Gerardo Melgoza García
Expediente 1430/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1430/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gerardo Melgoza García
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE DUE CONMINADA LA PARTE TERCERO INTERESADA, SE LE EMPLAZA A JUICIO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE DOS MIL VEINTITRES: "Agréguese el oficio del Juez responsable, mediante el cual remite las constancias solicitadas; en consecuencia, conforme a lo dispuesto por los numerales 125 y 128 de la ley de la materia, por cuerda separada, con copia simple del escrito inicial, del comunicado de cuenta y sus anexos, así como con reproducción certificada del presente proveído, fórmese el incidente de suspensión. En diverso aspecto, de la información allegada se advierte que la contraparte del quejoso en el juicio de origen es *******, por lo tanto, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), se le designa como tercero interesado, y se comisiona al Actuario de la adscripción para que efectúe su emplazamiento en el domicilio proporcionado por la autoridad. En términos del numeral 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA."
- Principal
Agréguese el oficio del Juez responsable, mediante el cual remite las constancias solicitadas; en consecuencia, conforme a lo dispuesto por los numerales 125 y 128 de la ley de la materia, por cuerda separada, con copia simple del escrito inicial, del comunicado de cuenta y sus anexos, así como con reproducción certificada del presente proveído, fórmese el incidente de suspensión. En diverso aspecto, de la información allegada se advierte que la contraparte del quejoso en el juicio de origen es *******, por lo tanto, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), se le designa como tercero interesado, y se comisiona al Actuario de la adscripción para que efectúe su emplazamiento en el domicilio proporcionado por la autoridad. En términos del numeral 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.
- Incidental
Visto lo de cuenta, como se ordena en el cuaderno principal, con copia simple del oficio de registrado con el folio 23474 y sus anexos, así como con reproducción certificada del proveído de esta fecha y reproducción simple de la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Juez Vigésimo de Proceso Oral en Materia Civil de la Ciudad de México; fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1430/2023. PRIMERO. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO. Pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas; lo anterior, de conformidad con los artículos 138, fracción III, y 140 de la ley de la materia; sin que sea necesario remitirle copia de la demanda, pues se le envió con el oficio relativo al auto admisorio. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integral de la demanda de amparo y acorde con las constancias allegadas por la autoridad responsable, el acto reclamado es el proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio oral civil ... del índice del Juzgado Vigésimo de Proceso Oral en Materia Civil de la Ciudad de México, donde se desestimó la solicitud de aclarar la interlocutoria de remate, y reconocerle el carácter de postor. TERCERO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. En el caso, más allá de que el acto reclamado es de carácter negativo, es improcedente otorgar la suspensión, pues a criterio de este órgano no se satisfacen los requisitos del artículo 147 de la Ley de Amparo, respecto de la posibilidad jurídica de restitución, en relación a su diverso numeral 131 de la legislación en cita. En efecto, el acto reclamado tiene una naturaleza negativa, en tanto que se confirmó que no era procedente acordar favorable la petición de la parte quejosa de reconocerse su calidad de postor en el juicio de origen conceder las medidas provisionales solicitadas; empero la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que tal característica intrínseca del acto, en todo caso es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para establecer si la medida cautelar procede o no. De tal suerte que para determinar la procedencia de la medida cautelar constitucional, deben estar satisfechos los requisitos legales que la rigen, como son: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, en Materia(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, que dispone: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." De ahí que, en acatamiento a la jurisprudencia del Máximo Tribunal, el suscrito advierte que, de los tres requisitos mencionados, solo está cubierto el relativo a la no afectación de disposiciones de orden público e interés social, en tanto que se está frente a un acto civil, que por regla general, rige solo para los particulares involucrados en el acto de contratación; de modo que la colectividad no tiene un interés destacado o especial en dicha relación. Sin embargo, conforme a lo previsto en los artículos 138 y 147, en relación al 131, todos de la Ley de Amparo, no es posible otorgar la medida, ya que en este caso iría más allá de lo legalmente posible, en tanto que otorgar la medida implicaría hacer que el Juez dicte una determinación donde concluya que es procedente aclarar la interlocutoria relativa a la aprobación del remate del inmueble litigioso, lo que encuentra un límite en el contenido del artículo 131 de la Ley de Amparo, que en ningún caso permite que la providencia sea constitutiva o modificativa de derechos. El numeral en cuestión dispone: "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." Esto es, de otorgar la suspensión, su efecto repercutirá en el estado jurídico actual al imponer la emisión de nuevas resoluciones que dejarían materialmente sin efectos lo determinado en el acto reclamado cambiando la situación jurídica por una nueva que no podría variar en caso de no obtener sentencia favorable. Orienta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo V, página 4497, registro digital 2026730, Undécima Época, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." Por ello, se concluye que variar el sentido de la decisión que ya adoptó el Juez responsable conforme a sus facultades, implicaría un cambio diametralmente opuesto a lo reclamado que llevaría necesariamente a la creación de una nueva situación jurídica a favor del impetrante, lo cual está limitado en la vía suspensional por el artículo citado, y además por la jurisprudencia invocada. Al efecto se invoca la tesis I.2o.A.1 K (10a.) de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, en Materia(s): Constitucional. Página: 1955, que establece: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA LIMITANTE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NO ES CONTRARIA AL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El numeral 131 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando acredite: 1) el daño inminente e irreparable a su pretensión y, 2) el interés social. Por su parte, el párrafo segundo de dicho precepto prevé una limitante consistente en que, en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido antes de la presentación de la demanda. No obstante, dicha condición no resulta contraria al derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que no implica una restricción o traba para el peticionario de amparo, sino un parámetro que debe observar el juzgador federal al momento de pronunciarse en cuanto a la procedencia o no de la suspensión del acto reclamado, esto es, al Juez de Distrito le está prohibido conceder la suspensión cuando, entre otros supuestos, con ésta se puedan constituir derechos que antes de la presentación de la demanda no tenía el solicitante, lo cual es acorde con la naturaleza de la medida cautelar, pues ésta únicamente tiene como finalidad garantizar el derecho que se está cuestionando, pero nunca constituir uno nuevo." Además, otorgar la suspensión para que el Juez atienda lo pretendido por la parte quejosa, importaría una anulación del auto reclamado, lo que no es un alcance propio de las medidas cautelares, como lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015, donde determinó: "66. De lo dicho se aprecia que la suspensión, produce los efectos prácticos de la sentencia de amparo, aunque provisoriamente, en tanto que la sentencia lo hace de manera definitiva, pero lo que no puede hacer es nulificar el acto, porque esto sí es exclusivo de la ejecutoria." Ello es así, pues el reclamo en esta instancia lo constituye una determinación adoptada por el juzgador responsable, donde desestimó la pretensión del quejoso de aclarar la interlocutoria relativa al remate del inmueble materia de la litis, y reconocerle el carácter de postor; de ahí que en el supuesto de que a través de una decisión suspensional, la autoridad tuviera que atender favorablemente dicha solicitud, implicaría la emisión de un acto nuevo, distinto a la litis en el juicio de amparo del que deriva esta incidencia, que tanto material, como procesalmente sustituiría al acto reclamado, pues los efectos de la nueva resolución propiciarían implícitamente una cesación de aquella resolución, lo cual es inviable, pues de no resultar favorable a la parte quejosa la sentencia que se dicte para resolver el fondo del asunto, no existiría posibilidad jurídica de restitución, ya que la sentencia de amparo no puede tener por efecto dejar insubsistente un acto que no fue combatido y que surgiría con posteridad a la presentación de la demanda constitucional. Dicho de otro modo, habría nuevos actos autónomos a los que se reclaman y que no se retrotraerían en caso de no obtenerse un fallo constitucional favorable. Lo anterior, se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2026730, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." Por lo expuesto, se NIEGA LA MEDIDA SUSPENSIONAL SOLICITADA, al no cumplirse los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo. CUARTO. DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga lugar la audiencia incidental; fecha que se fija con apoyo en lo dispuesto por la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la demanda que promueve ...; contra actos del Juez Vigésimo de Proceso Oral en Materia Civil de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los preceptos 14 y 16 Constitucionales, al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico con el número 1430/2023. Tramítese el presente asunto observando los términos del ordinal 3° de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 107 y 115 de la ley de la materia, SE ADMITE LA DEMANDA. I. Vista al Ministerio Público. Por medio de oficio dese la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. II. Requerimiento de informe justificado y las constancias para resolver. Mediante la vía ordinaria o electrónicamente -según corresponda- pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que habrá de rendir cumpliendo con lo prescrito en los dispositivos 115 a 117 de la Ley de Amparo, dentro del término máximo de quince días. Al oficio relativo deberá anexar copias certificadas con sello y firmas oficiales de lo siguiente: Acto reclamado y la secuela procesal que lo haya precedido (por ejemplo, actuación recurrida, agravios, etc.). Toda constancia y pruebas que se hayan relacionado (señalado) y valorado para su emisión; así como aquellas sobre las que se apoyen los conceptos de violación. En general, de cualquiera elemento del negocio y su estado procesal, que sea indispensable para la resolución del asunto. En su comunicado, la autoridad deberá indicar si el acto reclamado se dictó en cumplimiento a una ejecutoria de amparo -especificando detalladamente cuál-; y en su caso, si hay juicios constitucionales previos y ante qué órgano jurisdiccional se radicaron. En ese sentido es innecesario que se envíen todas las constancias, tomos y cuadernos relacionados al asunto de origen, ya que sólo se pide lo que sea indispensable para resolver, a fin de vigilar el adecuado manejo de los recursos materiales e insumos, así como fomentar la protección al medio ambiente, de acuerdo a los deberes y responsabilidad que a cada autoridad competen en términos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Bajo apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo que aquí se ordena, con fundamento en el dispositivo 237 fracción I en relación al 260 ambos de la Ley invocada, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización. Hágase del conocimiento de las partes que en colaboración para una pronta y eficiente impartición de justicia, al rendirse el informe justificado, y dentro del término de ley, deberán indicar si se hace necesaria alguna constancia en particular para resolver; sin perjuicio de las que este órgano pudiera llegar a requerir. Dado que la impartición de justicia es una función de la que se beneficia toda la sociedad, y en la que existen cuestiones de orden público e interés general que deben observarse indefectiblemente, se requiere a todas las partes para que en caso de que se actualice algún supuesto de improcedencia o sobreseimiento, lo informen de inmediato a este órgano jurisdiccional, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme al arábigo 251 de la Ley de Amparo. III. Incidente de Suspensión. La tramitación de la medida cautelar se posterga, a fin de contar con elementos para proveer lo que en derecho corresponda sobre la procedencia, los alcances y requisitos de efectividad que pudiera tener la medida solicitada; por lo tanto, gírese oficio al Juez responsable para que en el plazo de veinticuatro horas, legalmente computadas, remita lo siguiente: Copias certificadas de la resolución que aprobó la adjudicación en el proceso de origen, los escritos del quejoso donde solicitó ser considerado como postor, el proveído de veintiuno de noviembre del año en curso y el ocurso que le dio origen. Informe quiénes son las partes en el juicio de origen y sus domicilios- Manifieste si dentro del juicio de origen se han promovido otros amparos (aun cuando no los haya instado el hoy quejoso); y en caso afirmativo, refiera los datos de identificación como el número de expediente, autoridad ante quien se tramita y cuál es el acto reclamado. Esa información servirá para conocer el origen del reclamo y de ese modo, poder analizar la procedencia de la medida suspensional, sus alcances y si en su caso es necesario fijar una medida para su efectividad. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a hacer efectiva la medida con la que se le conminó en el capítulo anterior. IV. De los terceros interesados. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reserva su señalamiento, hasta en tanto obren en autos las constancias del proceso de origen, y de este se desprenda si alguna persona le recae el carácter de tercera interesada en el presente amparo, con fundamento en el precepto legal citado, así como ordenar su emplazamiento V. De la audiencia Constitucional. Se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL PRIMERO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional. VI. Protección de Datos Personales y Transparencia. Este juicio queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y por los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en materia de protección de datos personales y en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, diez de octubre de dos mil dieciocho y seis de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente; por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren en este expediente, serán tratados conforme a los lineamientos aplicables en tales normas y sólo serán utilizados para el análisis materia de este asunto. De conformidad con las normas derivadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva el consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos. VII. Domicilio y Autorizados. Respecto de quienes indica en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tendrán las facultades amplias que prevé, si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente estarán autorizadas para oír y recibir notificaciones. Como lo solicita, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización electrónica, con el nombre de usuario que proporcionan para la consulta del expediente electrónico. NOTIFÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD A LA PARTE TERCERA INTERESADA.
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