Gerardo Pineda Pagua
Expediente 488/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 488/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gerardo Pineda Pagua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 18 de agosto de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 488/2021; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Gerardo Pineda Pagua, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública, ambos del municipio de Charo, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los 1º, 5º, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo el expediente 488/2021, posteriormente por auto de quince de junio del año en curso, se admitió a trámite la demanda, en los términos propuestos por la parte promovente, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, y, se fijó hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, una vez que se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos que atribuye a dos autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda que dio origen al juicio de amparo de que se trata, debe precisarse que los actos reclamados consisten en: Al Presidente Municipal de Charo, Michoacán: El ordenar al Director de Seguridad Pública de Charo, Michoacán, que se le impida desempeñar su trabajo como miembro de la empresa de seguridad privada SERVISEGPRO S.A. de C.V.; y, Al Director de Seguridad Pública de Charo, Michoacán: el evitar que el quejoso desempeñe sus labores como trabajador de la empresa de seguridad privada SERVISEGPRO S.A. de C.V. Tercera. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al momento de rendir sus informes justificados señalaron que no son ciertos los actos que se les reclaman; sin embargo, hacen manifestaciones que evidencian su certeza, pues relataron que el promovente carece de un interés jurídico para presentar su demanda de amparo, debido a que no cumple con los requisitos que establecen diversos numerales de la Ley de Seguridad privada del Estado de Michoacán y su Reglamento; de modo que dicha negativa se encuentra desvirtuada, y deba tenerse por cierto el acto reclamado. Es aplicable la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación de julio de 1994, materia común, octava época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Cuarta. Procedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, si bien las autoridades responsables al momento de rendir su informe justificado no especificaron que invocaban una causal de improcedencia, de la lectura de éstos se advierte que argumentan que el quejoso no tiene un interés jurídico para promover el juicio de amparo, por lo cual de manera tácita hacen valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. En el caso, es fundada la causal de improcedencia invocada por las autoridades responsables prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso no acredita su interés jurídico para instar el presente juicio de amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis antes citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior, así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diversas tesis jurisprudenciales, quien ha llegado -incluso- a delimitar los alcances del concepto "perjuicio", figura que está relacionada con la del interés jurídico; en ese sentido el Máximo Tribunal del país ha sostenido que por perjuicio se deberá entender aquella afectación a los derechos de un individuo no en el sentido del derecho civil, es decir, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona ya sea en relación a derechos de propiedad, posesión, personalísimos o de cualquier otra especie que forme parte de la esfera jurídica del gobernado, siempre y cuando estén reconocidos por el orden jurídico nacional. Ilustra a lo anterior el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 72, Séptima Parte, visible en la página 55, cuyo texto señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Así como la tesis de la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 132, del Tomo 187-192 Cuarta Parte, de la Séptima Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de una persona jurídica o moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y, si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J.1/2019, pronunciada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, ubicada en el Libro 64, Tomo II, página 1598, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019456, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". De lo anterior se tiene que a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente de amparo solicita la tutela o protección de un derecho subjetivo que en su perjuicio fue infringido por las autoridades que emitieron el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción -que es un derecho instrumental- se pretende el respeto del derecho subjetivo y en su caso, la restitución en su goce. Sin embargo, tal derecho subjetivo puede o no existir, o no haber sido infringido por la autoridad responsable, en tal caso la demostración del interés jurídico en su doble matiz, esto es, tanto el acreditamiento de un agravio material o jurídico en perjuicio de la esfera jurídica del particular, como la demostración de titularidad o relación de enlace entre el derecho afectado y el particular que reclama su protección, constituyen aspectos que no pueden valorarse de inmediato a la presentación del libelo de demanda constitucional, sino que es necesario otorgar a la quejosa la oportunidad de que los acredite durante toda la dilación procesal del juicio de amparo, tal y como así lo ha reconocido en la Jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 524, del Tomo VI, Común, Apéndice 2000 cuyo rubro dice: "INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS.", ello, dado que el derecho a la administración de justicia debe operar de forma dinámica. La satisfacción del interés jurídico lleva implícito el acreditamiento forzoso de tres elementos esenciales, a saber: a) La afectación, agravio o perjuicio sufrido en la esfera de derechos causado por el acto de autoridad que se reclama, es decir, probar lo que comúnmente se conoce como el interés jurídico en sí mismo considerado; b) El acreditamiento del derecho específico que se esté afectando con el acto reclamado; c) La relación de titularidad o nexo causal entre el derecho lesionado y la persona física o moral que reclama su protección en la vía constitucional de amparo, esto es lo que se conoce como la satisfacción material de la titularidad del interés jurídico. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 37, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice (actualización dos mil dos), Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." De tal manera que el interés jurídico constituye un requisito o presupuesto procesal para que la acción constitucional de amparo tenga un feliz término, de manera que ante su ausencia se impide la conformación de este dando lugar al sobreseimiento del juicio por actualización de la causa de improcedencia que lo prevé. Concluyendo, la citada condición -como todas las previstas como improcedencias del juicio- al ser un presupuesto procesal es de estricta aplicación, el cual debe ser observado y valorado de forma contundente, real, material u objetiva y nunca establecer su existencia con base en presunciones ni comprendiendo en ellas casos distintos a los contemplados en las hipótesis previstas para tal efecto, pues su actualización acarrea consecuencias extremas para el solicitante de la protección constitucional. En ese sentido, en el caso que nos ocupa las autoridades aducen que el quejoso no acreditó su interés jurídico debido a que la copia simple de la credencial que presentó de su trabajo no cumple con los requisitos establecidos en los numerales 13 y 24 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de Michoacán, así como el diverso 4, fracción VII del Reglamento de la misma, que lo acrediten como elemento de seguridad privada, Ahora bien, los señalados numerales establecen lo siguiente: "Ley de Seguridad Privada del Estado de Michoacán: (.) ARTÍCULO 13. El interesado presentará solicitud por escrito ante la Secretaría y demostrará cumplir con todos los requisitos señalados, y ésta a su vez, contará con treinta días para determinar la autorización correspondiente, misma que será otorgada una vez completo el expediente, sólo hasta ese momento expedirá la autorización correspondiente y las identificaciones que portarán los elementos de seguridad privada. ARTÍCULO 24. La Secretaría proporcionará la identificación como elemento de seguridad privada, que incluirá: I. Fotografía reciente; II. Nombre completo; III. Denominación o razón social del prestador del servicio; IV. El año calendario de su vigencia; V. Clave Única de Registro de Población; VI. Clave Única de Identificación Policial; VII. Folio que proporcione la Secretaría; y, VIII. Identificación antropométrica, de señas particulares y hemática. (.)" "Reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Estado de Michoacán: (.) Artículo 4°. Corresponde a la Secretaría a través de la Dirección: I. Recibir, verificar y validar los documentos para efectuar el trámite de autorización para la prestación de los servicios en el Estado, y en su caso revalidar, revocar o modificar la autorización otorgada; II. Recibir las fianzas y calificar que éstas contengan los requisitos que prescribe la Ley y este Reglamento; III. Regular, registrar y supervisar a los prestadores de servicios autorizados y elementos de seguridad privada, llevando el control de ellos; IV. Mantener un padrón actualizado de las operaciones de los prestadores de servicios autorizados; V. Controlar, supervisar y vigilar el desarrollo de los servicios en el Estado de acuerdo a la modalidad autorizada; VI. Verificar que los elementos de seguridad privada cuenten con la acreditación vigente por el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, para prestar los servicios; VII. Expedir las credenciales de identificación de los elementos de seguridad privada, previo pago de los derechos establecidos en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal correspondiente; VIII. Substanciar y tramitar los procedimientos administrativos para la suspensión, cancelación, clausura y revocación de los servicios y aplicar las sanciones que correspondan, por la violación a la Ley, al presente Reglamento y demás normas aplicables en la materia; IX. Determinar, imponer y notificar las sanciones previstas en la Ley y este Reglamento; X. Recibir, notificar y supervisar que las quejas y denuncias por presuntas violaciones a la Ley, sean atendidas de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento y demás normas aplicables; XI. Realizar las visitas de inspección ordinarias o extraordinarias requeridas de acuerdo a lo establecido en la Ley; y, XII. Las demás atribuciones que le confieren la Ley, el presente Reglamento y otras normas aplicables en la materia. (.)". De lo expuesto con anterioridad, se advierte del artículo 13 de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Michoacán, dispone que el interesado (refiriéndose al titular que posea la autorización para desempeñar el servicio de seguridad privada) presentará por escrito su solicitud y cumpliendo todos los requisitos que marca el referido ordenamiento jurídico ante dicha Secretaría; luego, ésta tendrá un plazo de treinta días para expedir la autorización a efecto de que preste los servicios de seguridad privada, quien también expedirá las identificaciones que portarán los elementos de seguridad privada. En correlación con ello, el diverso arábigo 24 del mismo ordenamiento legal señala que la Secretaría proporcionará las identificaciones a los elementos de seguridad privada, la cual tendrá que contener lo siguiente: I) Fotografía reciente del individuo; II) Nombre completo del elemento; III) Denominación o razón social del prestador del servicio; IV) El año calendario de su vigencia; V) Clave única de registro de población (CURP); VI) Clave única de identificación policial; VII) Folio que proporcione la Secretaría de Seguridad Pública; y, VIII) Identificación antropométrica de señas particulares y hemática. Para ello, en el artículo 4º del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Michoacán, se establecieron las funciones que le competen a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, mismas que serán ejecutadas vía la Dirección de Asuntos Jurídicos, que en su fracción VII refiere como obligación de esa Dirección la expedición de las credenciales de los elementos de seguridad privada previo pago se realice. Expuesto lo anterior, se tiene que para demostrar que un gobernado labora o trabaja como elemento de seguridad privada debe exhibir su credencial que lo acredite como tal, la cual tendrá que ser expedida por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y la misma tendrá que contener todos los elementos que marca el artículo 24 de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Michoacán. En el caso concreto, el quejoso para probar que trabaja como elemento de seguridad privada se limitó a presentar una copia de simple de una identificación expedida por el representante legal de la empresa de seguridad privada SERVISEGPRO S.A. DE C.V., así como el oficio SSP/DRSESP/121/2020, por medio del cual el Director de Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, expide la autorización a la empresa señalada para el efecto de que preste sus servicios de seguridad privada en su modalidad de vigilancia y protección de bienes. Por lo que ve a la copia simple que presentó de su credencial expedida por el representante legal de la empresa de seguridad privada SERVISEGPRO S.A. DE C.V., la misma no cumple con los elementos que establece el artículo 24 de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Michoacán, debido a que no fue expedida por la autoridad competente para ello, que en este caso, sería la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, conforme a los artículos 3º y 4º del Reglamento de la ley en cuestión. Sin que haya lugar a estudiar el resto de elementos que contiene la copia simple de la credencial que exhibe, dado que no fue expedida por la autoridad que tiene a cargo esa facultad de acuerdo al marco competencial expuesto en los párrafos que anteceden. Luego, por lo que respecta a la copia cotejada del oficio SSP/DRSESP/121/2020, por medio del cual el Director de Registro y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, expide la autorización a la empresa señalada para el efecto de que preste sus servicios de seguridad privada en su modalidad de vigilancia y protección de bienes, la misma solamente acredita que la empresa SERVISEGPRO S.A. DE C.V. tiene el permiso de prestar esa actividad, más no demuestra que el quejoso Gerardo Pineda Pagua, cuente con la autorización para desempeñarse como elemento de seguridad privada. Expuesto lo anterior, queda en evidencia que si el quejoso no acreditó que ejerce su trabajo como elemento de seguridad privada en los términos que establece el artículo 24 de la Ley de Seguridad Privada en el Estado de Michoacán, es dable concluir que tampoco prueba que tenga algún interés jurídico en la presente instancia constitucional pues no acreditó el derecho subjetivo que se requiere, y por ende, que los actos reclamados le causaron agravio alguno. Esto es, el derecho subjetivo al trabajo lo tenemos todas las personas, pero eso no implica que no pueda estar regulado como ocurre en el caso y para poder acudir al juicio de amparo en su defensa debemos acreditar que nos ubicamos dentro de esa reglamentación. Por tanto, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que motiva a su vez el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la citada Ley, por actualizarse la causal de improcedencia señalada. En la inteligencia que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: R E S U E L V E: Primero. Por las razones expresadas en la consideración quinta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gerardo Pineda Pagua, contra los actos reclamados a la autoridad responsable referida en el primer resultando. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo dése vista a las partes con los informes justificados que rinden el Presidente Municipal y el Director de Seguridad Pública del municipio de Charo, Michoacán Asimismo, con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo se tienen por formulados los alegatos vertidos por la citada autoridad. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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