Gerardo Ortega Gutiérrez

Expediente 376/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
376/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Gerardo Ortega Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro electrónico que se lleva en el departamento de oficialía, no se tiene registro de promoción alguna que indique que la parte quejosa recurriera el auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo que dio origen a este sumario, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que fue notificada el cuatro de ese mismo mes y año, quedando comprendido dicho plazo del ocho al doce de los citados mes y año. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es DESTRUIBLE, a partir de los tres años del presente acuerdo de archivo.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Gerardo Ortega Gutiérrez, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, por violación a diversos preceptos constitucionales. El Juez acuerda:********************SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.********************REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 376/2023.********************INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde.********************IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.********************En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es.********************Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO."********************Expuesto lo anterior, en el caso particular que se atiende se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y el ordinal 107, fracción III, Constitucional, toda vez que la determinación reclamada no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución al fallo definitivo.********************Lo anterior es así, ya que el acto reclamado se hace consistir en la orden de escrituración en rebeldía respecto a la adjudicación sobre el inmueble ubicado en calle Santa Juana de Arco número 20417, fraccionamiento Privadas Santa Teresa, de esta ciudad, en ejecución al fallo condenatorio dictado en el juicio sumario civil hipotecario 811/2019 del índice interno del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, y como se indicó dicha determinación no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución del fallo definitivo. ********************En efecto, de los dispositivos antes mencionados se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia y gocen de autonomía a la cosa juzgada o vulneren derechos sustantivos de las partes, en las siguientes hipótesis:********************a) Contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y********************b) En los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados.********************En la inteligencia de que, en ambos supuestos, se harán valer las violaciones cometidas durante dichos procedimientos. ********************Al respecto, resulta oportuno citar el criterio emitido en la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." ********************Ahora bien, la parte quejosa pretende a través del juicio de amparo que promueve, que se analice la orden de escrituración en rebeldía del inmueble en litigio, a fin de que se ponga en posesión real y material el inmueble de referencia a la parte actora, ello con la finalidad de que ésta no se practique; acto que no encuadra dentro de los supuestos de excepción antes precisados pues su finalidad es impedir la ejecución de la sentencia aduciendo que nunca se tramitó un incidente de ejecución de sentencia, por lo cual es un acto que, interpretado a contrario sensu, comparte la naturaleza de aquellos que se han considerado dentro de la regla general (que tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia), ya que pretende impedir la ejecución alegando violación en la orden de adjudicación y escrituración, cuya finalidad es lograr el cumplimiento de la sentencia.********************Si bien, en principio, pudiera considerarse que el acto reclamado se ubica en el párrafo identificado con el inciso b) anterior, la realidad es que en un caso concreto, esa última resolución en el procedimiento de remate consistió en la que ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación y no la ocurrida con posterioridad, es decir, la que se emitió ante la rebeldía del ejecutado de otorgar de manera voluntaria la escritura pública, lo que trajo como consecuencia, la orden de que se otorgue por el juzgador a fin de superar dicha rebeldía, porque este acto ya se ubica en el supuesto de procedencia a que alude el primer párrafo del citado artículo 107 de la Ley de Amparo.********************Por lo que, no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia.********************Cabe señalar que si bien es cierto que los actos dictados en la fase de cumplimiento de la sentencia no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan; también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia se determina no por el aspecto procesal formal de haber dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio.********************En consecuencia, si la finalidad de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, es evidente que ello opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado; y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia.********************Además, tampoco afecta derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, ya que al tratar de combatir el auto que ordena la escrituración en rebeldía del bien inmueble materia de la Litis, para lograr la entrega del bien al actor, es con motivo de la ejecución de la sentencia definitiva; esto es, la referida orden no es ajena a la cosa juzgada en la sentencia de fondo que le puso fin al juicio de origen; con dicho acto, no se está privando a la parte quejosa de ningún derecho fundamental, pues la orden de escrituración, únicamente tiene como finalidad lograr la entrega del bien que ya fue materia de la sentencia definitiva, ante el desacato de la parte actora en el cumplimiento.********************Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción V, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución; por lo que resulta evidente que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu.********************Bajo esas premisas es dable concluir que la orden de escrituración en rebeldía que reclama la parte quejosa no es la última determinación emitida en la etapa de ejecución a la sentencia dictada en el expediente 811/2019 del índice interno del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. ********************Aunado lo anterior, es importante destacar que el impetrante no es ajeno al juicio natural, pues en el juicio de amparo 620/2022 del índice de este órgano jurisdiccional promovido por el aquí quejoso, reclamó la falta de emplazamiento al juicio sumario civil hipotecario número 811/2019 y sus consecuencias jurídicas, en el que se le negó el amparo y protección de la justicia federal, al quedar de manifiesto la legalidad del emplazamiento en el juicio sumario civil hipotecario 811/2019. ********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN.********************DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente y manifiestas las causales de improcedencia previstas en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracciones IV, párrafo segundo, y V, de la ley de la materia, y con el ordinal 107, fracción III, constitucional, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal. ********************Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO."********************Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.********************DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, colonia ********************de esta ciudad; y por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos de la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ********************y ********************por no encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales.********************Se le tiene señalando el correo electrónico lic.master@live.com.mx.********************COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente.********************COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio.********************PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea".********************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. ********************LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

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