Gerardo Nicolás Castillo Caminos

Expediente 3047/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3047/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
07/01/2019

Partes del expediente

  • Gerardo Nicolás Castillo Caminos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE ORDENA DEPURAR EL CUADERNO ORIGINAL DE ESTE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.

  2. Principal

    ESTE ASUNTO SE CONSIDERA SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO SU ARCHIVO.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio suscrito por la Delegada de la autoridad responsable, Fiscalía General del Gobierno del Estado de Jalisco, por medio del cual, en atención al requerimiento que se le formuló en autos, señala que pagó a la quejosa los quinientos ochenta mil trecientos dieciocho pesos con veintiún centavos, que se establecieron en la resolución de once de julio de dos mil diecisiete, y que por ello, debe tenerse por cumplido el fallo protector. Al respecto, hágase saber a la autoridad responsable que no ha lugar a tener por cumplida la sentencia ejecutoria de amparo, dada la imprecisión de las operaciones aritméticas que refiere haber realizado para obtener el monto a pagar, como enseguida se verá. En efecto, es cierto que entregó a la parte quejosa las cantidades de $90,695.60 (noventa mil seiscientos noventa y cinco pesos con sesenta centavos) y $286,461.14 (doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y un pesos con catorce centavos), que ascienden a $377,156.74 (trescientos setenta y siete mil ciento cincuenta y seis pesos con setenta y cuatro centavos). Monto al que habrá de sumar los $113,916.00 (ciento trece mil novecientos dieciséis pesos, moneda nacional), por concepto de impuesto sobre la renta, que en su conjunto suman $491,072.74 (cuatrocientos noventa y un mil setenta y dos pesos con setenta y cuatro centavos). Esto, porque como se precisó en el auto de nueve de noviembre actual, para obtener el monto del impuesto sobre la renta se requiere la opinión de un experto en materia contable o fiscal y de autos se advierte que la autoridad responsable no realizó las gestiones necesarias para que su perito compareciera a aceptar el cargo conferido, y por ello, en el auto de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de quince del mismo mes y año, en el sentido de que la prueba se integraría con el dictamen que al efecto emitiera el perito oficial o el designado por las demás partes; lo que aunado a que en el auto de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, con el dictamen rendido por el perito oficial, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, con apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se les tendría por conformes con el mismo, cuyo apercibimiento se hizo efectivo en auto de dos de agosto siguiente. De esto se sigue, que la autoridad responsable se conformó con el dictamen rendido por la perito oficial que estableció el monto a descontar por concepto de impuesto sobre la renta y, por tanto, carece de sustento jurídico el señalamiento de la Delegada en cuanto a que la Dirección de Recursos Humanos de la referida dependencia realiza los cálculos de las deducciones correspondientes, pues como se ha dicho, tales cuestiones fueron materia de prueba y la autoridad responsable no cumplió con su obligación procesal para el desahogo de la prueba pericial contable a cargo del perito que ofreció, ni desahogó la vista que se le dio con el dictamen rendido por la perito oficial, por lo que las consecuencias jurídicas que deriven de tales omisiones procesales sólo son atribuibles a la propia autoridad responsable. En cuanto a la diversa deducción correspondiente al fondo de pensiones, que refiere la autoridad responsable, debe efectuarse para hacer las aportaciones a las dependencias correspondientes; debe decirse que la deducción respectiva sólo es aplicable para los trabajadores en activo, a fin de que en su momento procesal oportuno, cubiertos los requisitos legales, pudieran tener acceso al otorgamiento de una pensión; supuesto que no se actualiza respecto de los trabajadores que hayan sido dados de baja y por ese motivo no pueden seguir cotizando ni aportando las cuotas de seguridad social; por el contrario, concluida la relación laboral, por despido injustificado, la parte patronal tiene la obligación de pagarle las prestaciones derivadas de la terminación de la relación laboral, incluidas las cuotas de seguridad social que le haya descontado, mientras subsistió la relación contractual; y de ahí que sea inexacto pretender seguir realizado el descuento por ese concepto respecto del trabajador quejoso que en forma injustificada fue dado de baja del puesto que desempeñaba para la autoridad responsable. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que con las cantidades de dinero pagadas a la parte quejosa no se da cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice las gestiones pertinentes para cubrir a la quejosa la diferencia que se deduce del adeudo y de los abonos realizados, que asciende a $89,245.47 (ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y cinco pesos con cuarenta y siete centavos), debiendo incluir el importe que resulte por concepto de actualizaciones. Se le apercibe que de no cumplir con el requerimiento en el lapso indicado, en términos de los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad correspondiente. Asimismo, se requiere al Gobernador del Estado de Jalisco, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad obligada al cumplimiento, para que la conmine a cumplir con la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de garantías, bajo apercibimiento que de no demostrar que la obligó a que cumpliera el fallo protector, se le impondrá a su titular una multa en los mismos términos descritos en el párrafo que antecede. Lo anterior, porque como se ha dicho, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público y no debe quedar al arbitrio de ninguna autoridad obligada a su cumplimiento, y por ello, este Juzgado Federal tiene el imperativo de velar por el mismo y, en su caso, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y ser puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, conforme lo dispone el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante auto de trece de enero de dos mil dieciséis se tuvo por recibidas las copias certificadas en sobre cerrado que remitió la autoridad responsable, Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco, y que al parecer contiene las constancias de los exámenes aplicados con motivo del proceso de control de confianza, practicado a la parte quejosa; en esas condiciones, al no ser necesario retener el referido sobre, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales conducentes. Se solicita acuse de recibo correspondiente.

  4. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA Y EL PROVEIDO DE DIECINUEVE Y TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO QUE DICE: Zapopan, Jalisco treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, a través del cual, remite los autos originales que conforman el presente juicio de amparo, en los que obra integrada la sentencia dictada por el referido homólogo, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, cuyos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. SE SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ REYES ARENAS MAGALLANES, en contra de los actos marcados con los incisos a) y b), así como por las autoridades precisadas con los números 1. y 2. en el considerando cuarto, atento a las razones y fundamentos expuestos en los diversos puntos quinto y séptimo de este fallo. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a JOSÉ REYES ARENAS MAGALLANES, contra el acto señalado con el inciso b) y por la autoridad precisada con el número 3. en el considerando cuarto de este fallo, atento a las razones y fundamentos precisados en el considerando noveno de esta resolución. Glósense al expediente el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de las actuaciones al aludido Centro Auxiliar, así como el oficio de cuenta; acúsese recibo de estilo y notifíquese a las partes el contenido de la sentencia definitiva, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente.

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