6, 11, fracciones XI y XVI, y 118, de la mencionada ley federal, en relación con las obligaciones de transparencia contenidas en los diversos 70, fracción XXXVI, y 73, fracción II, de la Ley General relativa, y la restricción del 110, fracción XI, de la Ley Federal de trato, este último interpretado en sentido contrario, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, será susceptible de publicación en la versión pública que en su momento se realice acorde a los criterios de supresión de datos, previstos en el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, y a través de los procedimientos previstos para ello en la ley federal invocada y en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 1028/2018-V, promovido por GERARDO RAMÍREZ MONROY, respecto del acto indicado en el considerando segundo, reclamados a la autoridad responsable, por los motivos legales expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del último considerando. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario Enrique Luna Lugo, quien autoriza y da fe.JAFMEn Reynosa, Tamaulipas, a las ONCE HORAS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, estando en audiencia pública Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Enrique Luna Lugo, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes, no obstante su legal notificación.
- Principal
...Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio suscrito por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Tamaulipas "4", con residencia en esta ciudad; por el cual en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, informa que procedió a la cancelación de la multa y baja en sus sistemas institucionales del crédito fiscal a cargo de Cuauhtémoc García Castellanos, por un importe de $2,418.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), quedando el asunto totalmente concluido, remitiendo además, constancias con las que acredita lo anterior; téngase a dicha autoridad dando cabal cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, por lo que se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta y anexos, para que obren como en derecho corresponda.
- Principal
... Téngase por recibido el oficio 1281/2019, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio autorizado de la resolución emitida el catorce de febrero de dos mil diecinueve, dictada dentro del recurso de queja 13/2019, cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, adscrito a la Unidad General de Investigación Número Tres, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, en contra del proveído de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con asiento en esta ciudad, dentro del juicio de amparo indirecto 1028/2018-V, por lo que a la imposición de multa se refiere". En consecuencia, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda, comuníquese lo anterior a las partes; así también, acúsese el recibo de estilo correspondiente. En mérito de lo anterior, se levanta la suspensión del procedimiento decretada en autos y se ordena su reanudación, señalando las ONCE HORAS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, requiérase a la autoridad Administración Desconcentrada de Recaudación "4", con sede en esta ciudad, para proceda a la cancelación de la multa impuesta al Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de investigación Tres de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y que le fue notificada mediante oficio 24604/2018; lo que deberá informar dentro del término de tres días computados legalmente. Por otra parte, del auto de veintiocho de diciembre pasado, se advierte que este órgano se reservó a acordar lo conducente respecto del escrito signado por la tercero interesada Carmen Dorely Arguelles Ortega, registrado con el número de folio 21270; en consecuencia, téngase por recibido el escrito de la tercero interesada en cuestión, mediante el cual se le tiene apersonándose al presente juicio; asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Pemex Poniente, sin número, del fraccionamiento Puerta del Sol en esta ciudad; asimismo, téngasele formulado diversas manifestaciones a guisa de alegatos; en consecuencia, relaciónese en la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la ley de la Ley de Amparo. ...Ahora bien, mediante diverso proveído de cuatro de enero del año en curso, se reservó proveer lo conducente respecto del escrito signado por el quejoso Gerardo Ramírez Monroy, registrado con el número de folio 0057; en atención a su contenido, téngase al quejoso formulado diversas manifestaciones a guisa de alegatos; en consecuencia, relaciónese en la audiencia constitucional, en términos del numeral 124 del citado ordenamiento legal. Por último, mediante acuerdo de ocho de enero del año en curso, igualmente se reservó proveer lo conducente respecto del diverso escrito signado por la tercero interesada Carmen Dorely Arguelles Ortega, registrado con el número de folio 00131; por lo que en atención a su contenido, y como lo solicita, téngase como autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Gerardo Francisco Sepúlveda Treviño, quien cuenta con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
Quedan 15 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 13,278 expedientes
- Gerardo Ramírez González1792/2023
- Gerardo Ramirez Gonzalez218/2021
- Gerardo Ramirez Monroy166/2019
- Gerardo Ramírez Monroy189/2018
- Gerardo Ramirez Monroy628/2018
- Gerardo Ramírez Monroy176/2018
- Gerardo Ramírez Monroy625/2020
- Gerardo Ramírez Monroy1300/2019
- Gerardo Ramírez Rodríguez169/2018
- Gerardo Ramirez Rodriguez299/2019
- Gerardo Ramírez Rodríguez843/2016
- Gerardo Ramirez Rodriguez685/2018