Gerardo Pérez Pérez
Expediente 811/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 811/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/10/2019
Partes del expediente
- Gerardo Pérez Pérez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a treinta de octubre de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los numerales 98 de la legislación reglamentaria, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho acuerdo. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el diverso 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, que en autos no constan documentos originales, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción III, último párrafo del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; toda vez que se decretó la suspensión de plano en este asunto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Ciudad de México, a once de octubre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el oficio de cuenta, y anexo; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe en cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano que en él se contiene, sin que haya lugar a dar vista a la parte quejosa en virtud de la determinación que se emitirá más adelante. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que se mencionan y como domicilio para recibir notificaciones el que se señala. Por otro lado, vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad del actuario judicial adscrito para notificar al quejoso la determinación de diez de octubre pasado, en tanto refiere fue informado que dicho justiciable abandonó territorio nacional en vuelo comercial hacia Costa Rica en la misma fecha y, aunque destaca imprecisión en la hora que le fue proporcionada, con aquella que se aprecia en las constancias allegadas en esta data, al momento de constituirse en el lugar correspondiente, el quejoso ya no se encontraba en territorio nacional con motivo que había sido objeto de rechazo. En ese contexto, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en la deportación, devolución y/o expulsión, así como la incomunicación; sin embargo, dadas las condiciones que actualmente prevalecen en el asunto, este juzgado estima que debe desecharse la demanda, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVI, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVI. Contra actos consumados de modo irreparable". Lo anterior es así, en virtud que los actos precisados, de haber existido, revisten el carácter de consumados para los efectos del amparo, puesto que se han realizado todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, sin que se pueda restituir al amparista en el goce y disfrute de las garantías constitucionales que se estimaron violadas como lo pretende, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por lo que debe entenderse que los actos impugnados se consumaron de manera irreparable, pues para los efectos del amparo, los actos consumados son aquellos que cuando al realizarse todos y cada uno de sus efectos y consecuencias jurídicas, física y materialmente la parte quejosa ya no puede ser restituida al estado en que se encontraba antes de la violación, lo que sucede en el caso. Sirve de apoyo, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 325 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, diciembre de 1994, de rubro: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". Por ende, es incuestionable que los actos por esta vía reclamados, están irreparablemente consumados, pues aun cuando pudieran considerarse inconstitucionales, sería jurídicamente imposible volver las cosas al estado que guardaban antes de ejecutarse en su totalidad, lo que implica que se han realizado en forma total las consecuencias de dichos actos. Apoya a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1444 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXIX, de título: "ACTOS CONSUMADOS". Así como la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 943 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXVII, del tenor: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia destacada, con fundamento en el numeral 113 de la ley reglamentaria, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. Por única ocasión, notifíquese esta determinación a la solicitante de amparo, en el domicilio proporcionado en la demanda.
- Principal
Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica a la promovente del juicio el auto de once de octubre en curso, por medio de lista, que en lo conducente dice: "...Ciudad de México, a once de octubre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el oficio de cuenta, y anexo; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe en cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano que en él se contiene, sin que haya lugar a dar vista a la parte quejosa en virtud de la determinación que se emitirá más adelante. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que se mencionan y como domicilio para recibir notificaciones el que se señala. Por otro lado, vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad del actuario judicial adscrito para notificar al quejoso la determinación de diez de octubre pasado, en tanto refiere fue informado que dicho justiciable abandonó territorio nacional en vuelo comercial hacia Costa Rica en la misma fecha y, aunque destaca imprecisión en la hora que le fue proporcionada, con aquella que se aprecia en las constancias allegadas en esta data, al momento de constituirse en el lugar correspondiente, el quejoso ya no se encontraba en territorio nacional con motivo que había sido objeto de rechazo. En ese contexto, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en la deportación, devolución y/o expulsión, así como la incomunicación; sin embargo, dadas las condiciones que actualmente prevalecen en el asunto, este juzgado estima que debe desecharse la demanda, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVI, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVI. Contra actos consumados de modo irreparable". Lo anterior es así, en virtud que los actos precisados, de haber existido, revisten el carácter de consumados para los efectos del amparo, puesto que se han realizado todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, sin que se pueda restituir al amparista en el goce y disfrute de las garantías constitucionales que se estimaron violadas como lo pretende, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por lo que debe entenderse que los actos impugnados se consumaron de manera irreparable, pues para los efectos del amparo, los actos consumados son aquellos que cuando al realizarse todos y cada uno de sus efectos y consecuencias jurídicas, física y materialmente la parte quejosa ya no puede ser restituida al estado en que se encontraba antes de la violación, lo que sucede en el caso. Sirve de apoyo, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 325 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, diciembre de 1994, de rubro: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". Por ende, es incuestionable que los actos por esta vía reclamados, están irreparablemente consumados, pues aun cuando pudieran considerarse inconstitucionales, sería jurídicamente imposible volver las cosas al estado que guardaban antes de ejecutarse en su totalidad, lo que implica que se han realizado en forma total las consecuencias de dichos actos. Apoya a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1444 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXIX, de título: "ACTOS CONSUMADOS". Así como la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 943 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXVII, del tenor: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia destacada, con fundamento en el numeral 113 de la ley reglamentaria, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. Por única ocasión, notifíquese esta determinación a la solicitante de amparo, en el domicilio proporcionado en la demanda...".
- Principal
Ciudad de México, a diez de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de cuenta, a través de la cual Karla Leticia Garcia Icaza, promueve demanda en favor de Gerardo Perez Perez, contra actos del subdelegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 811/2019; y dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Ahora, toda vez que en la referida demanda se señalan como actos reclamados la deportación, devolución y/o expulsión, así como la incomunicación, en el caso se considera pertinente citar el contenido del precepto 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Por tanto, con apoyo en dicho numeral, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, para el efecto de que no se lleve a cabo la deportación, devolución y/o expulsión del quejoso y cese de inmediato la incomunicación reclamada. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables para que informen a este órgano de control constitucional en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada; apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el dispositivo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley reglamentaria, sin perjuicio de proceder en su contra en términos del numeral 209 de la ley de la materia. Por otra parte, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario correspondiente adscrito a este juzgado, se constituya en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -terminal 1-, para que notifique personalmente este proveído al amparista Gerardo Perez Perez y lo requiera para que al momento de la notificación o por escrito en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos su notificación, manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su nombre y si autoriza a la persona que la promovió, así como a las restantes personas señaladas únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, de igual manera, indique si es su deseo tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda, o uno diverso en esta ciudad. Asimismo, para el caso de que se ratifique la demanda y las autoridades señaladas como responsables no lo tengan a su disposición, se encomienda al actuario judicial para que indague por los medios que tenga a su alcance la autoridad que lo tenga bajo su resguardo y, eventualmente, requiera al amparista para que manifieste si es su voluntad señalarla como responsable, de ser afirmativa su respuesta, se faculta al actuario para que requisite el oficio correspondiente, a fin de lograr su notificación, en el entendido de que dicha autoridad deberá acatar lo ordenado en el presente proveído. Apercíbase al peticionario de amparo que de no ratificar la demanda, se tendrá por no presentada, de conformidad con el numeral 15 de la ley de la materia y quedarán sin efecto las providencias dictadas; asimismo, de no señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, las subsecuentes se realizarán por medio de lista. Por otra parte, gírese oficio al titular de Aeronáutica Civil para que permita el ingreso a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al actuario judicial adscrito a este juzgado, y le brinde todas la facilidades necesarias para poder realizar dicha diligencia, con el apercibimiento que de no hacerlo o no informar las razones que se lo impidan, se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la ley de la materia. Sin que sea procedente la petición de la promovente del juicio en el sentido que se "PERMITA EL INGRESO AL LICENCIADO EN DERECHO GEOVANNY ERNESTO MORALES" a efecto que asista legalmente al justiciable, en tanto dicha cuestión podría derivar en vulnerar determinadas medidas de seguridad que en su caso hubiese implementado la autoridad que tenga a disposición al quejoso. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio.
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