Gerardo Pascacio Gómez y Otros.
Expediente 1095/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1095/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2018
Partes del expediente
- Gerardo Pascacio Gómez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada dentro de la queja ***, así como copia certificada del juicio de amparo 1095/2018, del índice de este Juzgado. Acúsese recibo. Dicho tribunal declaró INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de siete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 19 a 25), mediante el cual se desechó de plano por notoria improcedencia la demanda interpuesta; hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes. Con base en lo previsto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que se desechó de plano; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que el mismo consta de las copias del expediente en que se actúa, por lo que se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 23485/2018 del índice de este juzgado, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, radicándolo con el número ***. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA contra el auto de siete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 19 a 25), en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este órgano de control constitucional emitió el acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de notificar a la totalidad de las partes la interposición de la queja, puesto que el recurso es contra el desechamiento de la demanda y por ende, no se dio intervención a las demás partes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Fiscal de Distrito Centro perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas. 2. Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas. 3. Subdirección de Servicios Periciales de la Fiscalía de Distrito Centro perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1095/2018-2-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . En el caso particular, el quejoso señala como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables de ejercer acción penal en el registro de atención ***, la negativa y omisión de realizar los peritajes ordenados en el citado expediente; sin embargo, quien ahora resuelve, estima que el juicio de amparo intentado, resulta improcedente. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, se tiene que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo fracción XXIII del artículo, 61, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; preceptos que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. El aludido precepto 61 de la ley en cita, en su fracción XXIII, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio protector de derechos humanos, tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. Por su parte, el diverso numeral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: Artículo 20. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido. [...] II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Dicho precepto constitucional prevé los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, mismo que reconoce los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destaca el derecho a impugnar a través de la vía jurisdiccional, entre otros actos, las determinaciones del Ministerio Público, así como las omisiones de investigar los delitos. Por tanto, constituye un derecho fundamental de la víctima u ofendido el impugnar las omisiones y determinaciones que el Ministerio Público puede emitir en la investigación de los delitos. De ahí que, de la interpretación sistemática realizada a ambos preceptos, se desprende el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual refiere a la exigencia de agotar los recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Ahora, la hipótesis -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que el acto impugnado puede ser modificado, revocado o anulado, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, el recurso denominado control judicial, previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. ***
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