Gerardo Perez Guzman

Expediente 1127/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1127/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/09/2019

Partes del expediente

  • Gerardo Perez Guzman

Actuaciones

  1. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; diez de septiembre de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, mediante el cual hace del conocimiento el auto de seis de los actuales, en el que informa haber aceptado la competencia planteada por este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda promovida por Gerardo Pérez Guzmán, circunstancia de la que se toma conocimiento. Por otra parte, el estado procesal de este asunto evidencia que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, remítase al archivo de este Juzgado de Distrito y las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: El presente cuaderno es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto citado). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    IV) NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA

  3. Principal

    IV) (AVISO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México; tres de septiembre de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Gerardo Pérez Guzmán, por derecho propio, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1127/2019-IV. Incompetencia. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Luego, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, cabe precisar que en el caso, el acto reclamado en concreto consiste en el aseguramiento y traslado del vehículo de la marca Nissan, tipo Tsuru, GSI, modelo 2014, con número de serie 3N1EB31S5EK339292, número de motor GA16777808Z, realizado el quince de abril de dos mil diecinueve, en la carpeta de investigación NIC:AME/AMC/02/MPI/360/PAKP9/19/04, número de NUC: CHA/AME/AMC/009/114193/19/04. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2000, tomo XI, Novena Época, materia común, con registro número 192097, cuyo rubro y texto que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese contexto, este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues como se desprende, el acto reclamado consiste en el aseguramiento y traslado del vehículo de la marca Nissan, tipo Tsuru, GSI, modelo 2014, con número de serie 3N1EB31S5EK339292, número de motor GA16777808Z, realizado el quince de abril de dos mil diecinueve, en la carpeta de investigación NIC:AME/AMC/02/MPI/360/PAKP9/19/04, número de NUC: CHA/AME/AMC/009/114193/19/04. Acto que no conlleva ejecución en la jurisdicción de este juzgado, pues atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, sus efectos se trasladan directamente a los procesos y es ahí donde tendrán su principal impacto y repercusión, es decir, la ejecución de los actos reclamados ocurrirá en la jurisdicción del Juez de Distrito ante el cual se siguen las carpetas de origen. En otras palabras, se afirma que este órgano jurisdiccional carece de competencia en razón de territorio para conocer del presente asunto en virtud de que el acto reclamado conlleva una ejecución material, toda vez que los efectos de los mismos implican, entre otros, que el quejoso, recupere el vehículo que aduce es de su propiedad; de ahí que, resulta competente para conocer del presente asunto el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se llevaron a cabo los actos reclamados, pues de sus antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad se advierte que dicho vehículo fue asegurado en el municipio Amecameca, Estado de México. Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, en cuya jurisdicción conlleva ejecución los actos reclamados, conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por identidad jurídica se invoca la jurisprudencia 2a./J. 107/2003, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 96/2003-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, publicada en la página 136, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA CIRCULARES U ÓRDENES GENERALES PARA DETENER, SECUESTRAR, EMBARGAR O DECOMISAR VEHÍCULOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE EJECUTEN O TRATEN DE EJECUTARSE. Conforme al primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo es competente para conocer de un juicio de garantías, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por tanto, si en la demanda respectiva la quejosa reclama de diversas autoridades administrativas la emisión de circulares u órdenes generales tendentes a detener, secuestrar, decomisar o embargar vehículos o transportes de carga, para constatar su origen, procedencia y estancia legal en el país, será competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse la circular u orden general." Asimismo, la jurisprudencia 118/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta que a la letra dice: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Así también, la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En las relatadas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y declina competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno; habida cuenta que dentro de esa jurisdicción tienen ejecución y se seguirá ejecutando el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y copias de la misma, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde produce sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, con copia certificada de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Autorizados. En otro orden, en atención al contenido de la certificación de cuenta y por no encontrase registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gabriela Anaya Flores, Anabel Romero Reyes y Carlos Gabriel Ulloa González. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26, fracción III, de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, no así el correo electrónico que refiere, pues no encuentra contemplado en la Ley de Amparo Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso.

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