Gerardo Pérez Gutiérrez

Expediente 347/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
347/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
23/09/2016

Partes del expediente

  • Gerardo Pérez Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    El veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, el secretario certifica: el plazo de tres días que marca el artículo 196 de la Ley de Amparo trascurrió del veinte al veintidós de este mes y año. Conste. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que trascurrió el plazo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria de este juicio está cumplida. En ejecutoria de quince de julio de dos mil dieciséis (fojas 178 a 187), en auxilio de las labores de este juzgado, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia, en Culiacán, Sinaloa, concedió el amparo solicitado, en esencia, porque: a) En el laudo del juicio de origen, se había determinado que la prestación correspondiente al fondo de ahorro debía incluirse para el cálculo del salario diario integrado para la cuantificación de las prestaciones materia de condena. b) No obstante, en la sentencia interlocutoria reclamada no se había tomado en cuenta para el cálculo del salario diario integrado respectivo la parte proporcional que correspondía a dicha prestación. c) Por tanto, la autoridad responsable no había atendido de manera puntual a lo determinado en el laudo natural. d) Además, resultaba ambigua la consideración relativa a la valoración de la documental que exhibió la parte incidentista para demostrar el monto atinente a la prestación de fondo de ahorro referida, toda vez que no precisó el objeto de valoración (si se refería al laudo o a dicha prueba) y el recibo exhibido no podía ubicarse en el supuesto del artículo 795 de la Ley de Amparo que fue citado como fundamento para dicha valoración. Con base en lo anterior, la concesión se otorgó para el efecto de que: ".la autoridad responsable deje sin efectos la interlocutoria de quince de diciembre de dos mil quince, relativa al incidente de liquidación planteado dentro del juicio laboral 296/2008 y, en su lugar, emita otra debidamente fundada y motivada, en la que deberá tomar en consideración lo establecido en el laudo de veintiuno de mayo de dos mil quince, que determinó la inclusión al monto del salario diario integrado la parte proporcional correspondiente al fondo de ahorro, para lo cual deberá otorgar el valor que corresponda a la documental ofrecida para tal efecto por el accionante del juicio natural y, hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponde.". De lo expuesto se sigue que los efectos de la ejecutoria implicaban la insubsistencia de la interlocutoria reclamada y la emisión de una nueva resolución, de manera fundada y motivada, en la que se considerara toralmente que: I. El monto del salario diario integrado que serviría de base para la cuantificación de las prestaciones objeto de condena debía incluir la parte proporcional correspondiente a la prestación relativa al fondo de ahorro. I.I. Para tal efecto la junta debería otorgar el valor que le correspondiera a la documental ofrecida por la parte actora para acreditar el monto de la prestación citada; y, II. con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera. En suma, los efectos de la concesión del amparo se concretaron en la obligación para la autoridad responsable de emitir una nueva sentencia interlocutoria en la que tomara en cuenta para la liquidación materia del incidente natural la prestación de fondo de ahorro que percibía la parte actora y la prueba que se ofreció para acreditar el monto de ésta. En cumplimiento de la ejecutoria de amparo anterior, el cinco de septiembre de dos mil dieciséis, la junta responsable dejó insubsistente la resolución reclamada y dictó de nueva cuenta la sentencia interlocutoria del incidente de liquidación de laudo planteado en el juicio natural, en la que, en lo conducente, determinó que: a) En relación con el monto que aportaba el patrón por concepto de fondo de ahorro, al no haber realizado la demandada manifestación alguna ni aportado documento alguno como era su obligación en términos de los establecido en el artículo 784 y 804 de la Ley Federal de Trabajo, era procedente tomar en cuenta el recibo de pago que exhibió la parte actora para tal efecto, el cual tenía pleno valor probatorio, al no haber sido objetado. a.1) En esa línea se fijaba por concepto de fondo de ahorro la cantidad de treinta y cinco pesos con cincuenta y cuatro centavos diarios, en conformidad con lo establecido en el artículo 18 y 841 de la Ley Federal de Trabajo. b) Por tanto, tomando en cuenta la proporción que le corresponde al actor por concepto de fondo de ahorro, el salario diario integrado base de la cuantificación materia del incidente natural equivalía a quinientos ochenta pesos con treinta y seis centavos. De lo anterior se advierte que en el acto reclamado fueron materia de cuantificación la prestación correspondiente al fondo de ahorro para la determinación del salario diario integrado base de la liquidación y para tal efecto se valoró la prueba exhibida por la parte incidentista para acreditar el monto de dicha prestación. Sobre esa base, se determinó la cantidad un millón setecientos noventa y dos mil novecientos quince pesos. Luego, los lineamientos determinados en la ejecutoria de este juicio se encuentran cumplidos, pues como se expuso, estos implicaban toralmente que, en la nueva resolución que se emitiera, la autoridad responsable cuantificara las prestaciones objeto de condena en el laudo natural tomando en cuenta el fondo de ahorro que percibía la parte actora como parte del salario diario integrado necesario para dicha liquidación, valorara el documento que se había exhibido para tal efecto y, sobre esa base, con plenitud de jurisdicción, determinara lo que en derecho correspondiera; lo que aconteció en la especie. En la inteligencia de que el fondo de la cuantificación realizada resulta ajeno al análisis objeto de esta resolución, pues al respecto no se limitó la jurisdicción del juez responsable, sino que únicamente se determinó, en general, que debía incluirse en el salario diario integrado base de la liquidación la prestación de fondo de ahorro. Sin que, como afirma la parte quejosa, se hubiera determinado que debía tomarse en cuenta la planilla de liquidación que presentó, pues en la ejecutoria se determinó que la línea que debía seguir la autoridad responsable en la liquidación materia del incidente natural estaba determinada por el laudo, ya que era la resolución que se pretendía ejecutar; de lo que no se sigue que se consideró atendible y correcta dicha propuesta de cuantificación. De ahí que el hecho de que se hubiera desestimado la liquidación presentada resulte ajeno a la materia del presente cumplimiento. Asimismo, la inclusión de la prestación de aguinaldo en la cuantificación del salario diario en comento no fue determinada en la ejecutoria de amparo, por lo que tal cuestión integra los aspectos respecto de los que se otorgó plenitud de jurisdicción, al únicamente haber sido materia de concesión, como se destacó, lo relativo al fondo de ahorro, por lo que no existiría una base objetiva para analizar la omisión en la inclusión de dicha prestación en la resolución en comento, pues ello presupone que exista una consideración sobre tal aspecto en la ejecutoria de amparo. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que se estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. En atención con lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración, Regional remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo proveyó y firma Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. L'HHMB.

  2. Principal

    El veinte de septiembre de dos mil dieciséis, el secretario da cuenta a la Juez con el escrito registrado con el número 15979. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, signado por Gerardo Pérez Gutiérrez (quejoso) mediante el cual desahoga la vista que se le mando dar en proveído de nueve del mes y año en curso, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de este juicio; por tanto, se le tiene haciendo las manifestaciones que en ese sentido vierte, las que serán tomadas en cuenta una vez que transcurra el plazo a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretaria que autoriza y da fe. María del Carmen*

  3. Principal

    El cinco de septiembre de dos mil dieciséis, el secretario da cuenta a la juez con el oficio registrado con el número 15362. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Téngase recibido el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que la auxiliar dictamindadora de dicho órgano jurisdiccional se encuentra en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria y dada la complejidad de las operaciones aritméticas involucradas, solicita un plazo prudente para estar en posibilidad de acatar dicho fallo. Por tanto, en términos del último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se otorga el plazo de diez días para que la autoridad responsable dé cumplimiento a la resolución citada y remita las constancias que lo acrediten. Lo requerido bajo el apercibimiento que, de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a CIEN DÍAS de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo vigente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Aclarando que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR MEDIO DE LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Notifíquese. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con secretario que autoriza, licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla.- DOY FE. *María del Carmen*

  4. Principal

    En treinta de agosto de dos mil dieciséis, Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del quince al veintiséis del mes y año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 347/2016-6.- DOY FE. Asimismo, se certifica lo siguiente: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que no se apertura incidente de suspensión; y que no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Que existe un tomo de pruebas por devolver a la autoridad responsable. En la misma fecha el secretario da cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el quince de julio de dos mil dieciséis, por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, en la que se concedió al quejoso Gerardo Pérez Gutiérrez, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad, para que acate en sus términos el fallo protector de que se trata e informe sobre su cumplimiento dentro del término de TRES DÍAS, siguientes a la legal notificación de este auto y remita las constancias que así lo acrediten; esto es, "deje sin efectos la interlocutoria de quince de diciembre de dos mil quince, relativa al incidente de liquidación planteado dentro del juicio laboral 296/2008 y en su lugar emita otra debidamente fundada y motivada, en la que deberá tomar en consideración lo establecido en el laudo de veintiuno de mayo de dos mil quince, que determino la inclusión al monto del salario diario integrado la parte proporcional correspondiente al fondo de ahorro, para lo cual deberá otorgar el valor que corresponda a la documental ofrecida para tal efecto por el accionante del juicio natural y, hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda". Bajo el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada se les impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados; asimismo, no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Finalmente, devuélvanse a la junta responsable el original del expediente número 296/2008 que remitió en apoyo a su informe con justificación. Comuníquese la anterior circunstancia al Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en Culiacán, Sinaloa, para su conocimiento y fines legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza y da fe. María del Carmen*

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