Gerardo Martinez Soto
Expediente 219/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Gerardo Martinez Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Pachuca, Hidalgo, veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes el oficio signado por la Jueza Penal de Primera Instancia por Ministerio de Ley del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, por el que acusa recibo del oficio 22790/2017, por el que se remitió copia certificada de la causa penal 07/2013 y su acumulada 28/2013; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a catorce de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el auto de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Gerardo Martínez Soto, ha causado ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo, glósense los cuadernos incidentales y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Devuélvasele al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, la copia certificada de la causa penal 07/2013 y su acumulada 28/2013 de su índice, que remitió como justificación a su informe, solicitando el acuse de recibo respectivo. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal, y el duplicado del incidente de suspensión son destruibles, mientas que el original del cuaderno incidental es depurable. Notifíquese.
- Principal
Pachuca, Hidalgo, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes el oficio signado por la Jueza Penal por Ministerio de Ley de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, por el que remite copia certificada del acuerdo de dieciocho de mayo actual, emitido en la causa penal 28/2013 acumulada a la diversa 07/2013, en el que ordenó la cancelación de la orden de reaprehensión de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, anexando copia del oficio 779/2017 dirigido al Procurador General de Justicia del Estado que contiene razón de recibo; por ende, se acuerda lo siguiente: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En atención a lo anterior, este juzgador advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Así, conforme al texto del citado precepto legal se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga. Para que se actualicen los presupuestos de esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. En conclusión, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. Ilustra esta consideración, la jurisprudencia número 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En este contexto se establece que el acto reclamado por el quejoso se hizo consistir en la orden de reaprehensión girada dentro de la causa penal 28/2013 acumulada a la diversa 07/2013. Ahora bien, del contenido de las constancias que remitió la Jueza Penal por Ministerio de Ley de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, se desprende lo siguiente: a) En acuerdo de trece de julio de dos mil dieciséis, la A quo tuvo a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, remitiendo copia de la resolución dictada en el toca penal 269/2016 que resolvió confirmar la sentencia definitiva de nueve de septiembre de dos mil quince, emitida en la causa penal 28/2013 acumulada a la diversa 07/2013 que declaró a Gerardo Martínez Soto, alias "El Jerry" penalmente responsable del delito de LESIONES DOLOSAS cometido en agravio de Carlos Daniel Hernández Barrera, requiriendo a este último para que dentro del término de diez días diera cumplimiento a la sentencia. b) En proveído de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, debido a que el quejoso fue omiso en dar cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de trece de julio de dos mil dieciséis, resolvió librar orden de reaprehensión contra el ahora quejoso a efecto de que compurgara la pena de prisión que le fue impuesta en sentencia. c) Mediante oficio 3080 de uno de septiembre de dos mil dieciséis, la Secretaria de Acuerdos de las Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, comunicó al juez de la causa que debido a que Gerardo Martínez Soto promovió juicio de amparo contra la sentencia dictada dentro del toca penal 269/2016, de conformidad con los artículos 190 y 191 de la Ley de Amparo, se concedió la suspensión del acto reclamado al citado quejoso para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que actualmente se encontraban, no se llevara a cabo la ejecución del acto reclamado, es decir, para que el amparista no fuera privado de su libertad, quedando a disposición del órgano colegiado que conociere del juicio por mediación de dicho tribunal de apelación y en el supuesto de haber girado orden de reaprehensión debía ordenar su cancelación de inmediato y si no se había emitido debía abstenerse de hacerlo hasta en tanto se le notificara el fallo definitivo que emitiera la autoridad federal, por ende, en acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciséis, el juez de los autos remitió a dicho tribunal de alzada el original de la causa penal. d) En el oficio de cuenta la responsable remite copia certificada del acuerdo de dieciocho de mayo actual, por el cual con base en la suspensión concedida por el tribunal de apelación ordenó la cancelación de la orden de reaprehensión de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, anexando copia del oficio 779/2017 dirigido al Procurador General de Justicia del Estado que contiene razón de recibo. De la narrativa expuesta, es evidente que han cesado los efectos del acto (orden de reaprehensión de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis) que el promovente de amparo atribuyó a la autoridad responsable, lo cual pone de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia que se invoca dado que a la fecha dicha orden ha sido cancelada, por ende, se ha constituido una situación jurídica que definitivamente destruye aquella que dio origen al presente juicio de amparo, pues la finalidad para la cual interpuso su demanda de amparo ha cambiado, ya que el acto reclamado dejó de surtir sus efectos, actualizándose de esa manera la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable en la especie la tesis jurisprudencial 2ª./J.9/98, Segunda Sala, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al actualizarse la causa de sobreseimiento antes citada, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, dado el sentido del presente proveído. Notifíquese personalmente.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a once de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta; y advirtiéndose de las constancias que el Juez responsable remitió en apoyo a su informe justificado, que mediante oficio 3080, de uno de septiembre de dos mil dieciséis (data posterior a la emisión de la orden de aprehensión), la Secretaria de Amparos de las Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, informó a aquel juzgador que el aquí quejoso promovió juicio de amparo directo contra la sentencia de segunda instancia dictada en el toca penal 269/2016. Asimismo, que se concedió la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y no se ejecute dicha sentencia ni se prive de la libertad al amparista; y en el supuesto de que haya sido librada la orden de reaprehensión esta se cancele. Sin embargo, del legajo de copias certificadas referidas no se advierte el proveído que el juez responsable emitió para dar cumplimiento a la suspensión, es decir, si canceló la orden de reaprehensión de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Asimismo, no se advierte si a la fecha ya se resolvió el juicio de amparo directo promovido, y en su caso, si se emitió un nuevo mandato de recaptura. En consecuencia, este juzgador federal considera necesario contar con las constancias que arrojen la información referida, a efecto de emitir una sentencia apegada a derecho; por ende, requiérase al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, para que dentro del término de tres días contado a partir de que reciba el oficio que derive de este acuerdo, remita copias certificadas de las constancias relativas al acuerdo que emitió en cumplimiento a la suspensión concedida con motivo del amparo directo o informe la imposibilidad que tiene para hacerlo. De igual forma, en el mismo plazo, deberá informar si el juicio de amparo directo en cuestión ya fue resuelto y, si como resultado de ello, se emitió una nueva orden de reaprehensión en contra del quejoso; lo cual, en su caso, deberá acreditar con las constancias respectivas. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término que se le concede, este Juzgado de Distrito se encuentra facultado por el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia Vigente, para imponer una multa consistente en cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (entendiéndose días de Unidad y Medida y Actualización, conforme a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil dieciséis). Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha y se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Notifíquese.
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