Gerardo Neftali García Chico

Expediente 174/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
174/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
18/04/2016

Partes del expediente

  • Gerardo Neftali García Chico

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional).

  2. Principal

    CONSTANCIA. En cumplimiento al aviso de cuatro de abril de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, en atención a que no compareció los días cinco o seis de abril del presente año para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Vistos los escritos de cuenta, se provee: ténganse por recibidos los escritos suscritos por el quejoso *******, mediante los cuales da cabal cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional en proveído de ocho de los actuales. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en el auto de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente ******* del índice del Juzgado Primero Civil de Partido, con sede en esta ciudad, mediante el cual requirió al Juzgado Cuarto Civil de Partido, con sede en esta ciudad, para que a costa del aquí quejoso expida copia certificada del expediente ******, dejándose el oficio correspondiente a disposición del quejoso por el término de tres días para que éste realizará los trámites correspondientes para la expedición de dichas copias, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo en el término indicado, se desecharía su escrito inicial de demanda; proveído que aduce es arbitrario, pues considera no hay razón para que se le efectué el cobro de las copias certificadas requeridas. Puntualizado lo anterior, se considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto mencionado (auto preventivo), el aquí quejoso previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligado a agotar el medio ordinario de defensa, como lo es el recurso de revocación, en virtud de que el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En efecto, el mencionado recurso encuentra su sustento legal en lo establecido en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Guanajuato que establece: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." De la lectura de los anteriores preceptos legales, se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar las determinaciones dictadas por el juez o el tribunal que las emitió. Entonces, si en el caso concreto la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional el auto preventivo de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente **** del índice del Juzgado Primero Civil de Partido, con sede en esta ciudad, mediante el cual requirió al Juzgado Cuarto Civil de Partido, con sede en esta ciudad, para que a costa del aquí quejoso expida copia certificada del expediente ******, dejándose el oficio correspondiente a disposición del quejoso por el término de tres días para que éste realizará los trámites correspondientes para la expedición de dichas copias, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo en el término indicado, se desecharía su escrito inicial de demanda; y sí como ya se vio, el referido numeral 232 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Guanajuato, establece un recurso [revocación] a través del cual puede ser modificado total o parcialmente el auto impugnado; es inconcuso que el peticionario del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además, que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a. El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; b. No consiste en órdenes de aprehensión reaprehensión o autos de vinculación a proceso; y, c. La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento del que emana el acto reclamado. Se afirma esto último, puesto que el hoy quejoso cuenta con el carácter de parte actora en el juicio dentro del cual se dictó el acto que en esta vía se reclama; de ahí que se encontraba en aptitud de agotar los recursos ordinarios de defensa y por ello, no se actualiza la procedencia del biinstancial, previsto en el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo, que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, en virtud que la Primera Sala del Alto Tribunal consideró que la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Las consideraciones que anteceden se localizan en la jurisprudencia 2a./J. 44/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 277/2011, entre las suscitadas entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, aprobada en sesión de dieciocho de enero de dos mil doce, la cual reza de la siguiente manera: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Finalmente, dígasele al promovente que no es óbice a lo anterior, el hecho que en el segundo de sus ocursos haya manifestado que dentro del expediente ***** del índice del Juzgado Primero Civil de Partido, con sede en esta ciudad, por auto de dieciocho de los actuales se desechó de plano la demanda interpuesta en dicho sumario, puesto que dicho proveído no constituye el acto aquí reclamado, amén de que contra dicho auto, el quejoso tiene a su alcance los recursos ordinarios o medios de defensa para proceder como en derecho corresponda.

  3. Principal

    CONSTANCIA. En cumplimiento al AVISO de quince de marzo del año en curso, por este medio se notifica a la parte QUEJOSA el proveído de catorce de marzo del año en curso, en atención a que no compareció los días dieciséis ó diecisiete de los actuales, el cual en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito suscrito por el quejoso **********, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional en proveído de ocho de los actuales. Ahora bien, dicho requerimiento consistió en lo siguiente: "a) Aclare su nombre, toda vez que del escrito de demanda de garantías, se advierte que la promueve con el nombre de **********; sin embargo, de las constancias que anexó al mismo se advierte un nombre diverso, siendo éste **********, de ahí que no se tiene certeza del nombre del quejoso. [.] b) Precise con claridad cuál es el acto reclamado, pues en el apartado correspondiente estableció: "IV.- LEY O ACTO RECLAMADO: Reclamo de las Autoridades Ordenadoras, su proceder ilegal dentro del Juicio ordinario civil núm.- **********, por EL JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL, DE PARTIDO JUDICIAL, antes citado y respectivo ya que se considera que su actuar es violatorio a mis derechos humanos, ya que BAJO PROTESTA Y JURAMENTO DE DECIR VERDAD, "SOY PERSONA TOTALMENTE AJENA Y EXTRAÑA", a las determinaciones que emanan de una orden posesión, con el uso de la fuerza pública, sobre el inmueble poseído ********, su resolución notoriamente se encuentra permeada "DE VIOLACIONES A MI DERECHO HUMANO DE GARANTIA DE AUDIENCIA", establecido por la ley adjetiva, ósea el código de procedimientos civiles vigente para el Estado, dejándome en un estado de indefensión violando lo establecido por el artículo 14°, 16° y 17°, constitucional, así como tratados internacionales en donde nuestro país se comprometió a respetarlos en todo tiempo y lugar."; sin embargo, en su capítulo de conceptos de violación se aprecia que se duele del auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio ordinario civil ******* del índice del Juzgado Primero de lo Civil, en el que se le previene por la exhibición de unas copias a su costa, relativas al expediente ******* del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido, con sede en esta ciudad, a efecto de acordar sobre la procedencia de la acción intentada; por tanto, el acto reclamado resulta ambiguo, por lo que debe hacer la precisión sobre el mismo. c) Además, deberá manifestar si el acto que reclama interpuso recurso o medio de defensa ordinario alguno; de ser así, informe si el mismo ya se resolvió o si se encuentra pendiente de resolver. d) Finalmente, habrá de precisar el estado procesal que guarda el expediente del cual deriva el acto que en esta vía se reclama, es decir, señalar sí dentro del mismo ya se dictó auto o resolución que pusiera fin a éste (auto de desechamiento o archivo), y sí el mismo causó estado, debiendo allegar las constancias con las que acredite lo anterior". Ahora bien, por medio del escrito de cuenta, la parte quejosa únicamente da cumplimiento a lo requerido en los incisos a), b) y c), de previa alusión, al haber aclarado cuál es su nombre, señalando de manera precisa el acto que en esta vía constitucional reclama y manifestando que contra el mismo no ha interpuesto recurso ordinario o medio de defensa alguno. Sin embargo, no da cumplimiento al requerimiento señalado en el punto d) que antecede, esto es, no precisó el estado procesal que guarda el expediente ******* del índice del Juzgado Primero Civil de Partido, con sede en esta ciudad, del cual deriva el acto del que se duele, es decir, no señaló sí dentro del mismo ya se dictó auto o resolución que pusiera fin al mismo (auto de desechamiento o archivo), y sí éste causó estado, para lo cual inclusive se le solicitó allegar las constancias con las que acredite ello, puesto que se limitó a referir que desconoce el estado procesal que guarda el expediente de origen, en virtud de que personal del órgano jurisdiccional que lleva su tramitación le informó que el expediente se encontraba en actuaría, sin hacer las precisiones requeridas, no obstante que al tener el carácter de parte tiene la posibilidad de realizar la consulta del expediente en el momento que desee. Por tanto, de lo anterior se advierte que el promovente no dio cabal cumplimiento al requerimiento efectuado en el auto de previa alusión; en consecuencia, subsiste el término concedido en el señalado proveído, y continua vigente el apercibimiento contenido en el mismo, lapso que reanudará su cómputo a partir de que surta efectos la notificación de este auto.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PESRONAL

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano