Gerardo Núñez Mérida

Expediente 1215/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1215/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
09/12/2021

Partes del expediente

  • Gerardo Núñez Mérida

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Por recibida la demanda de amparo promovida por Genaro Núñez Mérida, por propio derecho, contra actos del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1215/2021-VII. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, es pertinente destacar que en la especie de la lectura integral de la demanda se desprende que el quejoso reclama esencialmente: La orden de aprehensión librada en su contra y, su ejecución. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.". DESECHAMIENTO Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Hecha tal precisión, este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por la parte quejosa se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados, los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos ... Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija, o bien al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo, asimismo, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Ahora bien, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto el artículo 18 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", la que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española Larousse, Ediciones Larousse, Primera Edición, página 465, significa "exclusión, alternativa o contraposición", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. De lo expuesto, es válido afirmar que respecto del citado acto combatido, el ahora quejoso tuvo conocimiento desde el diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, fecha en la que se enteró por amigos y familiares que diversas personas solicitaron información sobre él y que se presentaron en su domicilio policías ministeriales con el fin de platicar con él y hacerle entrega de documentos, pues así lo manifestó expresamente bajo protesta de decir verdad en su demanda, tal como se advierte de lo que se transcribe a continuación: Manifestación que debe considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." También es aplicable en lo conducente, la tesis publicada en la página 652, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sección segunda, precedentes del Tribunal Pleno, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computarán desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En ese sentido, es dable considerar que el diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, el peticionario de amparo tuvo conocimiento del acto que ahora reclama; lo cual evidencia que se actualiza la hipótesis normativa establecida en el segundo supuesto que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo; es decir, el plazo de quince días debe computarse a partir del siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Entonces, si el promovente de amparo conoció de tal acto desde el diecisiete de octubre de dos mil veintiuno, el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de amparo empezó a computarse el dieciocho siguiente y feneció el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, sin contar los días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia, 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el uno y dos de noviembre del año en curso, de acuerdo a la circular 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como se ejemplifica en el siguiente cuadro. OCTUBRE 2021 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DÍA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA ORDEN RECLAMADA 18 DÍA UNO 19 DÍA DOS 20 DÍA TRES 21 DÍA CUATRO 22 DÍA CINCO 23 INHÁBIL 24 DÍA INHÁBIL 25 DÍA SEIS 26 DÍA SIETE 27 DÍA OCHO 28 DÍA NUEVE 29 DÍA DIEZ 30 INHÁBIL 31 INHÁBIL NOVIEMBRE 2021 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 INHÁBIL 2 INHÁBIL 3 DÍA ONCE 4 DÍA DOCE 5 DÍA TRECE 6 7 8 DÍA CATORCE 9 DÍA QUINCE ÚLTIMO DIA PARA PRESENTAR LA DEMANDA 10 11 12 13 14 15 INHÁBIL 16 17 18 19 PRESENTA DEMANDA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 De lo que se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo para promover la presente demanda, pues la misma fue depositada en buzón judicial el diecinueve de noviembre del año en curso; de ahí que, resulta incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, en relación con el diverso artículo 18 de la legislación de amparo, por las razones anteriormente expuestas. Es aplicable la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." No constituye un obstáculo a lo anterior, la ejecución del acto reclamado, aun cuando ésta se traduzca materialmente en que el peticionario de amparo sea privado de su libertad personal; máxime que, a pesar de esa condición, el quejoso deben someterse o sujetarse, entre otros supuestos, a los plazos establecidos en la Ley de Amparo- pues la orden de captura que combate es atribuida a autoridades judiciales del procedimiento penal. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Tomo I, Mayo de 2015, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Así como la tesis I.9o.P.85 P (10a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1718, Tomo II, Julio de 2015, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL PERMITIR QUE TRATÁNDOSE DE ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AQUÉLLA SE PROMUEVA EN EL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, NO ES INCOMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. El artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, al establecer que cuando el acto reclamado implique, entre otros, peligro de privación de la vida o ataques a la libertad fuera de procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse en cualquier tiempo, permite que tratándose de actos privativos de la libertad dentro de aquél, la demanda debe promoverse en el término genérico de quince días, no obstante, ello no es incompatible con los estándares establecidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales, ya que se trata de un precepto de naturaleza predominantemente procesal que tiene por objeto conservar la Norma Constitucional, lo que realiza al establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo contra actos dentro del procedimiento, y busca equilibrar los derechos humanos tanto del sentenciado como de las víctimas, sin generar al afectado un obstáculo desproporcionado que impida a alguna de las partes ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso a la libertad deambulatoria, por lo que la circunstancia de establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo aun en tratándose de actos privativos de la libertad, obedece a una finalidad legítima, además de que con ello delimita razonablemente el derecho de acceso efectivo a la justicia, con lo que se logra un mejor equilibrio entre la prerrogativa fundamental y los derechos de las víctimas de una conducta delictiva, incluso con la regulación del plazo para acudir al juicio de amparo se rige el principio de progresividad, dado que para el ejercicio del mencionado derecho humano de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, es determinante contar con un plazo razonable que permita ejercer la principal garantía para la protección de los derechos humanos. Aunado a que con ello, se brinda seguridad jurídica a la víctima del delito, ya que la indefinición sobre la pervivencia jurídica de no establecerse término para promover juicios de amparo contra actos privativos de la libertad dictados dentro de un procedimiento, implica una afectación al derecho de seguridad jurídica para algunas de las partes involucradas en el proceso penal. Por tales motivos, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Gerardo Núñez Medina, contra actos del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades, por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo peticiona el quejoso, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el quejoso en el proemio de la demanda. En relación al correo electrónico que proporciona, si bien el mismo no puede tenerse como sitio para oír y recibir notificaciones, ya que no está establecido en la ley, de ser necesario y a criterio de este juzgador, se le podrán comunicar al mismo, aspectos que son urgentes, así como a través de lista electrónica que se publica en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, dadas las medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado de la pandemia Covid19. Por otra parte, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica al usuario electrónico "hugn2", en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, por lo que se comisiona al analista jurídico de esta adscripción para la apertura de campos necesarios para tal fin. En otro punto, atendiendo a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Hugo Nuñez Nuñez, y a los restantes, hasta en tanto registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente al quejoso en el domicilio procesal que señala.

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