Gerardo Ramirez Garcia

Expediente 89/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
89/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/05/2021

Partes del expediente

  • Gerardo Ramirez Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido vía electrónica por el Actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la capital, girado en el recurso de queja 26/2021, con el que notifica que causó estado el proveído de siete de abril de dos mil veintiuno, por el que se desechó dicho medio de impugnación. En tales condiciones, acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, considerado lo resuelto por el tribunal revisor, al no existir diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. - VALORACIÓN: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. - DOCUMENTOS: En el presente asunto no obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Lo anterior en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, y 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo en cita. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente...

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, que contiene la transcripción del auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en el que se acusa recibo del comunicado mediante el cual le fue remitido el recurso de queja hecho valer por el quejoso, contra el auto de desechamiento, dictado en el presente juicio de amparo. Asimismo, este Juzgado se da por enterado de que el referido recurso quedó registrado con el número de recurso de queja 26/2021 y fue desechado mediante auto de siete de abril del año en curso. Circunstancia de la cual este juzgado toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    ...Notifíquese personalmente al promovente...

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE ***** EL ACUERDO DICTADO EL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***** por su propio derecho, contra actos que reclama del Juez de Partido Civil Especializado en Oralidad Familiar, del Partido Judicial de Salamanca, Guanajuato, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 8, 11, 14, 16, 94, 100, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 89/2021; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, este órgano advierte que el acto que en esta vía reclama consiste en "la resolución del recurso de revocación interpuesto por el mandatario judicial de la demandada, dentro del expediente ***** en contra del auto de dos de diciembre del año en curso, dictado por el Juez de Partido Civil Especializado en Oralidad Familiar, del Partido Judicial de Salamanca", deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5º y 6°, ambos de la Ley de Amparo. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto del citado artículo de la Ley de Amparo; mismo que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses Jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra las normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. [.]." Luego, en términos del artículo 6° de la ley de la materia, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley. Por su parte el artículo 5° del mismo ordenamiento, dispone que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, al tener tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que el acto reclamado viole los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica. De lo expuesto se colige que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclama; además sólo podrá seguirse por el agraviado o por su apoderado legal, esto es, para la procedencia de la instancia constitucional, debe existir un agravio personal y directo. En relación con el agravio y perjuicio, nuestro Máximo Tribunal del País, ha establecido que el primero de los mencionados debe ser actual para justificar la acción de amparo y el perjuicio se debe traducir en la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. Fundamenta lo expuesto, la jurisprudencia 138, emitida por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, volúmenes 199-204, primera parte, visible en la página 135, del rubro y texto siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." De ahí que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que por ese solo hecho se tenga por acreditada la comprobación del interés jurídico del quejoso y como consecuencia se deba admitir a trámite, pues para ello es necesario que se demuestre, o cuando menos que se infiera de forma presuncional, que el acto reclamado lesiona su esfera jurídica. Así, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, entendida ésta como aquella que resienta una afectación o lesión en relación con los derechos u obligaciones de los cuales sea titular y que resulten afectados por el citado acto de autoridad reclamado. En ese sentido, para que la autoridad federal esté en condiciones de afirmar que el acto reclamado en un juicio amparo causa perjuicio al gobernado, las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva; de modo que la naturaleza intrínseca del acto o ley impugnados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, página cuarenta y cinco, cuyo rubro y texto son: "LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo". Sentado lo anterior, en el caso en estudio, se itera, el quejoso -en esencia- combate la resolución del recurso de revocación interpuesto por el mandatario judicial de la demandada, dentro del expediente ***** en contra del auto de dos de diciembre del año en curso, dictado por el Juez de Partido Civil Especializado en Oralidad Familiar, del Partido Judicial de Salamanca, en la cual, pretende combatir la determinación adoptada por el juzgador, relativa a la no imposición de multa a su contraria procesal, lo cual alega resulta incorrecto al no cumplir ésta con su deber jurídico. Circunstancia se estima no lesiona los derechos sustantivos del quejoso, pues la consecuencia directa de la imposición de una multa a su contraria no trasgrede el derecho del aquí quejoso, sino que constituye una facultad del juzgador para hacer cumplir sus resoluciones, que, además, no se encuentra dirigida a su persona como solicitante del amparo. Máxime que funda su pretensión en el incumplimiento de su contraria al régimen de convivencias que se fijó, lo que en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, es un hecho notorio que en este juzgado existe el juicio de amparo 794/2020, promovido por ***** en representación de la menor de iniciales *****, en la que la citada impetrante reclamó: "La modificación al régimen de convivencias decretadas por la Juez de Oralidad de lo Familiar dentro de la revisión de medidas en la etapa quinta de la audiencia preliminar de fecha 23 de noviembre del año 2020, dentro del expediente ***** del subíndice del H. Juzgado de lo Familiar del Partido Judicial de Salamanca, Guanajuato; en la cual la responsable ordena que mi menor hija de nombre ***** conviva de manera presencial con el tercero interesado los días miércoles de 8:00 horas a 20:00 horas y los días sábados y domingos de 10:00 horas del sábado a las 19:00 horas del día domingo, debiendo de pasar el mismo por mi menor hija a mi domicilio particular y reintegrarla al mismo los días ya citados." La demanda en cuestión se admitió a trámite y el cuatro de marzo de dos mil veintiuno se celebró audiencia constitucional, estando pendiente el dictado de la sentencia que corresponda. Por ende, resulta patente que el promovente del amparo no acredita el interés jurídico para solicitar la protección constitucional, toda vez que la falta de imposición de la multa que alega no es un acto que afecte de manera directa su esfera de derechos, sino una facultad del juzgador para hacer cumplir sus determinaciones en caso de estimarlo procedente. Resulta aplicable, en lo conducente, la tesis que se reproduce a continuación: "Registro digital: 2021832 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.3o.T.3 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 5967 Tipo: Aislada AMPARO EN REVISIÓN. EL TERCERO INTERESADO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA INCONFORMARSE CONTRA LA SENTENCIA PROTECTORA POR LA MULTA IMPUESTA A SU CONTRARIO. Conforme a lo que establecen los artículos 5o., fracción III, inciso b), y 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, el tercero interesado tiene legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, la cual se encuentra condicionada a que dicha sentencia irrogue una afectación directa a su esfera jurídica. Sobre esas bases, la imposición de una multa impuesta a la parte contraria en el juicio natural, afecta directamente y en forma exclusiva la esfera jurídica de ésta y, por ello, el tercero interesado no resiente perjuicio alguno con esa determinación, porque la concesión del amparo decretada por el Juez Federal, no implica la privación de algún derecho al recurrente, ni causa afectación a su esfera de derechos y esa circunstancia implica una falta de legitimación para que el Tribunal Colegiado que conoce del recurso lo declare improcedente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 114/2019. 31 de enero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Osiris Ramón Cedeño Muñoz. Secretario: Sergio Francisco Angulo Arredondo. Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2020 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Por tanto, toda vez que se advierten de forma patente y absolutamente clara que opera la causal de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, además de que se cuenta con todos los elementos para llegar a esa determinación; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO. Por otra parte, los correos electrónicos proporcionados con la demanda y con la etiqueta con la que se presentó la demanda, constituyen una forma especial y expedita de contacto, por lo que serán considerados para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. No obstante lo anterior, se le invita a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A ***** y ***** se les tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo de manera expresa. CORREO ELECTRÓNICO Téngase proporcionando las cuentas de correo electrónico que proporciona de sus autorizados, las cuales serán consideradas para efecto de que el personal del juzgado pueda establecer contacto por tal medio, en los casos en que se estime pertinente Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones señalado en la demanda de garantías. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General multicitado, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". De ser así, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

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