Gerardo Oliver Ramírez y Otros.

Expediente 410/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
410/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Gerardo Oliver Ramírez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja en contra del auto de diecisiete de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en cumplimiento al artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ************, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Celaya, Guanajuato, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 410/2021-VI. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que, con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional esencialmente se hace consistir en: PRIMERO: de la autoridad ordenadora, juez, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto civil, así como del juez primero menor, segundo menor, tercero menor, cuarto menor, quinto menor, sexto menor, de partido judicial de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, reclamo el acto mediante el cual ordena el embargo y la posesión material del inmueble ubicado en la calle ************ de esta ciudad, siendo que el que suscribe tengo la posesión material, en calidad de subarrendatario, del inmueble antes descrito. SEGUNDO: de la autoridad ejecutora, jefa de la oficina central de actuarios, reclamo el cumplimiento o ejecución de embargo y posesión material, que ordenan las autoridades en su calidad de ordenadoras que se describe en el párrafo anterior." Ahora, de los antecedentes que señaló el quejoso en su escrito de demanda, se advierte que el veintiuno de enero de este año, celebró ante notario público, un contrato de subarrendamiento con ************, respecto del cincuenta por ciento del inmueble ubicado en la calle **************, de esta ciudad, quien a su vez tenía un contrato de arrendamiento celebrado con ****************; que estos datos los sabe el promovente porque así quedaron establecidos en las declaraciones del contrato de subarrendamiento, señalando que el pago mensual sería por la cantidad de ocho mil quinientos pesos. Señaló también el quejoso, que el viernes once de junio de este año, el hijo de su subarrendador se presentó al inmueble motivo del contrato, diciéndole que tenía que desocupar y sacar sus cosas a la brevedad, porque ya un Juez civil había ordenado el embargo y la entrega material del bien inmueble, sin proporcionarle mayores detalles al respecto. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que el referido acto reclamado, por sí solo, no causa al quejoso un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio de amparo establece el artículo 6º de la Ley de Amparo, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que lo legitime para solicitar la protección de la justicia federal, en virtud de que no fue emitido en su contra. En efecto, conforme a lo manifestado por la quejosa en su demanda de amparo y las documentales que acompañó, se advierte que los derechos de posesión que dice detentar respecto del inmueble ubicado en la calle ***********, de esta ciudad, derivan del subarrendamiento que dice haber celebrado el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, con ********** como arrendador. Por ende, este Juzgado Federal, considera que el promovente no acredita el interés jurídico para solicitar la protección constitucional, toda vez que, en el caso, el arrendador **************, es causante de los derechos de posesión que ostenta el aquí peticionario de amparo, de ahí que existe una relación de causa-efecto y, por consecuencia de lo anterior, queda sujeta a las resultas del juicio natural. En ese orden de ideas, cabe señalar que la quejosa en su escrito de demanda no manifestó que celebró el subarrendamiento con Salvador Dueñas Andrade, con la aprobación o autorización por la parte arrendadora del inmueble en cuestión; además, tal circunstancia tampoco fue asentada en la documental que acompañó el impetrante a su demanda y de la cual hace derivar la posesión que pretende defender en esta instancia constitucional. En este sentido, debe tenerse presente que el arrendamiento es un contrato bilateral por medio del cual surgen derechos y obligaciones para ambas partes arrendador y arrendatario; dentro de ellas se encuentra la prohibición con respecto al subarrendamiento, salvo pacto en contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 1904 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, el que por su importancia enseguida se transcribe: Art. 1904. El que no fuere dueño de la cosa podrá arrendarla si tiene facultad para celebrar ese contrato, ya en virtud de autorización del dueño, ya por disposición de la ley. En el primer caso la constitución del arrendamiento se sujetará a los límites fijados en la autorización y en el segundo a los que la ley fija." De tal forma, se puede inferir que, mientras no exista una autorización expresa para ceder, transmitir o subarrendar en todo o en parte el inmueble en cuestión, el obligado frente a la arrendadora siempre seguirá siendo el arrendatario. Lo anterior es así, para dar certidumbre jurídica al arrendador, respecto de qué personas o quién se encuentra en el uso y goce de la localidad en cuestión. Entonces, se puede colegir que en el presente caso, el quejosa resulta ser causahabiente del demandado en el juicio natural, por lo que en consecuencia debe cargar con las obligaciones derivadas de los actos jurídicos realizados por su causante de ahí que no puede considerarse que se encontraba en una situación de indefensión frente al arrendador en el juicio natural, puesto que al encontrarse sus intereses supeditados a los del propio arrendatario, el quejoso carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo, por lo que no puede ostentarse como tercero extraño a ese juicio de origen. Así, resulta evidente que el acto reclamado no afecta la esfera jurídica del quejoso, pues para que un acto de autoridad cause perjuicio al gobernado que acude al juicio de amparo, se hace indispensable que dichos actos lesionen directamente sus intereses jurídicos, supuesto que en el presente caso no se actualiza, debido a que el juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario, la parte demandada es la que en su caso tendrá que desocupar y entregar a la parte actora el inmueble materia de la litis, pues aún cuando se duele del hecho de que celebró subarrendamiento y que por ese hecho se le está privando de sus derechos que como subarrendatario le asisten, lo cierto es que a él no se le afecta el derecho que dice tener, para dilucidarse en un juicio de controversia de arrendamiento. Por las razones que se han precisado, no constituye obstáculo para el criterio establecido en el presente asunto, la existencia de la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS.". Lo anterior, debido a que este órgano jurisdiccional, estima que resulta ocioso tramitar un juicio de amparo cuando de la demanda de amparo se advierte de forma manifiesta e indudable su improcedencia, ya que los hechos que narra el propio quejoso y las constancias que acompañó a su escrito de demanda, se hace evidente la no afectación a su interés jurídico, hechos que ya no pueden ser variados dentro del procedimiento. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Tomando en consideración que el promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. De igual forma, téngasele autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Abineda Vera y Tania Carolina Miranda Herrera al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano