Gerardo Martiñón Ruiz
Expediente 288/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/03/2019
Partes del expediente
- Gerardo Martiñón Ruiz
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y REGISTRO Visto el escrito de demanda que promueve **** con fundamento en el artículo 112 de la ley de amparo, regístrese bajo el número 288/2019-II-A. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En tales condiciones, de una lectura integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama: La omisión de la autoridad responsable en emitir el laudo correspondiente, en el expediente J.5/518/2017, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Número Cinco, en el Estado de México. DESECHAMIENTO Sentado lo anterior, este juzgado de Distrito, estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretado en sentido contrario y 113, todos de la Ley de Amparo, los que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior es así, ya que el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. En el caso, se está en presencia un acto que no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, y por ende, la omisión reclamada, no legitima la promoción del juicio de amparo indirecto Lo anterior, pues solamente produciría efectos en contra de derechos adjetivos, sin atacar sus derechos sustantivos de forma tal que el perjuicio irrogado podría ser reparado por un acto jurídico posterior, ello tomando en consideración que la posible afectación que se ocasione puede ser subsanada, si se obtiene un acuerdo favorable en el juicio de origen del acto reclamado. En efecto, respecto a la dilación aludida, sólo será procedente su estudio en amparo indirecto cuando exista una abierta o total paralización del procedimiento, como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los datos: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." (10a. Época; 2a. Sala; Semanario Judicial de la Federación; 2a./J. 33/2019). Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. Lo anterior es así, pues el suscrito estima que la omisión que por esta vía reclamada, no es de aquellas que produzcan un afectación de manera irreparable, pues el hecho de que la autoridad responsable el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, ordenara turnar los autos del expediente J.5/518/2017, de su índice, y a la fecha de presentación no haya emitido dicha resolución, no vulnera en su perjuicio derechos fundamentales tutelados por la carta magna, sino que se traduce en una violación de derechos adjetivos que sólo producen efectos formales, por ser una violación al procedimiento emitido en el procedimiento de origen. Acotado lo anterior, se concluye que no obstante la data en que se turnaron los autos que no ocupan al dictado de proyecto de laudo, se estima que a la fecha no es excesivo el tiempo transcurrido sin que se dicte la resolución que conforme derecho corresponda, de modo que no se está ante una dilación directa y excesiva que conduzca a considerar que se trata de una vulneración franca al derecho de acceso a la justicia a favor de la parte quejosa, sino que en todo caso dicha parte procesal puede realizar gestiones ante la responsable para que cumpla su cometido e incluso esta dilación, por ahora, no es de imposible reparación porque puede sobrevenir el dictado del acuerdo legal conducente. La presente determinación se sustenta en que, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, después de que se turnan los autos del juicio laboral para la elaboración del proyecto de resolución, en un plazo de diez días, se formulará esa propuesta, de la cual se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta y, éstos tendrán un lapso de cinco días más para su análisis; transcurridos esos términos, si no se hubiera solicitado diligencias extraordinarias, correrán diez días para citar a sesión en la que se discutirá y votará el proyecto correspondiente; aunado a lo anterior, se considera el período vacacional tomado por la autoridad responsable. En tal sentido, se concluye que no se está ante una dilación franca y directa en la que hubiera incurrido la Junta responsable, lo anterior tomando en consideración los días que tiene la responsable para el dictado del laudo correspondiente, más el periodo vacacional de la misma y el término que consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (45 días naturales). En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, interpretada a contrario sensu, 113, 170, fracción I, del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
- Principal
En atención al citatorio de cinco de marzo de dos mil diecinueve, hago efectivo el apercibimiento ahí decretado y notifico por lista a la parte quejosa el auto de cuatro anterior, al tenor siguiente: RADICACIÓN Y REGISTRO Visto el escrito de demanda que promueve **** con fundamento en el artículo 112 de la ley de amparo, regístrese bajo el número 288/2019-II-A. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En tales condiciones, de una lectura integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama: La omisión de la autoridad responsable en emitir el laudo correspondiente, en el expediente J.5/518/2017, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Número Cinco, en el Estado de México. DESECHAMIENTO Sentado lo anterior, este juzgado de Distrito, estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretado en sentido contrario y 113, todos de la Ley de Amparo, los que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior es así, ya que el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. En el caso, se está en presencia un acto que no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, y por ende, la omisión reclamada, no legitima la promoción del juicio de amparo indirecto Lo anterior, pues solamente produciría efectos en contra de derechos adjetivos, sin atacar sus derechos sustantivos de forma tal que el perjuicio irrogado podría ser reparado por un acto jurídico posterior, ello tomando en consideración que la posible afectación que se ocasione puede ser subsanada, si se obtiene un acuerdo favorable en el juicio de origen del acto reclamado. En efecto, respecto a la dilación aludida, sólo será procedente su estudio en amparo indirecto cuando exista una abierta o total paralización del procedimiento, como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los datos: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." (10a. Época; 2a. Sala; Semanario Judicial de la Federación; 2a./J. 33/2019). Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. Lo anterior es así, pues el suscrito estima que la omisión que por esta vía reclamada, no es de aquellas que produzcan un afectación de manera irreparable, pues el hecho de que la autoridad responsable el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, ordenara turnar los autos del expediente J.5/518/2017, de su índice, y a la fecha de presentación no haya emitido dicha resolución, no vulnera en su perjuicio derechos fundamentales tutelados por la carta magna, sino que se traduce en una violación de derechos adjetivos que sólo producen efectos formales, por ser una violación al procedimiento emitido en el procedimiento de origen. Acotado lo anterior, se concluye que no obstante la data en que se turnaron los autos que no ocupan al dictado de proyecto de laudo, se estima que a la fecha no es excesivo el tiempo transcurrido sin que se dicte la resolución que conforme derecho corresponda, de modo que no se está ante una dilación directa y excesiva que conduzca a considerar que se trata de una vulneración franca al derecho de acceso a la justicia a favor de la parte quejosa, sino que en todo caso dicha parte procesal puede realizar gestiones ante la responsable para que cumpla su cometido e incluso esta dilación, por ahora, no es de imposible reparación porque puede sobrevenir el dictado del acuerdo legal conducente. La presente determinación se sustenta en que, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, después de que se turnan los autos del juicio laboral para la elaboración del proyecto de resolución, en un plazo de diez días, se formulará esa propuesta, de la cual se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta y, éstos tendrán un lapso de cinco días más para su análisis; transcurridos esos términos, si no se hubiera solicitado diligencias extraordinarias, correrán diez días para citar a sesión en la que se discutirá y votará el proyecto correspondiente; aunado a lo anterior, se considera el período vacacional tomado por la autoridad responsable. En tal sentido, se concluye que no se está ante una dilación franca y directa en la que hubiera incurrido la Junta responsable, lo anterior tomando en consideración los días que tiene la responsable para el dictado del laudo correspondiente, más el periodo vacacional de la misma y el término que consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (45 días naturales). En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, interpretada a contrario sensu, 113, 170, fracción I, del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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