Gerardo Quino Sixtega
Expediente 165/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 165/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gerardo Quino Sixtega
Actuaciones
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, a través del cual remite testimonio relativo a la queja 96/2023 de su índice. En atención a lo anterior se advierte que dicho Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso de queja interpuesto por ********** autorizado de la parte quejosa, contra el acuerdo de uno de marzo de dos mil veintitrés por el que se desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo a la Superioridad. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)... Notifíquese...".
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta. El Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, Veracruz, comunica el acuerdo dictado el catorce de marzo de dos mil veintitrés por el Magistrado Presidente del órgano jurisdiccional de su adscripción. Esencialmente, admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de uno de marzo de dos mil veintitrés [por el que se desechó la demanda de amparo]. El cual se radicó bajo el toca 96/2023 de su índice. Tómese conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, diez de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese copia del escrito de agravios suscrito electrónicamente por *********** autorizado de la parte quejosa en amplios términos, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés en el que se desechó la demanda que dio origen al presente asunto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe y dígase a la Superioridad que es cierto el auto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. En virtud de lo anterior, remítase el escrito original de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Xalapa, Veracruz, así como copia certificada del expediente en que se actúa para su resolución vía interconexión. Habilítense las herramientas "Vincular con otro Órgano", para que tenga acceso a la totalidad del expediente. Notifíquese y personalmente a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita...".
- Principal
Boca del Río, Veracruz, uno de marzo de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo presentada por Gerardo Quino Sixtega. Contra actos del 1. Sexta Sala en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz y otra autoridad. Regístrese con el número 165/2023-V. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. De la lectura integral del escrito de demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el acto reclamado medular consiste en: "La notificación de la resolución de once de enero de dos mil veintitrés dictado dentro del toca civil 2402/2022 del índice de la Sexta Sala en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, argumentando debió ser notificada vía correo electrónico tal como lo solicitó y fue acordado mediante auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós dentro del expediente civil 1780/2017" En especie se considera se surte el supuesto de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" El precepto y fracción de la Ley de Amparo transcritos, ponen de manifiesto que el juicio es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso y medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Por su parte, el precepto 90 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz establece: "Artículo 90. El incidente de nulidad que se promueva por defecto en las notificaciones, se substanciará ante el mismo juez o magistrado que conozca del negocio. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente. Si no estuviere conforme, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados pueden presentar las pruebas que tuvieren. En la misma audiencia se resolverá lo que procediere en justicia. En el caso de que proceda la nulidad, se impondrá al responsable una multa equivalente, como máximo, a diez días de salario que devengue el servidor público y se le condenará al pago de los gastos y costas. Así, se tiene que contra el acto que en esta vía pretende combatir la parte quejosa (la notificación de la resolución de once de enero de dos mil veintitrés) procede el incidente de nulidad sustanciado ante la autoridad responsable. De ahí que exista un procedimiento específico establecido en una ley ordinaria aplicable, el cual debe agotarse previo a instar la acción constitucional. Esto es así, dado que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, previo a acudir a la Justicia Federal para solicitar la Protección de Amparo, la parte impetrante debe agotar el procedimiento ordinario establecido en el precitado cuerpo normativo. Lo que en el caso que nos ocupa no acontece. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuarenta y cuatro, Volumen LXXXII, Tercera Parte (registro 266364), del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, que es del rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS PREVIOS A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO. Según el texto del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, es necesario que la ley del acto, de modo expreso, establezca que se suspendan los efectos cuya interposición debe ser previa al amparo; pues la repetida fracción no autoriza a que en cada caso se forjen hipótesis sobre si, de entablarse un juicio de amparo, se concedería o no la suspensión del acto reclamado, sino de modo cierto exige que sea precisamente en la ley del acto donde se establezca la suspensión de este por la interposición del recurso que previó, además de no exigir para ese efecto más requisitos que los de la Ley de Amparo." Derivado de lo anterior, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, relacionado con el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Consideración que desde luego no implica violación al derecho fundamental de la parte quejosa a un recurso judicial efectivo, tal y como lo establece la jurisprudencia 1a./J. 22/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 325, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Décima Época, Registro 2005917, Materia Constitucional, que versa: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa solicita se le permita tener acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario: "********************". Al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a la persona que refiere para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo. DOMICILIO. Se tiene como lugar de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme a los artículos 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones a la parte impetrante en la vía electrónica, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" exclusivamente a través del usuario "********************", así como para efecto de computar adecuadamente los plazos procesales en el presente, en los términos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. AUTORIZADO. Conforme a la certificación de cuenta, se tiene como autorizado a ******************** con las facultades amplias que establece el arábigo 12 de la Ley de la materia. Y con las restricciones que establece la parte final del segundo párrafo del referido numeral a ********************. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el arábigo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse la directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese.
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