Gerardo Pallares Sánchez
Expediente 1061/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1061/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gerardo Pallares Sánchez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, mediante el cual remite copia del testimonio de la resolución de diez de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el conflicto competencial 85/2022 de su índice. La resolución emitida por la Superioridad en sus puntos resolutivos señala lo siguiente:"PRIMERO: Sí existe conflicto competencial entre el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. SEGUNDO. Se declara la competencia legal del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, para conocer de la demanda de amparo". Lo anterior, de lo que se toma debido conocimiento para los efectos legales conducentes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que no se aceptó la competencia declinada, de conformidad con el artículo 21, inciso j) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, por medio del cual comunica que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl y este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo, el cual fue registrado con el número 85/2022-V; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, al que inserta el proveído veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, del que en lo que aquí interesa, se advierte que planteó conflicto competencial debido a que este juzgado de Distrito no aceptó la competencia, por lo que remitió los autos originales de dicho expediente al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en el Estado de México, a fin de que resuelva el citado conflicto; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, al cual adjunta los autos originales del juicio de amparo 963/2022 de su índice, promovido por Gerardo Pallares Sánchez, con cinco copias simples de demanda y seis del escrito de desahogo, del que se aprecia el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el que declaró su incompetencia por territorio para conocer del citado juicio de amparo. Acúsese recibo. NO SE ACEPTA INCOMPETENCIA De la misiva de cuenta se advierte que el Juzgado oficiante declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que remite, por considerar que los actos reclamados tienen ejecución en el municipio de Melchor de Ocampo, Estado de México, localidad que se ubica dentro del territorio en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Bajo ese orden de ideas, con el propósito de decidir si corresponde a este órgano jurisdiccional conocer del asunto que nos ocupa, debe señalarse que de la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que el justiciable señaló como actos reclamados: la orden de detención y/o presentación y/o citación y/o retención con la que se pretenda privar de su libertad. Además, cabe precisar que dichos actos los atribuye a las siguientes autoridades: ORDENADORA -AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO MESA CUARTA DE TRÁMITE NEZAHUALCÓYOTL DE LA FISCALÍA REGIONAL DE NEZAHUALCÓYOTL, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN D2 EJECUTORAS -GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO -SECRETARIO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. Así, debe destacarse que la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público que debe ser analizado de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, con la finalidad de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio constitucional. Sentado lo anterior, es importante tener en cuenta el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El numeral transcrito establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia, las cuales son las siguientes: a) Será competente el Juez de Distrito en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. c) Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiere ejecución material. De lo anterior, puede obtenerse que por regla general la competencia para conocer de un juicio de amparo se rige atendiendo a la ejecución del acto reclamado. En la inteligencia que los actos reclamados que tengan ejecución material en un solo lugar, brindarán competencia para resolver el juicio al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en ese sitio. Mientras que, los que puedan tener ejecución material en más de un lugar, generarán la competencia para resolver el juicio de amparo al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en cualquiera de esos lugares, por lo que resolverá el asunto quien hubiera prevenido en su conocimiento. Por tanto, se considera que es necesario para estimar actualizada la primera de las hipótesis en comento, tener certeza del lugar en el que debe tener ejecución, se está ejecutando o se vaya a ejecutar el acto reclamado, en caso contrario el Juez de Distrito no debe declinar el conocimiento del asunto. En el caso concreto, se estima que los actos reclamados al consistir en diversas órdenes de captura, son de aquellos que requieren de ejecución material para su cumplimiento (privar de la libertad al imputado para ponerlo a disposición del juzgador requirente); además, que dichos actos son de consumación instantánea, pues se agotan con la captura del quejoso por parte de los elementos policiacos que hayan sido comisionados para esa finalidad. Ahora, de lo plasmado en la demanda se aprecia que el quejoso refiere que tuvo conocimiento el veintidós de agosto de este año, toda vez que aduce que se presentaron dos elementos de la policía municipal de Cuautitlán, México, en el domicilio particular de parientes de su cónyuge a efecto de entregarle un citatorio dirigido al impetrante. Por su parte, en el capítulo de autoridades responsables se desprende que señaló con el carácter de ejecutoras a las siguientes: "General de la Policía de Investigación del Estado de México" y "Secretario de Seguridad del Estado de México"; autoridades cuyas funciones pueden desplegarse en toda esta entidad federativa, sin perjuicio de la comisión que de manera indistinta sea dirigida a determinada sede, subdelegación o dirección regional de la policía ministerial para ejecutar los actos reclamados, pues es inconcuso que las órdenes privativas de la libertad que se combaten a través del presente sumario podrían materializarse en cualquier lugar donde el quejoso sea localizado, es decir, ya sea en su domicilio convencional, en el inmueble en el que aduce que fue buscado o en el que señala en su demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, estos últimos ubicados en Tultitlán o Melchor Ocampo, Estado de México o en algún otro municipio de la entidad -e incluso en cualquier parte de la República Mexicana, previa solicitud o convenio de colaboración entre las instituciones de procuración de justicia-. En consecuencia, se considera que en el caso se actualiza el supuesto de competencia previsto en el artículo 37, segundo párrafo, de la ley de la materia, es decir, quien resulta competente para conocer de la demanda que se provee es el Juez de Distrito que previno en su conocimiento. Lo anterior, pues hasta el momento no se cuenta con dato objetivo que permita vislumbrar con exactitud que el único lugar en que pueden ejecutarse los actos reclamados sea el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, pues si bien éstos ameritan ejecución material, con independencia de que el amparista señale que en dicha localidad se pretende realizar su detención, en ese supuesto la competencia se estaría fijando con base en un único dato, siendo que las autoridades señaladas como ejecutoras pueden actuar en toda la entidad mexiquense, por ello, se estima que opera la regla prevista en el numeral 37, párrafo segundo de la normatividad de la materia, conforme a la cual debe conocer el Juez de Distrito que previno de la demanda de amparo. Sirve de apoyo, la tesis I.10o.P.34 P (10a.), del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que establece: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN, CUANDO POR NO HABERSE DESAHOGADO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO SE HAN IMPUGNADO LOS INFORMES JUSTIFICADOS Y, POR TANTO, NO HA DESAPARECIDO LA POSIBILIDAD DE QUE SE EJECUTE EN MÁS DE UN DISTRITO. EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PRESENTE LA DEMANDA. Del precepto y párrafo indicados se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. De esta manera, si se trata de la orden de aprehensión, y en los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y, acorde al momento procesal del juicio, aún no se ha desahogado la audiencia constitucional en la que pudieran impugnarse los informes y, así, desvirtuarse esa negativa, es inconcuso que no ha desaparecido la posibilidad de ejecución en más de un Distrito y, por tanto, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito ante quien se hubiere presentado la demanda." No pasa inadvertida la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE." Sin embargo, se estima que dicho criterio es inaplicable al presente asunto, porque en el mismo se interpretó el artículo 36 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, es decir, la legislación de la materia abrogada, cuyo texto en esa época, en concreto, el segundo párrafo disponía: "si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente", motivo por el cual en casos análogos como el que ahora es materia de estudio, para efectos de fijar la competencia del Juzgado de Distrito, se recurría al párrafo primero del citado arábigo 36 ibídem que disponía: "cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado". Por ende, era válido considerar tanto la manifestación que el quejoso realizaba en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que en su domicilio (ubicado dentro de la jurisdicción territorial del Juzgado ante quien se promovió la demanda) se trató de ejecutar el acto reclamado, así como la necesidad del señalamiento expreso de que la autoridad o autoridades ejecutoras tienen residencia en ese mismo sitio, de lo contrario el solo domicilio era insuficiente para justificar su competencia. A diferencia del texto actual del ahora artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, cuyo segundo párrafo indica que "si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda", lo que evidencia que prevé una posibilidad de ejecución en más de un distrito judicial, y ante ello, incorpora una regla específica de competencia territorial a prevención (no obstante que en la exposición de motivos del nuevo texto no se hace ninguna referencia que permita dilucidar alguna intención especial del legislador). Máxime que el solo domicilio del quejoso es insuficiente para justificar la competencia de un órgano de amparo, ya que de considerarse así, equivaldría dejar al arbitrio del peticionario la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 12/95, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, que establece: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." Consecuentemente, se estima respetuosamente que en su caso, el homólogo federal debe esperar a contar con mayores datos, durante la tramitación del juicio, con el fin de que se obtenga sin lugar a dudas que las señaladas autoridades ejecutoras no materializarán el acto en su lugar de residencia o que se obtenga un dato fehaciente de que la ejecución únicamente se verificará dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción o alguno diverso. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia PC.I.P. J/39 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución." Similares consideraciones sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 7/2022, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; así como en el conflicto competencial 5/2022 resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, en el conflicto suscitado entre este órgano jurisdiccional, y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. En tales condiciones, este juzgado no acepta la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo promovida por Gerardo Pallares Sánchez; por consiguiente, DEVUÉLVANSE LOS AUTOS al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, para que provea lo que en derecho corresponda y tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional para hacer lo propio. Consecuentemente, FÓRMESE EL CUADERNO DE ANTECEDENTES respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese por lista.
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