Gerardo Nieto Varas De Valdez

Expediente 1393/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1393/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
26/09/2018

Partes del expediente

  • Gerardo Nieto Varas De Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que el proveído de diez de los cursantes, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    IV.-Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tiene el actuario adscrito para notificar al quejoso, el proveído de diez de los cursantes, por los motivos que en ella expone. Ahora bien, como el quejoso en su escrito inicial de demanda señaló las listas para oír y recibir notificaciones, realícese la notificación del presente proveído, y del diverso de diez de los cursantes, por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional. dicho auto en lo conducente dice: RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Gerardo Nieto Varas de Valdez, por propio derecho, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México; por lo que se ordena formar expediente y registrarse en el libro de gobierno con el número 1393/2018-IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: Auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en el que se determina desechar el litisconsorcio pasivo necesario, y no se ordena llamar a juicio a Unión de Crédito Industrial, del Estado de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Rogelio Castro Cuna y Juan Carlos Castro Paniagua. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, la lectura integral de la demanda, revela que se actualiza la hipótesis normativa prevista por el numeral 113, de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a su desechamiento de plano, al encuadrarse la hipótesis normativa contenida en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. Ahora bien, para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refieren los numerales en comento, han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Es aplicable, la jurisprudencia VI. 1o.A. J/10, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2014, materia común, con número de registro 2006339, criterio que se encuentra aún vigente, se rubro siguiente:"ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)." Bajo la anterior óptica jurídica, a efecto de distinguir entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, debe atenderse a la afectación sufrida por el gobernado, en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Por lo tanto, procede el juicio de amparo indirecto, sólo contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito procesal a la esfera del gobernado en cuanto a sus derechos sustantivos como podrían ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera; de manera que resulta improcedente el que se promueva en contra de los actos que únicamente producen una afectación de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllos, sin vulnerar los derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b) y 107 fracción V, de la Ley de Amparo. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino en que, con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia IV.2o.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Mayo de dos mil catorce, con número de registro 2006338, criterio que se encuentra vigente, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Por tanto, en las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia advertida, en razón de que el acto que por esta vía se reclama no es considerado como de imposible reparación. Lo anterior, ya que no puede ser considerado como acto de imposible reparación el acto aquí reclamado, pues, tal evento constituirá, en todo caso, una violación procesal, que aun y cuando podría afectar al quejoso, su reparación es posible, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que hayan sido motivo de la determinación que considere violatoria de sus derechos fundamentales, esto hasta en tanto se pronuncie la resolución respectiva. De ahí que el acto reclamado, es de naturaleza procesal, cuyos efectos no inciden sobre derechos sustantivos de la parte quejosa. Por tanto, es correcto que la autoridad continúe con el procedimiento del juicio y será hasta que se dicte la sentencia, y en todo caso, se impugne a través de la vía de amparo directo, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la promovente, en caso de que tal vulneración hubiese trascendido al resultado del fallo o le afecte de manera directa. En consecuencia, es evidente que el acto reclamado, no debe considerarse como emitido dentro de un procedimiento que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; que deban impugnarse de inmediato a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V, del ordinal 107, interpretado a contrario sensu y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo vigente, sino que en todo caso, se combatirá hasta que se dicte la resolución respectiva. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se concluye desechar de plano la demanda de amparo de que se trata. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS. En diverso aspecto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12, de la ley de la materia a Adriel González González, y en términos del último párrafo de dicho precepto al profesionista restante, limitación que subsistirá hasta en tanto tenga registrada ante este Juzgado de Distrito su cédula profesional o autorización para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ello acorde con lo dispuesto por el acuerdo general 24/2005 del Consejo de la Judicatura Federal que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de cuidar que los juicios de garantías no queden paralizados, con fundamento en el precepto 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar ésta y las subsecuentes notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el controvertido en que se actúa. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. FUNDAMENTOS. Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE) y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido

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