Gerardo Picón Nuñez
Expediente 130/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 130/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/03/2017
Partes del expediente
- Gerardo Picón Nuñez
Actuaciones
- Principal
Téngase recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada, quedando al tenor del punto resolutivo siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por****, autorizado de quejoso***, frente al auto de primero de febrero de dos mil diecisiete, dictado por el titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en el expediente "****", del índice a su cargo." Finalmente, archívese el expediente como asunto concluido.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, *****. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de ****establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de *****, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de *****, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, primero de febrero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado por ***, por su propio derecho, contra actos del: 1. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro de Santiago, Querétaro. ANOTACIONES Se forma el expediente correspondiente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número ***DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la quejosa, consistentes en: La resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente ***relativo al juicio ejecutivo mercantil, mediante el cual se determinó no ha lugar a admitir recurso de revocación contra auto de once de enero del año en curso, que tuvo por no desahogada la prueba consistente en la pericial en materia de grafoscopía por falta de interés procesal. Lo anterior por considerar que en el caso, los actos reclamados lo constituyen una violación intraprocesal, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que es Estado Mexicano sea parte; . De los enunciados normativos trascritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados en juicio, siempre que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, siendo estos aquellos actos que afectan en forma material y presente un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando a un lado a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual, sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, para que pueda resentirse. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, conforme a la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación el 06 de junio de 2014, que dice: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Bajo esa premisa, y toda vez que en el caso concreto, el acto reclamado en el juicio de amparo lo constituye la resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 716/2016 relativo al juicio ejecutivo mercantil, mediante el cual se determinó no ha lugar a admitir recurso de revocación contra auto de once de enero del año en curso, que tuvo por no desahogada la prueba consistente en la pericial en materia de grafoscopía por falta de interés procesal, toda vez que es un acto de naturaleza formal o adjetiva que puede o no trascender al resultado del fallo, por tanto, no puede considerarse como un acto que produzca una afectación presente y material a derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, las resoluciones relativas a la admisión o desechamiento de los medios de prueba, por regla general, sólo pueden combatirse como conceptos de violación, al impugnar el fallo definitivo en vía de amparo directo, previa satisfacción del principio de definitividad, si para ello se considera que las violaciones de que se trate han trascendido al sentido del fallo. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en el ***en esta ciudad, y, autorizando para tales efectos, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***toda vez que cuenta con su cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesiones del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado, respecto a su solicitud de la autorización para la consulta, vía internet del juicio de amparo de amparo, en consecuencia con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se hace de su conocimiento que una vez que el quejoso o su autorizado hagan del conocimiento el nombre de su usuario registrado ante el Portal de Consulta del Expediente Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, se proveerá lo conducente respecto a su petición. Ahora bien, respecto a la manifestación de oponerse a la publicación de datos personales, de conformidad con lo dispuesto el segundo párrafo, del artículo 16 constitucional, 8 y 14, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 6 y 7 del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, téngasele manifestando la oposición a la publicación de sus datos personales en el presente asunto; en tal virtud, hágase del conocimiento de lo anterior a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que en lo subsecuente, se abstengan de publicar en la lista de acuerdos de este recinto judicial los datos personales de la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito al Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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