Gerardo Nava Suárez
Expediente 915/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 915/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Gerardo Nava Suárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias y conservarse sólo la demanda de amparo, la sentencia y el presente proveído. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el escrito de cuenta, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos y téngase al quejoso GNS, desahogando la vista concedida en acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por el que manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria por la autoridad responsable. Ahora bien, en atención al estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo, mediante proveído de veintiocho de abril del año en curso se ordenó dar vista a las partes quejosa, tercera interesada y al Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala responsable,1 la cual sólo fue desahogada por el quejoso. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de cuatro de marzo de dos mil veintiuno,2 este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, terminada de engrosar el diez de octubre siguiente, dictada en el toca penal 129/2019-3. 2. Dicte una nueva, con plenitud de jurisdicción, en la cual de manera fundada y motivada, se analice si se actualiza algún o alguno de los supuestos previstos en el artículo 12 el Código Penal aplicable, que versa sobre la coparticipación. 3. De tener actualizado lo dispuesto en el anterior numeral, en observancia a los principios de congruencia y exhaustividad, se purguen los vicios formales que se presentaron al examinar las pruebas testimoniales de descargo, así como las declaraciones judiciales de los coinculpados, en los términos a que se ha hecho alusión en esta ejecutoria, al emprender la demostración de la plena responsabilidad del sentenciado, en la comisión del ilícito de abuso de confianza 4. Para el caso de tener por justificada la plena responsabilidad del hoy quejoso, en grado de coparticipe, resuelva lo que en derecho proceda, en relación al resto de los aspectos de la individualización de la pena, sin que sea procedente agravar la situación creada con el dictado de la sentencia reclamada." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Sala responsable: a) Por oficio TSJ-SP-3P-21-75, de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno,3 la autoridad responsable transcribió el auto de esa misma fecha, en la que se dejó insubsistente la sentencia pronunciada el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, terminada de engrosar el diez de octubre del referido año y se ordenó traer los autos para el dictado de la resolución correspondiente. b) Mediante oficio TSJ-SP-3P-21-153, de diecinueve de abril de dos mil veintiuno,4 la autoridad responsable remitió copia certificada de la sentencia de treinta de marzo del citado año, terminada de engrosar el dieciséis de abril siguiente, del que en esencia se desprende: La Sala responsable resolvió que, con respecto a lo establecido en el artículo 12 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, la participación del inculpado en la comisión del delito de abuso de confianza es la de coautor material ejecutor por cooperación. Precisó que la participación del sentenciado en la comisión del delito de abuso de confianza es la de coautor material ejecutor por cooperación. En relación a las declaraciones de la coacusada DGM, la Sala Penal determinó no tomar en consideración la primera realizada al haber sido obtenida de manera ilícita; por lo que hace a la segunda, se le concedió valor de indicio aislado, las afirmaciones de la coinculpada, no se encontraban corroboradas con otros medios de prueba, además de que no expresa nada en relación al sentenciado y a las transferencias que se le hicieron a la cuenta personal de este. En cuanto a la declaración de las testigos RGL y ACSLCa, se resolvió restarles valor probatorio al no reunir los requisitos señalados en os artículos 219, 220 y 221 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Tlaxcala, por las razones que invocó en la sentencia. También, al abordar el tema de la individualización de la pena, la autoridad responsable señaló las circunstancias exteriores de ejecución, las particularidades del delincuente y la sanción, y determinó que se trata de un delito de naturaleza dolosa, que hubo intencionalidad por parte del sujeto activo, al actuar de manera conjunta con otro activo y atentar contra el patrimonio de las personas, al disponer dinero para su beneficio, por lo que la conducta fue en ejecución en coautoría del ilícito y consideró al sentenciado como delincuente primario y estableció su grado de peligrosidad entre la mínima y la media, precisamente en la intermedia de estas e impuso la condena de dos años seis meses de prisión y de una multa equivalente a veintiocho días de salario mínimo vigente en el Estado, asimismo, condenó a la suspensión de sus derechos civiles y políticos, concediéndole el beneficio de conmutar su pena y a pagar la reparación del daño a la moral ofendida. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, dio cumplimiento al fallo protector, pues de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable, tales como dejar sin efectos la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, terminada de engrosar el diez de octubre del referido año; dictó una nueva en donde resolvió que la participación del inculpado en la comisión del delito de abuso de confianza es la de coautor material ejecutor por cooperación; realizó el estudio de las pruebas, en las cuales, la declaración del coacusado GNS, resultó inverosímil, por lo tanto, se confirmó la coautoría del referido inculpado; las declaraciones de la coacusada DGM, determinó que la primer declaración no se tomaría en consideración al haber sido obtenida de manera ilícita; por lo que hace a la segunda, no expresó nada en relación al acusado y a las transferencias que se le hicieron a la cuenta personal de este; y la declaración de las testigos RGL y ACSLC, restarle valor probatorio al no reunir los requisitos señalados en los artículos 219, 220 y 221 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Tlaxcala, y, por último, al determinar la individualización de la pena, señaló las circunstancias exteriores de ejecución, las particularidades del delincuente y la sanción, y determinó que se trata de un delito de naturaleza dolosa, que hubo intencionalidad por parte del sujeto activo, al actuar de manera conjunta con otro activo y atentar contra el patrimonio de las personas, al disponer dinero para su beneficio, por lo que la conducta fue en ejecución en coautoría del ilícito y consideró al sentenciado como delincuente primario y estableció su grado de peligrosidad entre la mínima y la media, precisamente en la intermedia de estas e impuso al sentenciado la pena de dos años seis meses de prisión y a pagar una multa equivalente a veintiocho días de salario mínimo vigente en el Estado, asimismo, condenó a la suspensión de sus derechos civiles y políticos, concediéndole el beneficio de conmutar su pena y a pagar la reparación del daño a la moral ofendida; en ese sentido, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Sin que sea óbice la inconformidad hecha valer por el quejoso en el escrito de cuenta, en contra del cumplimiento dado por la responsable, dado que sólo manifiesta que la nueva resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, le vulnera sus derechos fundamentales y que promovió nuevamente amparo directo en contra de la misma. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el oficio SEADS/239/2021, de diecisiete de marzo de la presente anualidad signado por el Secretario Ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del uno de abril del año en curso, este Tribunal Colegiado se encuentra integrado por los Magistrados José Daniel Nogueira Ruiz, Miguel Nahim Nicolás Jiménez y José Manuel Vélez Barajas, el primero en sustitución del Magistrado Jesús Díaz Guerrero.
- Juicio de Amparo Directo
Se recibe y agrega el oficio de cuenta, mediante el cual remite copia certificada de la sentencia de treinta de marzo del año que transcurre, dictada por la citada sala; por tanto, con fundamento en el numeral 196 de la ley de la materia, dese vista con ésta a las partes quejosa y tercera interesada, así como con el diverso ***, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. Notificación que habrá de realizarse a las partes en términos del artículo 26, fracción III (lista), con excepción de aquellas que tengan que efectuarse por oficio.
- Juicio de Amparo Directo
se tiene por recibido Oficio TSJ-SP-P3-21- 96, signado por el Secretario de Acuerdos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, visto su contenido, se concede a la autoridad responsable, por única ocasión, una prórroga de diez días hábiles, contada a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, a efecto de que emita sentencia y remita constancia que así lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo.
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