Gerardo Martínez Sánchez

Expediente 271/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
271/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
15/03/2018

Partes del expediente

  • Gerardo Martínez Sánchez
  • Cuarta Sala En Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    téngase por recibida la razón de trece de marzo de dos mil dieciocho, asentada por el actuario judicial adscrito a este juzgado de Distrito, en la que hace constar que no le fue posible notificar a la tercera interesada María de los Ángeles Juárez Romero, el proveído de doce de marzo de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, téngase al actuario judicial manifestando la imposibilidad de notificar a la tercera interesada el citado proveído en virtud de que a la fecha no se ha apersonado al presente juicio de amparo ni ha señalado domicilio para recibir notificaciones. En consecuencia, con apoyo en la fracción III, del artículo 26, y la fracción III, del artículo 27, ambos de la Ley de Amparo, se ordena notificarle por medio de lista el proveído de doce de marzo de dos mil dieciocho, así como las subsecuentes notificaciones que se ordenen en forma personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. nte Marcela Moreno Prado, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de dos de marzo de dos mil dieciocho (foja 29) se tuvo al Magistrado Presidente y Magistrado Ponente, ambos de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, rindiendo el informe justificado correspondiente. Ahora bien, de las constancias remitidas por las autoridades responsables en el informe justificado, se advierte que el catorce de febrero de dos mil dieciocho, se emitió la resolución correspondiente dentro del toca ******************** del índice de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, lo que se corrobora con las constancias adjuntas al informe justificado, documentales que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. De la lectura íntegra de la demanda se advierte que el quejoso Gerardo Martínez Sánchez, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de emitir la resolución correspondiente dentro del toca ********************, del índice de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, formado con motivo del recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictada dentro del juicio de rescisión de contrato privado de compraventa y pago de pesos, radicado en el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla con el número de expediente 2254/2015. Sin embargo, de las constancias remitidas por las autoridades responsables Magistrado Presidente y Magistrado Ponente, ambos de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, se advierte que el catorce de febrero de dos mil dieciocho, procedieron a emitir la resolución definitiva dentro del toca de apelación ********************. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse dictado la resolución correspondiente dentro del toca ********************, del índice de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto a los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la ampliación de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fije las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Háganse las anotaciones correspondientes.

  3. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de dos de marzo de dos mil dieciocho (foja 29) se tuvo al Magistrado Presidente y Magistrado Ponente, ambos de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, rindiendo el informe justificado correspondiente. Ahora bien, de las constancias remitidas por las autoridades responsables en el informe justificado, se advierte que el catorce de febrero de dos mil dieciocho, se emitió la resolución correspondiente dentro del toca ******************** del índice de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, lo que se corrobora con las constancias adjuntas al informe justificado, documentales que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. De la lectura íntegra de la demanda se advierte que el quejoso Gerardo Martínez Sánchez, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de emitir la resolución correspondiente dentro del toca ********************, del índice de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, formado con motivo del recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictada dentro del juicio de rescisión de contrato privado de compraventa y pago de pesos, radicado en el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla con el número de expediente 2254/2015. Sin embargo, de las constancias remitidas por las autoridades responsables Magistrado Presidente y Magistrado Ponente, ambos de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, se advierte que el catorce de febrero de dos mil dieciocho, procedieron a emitir la resolución definitiva dentro del toca de apelación ********************. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse dictado la resolución correspondiente dentro del toca ********************, del índice de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto a los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la ampliación de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fije las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Háganse las anotaciones correspondientes.

  4. Principal

    De la certificación secretarial y del estado procesal que guardan los autos se advierte que a la fecha en que se actúa no obran los acuses de recibo correspondientes a los oficios 6991/2018 y 6992/2018 de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, con referencias R 4 25360 y R 4 25361, dirigidos al Registrador Integral adscrito a la Dirección Federal de Registro y Control Documental y al Director en Jefe, ambos del Registro Agrario Nacional; en tales condiciones, gírese oficio a la Administradora de la OSD del Servicio Postal Mexicano, Poder Judicial Siglo XXI, San Andrés Cholula, Puebla, requiriéndola para que en el término de tres días siguientes a la notificación de este auto, remita a este juzgado los acuses de recibo señalados en líneas que anteceden, anexándole para tal efecto copia simple de la factura correspondiente. Con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá, una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $**********, atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho.

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