Gerardo Muñoz Montejano

Expediente 1226/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1226/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
31/01/2018

Partes del expediente

  • Gerardo Muñoz Montejano

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a la autoridad responsable esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el once de enero de dos mil diecisiete, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a las diez horas con treinta minutos del once de enero de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, el licenciado José Luis Gómez Ramírez, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe, la declara abierta sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentra: el escrito inicial de demanda; el auto admisorio de la misma; en este acto se da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, con un anexo que acompaña; promoción(es) registrada(s) con el número(s) de control interno 349, y con el pedimento suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. A lo anterior, el Encargado del Despacho acuerda: Téngase por hecha la relación de autos. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la ley de la materia, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, con un anexo que se acompaña, y como lo solicita, de conformidad con el numeral 9° de la citada legislación, se tienen como delegados a las personas que indica, Por otro lado, no sobra señalar que en el caso a estudio, la celebración de la presente audiencia no desatiende la Jurisprudencia número 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, correspondiente al mes de abril del año 2000, bajo el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO", toda vez que la finalidad del diferimiento es que las partes estén en aptitud de ofrecer pruebas que desvirtúen lo plasmado en el informe justificado; sin embargo, en el caso particular, se reclaman un acto de carácter omisivo, y por lo tanto éste se apreciará tal como aparezca acreditado ante la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, siendo innecesario consecuentemente el diferimiento de esta audiencia. Abierto el periodo probatorio, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que la parte quejosa y autoridad responsable aportaron al presente asunto; probanzas que podrán ser tomadas en consideración al dictarse la resolución correspondiente. Al no haber diversas pruebas pendientes qué desahogar, se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido, se abre el de alegatos, en el que se hace constar que las partes no los ofrecieron, por tanto, se declara cerrada dicha etapa. Finalmente, téngase formulado el pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el cual ya obra glosado en autos. Con lo anterior, se concluye esta acta y se procede a dictar resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1226/2017-IV, promovido por GERARDO MUÑOZ MONTEJANO, contra la omisión de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y CUATRO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, que estima violatorio de los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 17, de la Constitución General de la República; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, y turnada el mismo día a este Juzgado, GERARDO MUÑOZ MONTEJANO, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Junta Especia número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, los actos que hizo consistir en: IV.-ACTO DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA. a) La abierta y notoria dilación y/o la paralización total del procedimiento laboral número 884/2015; b) La paralización total del expediente laboral 884/2015, que se configura al inexistir laudo, no obstante haber transcurrido en exceso el término señalado por la Ley Federal del Trabajo; c) La inexistencia de progreso legal normal en el desarrollo del procedimiento 884/2015, no obstante haber transcurrido en exceso los términos fijados en la Ley Federal del Trabajo; d) La detención de la responsable para emitir el laudo en autos del expediente 884/2015, y notificar a las partes el mismo, no obstante haberse declarado cerrada la instrucción desde el 15 de agosto del año 2017.". SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa aduce se afectan en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de primero de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1º, 103, fracción I y 107 fracción III, de la Constitución General de la República, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, así como los puntos primero fracción IX, segundo fracción IX, tercero fracción IX y cuarto, fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que la autoridad señalada como responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. En el caso, el acto reclamado tiene el carácter de acto negativo y, como tal, es de tracto sucesivo porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez producido, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata; por tanto, no está sujeto al plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, sino que puede reclamarse en cualquier momento. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto que constituye la materia de estudio del juicio de amparo. Para tal efecto, se debe tener en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril del 2000, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En la tesis transcrita el alto tribunal estableció la obligación de los jueces de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. En otras palabras, la jurisprudencia citada estatuye que la demanda es un todo que debe interpretarse de manera integral, razón por la que si la quejosa designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió el Juez de Distrito debe corregirlo, a fin de que la gobernada no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Teniendo en cuenta lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional a impugnar la omisión del Junta Especial Número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, de dictar laudo en el expediente laboral 884/2015, toda vez que, según narra el quejoso bajo protesta de decir verdad, el quince de agosto de dos mil diecisiete, se declaró cerrada la instrucción del juicio y fueron turnados los autos al secretario proyectista a fin de que la responsable emitiera el laudo respectivo. CUARTO. Actos existentes. Es cierto el acto reclamado a la Junta laboral responsable, no obstante que al rendir su informe de ley, su Presidente lo haya negado expresamente, pues de su contenido se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, existía el acto omisivo reclamado. QUINTO. Improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de Ley de la Materia. En efecto, el suscrito considera que respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, el impetrante del amparo reclama la omisión de la Junta responsable, de dictar laudo dentro del expediente laboral 884/2015. Por su parte, el Presidente de la aludida Junta, en su informe de ley, negó la omisión reclamada, manifestando que la misma quedó subsanada al emitir el laudo con fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio de origen; determinación que acompañó en copia certificada y a la vez se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se aprecia que la omisión reclamada en esta instancia constitucional fue subsanada, tal como se acredita con la documental a la que se ha hecho referencia con antelación, lo que origina que han cesado los efectos de la misma, porque con la emisión de la determinación respectiva, se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la aquí quejosa en el goce de sus derechos violados. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, debe de sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento además, en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por GERARDO MUÑOZ MONTEJANO, respecto del acto y la autoridad responsable que se precisó en el resultando primero de este fallo, por los motivos expuestos en el último considerando del mismo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Licenciado José Luis Gómez Ramírez, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.

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