Gerardo Musito Cordova
Expediente 515/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 515/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Gerardo Musito Cordova
- Miguel Aldana Cordova
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Causa estado no presentada Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído de ocho de febrero del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Gerardo Musito Córdova y Miguel Aldana Córdova; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído demérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b) , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos Por otra parte, no obstante, que los documentos exhibidos por la parte quejosa, no se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Se precisa procedimiento para devolución de documentos. En términos del artículo 3 del capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y procesos de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, encontraran el sistema de "Agenda OJ", en el que se aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, la generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un código QR que a su vez, permitirá que ella y otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingrese al órgano jurisdiccional, procedimiento que deberá realizar la parte interesada para la obtención de los documentos cuya devolución solicita.. Asimismo, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos de mérito, el solicitante deberá comunicarse a los teléfonos 6672250353 con la licenciada Ciliany Álvarez Ayala o al 7221611966 con el licenciado Christoper Rodríguez Escobar, una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.+
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Se tiene por no presentada demanda de amparo. Visto el estado procesal que guardan lo presentes autos, se advierte que mediante proveído de trece de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdicciones se reservó acordar lo conducente respecto al escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual pretendió dar cumplimiento a la prevención realizada en autos; circunstancia que ha fenecido; por tanto, se provee. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la parte quejosa, en proveído de siete de octubre de dos mil veinte (fojas 23-29), mismo que le fue notificado, el ocho de octubre de dos mil veinte (foja 30), por lo que dicha notificación surtió efectos el nueve de octubre siguiente y el plazo de referencia transcurrió del doce al veintitrés de octubre de dos mil veinte, tal y como se desglosa en la certificación de cuenta, sin que la parte quejosa diera cumplimiento completo al requerimiento precisado en el acuerdo de mérito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Gerardo Musito Córdova y Miguel Aldana Córdova, en virtud de no haber desahogado en su totalidad la prevención realizada. Lo anterior, debido a que por cuanto hace a Gerardo Musito Córdova, no desahogó la prevención, en el sentido de "exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio, a fin de estar en aptitud de correr traslado a las partes"; lo anterior, debido a que mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte, pretendió desahogar la prevención respecto de acreditar la personalidad con la que se ostenta, así como señalar si acude por propio derecho o con el carácter de albacea testamentario a bienes de María Ángela Alfonza Córdova Suarez y/o María Ángela Alfonsa Córdova Suarez y/o Angelina Córdova Suarez; sin embargo, a su escrito aclaratorio, no acompañó las copias suficientes, a fin de correr traslado a las partes, sin que el quejoso se ubique dentro de los supuestos de excepción que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo Apoya por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Asimismo, en relación al quejoso Miguel Aldana Córdova, tampoco desahogó la prevención de "exhibir el original o en su caso certificada del documento idóneo con el que acredite la personalidad con que se ostenta". Notifíquese a la parte quejosa, por medio de lista por así haberlo señalado en su escrito de demanda.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, quince de octubre de dos mil veinte. Parte quejosa presenta escrito. Agréguese el escrito signado por Gerardo Musito Cordova, representante común de la parte quejosa, mediante el cual pretende cumplir el requerimiento formulado en proveído de siete de octubre de este año (fojas 23 a 29). No se tiene por desahogada la prevención con el escrito de cuenta. En atención a lo anterior, visto el contenido del escrito y anexo de cuenta, no se tiene por desahogada la prevención del auto de referencia, dado que la parte quejosa no desahogó el total de los puntos que le fueron requeridos, para que este órgano esté en posibilidad de pronunciarse respecto de la demanda de amparo. Al efecto, los puntos requeridos a saber son los siguientes: ".Gerardo Musito Cordova, promueve por propio derecho y en su carácter de albacea definitivo substituto de la sucesión intestamentaria a bienes de María Suarez y/o Ana María Suarez y/o Ana María Suarez Suarez.; sin embargo, no anexa documento idóneo para acreditar la personalidad con la que se ostenta, por tanto deberá: 1) Exhibir el original o en su caso copia certificada del documento idóneo con el que acredite la personalidad con que se ostenta Por otro lado, se aprecia que el proemio de la demanda, únicamente aparece el nombre del quejoso Gerardo Musito Cordova, por propio derecho y en su carácter de albacea definitivo substituto de la sucesión intestamentaria a bienes de María Suarez y/o Ana María Suarez y/o Ana María Suarez Suarez; sin embargo de los antecedentes y en la parte de la firma de la demanda, también firma como quejoso Miguel Aldana Cordova, el cual de acuerdo a los antecedentes se puede deducir que dicha persona ha comparecido al juicio intestamentario con el carácter de albacea testamentario a bienes de María Ángela Alfonza Córdova Suarez y/o María Ángela Alfonsa Córdova Suarez y/o Angelina Córdova Suarez. 2) Señale si Miguel Aldana Cordova, acude por su propio derecho o con el carácter albacea testamentario a bienes de María Ángela Alfonza Córdova Suarez y/o María Ángela Alfonsa Córdova Suarez y/o Angelina Córdova Suarez. En el entendido, de que si acude con el carácter de albacea testamentario a bienes de María Ángela Alfonza Córdova Suarez y/o María Ángela Alfonsa Córdova Suarez y/o Angelina Córdova Suarez, deberá: 3) Exhibir el original o en su caso copia certificada del documento idóneo con el que acredite la personalidad con que se ostenta." Ahora, atendiendo al escrito de cuenta, se aprecia que la parte quejosa únicamente desahoga los puntos marcado con los números uno y dos, es decir, acredita la personalidad con la que se ostenta, albacea sustituto de la sucesión intestamentaria a bienes de María Suarez y/o Ana María Suarez y/o Ana María Suarez Suarez, a través de la copia certificada de nueve de septiembre de dos mil veinte, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 142/1999, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, y manifiesta que también comparece como quejoso Miguel Aldana Cordova, por propio derecho y con el carácter albacea testamentario a bienes de María Ángela Alfonza Córdova Suarez y/o María Ángela Alfonsa Córdova Suarez y/o Angelina Córdova Suarez. Sin embargo, respecto de los puntos restantes, no se tienen por desahogados, pues no obstante que el representante común de los quejosos, manifiesta que Miguel Aldana Cordova, acude con el carácter de albacea testamentario a bienes de María Ángela Alfonza Córdova Suarez y/o María Ángela Alfonsa Córdova Suarez y/o Angelina Córdova Suarez; empero, omite exhibir el documento idóneo para acreditar su personalidad como albacea testamentario de referencia, pues el documento exhibido por Gerardo Musito Cordova, no es el ideal para tener por acreditado dicho nombramiento. Por último, respecto de exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio, a fin de estar en aptitud de correr traslado a las partes, tampoco se tiene por cumplida dicha prevención. En virtud de lo expuesto con antelación, no se tiene por cumplida la prevención formulada, por tanto, subsiste la misma, así como el apercibimiento decretado en auto de siete de octubre de este año (fojas 23 a 29). Término para cumplir prevención En consecuencia, toda vez que el auto de siete de octubre de este año (fojas 23 a 29), con el que se hizo la prevención aludida, se notificó a la parte quejosa el ocho de octubre del año en curso (foja 30), la cual surtió efectos el nueve posterior, por lo cual el plazo de cinco días concedido, transcurre del trece al diecinueve de octubre actual y dado que el escrito por el que pretende desahogar la prevención, lo presentó el trece del mes y año en curso (primer día de su término), como consta del sello de recepción de la Oficial de Partes Común (OPC), y recibido por este Juzgado de Distrito el catorce siguiente; entonces, hágase saber a la parte quejosa que el plazo que le queda para dar cumplimiento al auto preventivo es de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la Apoyo lo anterior, como criterio orientador, la jurisprudencia 2ª./J. 106/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título y texto siguientes: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda."
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, siete de octubre de dos mil veinte. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Gerardo Musito Cordova, por propio derecho y en su carácter de albacea definitivo substituto de la sucesión intestamentaria a bienes de María Suarez y/o Ana María Suarez y/o Ana María Suarez Suarez. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 515/2020-III. Prevención. Ahora, debe destacarse que el artículo 108, de la Ley de Amparo en vigor prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra el establecido en la fracción I, que a la letra señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. (.)". Del precepto legal transcrito y sus respectivas fracciones, se desprende que el promovente o quien promueva en su nombre, se encuentra obligado a acreditar su representación. Al respecto, los numerales 6, 10 y 11 de la Ley de Amparo prevén lo siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior." "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta". De lo anterior, se obtienen que, el primer numeral transcrito refiere a la cuestión inherente a la legitimación ad causam y ad procesum, en la que la primera de ellas significa que el quejoso tendrá tal legitimación en el supuesto de que efectivamente se le hayan violado sus derechos fundamentales mediante una norma general o acto que reclame, y en otro aspecto la legitimación ad procesum implica que el quejoso puede y tiene la facultad para promover un amparo cuando estima tiene el derecho que se cuestionara en él, bien por qué se ostente como titular de ese derecho, por que cuente con la representación legal de ese titular. Además, establece que en los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. De igual modo, se establece que el representante del quejoso o del tercero interesado que tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable y esta representación subsista en el momento de la presentación de la demanda, será admitida para todos los efectos legales, debiendo acreditarse ante la autoridad de amparo, por medio de la constancia en original o en copia certificada expedida por la autoridad responsable que justifique su personalidad ha sido reconocida por ella, sin que sea dable la simple afirmación de esa circunstancia, o sea, que la autoridad de amparo debe cerciorarse fehacientemente de la personalidad del promovente, de acuerdo a los preceptos que se tratan. Ahora, Gerardo Musito Cordova, promueve por propio derecho y en su carácter de albacea definitivo substituto de la sucesión intestamentaria a bienes de María Suarez y/o Ana María Suarez y/o Ana María Suarez Suarez.; sin embargo, no anexa documento idóneo para acreditar la personalidad con la que se ostenta, por tanto deberá: Exhibir el original o en su caso copia certificada del documento idóneo con el que acredite la personalidad con que se ostenta. Por otro lado, se aprecia que el proemio de la demanda, únicamente aparece el nombre del quejoso Gerardo Musito Cordova, por propio derecho y en su carácter de albacea definitivo substituto de la sucesión intestamentaria a bienes de María Suarez y/o Ana María Suarez y/o Ana María Suarez Suarez; sin embargo de los antecedentes y en la parte de la firma de la demanda, también firma como quejoso Miguel Aldana Cordova, el cual de acuerdo a los antecedentes se puede deducir que dicha persona ha comparecido al juicio intestamentario con el carácter de albacea testamentario a bienes de María Ángela Alfonza Córdova Suarez y/o María Ángela Alfonsa Córdova Suarez y/o Angelina Córdova Suarez. Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 108, fracción V, además del 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: Señale si Miguel Aldana Cordova, acude por su propio derecho o con el carácter albacea testamentario a bienes de María Ángela Alfonza Córdova Suarez y/o María Ángela Alfonsa Córdova Suarez y/o Angelina Córdova Suarez. En el entendido, de que si acude con el carácter de albacea testamentario a bienes de María Ángela Alfonza Córdova Suarez y/o María Ángela Alfonsa Córdova Suarez y/o Angelina Córdova Suarez, deberá: Exhibir el original o en su caso copia certificada del documento idóneo con el que acredite la personalidad con que se ostenta. En razón de lo anterior, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracciones I y V, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído: Exhiba el original o en su caso copia certificada del documento idóneo con el que acredite la personalidad con que se ostenta, es decir en su carácter de albacea definitivo substituto de la sucesión intestamentaria a bienes de María Suarez y/o Ana María Suarez y/o Ana María Suarez Suarez. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 48, tomo IV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio de 1996, de rubro y texto: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER', para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Es aplicable a lo anterior la tesis 2ª./J. 124/2016 (10ª.) de la Segunda Sala del alto tribunal, del tenor siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa". Además, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". Asimismo resulta aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente". Apercibimiento. Por tanto, se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos precisados, dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos. Solicita notificación mediante correo electrónico. Ahora bien, a atención a la práctica de notificaciones por medio del correo electrónico herrmusito@gmail.com hágase de su conocimiento que no es procedente, pues el mismo no se encuentra vinculado con algún usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para la consulta y notificación de determinaciones judiciales. Comunicación no procesal. No obstante, por cuanto hace al correo electrónico y número telefónico que señala, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngasele señalando como número telefónico el 2461269620, así como el correo electrónico herrmusito@gmail.com, a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO*
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