Gerardo Molina Rivero
Expediente 1028/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1028/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gerardo Molina Rivero
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; a doce de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido la sentencia emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicha sentencia que ampara a la parte quejosa ha causado ejecutoria. Ahora, tomando en consideración que los efectos del fallo protector consisten en: Ahora bien, en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Junta Especial número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, con sede en esta ciudad: "a).- Acredite haber expedido y entregado el oficio que corresponda para recabar el informe ofrecido por la parte demandada en el juicio laboral 26/2017, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y provea lo conducente para que dicho destinatario de cumplimiento a tal requerimiento; todo lo cual lleva implícita la obligación de hacer efectivo el apercibimiento que formule en caso de contumacia." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta responsable, para que dentro del plazo de tres días informe el cumplimiento que haya dado a la sentencia de amparo, sin que en ejercicio de la facultad contenida en el último párrafo del numeral en cita, se estime necesario ampliar dicho término para ese efecto. En la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá al Titular, una multa de cien unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el alegato ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; sin que haya lugar a proveer sobre las manifestaciones que realiza, en virtud de que el veinticinco de noviembre del año en curso se dictó sentencia en el presente juicio. Sin embargo, en términos de lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase copia certificada que refiere, previa razón de su recibo para constancia legal. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1028/2019. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Gerardo Molina Rivero, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señalan: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. ACTO RECLAMADO "a).-La INACTIVIDAD PROCESAL de la Autoridad Responsable, en el expediente laboral número 26/2017, de preparar y desahogar las pruebas (1) ofrecidas por las partes, dentro de los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, especialmente la consistente en: EL INFORME a cargo del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ofrecido por la parte demandada AFORE SURA, S.A. DE C. V., bajo el apartado II de su escrito de pruebas, admitido desde el día 11 de septiembre del 2017. La OMISIÓN de no prever las medidas necesarias a fin de que se turne el expediente para proyecto de laudo." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada con el número 1028/2019; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto omisivo dentro de un juicio laboral que se tramita ante una autoridad que radica en el ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis que se realiza a las constancias que integran el presente asunto, se precisa que el quejoso reclama la omisión de desahogar la prueba ofrecida por la parte demandada consistente en el informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del juicio laboral 26/2017, del índice de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, al rendir su informe justificado, en representación de dicho órgano laboral, aceptó el acto que se le atribuye. Certeza que se corrobora con las diversas actuaciones del juicio laboral 26/2017 que en copia certificada adjuntó como apoyo a su informe justificado, a las que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de las cuales no se observa que el Instituto Mexicano del Seguro Social haya rendido el informe que le fue requerido, cuya omisión se le reprocha. CUARTO. Análisis de los conceptos de violación. Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia, se procede al análisis del concepto de violación. Es fundado el concepto de violación relativo a que la conducta omisiva de la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el derecho tutelado por el artículo 17 constitucional, dado que dicha responsable no ha dictado las providencias necesarias para lograr el desahogo de los medios de prueba destacados en el considerando que antecede. El artículo 17 Constitucional, dispone lo que sigue: "Artículo 17. (...) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Como se advierte en el precepto constitucional en cita se contiene: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado para acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos a efecto de obtener una resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado; b) La obligación para las autoridades jurisdiccionales, de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas; y, c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, pronunciados por los órganos jurisdiccionales, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales. Ahora bien, el derecho a la expeditez y prontitud que debe imperar en todos los procedimientos jurisdiccionales, se ve reglamentada por las disposiciones que particularmente operan para cada tipo de proceso judicial; en el caso que nos ocupa, la Ley Federal del Trabajo, dispone en sus artículos 685, 750 y 883, lo que sigue: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso (.)." "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días." De los numerales transcritos se obtienen las premisas de la expeditez e inmediatez del procedimiento laboral en general, y en lo particular, en tratándose de la faceta probatoria, en la que además es evidente la obligación que se atribuye a los órganos jurisdiccionales de velar por el pronto desahogo de los medios de prueba que les ofrezcan las partes, de tal manera que a su vez están vinculados a proveer las medidas que sean pertinentes para lograr dicho fin, pues específicamente el penúltimo de los dispositivos legales citados (artículo 883), establece que el Tribunal Laboral ".dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido."; en tal sentido destaca la obligación de la autoridad laboral de girar los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en la ley laboral, así como el procedimiento que debe seguirse en caso de desacato; mientras que el numeral 750 transcrito señala que las notificaciones, citaciones o emplazamientos, cuya realización corresponde realizar al Actuario, deben realizarse dentro de los cinco días siguientes al de su ordenamiento, salvo que exista causa legal que justificare su realización posterior. En contraste con lo anterior, de las actuaciones remitidas en copia certificada por la junta responsable valoradas en el considerando que antecede se advierte que ésta desde que se emitió el auto admisorio de pruebas de once de septiembre de dos mil diecisiete, no ha dictado las providencias necesarias para recabar el informe solicitado al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues a pesar de que ha ordenó la emisión del oficio respectivo, y ha ordenado oficios recordatorios mediante autos de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho y ocho de noviembre de dos mil diecinueve, no se advierte que dichas comunicaciones hayan sido entregadas, cuya omisión a realizar se reclama; lo que resulta violatorio de garantías en perjuicio de la parte quejosa, en razón de que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Lo que da pauta para conceder a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que una vez que cause firmeza la presente resolución, la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje: a).- Acredite haber expedido y entregado el oficio que corresponda para recabar el informe ofrecido por la parte demandada en el juicio laboral 26/2017, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y provea lo conducente para que dicho destinatario de cumplimiento a tal requerimiento; todo lo cual lleva implícita la obligación de hacer efectivo el apercibimiento que formule en caso de contumacia. Con lo cual se restituirá a la parte quejosa en el goce del derecho violado, respecto de la omisión específica que motivó el presente juicio, a fin de que ello no constituya un obstáculo más para lograr la diligenciación de la prueba aludida. Sin que obste a lo anterior que el solicitante del amparo pretende que mediante el presente juicio se constriña a la Junta responsable a que en lo sucesivo en la substanciación del juicio laboral de origen, se observe y acate los plazos y términos legales respecto de todos los actos que deba desplegar en el futuro, es decir, que se conceda la protección constitucional para que la responsable desahogue el procedimiento laboral hasta su resolución, en virtud de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante resolución de dieciocho de septiembre de dos mil trece, dictada en el recurso de inconformidad 282/2013 determinó abandonar el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 2ª./J.45/2007 sustentada por la misma, consultable en la página 528 tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", al considerar que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. En mérito de lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74, 77, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gerardo Molina Rivero, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Numero 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado de Distrito que autoriza. Doy fe.
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