Gerardo Martínez Domínguez

Expediente 217/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 40 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
217/2018
Año
2018
Actuaciones
40
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Pemex Exploración Y Producción, Ciudad
  • Gerardo Martínez Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    ... agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, radicándolo bajo el número de toca 128/2019.

  2. Principal

    Visto el escrito del autorizado de la parte quejosa Jorge Eduardo Vincent Vázquez, a través del cual interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve; agréguese a los autos una copia del ocurso de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las demás entre las partes, y dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el presente expediente, es decir, en cuanto obren en éste la totalidad de las constancias de notificación de la sentencia recurrida y de este proveído, remítase el cuaderno principal en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, junto con el escrito original de agravios.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario judicial adscrito, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a las empresas terceras interesadas CMM Notifíquese por medio de lista de acuerdos a las empresas terceras interesadas CMM Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable, Consorcio Manufacturero Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ingeniería Especializada, Sociedad Anónima de Capital Variable, Desarrollo e Ingeniería de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Química Andrómeda, Sociedad Anónima de Capital Variable, la sentencia de veintinueve de noviembre del año en curso... RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 217/2018, promovido por Gerardo Martínez Domínguez, por propio derecho, en contra de los actos y por las autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Gerardo Martínez Domínguez, por propio derecho, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando sexto de este fallo.

  4. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 217/2018, y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad de Poza Rica, el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, recibido el día siguiente en la Oficialía de Partes de este Juzgado, Gerardo Martínez Domínguez, por propio derecho, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE: ".a).- H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 44 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ. b).- C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 44 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ. a).- PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN con domicilio ubicado en Edificio Administrativo Pemex Exploración y Producción, interior del Campo PEMEX S/N, colonia Herradura, en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz." ACTOS RECLAMADOS "Como ORDENADORA Y EJECUTORA.- a).- Del C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 44 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, la tardanza y omisión por parte de la responsable de dar continuidad al procedimiento de ejecución del juicio natural, en términos del numeral 940 de la Ley Federal del Trabajo, previendo la "justicia pronta y expedita" en favor de la parte obrera, debiendo a efecto, dictar las medidas necesarias para su cumplimentación, derivado de la ejecución y embargo efectuado dentro de los autos del juicio natural, debiendo ser estas acciones de manera oficiosa por la responsable, acorde a la ley de la materia, derivado del laudo de fecha 10 de mayo de 2017, actualizándose la obligación del C. PRESIDENTE EJECUTOR, de momento a momento, en aras de la tutela del derecho social y principio rectores del derecho laboral. b).- Del C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 44 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, y la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 44 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, la negativa y omisión de agregar y poner a la vista de las partes en los autos del expediente del juicio natural, los proveídos de fechas 12 de enero de 2018, 21 y 26 de febrero de 2018, y demás actuaciones que existieren y no obre agregadas a los autos, actuaciones que aparecen en el portal oficial del Estado Procesal de los expediente de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, mediante página web consultable vía internet en la dirección que se transcribe http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/junta federal/secciones/servicios/estado procesal.html, y todos aquellos proveídos más que se hayan dictado y no obren en autos del juicio natural 299/2016 a efecto de estar en condiciones conforme a derecho de impugnar los mismos, si así conviniere a los intereses de mi representado, debidamente sellados, foliados y rubricados. c).- Del C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 44 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, la omisión acordar el escrito de fecha 09 de febrero del año en curso, recepcionado por la responsable con fecha 13 del mismo mes y año, mediante el cual se realizan la solicitud de insistencia el requerir de la paraestatal PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, la contestación respecto al mandamiento contenido en el oficio número 5170 de fecha 27 de noviembre de 2017, señalando también como acto, la puesta a la vista y sea agregado a los autos para consulta de las partes. d).- Como autoridad ejecutora únicamente, la paraestatal PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, señalo como acto reclamado la violatoria omisión que ha hecho al abstenerse de dar cabal cumplimiento al mandato de fecha 28 de noviembre de 2017, mediante oficio 5170, efectuado por el C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 44 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON SEDE EN POZA RICA, VERACRUZ, con el que traba legal embargo de los contratos de obra pública número 424102870, 424103824 y 644105801, de participación conjunta con las codemandadas, mediante diligencia de embargo de fecha 24 de noviembre de 2017, en cumplimiento del laudo de fecha 10 de mayo de 2017, a pesar de tener conocimiento de que las codemandadas tienen contratos de manera conjunta en sociedad, así como todas las consecuencias legales de su incumplimiento." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo bajo el número 217/2018; se desechó parcialmente por lo que respecta a Pemex Exploración y Producción y el acto que se le reclama, admitiéndose a trámite por cuanto hace a las restantes autoridades y actos; se solicitó a las autoridades responsables la rendición de sus informes justificados; se dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se señaló fecha para la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar a los terceros interesados y previo diferimiento, la audiencia constitucional se llevó a cabo el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, y por sentencia dictada el veintiocho de febrero del año en curso, se sobreseyó por una parte y se negó en otra, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. TERCERO. Revisión y reposición del procedimiento. Por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada y por auto de veinticinco de marzo de la anualidad que transcurre se dio trámite al mismo; recurso que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, el cual por ejecutoria de veintitrés de septiembre de este mismo año, revocó la sentencia y ordenó la reposición del procedimiento para que se proveyera lo conducente en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa consistente en la documental relativa a la consulta y certificación por parte de este órgano jurisdiccional en la página del sistema de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante la página web consultable vía internet en la dirección http://www.stps.gob.mx/bp/seccciones/junta_federal/secciones/servicios/estado_procesal.html, a afecto de verificar la existencia de proveídos dictados en doce de enero, veintiuno y veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 299/2016 de origen. Así, mediante proveído de nueve de octubre del año en curso, se repuso el procedimiento y se tuvo por ofrecida y desahogada la prueba documental consistente en la consulta y certificación de la página del sistema de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, mediante página web, que puede ser consultada en el link: http://www.stps.gob.mx/bp/seccciones/junta_federal/secciones/servicios/estado_procesal.html, agregándose en copia certificada; requiriéndose además, a la Junta responsable para que remitiera copia certificada de los proveídos de doce de enero, veintiuno y veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, dictados en el juicio laboral 299/2016, que aparecían en la consulta realizada a la página del sistema antes indicado. Por auto de diecisiete de octubre del año en curso, se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dando cumplimiento al requerimiento de nueve de octubre del año en curso, al informar que en el juicio laboral 299/2016 no existen acuerdos dictados el doce de enero, veintiuno y veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, dejándose a la vista los autos para resolver; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I; 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y, al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que los actos reclamados y las autoridades responsables son los siguientes: 1. La omisión de dar continuidad de manera oficiosa al procedimiento de ejecución de laudo dictado en los autos del juicio laboral 299/2016, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica, Veracruz, en términos del artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, dictando las medidas necesarias para cumplimentar la ejecución y embargo decretado en dicho juicio. 2. La omisión de agregar al juicio laboral de origen y poner a la vista de las partes, los proveídos de doce de enero, veintiuno y veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, actuaciones que aparecen en el portal oficial del estado procesal de los expedientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante página web consultable vía internet en la dirección http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/juntafederal/secciones/servicios/estado procesal.html. Actos atribuidos al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica, Veracruz. 3. La omisión de acordar el escrito de nueve de febrero de dos mil dieciocho, recibido el trece del mismo mes y año, en el que solicitó se hiciera efectivo a Pemex Exploración y Producción, el apercibimiento contenido en el oficio 5170, de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete y en consecuencia, dicha empresa realizara el doble pago de la cantidad de $1,433,895.27 (un millón cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos noventa y cinco pesos 27/100 moneda nacional), a que se condenó en el laudo dictado en contra de las empresas demandadas CMM Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable, Consorcio Manufacturero Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ingeniería Especializada, Sociedad Anónima de Capital Variable, Desarrollo e Ingeniería de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Química Andrómeda, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los autos del juicio laboral 299/2016. Acto atribuido a la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica, Veracruz. Cabe mencionar que se precisó que el acto identificado con el número tres, se lo atribuye a la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica, Veracruz, a pesar que el quejoso atribuyó los actos reclamados al Presidente de la Junta responsable, pues de las constancias de autos se advierte que dicho escrito fue atendido por la Junta en Pleno y no sólo por su Presidente, como se advierte de la foja ciento cincuenta y cuatro. Además, no debe olvidarse que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, pero si el quejoso, en la demanda de amparo, le atribuye con desacierto un acto reclamado a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, o viceversa, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, tomando en consideración que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623; por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado; de ahí que se estime correcto que el acto indicado en el inciso anterior se tenga como atribuido a la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica, Veracruz, y no al Presidente de la misma. Apoya a lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 200702 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Octubre de 1995 Materia(s): Laboral, Común Tesis: 2a./J. 57/95 Página: 226 JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. De igual modo, es aplicable, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia del Pleno de nuestro Máximo Tribunal del País, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Novena Época Registro: 192842 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Noviembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: P./J. 128/99 Página: 21 AUTORIDADES RESPONSABLES. ERROR AL SEÑALAR AL ÓRGANO COLEGIADO EN LUGAR DEL PRESIDENTE QUE EMITIÓ EL ACTO. Si bien es cierto que las Salas de un tribunal y sus presidentes, son autoridades distintas para efectos del juicio de amparo, también lo es que el incorrecto señalamiento de una Sala, como autoridad responsable, derivado de que el acto reclamado no fue emitido por el órgano colegiado sino por su presidente, no conduce, por sí mismo, a sobreseer en el juicio, cuando es rendido el informe justificado del órgano del que forme parte en su doble carácter de integrante y presidente; lo anterior, en atención a que, si de acuerdo con las funciones que tiene encomendadas y debiendo ser nombrado de entre los integrantes del órgano colegiado, por así disponerse legalmente, es inconcuso que el informe justificado deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, ya sea en lo individual, por corresponderle esa función como representante de la Sala o bien, en forma conjunta, por lo que, al hacerse sabedor del inicio del juicio de amparo es evidente que está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. En estas condiciones, el error que se cometa, no puede por sí mismo llevar a la conclusión de que no puede juzgarse el acto de la autoridad no señalada sino únicamente cuando no exista constancia de que se hizo sabedora del inicio del procedimiento al rendir el informe justificado, ello con independencia de que el Juez de Distrito deberá requerir a la parte quejosa, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, si advierte de la demanda de amparo y constancias relativas, la participación de una autoridad no señalada como responsable, según se ha determinado en la jurisprudencia de la Segunda Sala de esta Suprema Corte, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA". TERCERO. Negativa de los actos reclamados. La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó los actos reclamados precisados en los numerales 1 y 2, del considerando segundo. En relación con el acto precisado en el número 2, la autoridad responsable señaló que los acuerdos que el quejoso aduce que no estaban agregados en el expediente ni puestos a la vista, no existen, dado que en las fechas doce de enero, veintiuno y veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, lo que se hizo fue la aceptación de cargos de expediente; sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa, pues la certificación realizada por la secretaria adscrita a este juzgado, en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, no desvirtúa la negativa de la autoridad. Esto es así, pues si bien de la certificación secretarial se advierte la página del sistema de consulta de expedientes de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, conteniendo la historia procesal del expediente laboral 299/2016, y que en ésta, se observan en la columna de "fecha" los días, doce de enero, veintiuno y veintiséis de febrero de dos mil dieciocho y, en la columna "etapa", las anotaciones "acuerdo-actuario-acuerdo", respectivamente; también es cierto que ello no acredita la existencia de acuerdo alguno, ya que la citada página de internet en los apartados de fechas y de la etapa no contiene link o acceso a cada uno de estos apartados. Lo que se corrobora con el oficio 4616/2019, de quince de octubre del año en curso, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, remitido en cumplimiento al requerimiento realizado el nueve de octubre de esta anualidad, por este juzgado, pues en el mismo, la citada autoridad aclaró que en esas fechas sólo se hizo el "cargo y descargo " del juicio laboral de origen entre el personal de dicha autoridad, esto es, entre el archivista, secretario de acuerdos y el actuario todos adscritos a la Junta en comento; de modo que en esas fechas no se dictó acuerdo alguno, sino que se trata del manejo interno del expediente laboral. De ahí, que la negativa del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, sobre la omisión de agregar al juicio laboral de origen y poner a la vista de las partes, los proveídos de doce de enero, veintiuno y veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, actuaciones que aparecen en el portal oficial del estado procesal de los expedientes de la Secretaría del acto que reclama el quejoso, no fue desvirtuada con la certificación de mérito. Y por lo que respecta al señalado con el número 1, cabe mencionar que su inexistencia se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad laboral responsable, consistentes en copia certificada del expediente laboral 299/2016, de su índice, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tratarse de documentales públicas. Esto es así, pues el quejoso reclama la omisión de dar continuidad de manera oficiosa al procedimiento de ejecución de laudo dictado en los autos del juicio laboral 299/2016, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica, Veracruz, en términos del artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, dictando las medidas necesarias para cumplimentar la ejecución y embargo decretado en dicho juicio; es decir, reclama la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, sin que precise un acto u omisión en concreto. Ahora bien, los artículos 939 al 949, 950, 955, 957 y 958 de la Ley Federal del Trabajo, relativos al título quince "Procedimientos de ejecución", capítulo I, sección primera, "Disposiciones generales", y sección segunda, "Del procedimiento de embargo", establecen: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas." "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento." "Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo." "Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." "Artículo 954. El Actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto del embargo, prefiriendo los que sean de más fácil realización." "Artículo 955. Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, el Actuario se trasladará al local donde manifieste la parte que obtuvo que (sic) se encuentran y previa identificación de los bienes, practicará el embargo." "Artículo 957. Si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona, que bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo. El depositario debe informar al Presidente ejecutor del lugar en que quedarán los bienes embargados bajo su custodia. La parte que obtuvo podrá solicitar el cambio de depositario." "Artículo 958. Si los bienes embargados son créditos, frutos o productos, se notificará al deudor o inquilino, que el importe del pago lo haga al Presidente ejecutor, apercibido de doble pago en caso de desobediencia." La interpretación sistemática de estos preceptos revela que la ejecución de los laudos corresponde al presidente de la Junta, en dos momentos y modalidades diferentes. En primer término encontramos que el Presidente, para el logro de tal fin y cumplimiento inmediato de la obligación que le impone la Ley Federal del Trabajo, debe dictar, dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación del laudo, las medidas necesarias para que la ejecución de éste sea pronta y expedita, lo que debe hacer de manera oficiosa pues, en esta etapa, la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. Esa primera etapa oficiosa se agota --con independencia de que el presidente haya efectuado actuación alguna tendente al cumplimiento del laudo o no-- una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 945 precitado. Ello, pues así se infiere de la interpretación concatenada del indicado numeral, con el contenido del diverso 950, pues éste dispone tajantemente que transcurrido el término señalado en el artículo 945 (quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación del laudo a cumplir), el presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento y embargo. Lo que significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo dentro de los quince días siguientes a la notificación de éste, o bien simplemente una vez transcurrido ese término, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución. Luego, dentro de la etapa de ejecución forzosa, tenemos que el artículo 954, al regular el embargo, dispone que el actuario debe tomar en consideración lo que le expongan las partes, para determinar qué bienes deben ser objeto de la traba; el artículo 955 prevé la intervención de quien obtuvo el laudo a su favor para el logro de tal fin; y el diverso 957 dispone que si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe el ejecutante, quien también tiene la facultad de solicitar el cambio de depositario, así como pedir ampliación de embargo (artículo 965). Asimismo, el artículo 958 dispone que si los bienes embargados son créditos, frutos o productos, se notificará al deudor o inquilino, que el importe del pago lo haga al Presidente ejecutor, apercibido que de no hacerlo se le sancionara con el doble pago en caso de desobediencia. Las reseñadas disposiciones nos llevan a concluir que para llevar a cabo la segunda etapa del procedimiento de ejecución de un laudo, sí es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Ahora bien, en el contexto de la ejecución forzosa del laudo, los artículos 519 al 522 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 519. Prescriben en dos años: I. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo; II. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo; y III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas. La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de la incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del trabajador, y desde el día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio. Cuando el laudo imponga la obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar de la Junta que fije al trabajador un término no mayor de treinta días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, podrá el patrón dar por terminada la relación de trabajo." "Artículo 520. La prescripción no puede comenzar ni correr: I. Contra los incapaces mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la ley; y II. Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra." "Artículo 521. La prescripción se interrumpe: I. Por la sola presentación de la demanda o de cualquiera promoción ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, independientemente de la fecha de la notificación. No es obstáculo para la interrupción que la Junta sea incompetente; y II. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por hechos indudables." "Artículo 522. Para los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número de días que les corresponda. El primer día se contará completo, aun cuando no lo sea, pero el último debe ser completo y cuando sea feriado, no se tendrá por completa la prescripción sino cumplido el primero útil siguiente." Los citados numerales, regulan la prescripción en materia laboral, y entre los derechos sujetos a esta figura jurídica, se encuentra en la fracción III del precepto 519 citado, las acciones para solicitar la ejecución de laudos y convenios celebrados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. De lo anterior, se colige que la continuación de la ejecución del laudo es siempre a petición de la parte titular del derecho, y que dicha solicitud debe hacerse, por escrito, cada vez que sea necesario, so pena de que inicie o reinicie el término prescriptivo de dos años para ejecutar el laudo. Es así, pues no debe inadvertirse que aun cuando en la etapa de ejecución el gobernado conserva el derecho fundamental previsto en el artículo 17 constitucional, relativo a la administración de justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes; es cierto también que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término quince días a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones. De ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían: los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones, no puede constreñirse a las autoridades responsables mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, para que ordenen proveer lo conducente, realicen las diligencias pendientes, o den los trámites conducentes a la ejecución forzosa de un laudo, de manera oficiosa. Al caso tiene aplicación la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2000011 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.) Página: 2771 EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En el caso, como se dijo, el quejoso reclama la omisión de dar continuidad de manera oficiosa al procedimiento de ejecución de laudo dictado en los autos del juicio laboral 299/2016, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica, Veracruz, en términos del artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, dictando las medidas necesarias para cumplimentar la ejecución y embargo decretado en dicho juicio; es decir, la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, sin que precise un acto u omisión en concreto. Ello, pues de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señaló expresamente, en relación al acto reclamado a que se refiere este apartado, el siguiente: "a).- Del C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 44 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, la tardanza y omisión por parte de la responsable de dar continuidad al procedimiento de ejecución del juicio natural, en términos del numeral 940 de la Ley Federal del Trabajo, previendo la "justicia pronta y expedita" en favor de la parte obrera, debiendo a efecto, dictar las medidas necesarias para su cumplimentación, derivado de la ejecución y embargo efectuado dentro de los autos del juicio natural, debiendo ser estas acciones de manera oficiosa por la responsable, acorde a la ley de la materia, derivado del laudo de fecha 10 de mayo de 2017, actualizándose la obligación del C. PRESIDENTE EJECUTOR, de momento a momento, en aras de la tutela del derecho social y principio rectores del derecho laboral." De este modo, el quejoso no atribuye a la autoridad responsable, un acto concreto en la continuación del procedimiento de ejecución del laudo, sino que de manera genérica señala una tardanza y omisión de dar continuidad a dicho procedimiento, pues el propio impetrante señala que la autoridad responsable debe actuar de manera oficiosa para tomar las medidas necesarias a efecto de cumplir con el laudo. Además, de las constancias que obran en auto y que conforman la etapa de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 299/2016, se advierte que después de la emisión de aquél (diez de mayo de dos mil diecisiete), la parte actora, aquí quejosa, presentó un escrito de quince de agosto de dos mil diecisiete, en el que solicitó que se despachara auto de requerimiento de pago y mandamiento de embargo; y por auto de veinticinco de septiembre de ese año, el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, atendiendo dicha solicitud, dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma a efecto de que se requiriera de pago a la parte demandada, apercibiéndola que de no realizar el pago, se le embargaran bienes suficientes para cubrir el monto de la condena. Diligencia que fue realizada el veinticuatro de noviembre de ese mismo año, en la que se embargaron las estimaciones de los contratos suscritos con la empresa productiva del Estado Pemex Exploración y Producción, hasta por la cantidad de $1,433,895.27 (un millón cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos noventa y cinco pesos 27/100 M.N.), por lo que en proveído de veintisiete siguiente, la autoridad responsable ordenó girar el oficio respectivo para efecto de que esta última pusiera a su disposición la cantidad embargada, apercibiéndolo que de no hacerlo, se le impondrían las medidas de apremio establecidas en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente, por escrito de nueve de febrero de dos mil dieciocho, el apoderado legal de la parte actora, solicitó a la autoridad responsable, que hiciera efectivo el apercibimiento realizado a Pemex Exploración y Producción; escrito al cual recayó el auto de trece de marzo de ese mismo año, en el que se le indicó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado en virtud de la suspensión concedida en un juicio de amparo (no indica el número ni el Juzgado donde se encuentra radicado). Y estas son las únicas actuaciones en las que la parte actora ha solicitado la continuación del procedimiento de ejecución del laudo. Así, como se estableció en consideraciones anteriores, en la fase en que se encuentra el procedimiento, la autoridad laboral no actúa en forma oficiosa, sino que la continuación de la ejecución del laudo es siempre a petición de la parte titular del derecho, y que dicha solicitud debe hacerse, por escrito, cada vez que sea necesario; por tanto, toca al quejoso acreditar que instó la actuación cuya omisión reprocha de la autoridad, y como se advierte de la reseña anterior, no se ha cumplido con dicha carga. Consecuentemente, si en autos no obra probanza alguna que revele la solicitud del peticionario de garantías formulada de manera directa a la mencionada autoridad, en la etapa en que se encuentra el procedimiento de ejecución, es dable concluir que no nació la facultad de exigirle el desarrollo de acción alguna, resultando incuestionable la inexistencia de la omisión que se le atribuye en este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias: "Época: Décima Época Registro: 2010025 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.I.L. J/10 L (10a.) Página: 844 AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." "Época: Décima Época Registro: 2019185 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 01 de febrero de 2019 10:03 h Materia(s): (Común) Tesis: PC.VII.L. J/10 L (10a.) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." Sin que sea óbice a lo anterior, que en el escrito inicial se narren los antecedentes que motivaron el acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, toda vez que tal aseveración no desvirtúa la causa de sobreseimiento que en el caso se actualiza; puesto que dicha protesta no basta para tener por acreditada la omisión reclamada, ya que sólo es un requisito formal de la demanda establecido por el artículo 108, fracción V, de la Ley de la materia, que no tiene el carácter de prueba. Pues, se insiste, correspondía a la parte quejosa la carga de la prueba de acuerdo a lo establecido con el artículo 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que el que afirma está obligado a probar, y si dicha parte adujo en su demanda que solicitó a las autoridades responsables la prosecución de la ejecución el laudo, así debió demostrarlo. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto hace a los actos y autoridades a que se refiere el presente considerando, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado precisado en el numeral 3, a la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Ello no obstante que al rendir su informe justificado, el Presidente de la Junta responsable negó dicho acto reclamado, pues su certeza se acredita con lo que expuso en su informe justificado, al manifestar que el actor a través de su apoderado legal presentó el escrito de nueve de febrero de dos mil dieciocho, solicitando requerir a la empresa Pemex Exploración y Producción, el cumplimiento del oficio 5170, girado el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el cual fue acordado desfavorable en virtud de la suspensión solicitada en el juicio de amparo 1294/2017. De modo que dichas manifestaciones llevan implícita una afirmación, que conduce a tener por cierto el acto reclamado. Tiene aplicación sobre el particular, la tesis jurisprudencial: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Al no advertir este juzgado federal, la actualización de alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea de manera oficiosa o que lo hayan alegado las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Estudio de fondo. La parte quejosa aduce que al no acordar el escrito de nueve de febrero de dos mil dieciocho, recibido el trece siguiente, en el cual insistió en el requerimiento a Pemex Exploración y Producción para que diera cumplimiento al oficio 5170, de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete y en consecuencia, dicha empresa realizara el doble pago de la cantidad de $1,433,895.27 (un millo cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos noventa y cinco pesos 27/100 moneda nacional), a que se condenó en el laudo dictado en contra de las empresas demandadas CMM Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable, Consorcio Manufacturero Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ingeniería Especializada, Sociedad Anónima de Capital Variable, Desarrollo e Ingeniería de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Química Andrómeda, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los autos del juicio laboral 299/2016; la autoridad laboral, violenta lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, por no cumplir con el dictado de sus acuerdos y proveer una justicia pronta y expedita. Lo anterior es infundado. El artículo 17 Constitucional, en su párrafo segundo dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]". De lo transcrito se advierte que, el mandato contenido en el precepto constitucional en comento, está encaminado preponderantemente a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; en cuyo cumplimiento deben concurrir, por una parte, el legislador al establecer normas adecuadas para esos propósitos y, por otra, toda autoridad que realice actos materialmente jurisdiccionales. Como se ve, el acceso a la jurisdicción es un derecho fundamental de gran envergadura en el orden jurídico constitucional, pues a través de su ejercicio los individuos podrán defender sus derechos, ya bien, dilucidando una controversia, esclareciendo una situación jurídica dudosa, declarando la existencia de una obligación y, en caso necesario, haciéndola efectiva, todo ello ante la autoridad jurisdiccional. Las subgarantías que contempla el acceso a la jurisdicción son: I. Justicia pronta. Esto es, la obligación de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; II. Justicia completa. Se traduce en atender todos y cada uno de los aspectos debatidos; III. Justicia imparcial. Sin favoritismo o preferencia respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en el sentido de la resolución; y IV. Justicia gratuita. Libre de emolumentos por la prestación de dicho servicio público. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Novena Época Registro: 171257 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 192/2007 Página: 209 ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". En el caso, el acto reclamado se traduce en la omisión de acordar el escrito de nueve de febrero de dos mil dieciocho, recibido el trece del mismo mes y año, en el que solicitó se hiciera efectivo a Pemex Exploración y Producción, el apercibimiento contenido en el oficio 5170, de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete y en consecuencia, dicha empresa realizara el doble pago de la cantidad de $1,433,895.27 (un millón cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos noventa y cinco pesos 27/100 moneda nacional), a que se condenó en el laudo dictado en contra de las empresas demandadas CMM Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable, Consorcio Manufacturero Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ingeniería Especializada, Sociedad Anónima de Capital Variable, Desarrollo e Ingeniería de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Química Andrómeda, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los autos del juicio laboral 299/2016. Ahora, de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe con justificación, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tratarse de una documental pública, se advierte en lo conducente, lo siguiente: A) El diez de mayo de dos mil diecisiete, se dictó laudo condenatorio en el juicio laboral 299/2016, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, promovido por Gerardo Martínez Domínguez, contra CMM Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable, Consorcio Manufacturero Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ingeniería Especializada, Sociedad Anónima de Capital Variable, Desarrollo e Ingeniería de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Química Andrómeda, Sociedad Anónima de Capital Variable. B) Por proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, a solicitud de la parte actora, la autoridad laboral dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, en contra de las empresas demandadas. C) El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo a las empresas condenadas en el laudo. D) Por auto de veintisiete de noviembre de ese mismo año, se requirió a Pemex Exploración y Producción, para que pusiera a disposición de la Junta responsable, el cheque por la cantidad por la que se embargó a las empresas demandadas. E) Por acuerdo de treinta del mismo mes y año, se ordenó suspender el procedimiento en la etapa en que se encontraba, en virtud del juicio de amparo 1294/2017, promovido por Ingeniería Especializada Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro. F) Por escrito de nueve de febrero de dos mil dieciocho, recibido en la Junta responsable el trece siguiente, el autorizado de la parte actora, solicitó: ".Que por medio del presente escrito, me permito informar y solicitar a usted c. Presidente, lo siguiente: Que la paraestatal PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, a pesar de tener conocimiento de los contratos embargados números 424102870, 424103824 y 644105801, mediante diligencia de embargo de fecha 24 de noviembre de 2017 y notificado a dicha paraestatal mediante oficio número 5170 de fecha 28 de noviembre de 2017 y respectivos anexos.resultando que a la fecha actual no se ha manifestado respecto al mismo, desconociéndose los motivos por los cuales no han puesto a disposición los cheques correspondientes a sabiendas de existir estimaciones que les pertenecen conforme a sus partidas.que les corresponde a cada empresa integrante de los Convenios de Participación Conjunta en las que son partícipes las personas morales CMM INGENIERÍA, S.A. DE C.V. Y DESARROLLO E INGENIERÍA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., CONSORCIO MANUFACTURERO MEXICANO, S.A. DE C.V., Y QUÍMICA ANDRÓMEDA, S.A. DE C.V.. notificado a dicha paraestatal mediante oficio 5170 . a la fecha actual no se ha manifestado respecto al mismo, desconociéndose los motivos por los cuales no han puesto a disposición los cheques correspondientes a sabiendas de existir estimaciones que les pertenecen conforme a sus partidas (.)empresas que no gozan de ninguna medida cautelar que impida la continuación de la ejecución del laudo en su contra. (.) En consecuencia de lo anteriormente manifestado y con la evidencia que se proporciona, así como la que obra en autos del expediente en que se actúa, se corrobora el incumplimiento a su mandato por parte de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, por lo que con fundamento en el numeral 958 de la Ley Federal del Trabajo, pido se haga efectivo el apercibimiento efectuado a la paraestatal mediante oficio 5170, de fecha 28 de noviembre de 2017, solicitando se realice el pago por su desacato de la suma resultante del doble de la cantidad a que fueron condenadas las demandadas, tomando como base el monto líquido de $1,433,895.27 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.), a que fueron condenadas en el laudo de fecha 10 de mayo de 2017." G) En atención a lo anterior, el trece de marzo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dictó un auto mediante el cual se acordó el escrito antes señalado, en los siguientes términos: "(.) POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. ACUERDO.- Por recibido ante esta Junta el día 13 de febrero del año en curso, escrito de fecha 09 de febrero del 2018, folio número 788 signado por el C. Lic. Jorge Eduardo Vincent Vázquez, en su carácter de apoderado legal del actor, y atento a lo solicitado, dígasele al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad a lo solicitado en el escrito de cuenta, tomando en consideración que la autoridad de Amparo concedió la suspensión solicitada por la quejosa del acto reclamado en el presente expediente laboral por lo que deberá estarse a lo ordenado por la autoridad de Amparo.- Notifíquese el presente acuerdo por los ESTRADOS de esta Junta.- Cúmplase. Así lo proveyeron y firmaron los CC. Representantes que integran esta Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje (.)" Con base en lo anterior, resulta infundado el concepto de violación en el que el amparista refirió que se trastocó su derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, establecido en el artículo 17 constitucional, toda vez que si bien es cierto, a través de su autorizado formuló la promoción de nueve de febrero de dos mil dieciocho, recibida el trece siguiente por la Junta responsable, en el expediente 299/2016, mediante el cual solicitó se hiciera efectivo a Pemex Exploración y Producción, el apercibimiento contenido en el oficio 5170, de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete y en consecuencia, dicha empresa realizara el doble pago de la cantidad de $1,433,895.27 (un millón cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos noventa y cinco pesos 27/100 moneda nacional), a que se condenó en el laudo dictado en contra de las empresas demandadas CMM Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable, Consorcio Manufacturero Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ingeniería Especializada, Sociedad Anónima de Capital Variable, Desarrollo e Ingeniería de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Química Andrómeda, Sociedad Anónima de Capital Variable; también cierto es que, por auto de trece de marzo de dos mil dieciocho, se acordó dicha promoción. Ello pues, en atención a lo solicitado por el actor en aquél juicio laboral, la Junta consideró que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado en virtud que la autoridad de amparo había concedido la suspensión solicitada por la empresa demandada; proveído que se ordenó notificar por estrados de la Junta responsable. Bajo ese contexto, debe concluirse que la autoridad responsable dio contestación al escrito de la parte quejosa; lo que conlleva a considerar que no se vulneró el contenido del artículo 17 de la Constitución Federal. En las relatadas circunstancias, al haber resultado infundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, se impone negar el amparo solicitado. Finalmente, no se desconoce que mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes de este juzgado, la parte quejosa formuló alegatos; sin embargo, no constituye una obligación para este órgano jurisdiccional abordar el estudio de las afirmaciones que se realizan en vía de alegatos, pues la "litis" en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, los informes justificados y las pruebas aportadas, salvo los casos en que se hagan valer causas de improcedencia. Sustenta la consideración que antecede, la siguiente jurisprudencia: "Época: Octava Época Registro: 205449 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 217/2018, promovido por Gerardo Martínez Domínguez, por propio derecho, en contra de los actos y por las autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Gerardo Martínez Domínguez, por propio derecho, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando sexto de este fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a las empresas terceras interesadas; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y autoridades responsables, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo resolvió y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, hasta hoy veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, asistida de Esmeralda Bandala Martínez, secretaria que autoriza y da fe. RAZÓN. Esta foja corresponde a la última de la sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 217/2018. Conste. 24058, 24059 y 24060 Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 217/2018, y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad de Poza Rica, el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, recibido el día siguiente en la Oficialía de Partes de este Juzgado, Gerardo Martínez Domínguez, por propio derecho, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE: ".a).- H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 44 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ. b).- C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 44 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ. a).- PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN con domicilio ubicado en Edificio Administrativo Pemex Exploración y Producción, interior del Campo PEMEX S/N, colonia Herradura, en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz." ACTOS RECLAMADOS "Como ORDENADORA Y EJECUTORA.- a).- Del C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 44 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, la tardanza y omisión por parte de la responsable de dar continuidad al procedimiento de ejecución del juicio natural, en términos del numeral 940 de la Ley Federal del Trabajo, previendo la "justicia pronta y expedita" en favor de la parte obrera, debiendo a efecto, dictar las medidas necesarias para su cumplimentación, derivado de la ejecución y embargo efectuado dentro de los autos del juicio natural, debiendo ser estas acciones de manera oficiosa por la responsable, acorde a la ley de la materia, derivado del laudo de fecha 10 de mayo de 2017, actualizándose la obligación del C. PRESIDENTE EJECUTOR, de momento a momento, en aras de la tutela del derecho social y principio rectores del derecho laboral. b).- Del C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 44 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, y la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 44 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, la negativa y omisión de agregar y poner a la vista de las partes en los autos del expediente del juicio natural, los proveídos de fechas 12 de enero de 2018, 21 y 26 de febrero de 2018, y demás actuaciones que existieren y no obre agregadas a los autos, actuaciones que aparecen en el portal oficial del Estado Procesal de los expediente de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, mediante página web consultable vía internet en la dirección que se transcribe http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/junta federal/secciones/servicios/estado procesal.html, y todos aquellos proveídos más que se hayan dictado y no obren en autos del juicio natural 299/2016 a efecto de estar en condiciones conforme a derecho de impugnar los mismos, si así conviniere a los intereses de mi representado, debidamente sellados, foliados y rubricados. c).- Del C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 44 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, la omisión acordar el escrito de fecha 09 de febrero del año en curso, recepcionado por la responsable con fecha 13 del mismo mes y año, mediante el cual se realizan la solicitud de insistencia el requerir de la paraestatal PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, la contestación respecto al mandamiento contenido en el oficio número 5170 de fecha 27 de noviembre de 2017, señalando también como acto, la puesta a la vista y sea agregado a los autos para consulta de las partes. d).- Como autoridad ejecutora únicamente, la paraestatal PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, señalo como acto reclamado la violatoria omisión que ha hecho al abstenerse de dar cabal cumplimiento al mandato de fecha 28 de noviembre de 2017, mediante oficio 5170, efectuado por el C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 44 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON SEDE EN POZA RICA, VERACRUZ, con el que traba legal embargo de los contratos de obra pública número 424102870, 424103824 y 644105801, de participación conjunta con las codemandadas, mediante diligencia de embargo de fecha 24 de noviembre de 2017, en cumplimiento del laudo de fecha 10 de mayo de 2017, a pesar de tener conocimiento de que las codemandadas tienen contratos de manera conjunta en sociedad, así como todas las consecuencias legales de su incumplimiento." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo bajo el número 217/2018; se desechó parcialmente por lo que respecta a Pemex Exploración y Producción y el acto que se le reclama, admitiéndose a trámite por cuanto hace a las restantes autoridades y actos; se solicitó a las autoridades responsables la rendición de sus informes justificados; se dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se señaló fecha para la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar a los terceros interesados y previo diferimiento, la audiencia constitucional se llevó a cabo el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, y por sentencia dictada el veintiocho de febrero del año en curso, se sobreseyó por una parte y se negó en otra, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. TERCERO. Revisión y reposición del procedimiento. Por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada y por auto de veinticinco de marzo de la anualidad que transcurre se dio trámite al mismo; recurso que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, el cual por ejecutoria de veintitrés de septiembre de este mismo año, revocó la sentencia y ordenó la reposición del procedimiento para que se proveyera lo conducente en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa consistente en la documental relativa a la consulta y certificación por parte de este órgano jurisdiccional en la página del sistema de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante la página web consultable vía internet en la dirección http://www.stps.gob.mx/bp/seccciones/junta_federal/secciones/servicios/estado_procesal.html, a afecto de verificar la existencia de proveídos dictados en doce de enero, veintiuno y veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 299/2016 de origen. Así, mediante proveído de nueve de octubre del año en curso, se repuso el procedimiento y se tuvo por ofrecida y desahogada la prueba documental consistente en la consulta y certificación de la página del sistema de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, mediante página web, que puede ser consultada en el link: http://www.stps.gob.mx/bp/seccciones/junta_federal/secciones/servicios/estado_procesal.html, agregándose en copia certificada; requiriéndose además, a la Junta responsable para que remitiera copia certificada de los proveídos de doce de enero, veintiuno y veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, dictados en el juicio laboral 299/2016, que aparecían en la consulta realizada a la página del sistema antes indicado. Por auto de diecisiete de octubre del año en curso, se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dando cumplimiento al requerimiento de nueve de octubre del año en curso, al informar que en el juicio laboral 299/2016 no existen acuerdos dictados el doce de enero, veintiuno y veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, dejándose a la vista los autos para resolver; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I; 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y, al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que los actos reclamados y las autoridades responsables son los siguientes: 1. La omisión de dar continuidad de manera oficiosa al procedimiento de ejecución de laudo dictado en los autos del juicio laboral 299/2016, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica, Veracruz, en términos del artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, dictando las medidas necesarias para cumplimentar la ejecución y embargo decretado en dicho juicio. 2. La omisión de agregar al juicio laboral de origen y poner a la vista de las partes, los proveídos de doce de enero, veintiuno y veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, actuaciones que aparecen en el portal oficial del estado procesal de los expedientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante página web consultable vía internet en la dirección http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/juntafederal/secciones/servicios/estado procesal.html. Actos atribuidos al Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica, Veracruz. 3. La omisión de acordar el escrito de nueve de febrero de dos mil dieciocho, recibido el trece del mismo mes y año, en el que solicitó se hiciera efectivo a Pemex Exploración y Producción, el apercibimiento contenido en el oficio 5170, de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete y en consecuencia, dicha empresa realizara el doble pago de la cantidad de $1,433,895.27 (un millón cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos noventa y cinco pesos 27/100 moneda nacional), a que se condenó en el laudo dictado en contra de las empresas demandadas CMM Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable, Consorcio Manufacturero Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ingeniería Especializada, Sociedad Anónima de Capital Variable, Desarrollo e Ingeniería de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Química Andrómeda, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los autos del juicio laboral 299/2016. Acto atribuido a la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica, Veracruz. Cabe mencionar que se precisó que el acto identificado con el número tres, se lo atribuye a la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica, Veracruz, a pesar que el quejoso atribuyó los actos reclamados al Presidente de la Junta responsable, pues de las constancias de autos se advierte que dicho escrito fue atendido por la Junta en Pleno y no sólo por su Presidente, como se advierte de la foja ciento cincuenta y cuatro. Además, no debe olvidarse que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, pero si el quejoso, en la demanda de amparo, le atribuye con desacierto un acto reclamado a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, o viceversa, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, tomando en consideración que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623; por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado; de ahí que se estime correcto que el acto indicado en el inciso anterior se tenga como atribuido a la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica, Veracruz, y no al Presidente de la misma. Apoya a lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 200702 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Octubre de 1995 Materia(s): Laboral, Común Tesis: 2a./J. 57/95 Página: 226 JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. De igual modo, es aplicable, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia del Pleno de nuestro Máximo Tribunal del País, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Novena Época Registro: 192842 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Noviembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: P./J. 128/99 Página: 21 AUTORIDADES RESPONSABLES. ERROR AL SEÑALAR AL ÓRGANO COLEGIADO EN LUGAR DEL PRESIDENTE QUE EMITIÓ EL ACTO. Si bien es cierto que las Salas de un tribunal y sus presidentes, son autoridades distintas para efectos del juicio de amparo, también lo es que el incorrecto señalamiento de una Sala, como autoridad responsable, derivado de que el acto reclamado no fue emitido por el órgano colegiado sino por su presidente, no conduce, por sí mismo, a sobreseer en el juicio, cuando es rendido el informe justificado del órgano del que forme parte en su doble carácter de integrante y presidente; lo anterior, en atención a que, si de acuerdo con las funciones que tiene encomendadas y debiendo ser nombrado de entre los integrantes del órgano colegiado, por así disponerse legalmente, es inconcuso que el informe justificado deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, ya sea en lo individual, por corresponderle esa función como representante de la Sala o bien, en forma conjunta, por lo que, al hacerse sabedor del inicio del juicio de amparo es evidente que está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. En estas condiciones, el error que se cometa, no puede por sí mismo llevar a la conclusión de que no puede juzgarse el acto de la autoridad no señalada sino únicamente cuando no exista constancia de que se hizo sabedora del inicio del procedimiento al rendir el informe justificado, ello con independencia de que el Juez de Distrito deberá requerir a la parte quejosa, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, si advierte de la demanda de amparo y constancias relativas, la participación de una autoridad no señalada como responsable, según se ha determinado en la jurisprudencia de la Segunda Sala de esta Suprema Corte, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA". TERCERO. Negativa de los actos reclamados. La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó los actos reclamados precisados en los numerales 1 y 2, del considerando segundo. En relación con el acto precisado en el número 2, la autoridad responsable señaló que los acuerdos que el quejoso aduce que no estaban agregados en el expediente ni puestos a la vista, no existen, dado que en las fechas doce de enero, veintiuno y veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, lo que se hizo fue la aceptación de cargos de expediente; sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa, pues la certificación realizada por la secretaria adscrita a este juzgado, en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, no desvirtúa la negativa de la autoridad. Esto es así, pues si bien de la certificación secretarial se advierte la página del sistema de consulta de expedientes de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, conteniendo la historia procesal del expediente laboral 299/2016, y que en ésta, se observan en la columna de "fecha" los días, doce de enero, veintiuno y veintiséis de febrero de dos mil dieciocho y, en la columna "etapa", las anotaciones "acuerdo-actuario-acuerdo", respectivamente; también es cierto que ello no acredita la existencia de acuerdo alguno, ya que la citada página de internet en los apartados de fechas y de la etapa no contiene link o acceso a cada uno de estos apartados. Lo que se corrobora con el oficio 4616/2019, de quince de octubre del año en curso, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, remitido en cumplimiento al requerimiento realizado el nueve de octubre de esta anualidad, por este juzgado, pues en el mismo, la citada autoridad aclaró que en esas fechas sólo se hizo el "cargo y descargo " del juicio laboral de origen entre el personal de dicha autoridad, esto es, entre el archivista, secretario de acuerdos y el actuario todos adscritos a la Junta en comento; de modo que en esas fechas no se dictó acuerdo alguno, sino que se trata del manejo interno del expediente laboral. De ahí, que la negativa del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, sobre la omisión de agregar al juicio laboral de origen y poner a la vista de las partes, los proveídos de doce de enero, veintiuno y veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, actuaciones que aparecen en el portal oficial del estado procesal de los expedientes de la Secretaría del acto que reclama el quejoso, no fue desvirtuada con la certificación de mérito. Y por lo que respecta al señalado con el número 1, cabe mencionar que su inexistencia se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad laboral responsable, consistentes en copia certificada del expediente laboral 299/2016, de su índice, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tratarse de documentales públicas. Esto es así, pues el quejoso reclama la omisión de dar continuidad de manera oficiosa al procedimiento de ejecución de laudo dictado en los autos del juicio laboral 299/2016, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica, Veracruz, en términos del artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, dictando las medidas necesarias para cumplimentar la ejecución y embargo decretado en dicho juicio; es decir, reclama la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, sin que precise un acto u omisión en concreto. Ahora bien, los artículos 939 al 949, 950, 955, 957 y 958 de la Ley Federal del Trabajo, relativos al título quince "Procedimientos de ejecución", capítulo I, sección primera, "Disposiciones generales", y sección segunda, "Del procedimiento de embargo", establecen: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas." "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento." "Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo." "Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." "Artículo 954. El Actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto del embargo, prefiriendo los que sean de más fácil realización." "Artículo 955. Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, el Actuario se trasladará al local donde manifieste la parte que obtuvo que (sic) se encuentran y previa identificación de los bienes, practicará el embargo." "Artículo 957. Si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona, que bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo. El depositario debe informar al Presidente ejecutor del lugar en que quedarán los bienes embargados bajo su custodia. La parte que obtuvo podrá solicitar el cambio de depositario." "Artículo 958. Si los bienes embargados son créditos, frutos o productos, se notificará al deudor o inquilino, que el importe del pago lo haga al Presidente ejecutor, apercibido de doble pago en caso de desobediencia." La interpretación sistemática de estos preceptos revela que la ejecución de los laudos corresponde al presidente de la Junta, en dos momentos y modalidades diferentes. En primer término encontramos que el Presidente, para el logro de tal fin y cumplimiento inmediato de la obligación que le impone la Ley Federal del Trabajo, debe dictar, dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación del laudo, las medidas necesarias para que la ejecución de éste sea pronta y expedita, lo que debe hacer de manera oficiosa pues, en esta etapa, la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. Esa primera etapa oficiosa se agota --con independencia de que el presidente haya efectuado actuación alguna tendente al cumplimiento del laudo o no-- una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 945 precitado. Ello, pues así se infiere de la interpretación concatenada del indicado numeral, con el contenido del diverso 950, pues éste dispone tajantemente que transcurrido el término señalado en el artículo 945 (quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación del laudo a cumplir), el presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento y embargo. Lo que significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo dentro de los quince días siguientes a la notificación de éste, o bien simplemente una vez transcurrido ese término, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución. Luego, dentro de la etapa de ejecución forzosa, tenemos que el artículo 954, al regular el embargo, dispone que el actuario debe tomar en consideración lo que le expongan las partes, para determinar qué bienes deben ser objeto de la traba; el artículo 955 prevé la intervención de quien obtuvo el laudo a su favor para el logro de tal fin; y el diverso 957 dispone que si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe el ejecutante, quien también tiene la facultad de solicitar el cambio de depositario, así como pedir ampliación de embargo (artículo 965). Asimismo, el artículo 958 dispone que si los bienes embargados son créditos, frutos o productos, se notificará al deudor o inquilino, que el importe del pago lo haga al Presidente ejecutor, apercibido que de no hacerlo se le sancionara con el doble pago en caso de desobediencia. Las reseñadas disposiciones nos llevan a concluir que para llevar a cabo la segunda etapa del procedimiento de ejecución de un laudo, sí es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Ahora bien, en el contexto de la ejecución forzosa del laudo, los artículos 519 al 522 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 519. Prescriben en dos años: I. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo; II. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo; y III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas. La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de la incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del trabajador, y desde el día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio. Cuando el laudo imponga la obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar de la Junta que fije al trabajador un término no mayor de treinta días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, podrá el patrón dar por terminada la relación de trabajo." "Artículo 520. La prescripción no puede comenzar ni correr: I. Contra los incapaces mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la ley; y II. Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra." "Artículo 521. La prescripción se interrumpe: I. Por la sola presentación de la demanda o de cualquiera promoción ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, independientemente de la fecha de la notificación. No es obstáculo para la interrupción que la Junta sea incompetente; y II. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por hechos indudables." "Artículo 522. Para los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número de días que les corresponda. El primer día se contará completo, aun cuando no lo sea, pero el último debe ser completo y cuando sea feriado, no se tendrá por completa la prescripción sino cumplido el primero útil siguiente." Los citados numerales, regulan la prescripción en materia laboral, y entre los derechos sujetos a esta figura jurídica, se encuentra en la fracción III del precepto 519 citado, las acciones para solicitar la ejecución de laudos y convenios celebrados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. De lo anterior, se colige que la continuación de la ejecución del laudo es siempre a petición de la parte titular del derecho, y que dicha solicitud debe hacerse, por escrito, cada vez que sea necesario, so pena de que inicie o reinicie el término prescriptivo de dos años para ejecutar el laudo. Es así, pues no debe inadvertirse que aun cuando en la etapa de ejecución el gobernado conserva el derecho fundamental previsto en el artículo 17 constitucional, relativo a la administración de justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes; es cierto también que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término quince días a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones. De ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían: los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones, no puede constreñirse a las autoridades responsables mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, para que ordenen proveer lo conducente, realicen las diligencias pendientes, o den los trámites conducentes a la ejecución forzosa de un laudo, de manera oficiosa. Al caso tiene aplicación la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2000011 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.) Página: 2771 EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En el caso, como se dijo, el quejoso reclama la omisión de dar continuidad de manera oficiosa al procedimiento de ejecución de laudo dictado en los autos del juicio laboral 299/2016, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Poza Rica, Veracruz, en términos del artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, dictando las medidas necesarias para cumplimentar la ejecución y embargo decretado en dicho juicio; es decir, la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, sin que precise un acto u omisión en concreto. Ello, pues de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señaló expresamente, en relación al acto reclamado a que se refiere este apartado, el siguiente: "a).- Del C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 44 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, la tardanza y omisión por parte de la responsable de dar continuidad al procedimiento de ejecución del juicio natural, en términos del numeral 940 de la Ley Federal del Trabajo, previendo la "justicia pronta y expedita" en favor de la parte obrera, debiendo a efecto, dictar las medidas necesarias para su cumplimentación, derivado de la ejecución y embargo efectuado dentro de los autos del juicio natural, debiendo ser estas acciones de manera oficiosa por la responsable, acorde a la ley de la materia, derivado del laudo de fecha 10 de mayo de 2017, actualizándose la obligación del C. PRESIDENTE EJECUTOR, de momento a momento, en aras de la tutela del derecho social y principio rectores del derecho laboral." De este modo, el quejoso no atribuye a la autoridad responsable, un acto concreto en la continuación del procedimiento de ejecución del laudo, sino que de manera genérica señala una tardanza y omisión de dar continuidad a dicho procedimiento, pues el propio impetrante señala que la autoridad responsable debe actuar de manera oficiosa para tomar las medidas necesarias a efecto de cumplir con el laudo. Además, de las constancias que obran en auto y que conforman la etapa de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 299/2016, se advierte que después de la emisión de aquél (diez de mayo de dos mil diecisiete), la parte actora, aquí quejosa, presentó un escrito de quince de agosto de dos mil diecisiete, en el que solicitó que se despachara auto de requerimiento de pago y mandamiento de embargo; y por auto de veinticinco de septiembre de ese año, el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, atendiendo dicha solicitud, dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma a efecto de que se requiriera de pago a la parte demandada, apercibiéndola que de no realizar el pago, se le embargaran bienes suficientes para cubrir el monto de la condena. Diligencia que fue realizada el veinticuatro de noviembre de ese mismo año, en la que se embargaron las estimaciones de los contratos suscritos con la empresa productiva del Estado Pemex Exploración y Producción, hasta por la cantidad de $1,433,895.27 (un millón cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos noventa y cinco pesos 27/100 M.N.), por lo que en proveído de veintisiete siguiente, la autoridad responsable ordenó girar el oficio respectivo para efecto de que esta última pusiera a su disposición la cantidad embargada, apercibiéndolo que de no hacerlo, se le impondrían las medidas de apremio establecidas en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente, por escrito de nueve de febrero de dos mil dieciocho, el apoderado legal de la parte actora, solicitó a la autoridad responsable, que hiciera efectivo el apercibimiento realizado a Pemex Exploración y Producción; escrito al cual recayó el auto de trece de marzo de ese mismo año, en el que se le indicó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado en virtud de la suspensión concedida en un juicio de amparo (no indica el número ni el Juzgado donde se encuentra radicado). Y estas son las únicas actuaciones en las que la parte actora ha solicitado la continuación del procedimiento de ejecución del laudo. Así, como se estableció en consideraciones anteriores, en la fase en que se encuentra el procedimiento, la autoridad laboral no actúa en forma oficiosa, sino que la continuación de la ejecución del laudo es siempre a petición de la parte titular del derecho, y que dicha solicitud debe hacerse, por escrito, cada vez que sea necesario; por tanto, toca al quejoso acreditar que instó la actuación cuya omisión reprocha de la autoridad, y como se advierte de la reseña anterior, no se ha cumplido con dicha carga. Consecuentemente, si en autos no obra probanza alguna que revele la solicitud del peticionario de garantías formulada de manera directa a la mencionada autoridad, en la etapa en que se encuentra el procedimiento de ejecución, es dable concluir que no nació la facultad de exigirle el desarrollo de acción alguna, resultando incuestionable la inexistencia de la omisión que se le atribuye en este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias: "Época: Décima Época Registro: 2010025 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: PC.I.L. J/10 L (10a.) Página: 844 AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." "Época: Décima Época Registro: 2019185 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 01 de febrero de 2019 10:03 h Materia(s): (Común) Tesis: PC.VII.L. J/10 L (10a.) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." Sin que sea óbice a lo anterior, que en el escrito inicial se narren los antecedentes que motivaron el acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, toda vez que tal aseveración no desvirtúa la causa de sobreseimiento que en el caso se actualiza; puesto que dicha protesta no basta para tener por acreditada la omisión reclamada, ya que sólo es un requisito formal de la demanda establecido por el artículo 108, fracción V, de la Ley de la materia, que no tiene el carácter de prueba. Pues, se insiste, correspondía a la parte quejosa la carga de la prueba de acuerdo a lo establecido con el artículo 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que el que afirma está obligado a probar, y si dicha parte adujo en su demanda que solicitó a las autoridades responsables la prosecución de la ejecución el laudo, así debió demostrarlo. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto hace a los actos y autoridades a que se refiere el presente considerando, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado precisado en el numeral 3, a la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Ello no obstante que al rendir su informe justificado, el Presidente de la Junta responsable negó dicho acto reclamado, pues su certeza se acredita con lo que expuso en su informe justificado, al manifestar que el actor a través de su apoderado legal presentó el escrito de nueve de febrero de dos mil dieciocho, solicitando requerir a la empresa Pemex Exploración y Producción, el cumplimiento del oficio 5170, girado el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el cual fue acordado desfavorable en virtud de la suspensión solicitada en el juicio de amparo 1294/2017. De modo que dichas manifestaciones llevan implícita una afirmación, que conduce a tener por cierto el acto reclamado. Tiene aplicación sobre el particular, la tesis jurisprudencial: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Al no advertir este juzgado federal, la actualización de alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea de manera oficiosa o que lo hayan alegado las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Estudio de fondo. La parte quejosa aduce que al no acordar el escrito de nueve de febrero de dos mil dieciocho, recibido el trece siguiente, en el cual insistió en el requerimiento a Pemex Exploración y Producción para que diera cumplimiento al oficio 5170, de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete y en consecuencia, dicha empresa realizara el doble pago de la cantidad de $1,433,895.27 (un millo cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos noventa y cinco pesos 27/100 moneda nacional), a que se condenó en el laudo dictado en contra de las empresas demandadas CMM Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable, Consorcio Manufacturero Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ingeniería Especializada, Sociedad Anónima de Capital Variable, Desarrollo e Ingeniería de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Química Andrómeda, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los autos del juicio laboral 299/2016; la autoridad laboral, violenta lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, por no cumplir con el dictado de sus acuerdos y proveer una justicia pronta y expedita. Lo anterior es infundado. El artículo 17 Constitucional, en su párrafo segundo dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]". De lo transcrito se advierte que, el mandato contenido en el precepto constitucional en comento, está encaminado preponderantemente a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; en cuyo cumplimiento deben concurrir, por una parte, el legislador al establecer normas adecuadas para esos propósitos y, por otra, toda autoridad que realice actos materialmente jurisdiccionales. Como se ve, el acceso a la jurisdicción es un derecho fundamental de gran envergadura en el orden jurídico constitucional, pues a través de su ejercicio los individuos podrán defender sus derechos, ya bien, dilucidando una controversia, esclareciendo una situación jurídica dudosa, declarando la existencia de una obligación y, en caso necesario, haciéndola efectiva, todo ello ante la autoridad jurisdiccional. Las subgarantías que contempla el acceso a la jurisdicción son: I. Justicia pronta. Esto es, la obligación de resolver las controversias dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; II. Justicia completa. Se traduce en atender todos y cada uno de los aspectos debatidos; III. Justicia imparcial. Sin favoritismo o preferencia respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en el sentido de la resolución; y IV. Justicia gratuita. Libre de emolumentos por la prestación de dicho servicio público. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Novena Época Registro: 171257 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 192/2007 Página: 209 ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". En el caso, el acto reclamado se traduce en la omisión de acordar el escrito de nueve de febrero de dos mil dieciocho, recibido el trece del mismo mes y año, en el que solicitó se hiciera efectivo a Pemex Exploración y Producción, el apercibimiento contenido en el oficio 5170, de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete y en consecuencia, dicha empresa realizara el doble pago de la cantidad de $1,433,895.27 (un millón cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos noventa y cinco pesos 27/100 moneda nacional), a que se condenó en el laudo dictado en contra de las empresas demandadas CMM Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable, Consorcio Manufacturero Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ingeniería Especializada, Sociedad Anónima de Capital Variable, Desarrollo e Ingeniería de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Química Andrómeda, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los autos del juicio laboral 299/2016. Ahora, de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe con justificación, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tratarse de una documental pública, se advierte en lo conducente, lo siguiente: A) El diez de mayo de dos mil diecisiete, se dictó laudo condenatorio en el juicio laboral 299/2016, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, promovido por Gerardo Martínez Domínguez, contra CMM Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable, Consorcio Manufacturero Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ingeniería Especializada, Sociedad Anónima de Capital Variable, Desarrollo e Ingeniería de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Química Andrómeda, Sociedad Anónima de Capital Variable. B) Por proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, a solicitud de la parte actora, la autoridad laboral dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, en contra de las empresas demandadas. C) El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo a las empresas condenadas en el laudo. D) Por auto de veintisiete de noviembre de ese mismo año, se requirió a Pemex Exploración y Producción, para que pusiera a disposición de la Junta responsable, el cheque por la cantidad por la que se embargó a las empresas demandadas. E) Por acuerdo de treinta del mismo mes y año, se ordenó suspender el procedimiento en la etapa en que se encontraba, en virtud del juicio de amparo 1294/2017, promovido por Ingeniería Especializada Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro. F) Por escrito de nueve de febrero de dos mil dieciocho, recibido en la Junta responsable el trece siguiente, el autorizado de la parte actora, solicitó: ".Que por medio del presente escrito, me permito informar y solicitar a usted c. Presidente, lo siguiente: Que la paraestatal PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, a pesar de tener conocimiento de los contratos embargados números 424102870, 424103824 y 644105801, mediante diligencia de embargo de fecha 24 de noviembre de 2017 y notificado a dicha paraestatal mediante oficio número 5170 de fecha 28 de noviembre de 2017 y respectivos anexos.resultando que a la fecha actual no se ha manifestado respecto al mismo, desconociéndose los motivos por los cuales no han puesto a disposición los cheques correspondientes a sabiendas de existir estimaciones que les pertenecen conforme a sus partidas.que les corresponde a cada empresa integrante de los Convenios de Participación Conjunta en las que son partícipes las personas morales CMM INGENIERÍA, S.A. DE C.V. Y DESARROLLO E INGENIERÍA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., CONSORCIO MANUFACTURERO MEXICANO, S.A. DE C.V., Y QUÍMICA ANDRÓMEDA, S.A. DE C.V.. notificado a dicha paraestatal mediante oficio 5170 . a la fecha actual no se ha manifestado respecto al mismo, desconociéndose los motivos por los cuales no han puesto a disposición los cheques correspondientes a sabiendas de existir estimaciones que les pertenecen conforme a sus partidas (.)empresas que no gozan de ninguna medida cautelar que impida la continuación de la ejecución del laudo en su contra. (.) En consecuencia de lo anteriormente manifestado y con la evidencia que se proporciona, así como la que obra en autos del expediente en que se actúa, se corrobora el incumplimiento a su mandato por parte de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, por lo que con fundamento en el numeral 958 de la Ley Federal del Trabajo, pido se haga efectivo el apercibimiento efectuado a la paraestatal mediante oficio 5170, de fecha 28 de noviembre de 2017, solicitando se realice el pago por su desacato de la suma resultante del doble de la cantidad a que fueron condenadas las demandadas, tomando como base el monto líquido de $1,433,895.27 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.), a que fueron condenadas en el laudo de fecha 10 de mayo de 2017." G) En atención a lo anterior, el trece de marzo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dictó un auto mediante el cual se acordó el escrito antes señalado, en los siguientes términos: "(.) POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. ACUERDO.- Por recibido ante esta Junta el día 13 de febrero del año en curso, escrito de fecha 09 de febrero del 2018, folio número 788 signado por el C. Lic. Jorge Eduardo Vincent Vázquez, en su carácter de apoderado legal del actor, y atento a lo solicitado, dígasele al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad a lo solicitado en el escrito de cuenta, tomando en consideración que la autoridad de Amparo concedió la suspensión solicitada por la quejosa del acto reclamado en el presente expediente laboral por lo que deberá estarse a lo ordenado por la autoridad de Amparo.- Notifíquese el presente acuerdo por los ESTRADOS de esta Junta.- Cúmplase. Así lo proveyeron y firmaron los CC. Representantes que integran esta Junta Especial Número 44 de la Federal de Conciliación y Arbitraje (.)" Con base en lo anterior, resulta infundado el concepto de violación en el que el amparista refirió que se trastocó su derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, establecido en el artículo 17 constitucional, toda vez que si bien es cierto, a través de su autorizado formuló la promoción de nueve de febrero de dos mil dieciocho, recibida el trece siguiente por la Junta responsable, en el expediente 299/2016, mediante el cual solicitó se hiciera efectivo a Pemex Exploración y Producción, el apercibimiento contenido en el oficio 5170, de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete y en consecuencia, dicha empresa realizara el doble pago de la cantidad de $1,433,895.27 (un millón cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos noventa y cinco pesos 27/100 moneda nacional), a que se condenó en el laudo dictado en contra de las empresas demandadas CMM Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable, Consorcio Manufacturero Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, Ingeniería Especializada, Sociedad Anónima de Capital Variable, Desarrollo e Ingeniería de México, Sociedad Anónima de Capital Variable y Química Andrómeda, Sociedad Anónima de Capital Variable; también cierto es que, por auto de trece de marzo de dos mil dieciocho, se acordó dicha promoción. Ello pues, en atención a lo solicitado por el actor en aquél juicio laboral, la Junta consideró que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado en virtud que la autoridad de amparo había concedido la suspensión solicitada por la empresa demandada; proveído que se ordenó notificar por estrados de la Junta responsable. Bajo ese contexto, debe concluirse que la autoridad responsable dio contestación al escrito de la parte quejosa; lo que conlleva a considerar que no se vulneró el contenido del artículo 17 de la Constitución Federal. En las relatadas circunstancias, al haber resultado infundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, se impone negar el amparo solicitado. Finalmente, no se desconoce que mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes de este juzgado, la parte quejosa formuló alegatos; sin embargo, no constituye una obligación para este órgano jurisdiccional abordar el estudio de las afirmaciones que se realizan en vía de alegatos, pues la "litis" en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, los informes justificados y las pruebas aportadas, salvo los casos en que se hagan valer causas de improcedencia. Sustenta la consideración que antecede, la siguiente jurisprudencia: "Época: Octava Época Registro: 205449 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 217/2018, promovido por Gerardo Martínez Domínguez, por propio derecho, en contra de los actos y por las autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Gerardo Martínez Domínguez, por propio derecho, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando sexto de este fallo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a las empresas terceras interesadas; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y autoridades responsables, en la forma prevista en la Ley de Amparo.

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