Gerardo Moreno Mendiola

Expediente 125/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
125/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
18/04/2016

Partes del expediente

  • Juez 29° Penal En la Ciudad de Mexico
  • Gerardo Moreno Mendiola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    mesa "1" Ciudad de México, a dieciocho de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe previo de cuenta. De conformidad con los artículos 131 y 132 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de hacer nueva relación del mismo al tener verificativo la audiencia incidental. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    MESA "1" Ciudad de México, dieciocho de abril de dos mil dieciséis. Archivo Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el acuerdo dictado el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis (fojas 40 - 43), a través del cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido...."

  3. Principal

    Se notifica personalmente al quejoso MESA "1" Ciudad de México, a diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos el informe justificado y las constancias de cuenta. Atento a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante rindiendo informe justificado, sin que exista necesidad de ponerlo a la vista en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en atención a la consideración que más adelante se expondrán. Visto el estado de los presentes autos, se desprende que el acto reclamado consiste en la orden de arresto, dictado el dos de febrero de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 241/2015 (fojas 15, 27 y 31-34). Asimismo, del informe de cuenta, se evidencia el reconocimiento por parte del Juez Vigésimo Noveno Penal en la Ciudad de México respecto de la existencia de la orden de arresto (foja 27); siendo evidente también que el juez de la causa penal, mediante el proveído y oficio de veintinueve de febrero del año en curso, decretó de oficio el sobreseimiento canceló la orden de arresto de dos de febrero de este año. En ese sentido, al informe y constancias de cuenta se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°. Conforme a lo expuesto, esta Juzgadora considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción XXI, del normativo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto que por esta vía se impugna, consistente en "la orden de arresto de dos de febrero del presente año, dictado por el Juez responsable, en la causa penal 241/2015", causal de improcedencia que debe estudiarse oficiosamente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así como la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo anterior, sin necesidad de dar vista al quejoso GERARDO MORENO MENDIOLA, con la actualización de dicha causa de improcedencia, advertida de oficio, como lo previene el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues de la interpretación del párrafo segundo de dicho precepto, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" -Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito-. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por reiteración de criterios, VI.1o.T. J/1 (10a.), que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. Así pues, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Bajo esa óptica, la causal de improcedencia en comento, se refiere a la cesación de efectos del acto que se reclama en el juicio de amparo, a lo cual, es pertinente señalar, que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 fracción de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ello es así, como ya se dijo, debido a que el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la autoridad responsable canceló la orden de arresto librada en contra de GERARDO MORENO MENDIOLA, mediante diverso auto de dos de febrero de dos mil dieciséis; de ahí que cesaron los efectos del acto reclamado, actualizándose de esta manera la causal de improcedencia que se analiza. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial 2ª /J. 59/99, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Segunda Sala, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, este órgano de control Constitucional considera que al caso concreto, lo conducente es conforme a la fracción V del numeral 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, todos de la Ley de Amparo, es de SOBRESEERSE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, promovido por Lucia Muñoz Gómez, en contra del "la orden de arresto de treinta y uno de diciembre, dictado por el Juez responsable, en la causa penal 89/2015", por actualizarse la causal de improcedencia en estudio. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa a la peticionaria de garantías, en virtud de que la determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia Constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que se hace extensivo, respecto de los actos de ejecución reclamados al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México; esto, al no haberse combatido por vicios propios. Efectos de la Audiencia Constitucional. Por las consideraciones precisadas se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. Sise. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 2º, fracción XV, 5°, 7º y 8°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 1°, fracción III, 25, 28, 29, 30, 34 y 65 del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, a través del cual se implementa la publicación en internet de las sentencias ejecutorias y resoluciones públicas relevantes, generadas, entre otros órganos del propio por Consejo, por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a fin de incentivar el interés de la población en el conocimiento de las resoluciones jurisdiccionales, para fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información y que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que se elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en último término y envíese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  4. Principal

    MESA "1" Ciudad de México, a diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos el informe justificado y las constancias de cuenta. Atento a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante rindiendo informe justificado, sin que exista necesidad de ponerlo a la vista en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en atención a la consideración que más adelante se expondrán. Visto el estado de los presentes autos, se desprende que el acto reclamado consiste en la orden de arresto, dictado el dos de febrero de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 241/2015 (fojas 15, 27 y 31-34). Asimismo, del informe de cuenta, se evidencia el reconocimiento por parte del Juez Vigésimo Noveno Penal en la Ciudad de México respecto de la existencia de la orden de arresto (foja 27); siendo evidente también que el juez de la causa penal, mediante el proveído y oficio de veintinueve de febrero del año en curso, decretó de oficio el sobreseimiento canceló la orden de arresto de dos de febrero de este año. En ese sentido, al informe y constancias de cuenta se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°. Conforme a lo expuesto, esta Juzgadora considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción XXI, del normativo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto que por esta vía se impugna, consistente en "la orden de arresto de dos de febrero del presente año, dictado por el Juez responsable, en la causa penal 241/2015", causal de improcedencia que debe estudiarse oficiosamente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así como la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo anterior, sin necesidad de dar vista al quejoso GERARDO MORENO MENDIOLA, con la actualización de dicha causa de improcedencia, advertida de oficio, como lo previene el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues de la interpretación del párrafo segundo de dicho precepto, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" -Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito-. Sustenta lo anterior la jurisprudencia por reiteración de criterios, VI.1o.T. J/1 (10a.), que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. Así pues, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Bajo esa óptica, la causal de improcedencia en comento, se refiere a la cesación de efectos del acto que se reclama en el juicio de amparo, a lo cual, es pertinente señalar, que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 fracción de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ello es así, como ya se dijo, debido a que el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la autoridad responsable canceló la orden de arresto librada en contra de GERARDO MORENO MENDIOLA, mediante diverso auto de dos de febrero de dos mil dieciséis; de ahí que cesaron los efectos del acto reclamado, actualizándose de esta manera la causal de improcedencia que se analiza. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial 2ª /J. 59/99, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Segunda Sala, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, este órgano de control Constitucional considera que al caso concreto, lo conducente es conforme a la fracción V del numeral 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, todos de la Ley de Amparo, es de SOBRESEERSE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, promovido por Lucia Muñoz Gómez, en contra del "la orden de arresto de treinta y uno de diciembre, dictado por el Juez responsable, en la causa penal 89/2015", por actualizarse la causal de improcedencia en estudio. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa a la peticionaria de garantías, en virtud de que la determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia Constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que se hace extensivo, respecto de los actos de ejecución reclamados al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México; esto, al no haberse combatido por vicios propios. Efectos de la Audiencia Constitucional. Por las consideraciones precisadas se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. Sise. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 2º, fracción XV, 5°, 7º y 8°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 1°, fracción III, 25, 28, 29, 30, 34 y 65 del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, a través del cual se implementa la publicación en internet de las sentencias ejecutorias y resoluciones públicas relevantes, generadas, entre otros órganos del propio por Consejo, por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a fin de incentivar el interés de la población en el conocimiento de las resoluciones jurisdiccionales, para fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información y que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que se elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en último término y envíese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 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