Gerardo Pasillas Esparza
Expediente 371/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Oscar Guillermo Gutiérrez Guardado
- Gerardo Pasillas Esparza
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de once de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(IV)
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes, once de marzo de dos mil diecinueve. -Desecha demanda de amparo- Vista la demanda de amparo promovida por Gerardo Pasillas Esparza, contra actos del Juez Tercero de lo Civil del Estado; fórmese el expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de gobierno respectivo con el número 371/2019-IV. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, la interlocutoria de ocho de febrero de dos mil diecinueve, publicada el doce del mismo mes y año, mediante la cual la autoridad responsable resolvió el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por el promovente del amparo, en contra de la diligencia de ejecución realizada por los actuarios adscritos al Juzgado Tercero de lo Civil del Estado, en el expediente 994/2014 de su índice, declarándolo improcedente. La solicitud de la protección constitucional, resulta extemporánea. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. También ha sentado criterio en el sentido de que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, por haberse advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de modo que aun en el supuesto de admitirse ese escrito y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En la especie, de manera indudable y manifiesta se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17, del mismo ordenamiento. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. [...]". El artículo y fracción transcritos indican que el juicio de amparo será improcedente, cuando los actos reclamados sean consentidos en forma tácita, entendiéndose por tal consentimiento, aquellos actos contra los que no se hubiere promovido el juicio de derechos humanos, dentro de los plazos previstos para ello. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo, señala que el juicio debe promoverse dentro del plazo de quince días, salvo las excepciones siguientes: 1) Cuando se trate de normas de carácter autoaplicativo o el procedimiento de extradición, el plazo es de treinta días. 2) Se reclame una sentencia definitiva en un procedimiento penal que imponga una pena de prisión, el plazo es de hasta ocho años. 3) Cuando se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. 4) Cuando el acto reclamado implique un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo. A su vez, acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de derechos debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o su ejecución; o c) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto que se reclama. Ahora, el acto reclamado lo constituye la interlocutoria dictada por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Civil del Estado, el ocho de febrero del año en curso, en el juicio 994/2014, en la que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, propuesto por el quejoso Gerardo Pasillas Esparza, contra la diligencia de entrega de bienes. En ese tenor, dicho acto no es de aquellos contemplados en las excepciones señaladas por las fracciones I a IV del referido artículo 17, pues no se reclama normas autoaplicativas o un procedimiento de extradición, tampoco una sentencia definitiva condenatoria en materia penal ni afecta a un núcleo ejidal y tampoco aplica la última de las fracciones; aunado a que no se cuestionan actos privativos de la vida, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni ataques a la libertad fuera de procedimiento. Por consiguiente, el término para promover la demanda contra el acto reclamado, es de quince días hábiles, el cual se computará, acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente al en que surtió efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución reclamada. En ese tenor, cabe mencionar que el artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, dispone que las notificaciones surtirán efectos: I) desde el mismo día en que se hayan practicado tratándose de las que deben hacerse personalmente o tratándose de emplazamientos; y II) las demás desde el día siguiente al de la fijación de la lista de acuerdos correspondiente. En mérito de lo expuesto, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso refiere bajo protesta de decir verdad que la resolución reclamada de ocho de febrero del año en curso, fue publicada el doce de los mismos mes y año; lo que constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria Así, el plazo para promover el juicio de amparo inició el catorce de febrero de dos mil diecinueve y concluyó el seis de marzo del mismo año, con exclusión de los días inhábiles, como se ilustra a continuación: Días inhábiles Febrero-Marzo 2019 LUN MAR MIÉR JUE VIE SÁB DOM 11 12 notificación 13 Surte efectos 14 (1) 15 (2) 16 17 18 (3) 19 (4) 20 (5) 21 (6) 22 (7) 23 24 25 (8) 26 (9) 27 (10) 28 (11) 1 marzo (12) 2 3 4 (13) 5 (14) 6 (15) 7 Presentación de la demanda de amparo (fuera de plazo) 8 9 10 Luego, la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el siete de marzo de dos mil diecinueve, tal como consta en el sello de recepción de la demanda; entonces su presentación ocurrió fuera del término de quince días que para tal efecto establece el multicitado numeral 17 de la ley de la materia. De ahí que se actualice el supuesto contemplado en el artículo 61, fracción XIV, de la ley reglamentaria en consulta; por consiguiente, el presente juicio de amparo es improcedente. Resulta aplicable el criterio contenido en la Tesis: P./J. 27/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, página 57, que literalmente establece: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. -Domicilio- Por otra parte, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo. -Autorizados- Téngase como autorizada legales en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Blanca Yazmin Montoya González, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se tiene como autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Alan Eduardo Zamarripa López y Gerardo de Jesús Pérez Martínez toda vez que no acreditaron los extremos del párrafo anterior. -Habilitación de horas- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, asistido de la Secretaria Alejandra Lizeth Barraza Canales, quien autoriza y da fe, dentro del juicio de amparo 371/2019-IV. Juez SecretariaDircio
- Principal
Se notifica por lista al quejoso en términos del proveído de once de Marzo del dos mil diecinueve. "...Vista la demanda de amparo promovida...De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano...En la especie, de manera indudable y manifiesta se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17, del mismo ordenamiento... consecuentemente procede desechar de plano la demanda de amparo... por notoriamente improcedente..." (IV)
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