Gerardo Ocampo Guadarrama

Expediente 1381/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1381/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
09/11/2015

Partes del expediente

  • Gerardo Ocampo Guadarrama

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de noviembre de dos mil quince. Visto el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por medio del cual remite copia certificada del acuerdo de tres de noviembre de dos mil quince, en el que certifica que no se pudo llevar acabo el desahogo de la Prueba de Ratificación de Contenido y Firma, toda vez que a dicha audiencia no fue presentada Juana Maza García, por lo cual la junta señala nueva fecha para su desahogo, ordenando por oficio a la Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano Estatal del Estado de Morelos, para que en su auxilio por conducto de la fuerza pública se constituya en el domicilio Calle Victoria Número 4 Colonia Centro Huitzilac, Morelos, para que presente ante la junta en mención a Juana Maza García. Atento a lo anterior, se requiere a la Presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que remita copia certificada del oficio, mediante el cual requiere a la Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano Estatal del Estado de Morelos, para que presente a Juana Maza García. En el entendido que de hacer caso omiso, se procederá en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la Licenciada Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1381/2015-III-B, promovido por Gerardo Ocampo Guadarrama, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su presidente ejecutor; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el quince de julio de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada ese día a este juzgado, Gerardo Ocampo Guadarrama solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su presidente ejecutor. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de dieciséis siguiente, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se mandó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Luego, se ordenó emplazar a los terceros interesados. Seguida la secuela procesal, por auto de diecisiete de septiembre se fijaron las nueve horas con veintitrés minutos del quince de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y residen las autoridades a las que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Precisa el Alto Tribunal, que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, de la lectura integral de la demanda tenemos que el acto reclamado consiste en: La omisión de las responsables de pronunciarse sobre la procedencia y aplicación de la sanción de multa con que se apercibió a los condenados por auto de seis de abril de dos mil quince, en el conflicto laboral 01/668/09. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el presidente del tribunal al rendir el informe justificado (fojas 34 a 37). No es óbice a lo anterior su argumento en el sentido que el veintitrés de julio de dos mil quince se acordó la promoción presentada por la parte quejosa el nueve de junio actual, pues la existencia del acto reclamado debe analizarse por regla general, conforme a la fecha de presentación de la demanda, por lo que es inconcuso que el acto existe, en razón de que ésa se presentó el quince de julio de dos mil quince y la respuesta es de veintitrés siguiente. Es aplicable la siguiente jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. Se actualiza la causa [de improcedencia] prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Ahora, se dan las razones que fundan la improcedencia. El quejoso reclama la omisión de las responsables de pronunciarse sobre la procedencia y aplicación de la sanción de multa con que se apercibió a los condenados por auto de seis de abril de dos mil quince, en el conflicto laboral 01/668/09, para el caso de incumplir con el requerimiento de pago contenido en el propio acuerdo. Con su informe justificado, el presidente del tribunal exhibió copia certificada de diversas constancias del conflicto laboral 01/668/09; la que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Del examen de las constancias tenemos que a través de la promoción de nueve de junio de dos mil quince (fojas 51 y 52), la parte quejosa solicitó al presidente del tribunal, convocar a sesión de pleno para hacer efectivo a los condenados, el apercibimiento dictado en auto de seis de abril de dos mil quince, consistente en la multa prevista por el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Mediante el auto de seis de abril de dos mil quince [referido por la parte actora en su promoción], el presidente ejecutor comisionó al actuario para que en compañía de la parte actora, se constituyera en el domicilio de los demandados y les requiriera el pago de la condena, apercibidos que de no hacerlo, el pleno del tribunal les haría efectiva la sanción consistente en multa, de conformidad con el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos (fojas 45 y 46). A la promoción de nueve de junio actual recayó el acuerdo de veintitrés de julio de dos mil quince, por el que el presidente fijó las once horas con cuarenta y cinco minutos del once de septiembre de dos mil quince, para que el tribunal deliberara sobre la sanción (foja 53). En ese tenor, por oficio 006935/2015, el presidente del tribunal envió copia certificada del acta de sesión extraordinaria de once de septiembre de dos mil quince (fojas 70 a 74). La sesión derivó de la citación efectuada por auto de veintitrés de julio de dos mil quince. En ella, el pleno del tribunal se pronunció sobre la aplicación de la multa prevista por el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con cuya imposición apercibió a los condenados a través del auto de seis de abril del año en curso, para el caso de incumplimiento de pago. Cabe mencionar que declaró procedente su imposición. Luego, la determinación tomada por el pleno del tribunal en la sesión de once de septiembre de dos mil quince, en torno a la imposición de la multa a los condenados, trajo como consecuencia la cesación del acto reclamado, pues este consistía en la omisión de resolución sobre la aplicación o no de la aludida sanción, de modo que los efectos del acto fueron destruidos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso, o si la irrumpió (durante el tiempo que subsistió), al cesar no dejó ninguna huella. Conviene precisar que la improcedencia del juicio de amparo por cesación de efectos, no ocurre únicamente cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto reclamado, antes, bien puede darse cuando sobreviene una causa que destruye los efectos del acto, en el caso concreto, esa causa es la resolución adoptada por el tribunal en la sesión de once de septiembre de dos mil quince, máxime que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó rastro alguno en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrado por el otorgamiento del amparo. Sirven de apoyo estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 46 de 80 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pág. 38 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tesis: 2a./J. 9/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196820 28 de 127 Segunda Sala Tomo VII, Febrero de 1998 Pág. 210 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. La autoridad responsable alega otras causas de improcedencia, pero su estudio es ocioso en razón que encontrar fundada alguna otra, no variaría el sentido de la resolución. No pasa desapercibido que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, debe darse vista a la parte quejosa para que, en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, sin embargo, dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero, que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo como indirecto y, en el juicio biinstancial no existen órganos inferiores. A mayor razón, el juzgador está facultado para pronunciarse sobre las causales de improcedencia que se adviertan en el juicio de amparo, pues así lo autoriza el artículo 62 de la ley de la materia, causales que permiten, por una parte, sobreseer el juicio y, por otra, desechar de plano la demanda. Luego, la aplicación de lo dispuesto por el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está reservada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito. La jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.) ilustra el razonamiento que precede: Tesis: P./J. 51/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007920 1 de 1 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 24 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia. Las tesis invocadas en este fallo que aluden a artículos de la abrogada Ley de Amparo, se citan en términos del artículo sexto transitorio de la actual ley (de Amparo). QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gerardo Ocampo Guadarrama, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones indicadas en el considerando cuatro. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe. Doy fe

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de septiembre de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio número 3983 signado por el Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual solicita copia simple legible de los avisos recibo y de los comprobantes de pago expedidos por la Comisión Federal de Electricidad por concepto de pago de Derecho de Alumbrado Público expedidos a favor de la quejosa, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Atento a lo anterior a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, se solicita a la parte quejosa exhiba los avisos recibos expedidos por la Comisión Federal de Electricidad, del periodo del treinta y uno mayo de dos mil catorce a treinta de junio de dos mil catorce materia del presente juicio de amparo así como los comprobantes de pago. Se otorga a la parte quejosa un plazo de CINCO DÍAS contados a partir de su notificación para la exhibición de la documentación requerida, en el entendido de que de no exhibir la documentación solicitada, el cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, se dilatará en su perjuicio. No obstante lo anterior, dígasele al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, que al margen de que la parte quejosa exhiba los comprobantes solicitados tiene el deber de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, y de requerir información para el cumplimiento (como la solicitada) debe requerirla a la Comisión Federal de Electricidad, pues jurídicamente está obligada a cumplir con la sentencia de amparo. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.***

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Juez de Primera Instancia, Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual informa los actos que realiza para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Finalmente, respecto de dicho oficio, este juzgado se reserva acordar lo conducente hasta en tanto se haga un pronunciamiento sobre la ejecutoria de la sentencia de amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.

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