Gerardo Martínez Olivier y Otros.
Expediente 1381/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1381/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gerardo Martínez Olivier y Otros.
Actuaciones
- Principal
...Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede... para la interposición del recurso de queja en contra del auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo hiciera valer; consecuentemente, el proveído de mérito ha quedado firme. ... se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo concluyó, en tanto que se desechó la demanda de amparo. ... Se hace constar que no obran documentos originales en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
...Por recibido el oficio número 48773/2022 y anexos, signado por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el que remite el expediente 1422/2022, formado con motivo de la demanda de amparo y anexos, formulada aparentemente por ******, por su propio derecho; y hace del conocimiento de este Juzgado de Distrito que el citado órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda ante él planteada. ... este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada en su favor y al efecto se avoca al conocimiento de la demanda en cuestión; con copia de este acuerdo acúsese recibo al citado Juzgado de Distrito y dese curso a la mencionada demanda de amparo. ... Vista la demanda de amparo formulada por *******************************, por propio derecho, contra actos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1°, 4°, 14, 16, 17 y 123 apartado B, fracción XI, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En el caso, se estima que se actualiza en modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I del numeral 1º y artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia. Ciertamente, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El numeral transcrito, instituye la improcedencia del juicio de amparo, en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, es decir, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 61; por lo cual, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. De igual manera, la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 103". Asimismo, los artículos 1° y 5° de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1o.". "Artículo 5o." Asimismo, el artículo 5° establece que tendrá el carácter autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En suma, el juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional, que se inicia mediante la acción de una persona física, jurídico colectiva, e incluso oficial, por sí o en representación de persona diversa, contra leyes, actos u omisiones de autoridad, ante la posible transgresión de sus derechos fundamentales, estatuidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, del cual, por razón de competencia, conoce un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, que tiene como objeto la calificación de la constitucionalidad de tales actos o leyes, con la finalidad de la restitución en el goce de sus derechos fundamentales, atendiendo para su procedencia a los artículos 103, 107 de la Constitución Federal, así como los principios rectores del procedimiento del amparo, establecidos en la propia ley de la materia. Del criterio trascrito se advierte, que las características que una autoridad debe tener para que se le considere como responsable para los efectos del juicio de amparo son: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales y obligatorios a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, 4) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. De lo anterior, se colige por una parte, que el ente de quien se reclamen actos presumiblemente violatorios de derechos humanos, debe ser un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación regidas por el derecho público y que afecten el ámbito jurídico del gobernado. En ese orden, de acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación, son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y obligatoriedad; por esto, la Constitución General de la República establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. Por otra parte, conforme al párrafo segundo de la fracción II, del artículo 5° de la Ley de Amparo, también pueden ser considerados actos de autoridad los realizados por particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, partiendo de la base jurídica expuesta, debe precisarse que los quejosos reclaman del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: "a. LA COBRANZA EXTRAJUDICIAL DEL CRÉDITO HIPOTECARIO (CONTRATO DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA HIPOTECARIA) DEL QUE FUERAMOS BENEFICIADOS EN EL MOMENTO EN QUE ERAMOS SERVIDOSES PÚBLICOS, para lo cual en el cumplimiento de HECHOS, manifestaremos cada uno de los créditos de manera individual, actos de los que fuimos objeto el pasado VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, a través de llamadas telefónicas, nos requerían el pago total del crédito hipotecario y entrega de los inmuebles objeto de dichos crédito de manera inmediata, sin mediar más información al respecto ostentándose la persona que realiza la llamada como trabajador del FOVISSSTE. b. LA OMISIÓN DE ATENDER MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPECTO DEL PRIMER ACTO ATRIBUIDO A LA RESPONSABLE MARCADA COMO a, para lo cual en el capítulo de HECHOS y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, manifestaremos los motivos respecto de este referido acto. c. LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DEL ARTÍCULO 2 DEL REGAMENTO ORGÁNICO DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (FOVISSSTE, (sic) para lo cual en el capítulo de HECHOS y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, manifestaremos los motivos respecto de este referido acto. d. EL COBRO EXCESIVO E INCONGRUENTE DEL INTERÉS LEGAL Y COMO CONSECUENCIA DEL MISMO EL INTERÉS MORATORIO, ES DECIR, EL COBRO DEL INTERÉS SOBRE EL INTERÉS RESPECTO DE LOS CONTRATOS HIPORTECARIOS CELEBREADOS ENTRE LOS HOY QUEJOSOS Y LA RESPONSABLE FOVISSSTE, para lo cual en el capítulo de HECHOS y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, manifestaremos los motivos respecto de este acto referido." Ciertamente, debe decirse que los hechos narrados en la demanda, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al ordinal 2° de la Ley de Amparo, constituyen una confesión contra el propio promovente. En el caso, del estudio integral de la demanda y de los anexos exhibidos por los quejosos, se advierte que los peticionarios del amparo refirieron: Los quejosos son ex servidores públicos. Los quejosos accedieron al ejercicio de sus derechos en su fuente de empleo relativos a créditos hipotecarios. Derivado de las fuentes de empleo que ostentaron dichos quejosos ejercieron sus derechos para la obtención de créditos hipotecarios mediante los instrumentos notariales respectivos. Que perdieron sus fuentes de empleo en la dependencia en la que prestaban sus servicios. Que derivado de lo anterior perdieron su capacidad de pago y en consecuencia de cumplimiento establecido en el contrato mutuo con interés y garantía hipotecaria. Que el veintinueve de julio de esta anualidad recibieron llamadas telefónicas intimidatorias en las que les requieren el pago total del crédito (cobranza extrajudicial), así como la entrega inmediata del inmueble adquirido. Sobre la base apuntada, se estima que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no tiene el carácter de autoridad, para efectos del presente juicio de amparo. En efecto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tiene el carácter de organismo descentralizado perteneciente a la administración pública federal, y se encarga de administrar el Fondo de la Vivienda, mediante la comisión ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Por tanto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del Fondo de la Vivienda, otorga crédito para la vivienda en cumplimiento de una norma constitucional que garantiza el derecho de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado. Así, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece la forma y términos en que se otorgarán los créditos, así como las modalidades de pago, entre las que destaca que éste se realizará mediante descuentos y que deberán realizarse desde el momento en que se otorgue el crédito respectivo. Es decir, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, organismo descentralizado, otorga los créditos de vivienda de acuerdo con las facultades y conforme a los lineamientos que le otorga la ley respectiva; y en cumplimiento de esa norma jurídica tiene la atribución de ordenar a las dependencias donde laboran los trabajadores asegurados que realicen los descuentos por concepto de crédito de vivienda, en cuyo caso, esa orden representa una obligación para las dependencias de retener los descuentos respectivos. Sin embargo, como acontece en el caso particular al ser los peticionarios del amparo ex trabajadores (desempleados), el requerimiento extrajudicial efectuado por Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no reviste un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo puesto que no tiene la coerción, por la condición en que se encuentran los quejosos, de afectar su esfera jurídica, ni ordena a una dependencia o entidad realizar descuentos atrasados al salario de los trabajadores por concepto de crédito de vivienda. Consecuentemente, se estima que se actualiza en modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I del numeral 1º y fracción II, del artículo 5°, de la Ley de Amparo, por lo cual, se desecha de plano la demanda en estudio, por notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 113 de la invocada Ley de Amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 3, 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 34 y 55 del Acuerdo General 12/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los usuarios que indican para consultar el expediente en que se actúa, y para recibir notificaciones de manera electrónica. Es pertinente señalar que la digitalización de las promociones y proveídos del expediente electrónico, se integran atendiendo a la carga de trabajo con la que cuenta este órgano jurisdiccional y depende de la optimización y funcionamiento del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". ... se ordena que el analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes proceda a otorgar los permisos correspondientes para la consulta del expediente electrónico y que las notificaciones dirigidas a la parte quejosa en el presente asunto se realicen a través del mencionado usuario. ... se tiene como autorizados de su parte a las personas que indica y para los efectos que precisa; en la inteligencia que para poder actuar en el presente asunto en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, será así siempre y cuando cuenten con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de lo contrario se les tendrá únicamente en términos de la parte final del numeral en cita. Por otro lado, en términos de lo expuesto en el artículo 5, fracción I y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se tienen por señalados el correo electrónico y números telefónicos que indican únicamente como medio de comunicación no procesal, cuyo contenido será registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa la certificación correspondiente. ... Hágase del conocimiento de la promovente, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. ... De conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tiene expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 73, fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 113, de la Ley citada; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6º del ordenamiento reglamentario en cita. ... En términos del artículo 22 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para mejorar la comunicación con las partes, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa la certificación correspondiente. Se faculta al actuario adscrito para que firme todos los oficios que genere este sumario. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Agréguense a los presentes autos los escritos de cuenta signado por el tercero interesado ****** por el cual desahoga la vista que se le dio por acuerdo de quince de agosto del presente año. En consecuencia, téngase al referido tercero interesado desahogando la vista que se les dio por acuerdo inicialmente mencionado, y por hechas las manifestaciones que vierte en el escrito de cuenta en relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables, las cuáles serán tomadas en consideración una vez que este órgano jurisdiccional se pronuncie respecto del cumplimiento dado al fallo protector por las autoridades responsables y hasta en tanto transcurre el término otorgado a la parte quejosa. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,550 expedientes
- Gerardo Javier Sosa Parada1287/2018
- Gerardo José Cortina Wiechers1126/2015
- Gerardo José Ruiz Dhillon871/2023
- Gerardo José Ruiz Dhillon872/2023
- Gerardo Leal Cervantes1202/2023
- Gerardo López Córdova1126/2016
- Gerardo Miller Olivera456/2018
- Gerardo Miller Olivera457/2018
- Gerardo Miller Olivera455/2018
- Gerardo Miller Olivera570/2017
- Gerardo Miller Olivera762/2018
- Gerardo Miller Olivera515/2018