Gerardo Negrete Martinez

Expediente 956/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
956/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
29/01/2018

Partes del expediente

  • Gerardo Negrete Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Por recibido el oficio y anexos de cuenta signado por el Responsable de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, a través del cual informa que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo y remite copia certificada del oficio número BOO.910.01.1/000112, de diecisiete de enero del año en curso y del acta de notificación respectiva, cuyo punto resolutivo primero en lo que interesa, determinó lo siguiente: PRIMERO.- Se declara PROCEDENTE autorizar a ***, la Transmisión de Derechos Total y Definitiva sin relocalización, así como el Cambio de Tipo de Motor de Combustión interna a Eléctrico del título de concesión número 08GUA113135/12AMGE99, por un volumen de 133,702.00 metros cúbicos anuales para uso Agrícola, con vigencia de un plazo de 10 años, contados a partir del 15 de Diciembre de 2008. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con el contenido del comunicado y anexos dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DIAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a su interés legal convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, este Juzgador Federal resolverá lo que en derecho proceda, de conformidad con las constancias que obran en autos.

  2. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta signado por el Encargado de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad Celaya, Guanajuato, por medio del cual solicita de nueva cuenta una prórroga de cinco días a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa, toda vez que la resolución relativa a dicho cumplimiento se encuentra proyectada en la Subdirección de Administración del Agua de esa Dirección para su firma y notificación respectiva. En virtud de lo indicado en el párrafo que antecede, hágase del conocimiento del Director Local de la Comisión Nacional del Agua Guanajuato, con sede en esta ciudad y de la Subdirección Administrativa del Agua de dicha Dirección respectivamente, que se otorga una prórroga de cinco días hábiles que solicita, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído para que den cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente asunto. En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: dé respuesta en forma fundada y motivada a la petición contenida en el escrito que presentó el promovente del amparo el seis de julio de dos mil diecisiete. Con lo cual se tendría por cumplido el amparo otorgado y restituida a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, puesto que el derecho de petición quedará colmado hasta que suceda lo mencionado, sin que haya imperativo de que la respuesta sea favorable a los intereses del solicitante. Lo anterior, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la ejecutoria en cita, en la prórroga concedida, se hará efectivo el apercibimiento contenido en proveído de seis de diciembre del año en curso; es decir, se impondrá al Director Local de la Comisión Nacional del Agua Guanajuato, con sede en esta ciudad y a la Subdirección Administrativa del Agua de dicha Dirección, una multa desde luego, y de igual forma, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para que continúe el trámite de la inejecución previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que pude culminar con la separación del puesto y consignación de la autoridad contumaz. Es ilustrativa la Jurisprudencia 2ª./J. 103/2014 (10ª), de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, página 1044, con número de registro 2007622, la cual indica: PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. Ahora, la multa en cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate. Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión. De igual forma, se invoca la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10ª), de la Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 5, la cual indica: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo.

  3. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta signado por el Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, residente en esta ciudad Celaya, Guanajuato, por medio del cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente asunto y solicita una prórroga a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, toda vez que el asunto se encuentra en la Subdirección de Administración del Agua de esa Dirección, a cargo del ingeniero ***, a efecto de emitir la resolución correspondiente. En virtud de lo indicado en el párrafo que antecede, hágase del conocimiento del Director Local de la Comisión Nacional del Agua Guanajuato, con sede en esta ciudad y del ingeniero Roberto Jiménez Márquez de la Subdirección Administrativa del Agua de dicha Dirección respectivamente, que por única ocasión se otorga una prórroga de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído para que den cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente asunto. En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: dé respuesta en forma fundada y motivada a la petición contenida en el escrito que presentó el promovente del amparo el seis de julio de dos mil diecisiete. Con lo cual se tendría por cumplido el amparo otorgado y restituida a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, puesto que el derecho de petición quedará colmado hasta que suceda lo mencionado, sin que haya imperativo de que la respuesta sea favorable a los intereses del solicitante. Lo anterior, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a la ejecutoria en cita, en la prórroga concedida, se hará efectivo el apercibimiento contenido en proveído de seis de diciembre del año en curso; es decir, se impondrá al Director Local de la Comisión Nacional del Agua Guanajuato, con sede en esta ciudad y al ingeniero Roberto Jiménez Márquez, de la Subdirección Administrativa del Agua de dicha Dirección, una multa desde luego, y de igual forma, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para que continúe el trámite de la inejecución previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que pude culminar con la separación del puesto y consignación de la autoridad contumaz. Es ilustrativa la Jurisprudencia 2ª./J. 103/2014 (10ª), de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, página 1044, con número de registro 2007622, la cual indica: PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. Ahora, la multa en cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate. Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión. De igual forma, se invoca la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10ª), de la Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 5, la cual indica: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo.

  4. Principal

    CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada el quince de noviembre del año e curso; en la cual en su único resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en cita, en relación con su numeral 2°, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. ANOTACIÓN EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro que para dicho efecto se lleva en este Juzgado Federal. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Ahora bien, la concesión de la protección constitucional solicitada, fue para los siguientes efectos: SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Al resultar fundado el motivo de queja en estudio, se impone conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dé respuesta en forma fundada y motivada a la petición contenida en el escrito que presentó el promovente del amparo el seis de julio de dos mil diecisiete. Con lo cual se tendría por cumplido el amparo otorgado y restituida a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, puesto que el derecho de petición quedará colmado hasta que suceda lo mencionado, sin que haya imperativo de que la respuesta sea favorable a los intereses del solicitante. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Por tanto, respecto del referido punto de concesión, con fundamento en los artículos 192 y 193 ambos de la Ley de Amparo, requiérase al Director Local en Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la presente ejecutoria, y una vez hecho lo anterior, remita a este Órgano de Control Constitucional, las constancias que acrediten lo anterior. Aunado a lo anterior, la autoridad responsable Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, a través de su Titular en su informe de cumplimiento deberá advertir en el caso específico el estatus del trámite cuya demora injustificada reclama la parte quejosa, precisando ante qué Subdirección o Área a su mando se encuentra, incluso indicando sobre que funcionario recae tal encargo. Esto último, con el objeto de que el cumplimiento de la ejecutoria cumpla con lo establecido en los citados artículos 192 y 193 ambos de la Materia, en relación con el artículo 17 constitucional, a fin de estar en aptitud de vincular a quien de manera inmediata, bien por encomienda directa o subordinación, pudiera tener injerencia en el cumplimiento de la misma. APERCIBIMIENTO. En el entendido de que en caso de no cumplir con dicho mandato sin causa justificada, o no exponer motivo legal que le impida hacerlo o bien acredite que se encuentra en vías de cumplimiento, dentro del lapso concedido para dicho efecto, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego, aunado a que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación de la autoridad contumaz, ello en términos del párrafo segundo del ordinal 192 de la Ley de la Materia. REQUERIMIENTO A SUPERIOR JERÁRQUICO. Por último, con fundamento en el artículo 192, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se ordena notificar y requerir al Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalajara, Jalisco, en calidad de Superior Jerárquico de la autoridad responsable Director Local en Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, para que en igual término, ordene a ésta última que cumpla con la presente ejecutoria. En la inteligencia que de no demostrar que dio la orden, en el término concedido, se le impondrá una multa en los términos señalados en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo; y además, incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable.

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