Gerardo Martínez Bejines
Expediente 1253/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1253/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/07/2019
Partes del expediente
- Gerardo Martínez Bejines
Actuaciones
- Principal
Como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformara con el auto de diecinueve de junio del año en curso, en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho, en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia y no se tramitó incidente de suspensión. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese.
- Principal
aviso por este medio el ista se notifica al quejoso la resolución que dice: SENTENCIA Zapopan, Jalisco, catorce de junio de dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, remitido, por razón de turno, a este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Mónica González Barajas, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III) AUTORIDADES RESPONSABLES: 1) COMO ORDENADORA DEL PRIMER ACTO RECLAMADO.- EL C. JUEZ DÉCIMO DE LO MERCANTIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, con domicilio el ubicado en Anillo Periférico poniente, Manuel Gómez Morín 7727, Fraccionamiento en ciudad judicial federal, C.P 45010, Zapopan, Jalisco. 2) COMO EJECUTORA DEL PRIMER ACTO RECLAMADO.- EL C. SECRETARIO EJECUTOR ADSCRITO AL JUZGADO DÉCIMO DE LO MERCANTIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, con domicilio el antes mencionado. 3) COMO ORDENADORA DEL SEGUNDO ACTO RECLAMADO.- EL C. JUEZ PRIMERO DE LO MERCANTIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, con domicilio el ubicado en Anillo Periférico poniente, Manuel Gómez Morín, 7727, Fraccionamiento ciudad judicial federal, C.P. 4) COMO EJECUTORA DEL SEGUNDO ACTO RECLAMADO.- EL C. SECRETARIO EJECUTOR ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, con domicilio el antes mencionado. IV) ACTOS RECLAMADOS.- PRIMERO.- DE LA ORDENADORA EL C. JUEZ DECIMO DE LO MERCANTIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.- El acta de Requerimiento, Embargo y Emplazamiento de fecha 18 dieciocho de octubre del año 2011 dos mil once, que deviene del expediente con número 2707/2011 llevado ante el Juzgado Décimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, donde embargan un vehículo que es de mi propiedad, MOTIVO POR EL CUAL SE VULNERA MI DERECHO HUMANOS A LA PROPIEDAD Y A LAS GARANTIAS JUDICIALES QUE ESTABLECE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA", ASÍ COMO MIS DERECHOS HUMANOS ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN. DE LA EJECUTORA EL C. SECRETARIO EJECUTOR ADSCRITO AL JUZGADO DECIMO DE LO MERCANTIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.- La ejecución del acta de Requerimiento, Embargo y Emplazamiento de fecha 18 dieciocho de octubre del año 2011 dos mil once, que deviene del expediente con número 2707/2011 llevado ante el Juzgado Décimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, donde embargan un vehículo que es de mi propiedad, MOTIVO POR EL CUAL SE VULNERA MI DERECHO HUMANOS A LA PROPIEDAD Y A LAS GARANTÍAS JUDICIALES QUE ESTABLECE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA", ASÍ COMO MIS DERECHOS HUMANOS ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN. SEGUNDO.- DE LA ORDENADORA, EL C. JUEZ PRIMERO DE LO MERCANTIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.- El acuerdo de fecha 25 veinticinco de Mayo del año 2018 dos mil dieciocho, que deviene del expediente con número 4060/2012 llevado ante el Juzgado ante el Juzgado Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, donde se ordena el cambio de depositario y de depósito del vehículo de mi propiedad, MOTIVO POR EL CUAL SE VULNERA MI DERECHO HUMANOS A LA PROPIEDAD Y A LAS GARANTÍAS JUDICIALES QUE ESTABLECE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA", ASÍ COMO MIS DERECHOS HUMANOS ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN. 2).- DE LA EJECUTORA, EL C. SECRETARIO EJECUTOR ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO MERCANTIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.- La posible ejecución del acuerdo de fecha 25 veinticinco de Mayo del año 2018 dos mil dieciocho, que deviene del expediente con número 4060/2012 llevado ante el Juzgado Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, donde se ordena el cambio de depositario y de depósito del vehículo de mi propiedad, MOTIVO POR EL CUAL SE VULNERA MI DERECHO HUMANOS A LA PROPIEDAD Y A LAS GARANTÍAS JUDICIALES QUE ESTABLECE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA", ASÍ COMO MIS DERECHOS HUMANOS ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN." (Transcripción literal) La parte quejosa señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Prevención. Por auto de treinta de noviembre de dos mil dieciocho (folios 20 a 24), se previno a la parte quejosa, para que señalara domicilio del tercero interesado, exhibiera copias de la demanda y precisara si era su deseo señalar como acto destacado la omisión de acordar el ocurso exhibido en su escrito de demanda, registrándose el presente juicio con el número 1324/2018. TERCERO. Admisión y trámite En cumplimiento a la prevención realizada la impetrante de amparo mediante escrito de diez de diciembre de dos mil dieciocho (folio 26), en lo que interesa, precisó que no era su deseo señalar como acto destacado el referido en el resultando precedente; admitiéndose la demanda por auto de once de diciembre del mismo año, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se emplazó a los terceros interesados; y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 54, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado . Debido a que se reclaman actos emitidos dentro de un procedimiento del orden civil, los cuales tienen ejecución dentro del ámbito territorial en el cual este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. La parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del veintisiete de noviembre al dos de enero de dos mil diecinueve, sin contar los días uno, dos, ocho y nueve de diciembre del mismo año, porque fueron inhábiles, lo anterior en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo , así como del dieciséis al uno de enero de dos mil diecinueve, por gozar las autoridades responsables de su periodo vacacional. Consecuentemente, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, entonces se promovió de manera oportuna, esto es, dentro del término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se desprende del cuadro siguiente: NOVIEMBRE 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 26 Fecha de conocimiento 27 Primer día 28 Segundo día Presenta demanda 29 Tercer día 30 Cuarto día 1 2 DICIEMBRE 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 3 Quinto día 4 Sexto día 5 Séptimo día 6 Octavo día 7 Noveno día 8 9 10 Décimo día 11 Decimoprimer día - 12 Décimo segundo día 13 Décimo tercero día 14 Décimo cuarto día 15 16 TERCERO. Fijación de la litis En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de garantías , se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: 1. Al Juez y secretario ejecutor, ambos del Juzgado Décimo de lo Mercantil del Primer Partido del Estado de Jalisco: El embargo realizado el dieciocho de octubre de dos mil once sobre el bien mueble consistente en un vehículo "marca Ford Mustang GT, modelo 2007, color plata satín metálico, con placas JBG-8441 y con número de serie 1ZVFT82HX75348398", ello en autos del juicio 2707/2011 de su índice- ahora 4060/2012-. 2. Al Juez y secretario ejecutor, ambos del Juzgado Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: La emisión del auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, por el cual se ordenó el cambio de depositario respecto del bien referido, así como su ejecución, ello en autos del juicio 4060/2012 de su índice. TERCERO. Determinación acerca de la existencia de lo reclamado Por razón de método en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo . Son ciertos los actos reclamados al Juez y secretario ejecutor, adscritos al Juzgado Décimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, consistente en la diligencia de embargo respecto del bien precitado; no obstante que, precisó que no estaba en aptitud de rendir su informe justificado por no contar con los autos originales del juicio natural, dado que de las constancias remitidas por su homólogo, se advierte que a ellas les correspondió la realización de la diligencia que se les atribuye (folio 14), sin que sea óbice que haya sido sustituida por el diverso juez responsable, pues en su momento, se insiste, emitieron los actos reclamados. En ese sentido, resultan verídicos los actos que se atribuyen al Juez y secretario ejecutor, adscritos al Juzgado Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, precisados en el considerando precedente, dado que en su informe de ley (folio 67) aceptaron su existencia , lo que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. Lo que además se corrobora con la copia certificada, de las constancias remitidas por la responsable, de las que advierte que por auto de veintiocho de mayo del año próximo pasado, se ordenó el cambio de depositario respecto del bien que defiende la parte quejosa (folio 273 del tomo II del cuaderno de pruebas), a la que se concede pleno valor probatorio como documento público, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo. CUARTO. Objeción de falsedad. En primer término, procede resolver sobre la falsedad planteada por el tercero interesado Jorge Joaquín Aldama Cerda, en su escrito presentado diez de enero de dos mil dieciocho . El referido tercero interesado manifiesta que la copia certificada de la factura número 0200 exhibida por la parte quejosa en su escrito inicial (folio 18) no es auténtica, dado que no existe certeza de que se haya elaborado en esa fecha, ya que, considera que, es un documento de fácil confección. Lo anterior, pues la objeción que hace valer de que el documento no sea suficiente para demostrar el interés jurídico de la parte quejosa es materia de una causal de improcedencia, la cual se estudiará más adelante. Este juzgador estima infundado el incidente que nos ocupa, atendiendo a las siguientes consideraciones: El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia". Del precepto legal transcrito se obtiene que la materia del incidente de objeción de documentos en el juicio de amparo, es dilucidar, precisamente, si el documento objetado es auténtico, lo que el juzgador debe apreciar al momento de dictar la sentencia, a la luz de las pruebas relativas a la autenticidad del documento impugnado. En ese tenor, de las actuaciones inherentes a la incidencia que se analiza, destaca que la parte tercera interesada objetó de falsa la factura número 0200, expedida por "Ramón Alcázar Hernández", el quince de diciembre de dos mil diecinueve, a favor de Mónica González Barajas aquí quejosa-, respecto del siguiente bien mueble: "un vehículo nuevo marca Ford Mustang GT, modelo 2007, color plata, satín metálico/piel negro nocturno, Mustang GT 2 DR Coupe Premium MA6". Conforme a lo establecido en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones, por ende, la carga de probar la falsedad de la factura de que se trata, le corresponde precisamente a la tercera interesada y objetante. Ilustra a lo expuesto, por las razones que la forman, la tesis que informa: "DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción. Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba." En ese orden, cabe precisar que la parte tercera interesada objetante, con la finalidad de demostrar que el documento indicado es falso, ofreció el siguiente elemento de convicción: 1. Documental de informes. Consistente en el informe que rindiera el Servicio de Administración Tributaria respecto de la solicitud de información realizada con el número de folio 0610100010919 (folio 54 a 57), mediante el cual solicitó copias certificadas de la declaración informativa de Operaciones con terceros de diciembre de dos mil nueve correspondiente al señor Ramón Alcázar Hernández y Mónica González Barajas de los años dos mil nueve y dos mil diez; así como, que se informara respecto de los folios de las facturas expedidas por este último, en los ejercicios fiscales dos mil nueve y dos mil diez; además, que se señalara cuáles fueron inutilizados y, en caso, de que tuviera registro del folio 0200, se informara el lugar y fecha de expedición, clave del registro federal de contribuyentes de la persona a quien se expidiera, cantidad y clase de mercancías ( 51 y 80 a 92). Lo anterior, refirió a fin de comprobar si en la declaración respecto del año dos mil nueve respecto de Ramón Alcázar Hernández, se advertía que el bien materia de controversia había salido de su patrimonio a favor de la aquí quejosa. En ese contexto, como consta de autos dicha probanza no se perfeccionó lo que llevo a que se le declarará desinteresado en su desahogo (folio 147), tal como se señalará a continuación: 1. En su escrito de objeción el tercero interesado Jorge Joaquín Aldama Cerda, ofreció como prueba la documental de informe precitada, anexando a dicho ocurso la solicitud de información 0610100010919 (folios 54 a 57). 2. Por audiencia de veinte de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó suspender la celebración de la audiencia a fin de dar trámite a la objeción de falsedad interpuesta (folios 76 a 77). 3. Luego por ocurso de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, el objetante exhibió la respuesta dada por el Servicio de Administración Tributaria respecto de su solicitud referida, de la cual se desprende que dicha dependencia, señaló que no estaba en aptitud proporcionar lo peticionado, dado que dicha información era clasificada como confidencial (folios 82 a 93). 4. Mediante auto de siete de marzo del año en curso, se proveyó respecto de la documental de informes ofrecida por la tercera interesada, así como de su petición en relación con que el Servicio de Administración Tributaria no le otorgó la información requerida mediante solicitud número 0610100010919 (folios 95 a 96). 5. Mediante auto de siete de marzo de dos mil diecinueve, se ordenó requerir a la citada dependencia a fin de que proporcionara la información pedida por el incidentista (folios 95 a 98) 6. En cumplimiento a lo requerido por oficio 600-04-04-08-00-2019-46946, la Subadministradora de Amparo e Instancias Judiciales del Servicio de Administración Tributaria, señaló que había, a su vez, solicitado a la Administración de Declaraciones y Pagos adscrita, facilitará la información requerida (folios 107 a 110). 7. Luego, la Administración de Declaraciones y Pagos del Servicio de Administración Tributaria, informó que no se había encontrado datos de declaraciones respecto de Ramón Alcázar Hernández y, respecto de Mónica González Barajas se debían proporcionar más datos como por ejemplo su "RFC", asimismo, precisó que respecto de los datos relación con las facturas, la autoridad competente para ello era la Administración de Gestión de Servicios y trámites con Medios Electrónicos de la Administración General de Servicios al Contribuyente (folio 113). 8. A dicho oficio, recayó auto de cinco de abril del año en curso, por el cual se requirió a la parte incidentista proporcionara la información respecto de la aquí quejosa, apercibida que de no hacerlo se le tendría por desinteresada con la documental ofertada (folio 115). 9. En cumplimiento a lo anterior, el promovente del incidente, solicitó que se girara oficio a la Administración de Gestión de Servicios y trámites con Medios Electrónicos de la Administración General de Servicios al Contribuyente, a fin de que remitiera lo relativo a la información de las facturas aludidas; de igual forma, proporcionó la información necesaria para que la Administración de Declaraciones y Pagos, informara lo conducente (folios 117 a 120). 10. En virtud de ello, por auto de veintidós de abril del año en curso, se ordenó girar los oficios correspondientes a las autoridades referidas (folios 121 y 122). 11. En ese sentido, por oficio de dieciséis de mayo del mismo año, Administración de Declaraciones y Pagos, señaló que no encontró datos respecto de las declaraciones realizadas por la aquí quejosa (folio 137). 12. Posteriormente, la Dirección de Gestión de Servicios y trámites con Medios Electrónicos de la Administración General de Servicios al Contribuyente, refirió que no contaba con la información solicitada respecto de las facturas, y que lo único que podía proporcionar era el número de comprobación, números de folios solicitados por el contribuyente Ramón Alcázar Hernández (folio 144). 13. Respecto de dicho oficio, este órgano jurisdiccional por auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dio vista al objetante, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibido que no hacerlo, se le tendría por desinteresado respecto del medio probatorio ofertado (folio 145). 14. En virtud de lo anterior por reanudación de audiencia de trece de junio del año en curso, se le hizo efectivo el apercibimiento realizado, y se le tuvo por desinteresado respecto de la documental de informes ofrecida (folio 148). Sobre esa base, como se advierte, la documental de informes ofertada no se perfeccionó, dado que la dependencia no estuvo en aptitud de remitir la información solicitada, para los efectos pretendidos por el objetante, sin que haya exhibido diverso medio de convicción que demostrara, en su caso, la falsedad del documento que alega. Por lo que al no existir diverso elemento de convicción en que apoyar los fundamentos de la incidencia que se resuelve, se determina que la parte tercera interesada no probó su objeción, por ende, el incidente de falsedad de que se trata, es infundado. En la inteligencia, que el promovente no refirió nada respecto de la certificación de dicho documento, por lo que debe tenerse por auténtica la copia certificada de la factura exhibida por la impetrante del amparo. Sirve para apoyar lo anterior, por las razones que informan, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PRIVADOS FIRMADOS POR TERCEROS, OBJETADOS EN UN JUICIO CIVIL. LA VERACIDAD DE SU SUSCRIPCIÓN CORRESPONDE PROBARLA AL OFERENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). En términos de lo dispuesto en el artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, cuando una de las partes en un juicio civil presente como base de sus pretensiones, un documento privado que afirma fue firmado por un tercero y su autoría es objetada por su contrario, la carga de la prueba para demostrar la veracidad de la suscripción corresponde al oferente del documento. Ello es así por voluntad expresa del legislador, que estableció en el artículo de referencia, que al objetarse la autoría de un documento privado, la verdad de la suscripción debe demostrarse por medio de prueba directa para tal objeto, veracidad que, por consecuencia lógica, sólo podrá ser probada a través de los medios probatorios idóneos previstos en el propio ordenamiento adjetivo civil, por quien las arguye en su favor y no por quien las redarguye en el suyo, pues es el oferente quien llevó al juicio el documento que estima auténtico y con el cual sustenta la afirmación de su pretensión" QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo Definido lo anterior, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a ello resulta procedente la acción de garantías. La parte tercera interesada mediante ocurso de diez de enero de dos mil diecinueve (folios 45 a 57) precisó que la parte quejosa no tiene interés jurídico para comparecer en el presente juicio a defender el bien mueble embargado en autos del juicio natural. Al respecto resulta fundada la causal de improcedencia invocada. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo , esto, en atención a que la parte quejosa no demostró, plenamente, el interés jurídico que le asiste. La citada fracción dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del recurrente, en los términos del numeral 5, fracción I, de la invocada ley. Esto es, que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por tal, la preexistencia de un derecho legalmente tutelado por la norma jurídica, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo a demandar el cese de esa violación; por lo que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el agravio personal y directo, fundamental para la procedencia del juicio de protección de derechos humanos. Es por ello que para que el juicio constitucional resulte procedente, requiere ser promovido por las personas que se vean afectadas en sus derechos fundamentales con el acto de autoridad, pero siempre y cuando acrediten fehacientemente contar con un interés jurídico o legítimo . Sobre el tema, el Máximo Tribunal del país ha establecido que el interés jurídico necesario para promover el amparo contra leyes o actos de autoridad solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que éste pudiera parecer. Además, que como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico, debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afectan real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es importante destacar que para demostrarse la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere que la parte quejosa acredite la existencia conjunta de los siguientes elementos: a) Un determinado individuo (principio de instancia de parte); b) La existencia de un derecho legítimamente tutelado (legitimación); c) Un acto autoritario (principio de procedencia del juicio de amparo); y, d) La afectación del derecho, a través del acto de autoridad (principio de agravio personal y directo). Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4° de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados" De donde se colige que si una persona tercera extraña a un juicio civil aduce que se afectan los derechos de posesión, que manifiesta ejercer sobre un bien determinado, para que éstos puedan ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesaria la existencia de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal contemplados en la legislación secundaria relativa, que genere a su favor el derecho a la posesión, ya sea en forma originaria o derivada, de manera que el promovente tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a poseer ese bien, toda vez que la simple tenencia material de la cosa no puede ser tutelada por la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional. Lo cual no significa que se decida y se haga un pronunciamiento sobre ese tipo de prerrogativas, sino que dicho análisis deberá realizarse exclusivamente para efectos de comprobar la contravención al interés jurídico y, en consecuencia, la legitimación del promovente. Cobra aplicación en el particular, el criterio sustentado en la tesis 2a. LII/97, en materia común, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, mayo de 1997, página 333, registro 198744, del rubro y texto que se muestran a continuación: "INTERÉS JURÍDICO. ES NECESARIO ANALIZAR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE PRETENDE ACREDITARLO, AUN CUANDO EL RESULTADO SÓLO SEA PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. No obstante que no sea el caso de pronunciarse sobre la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del contrato de comodato, exhibido por la quejosa como instrumento demostrativo de su interés jurídico, sí se hace necesario el análisis de dicho contrato, sólo para los efectos de determinar la procedencia del juicio de garantías, lo cual es una cuestión de orden público." Así, para evidenciar la afectación al interés jurídico, el accionante constitucional tendrá que acreditar la existencia del derecho que estima conculcado, el cual deberá ser anterior al acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo. En lo relativo a la forma de los títulos con que se ha de acreditar la propiedad y la posesión, cabe señalar que, por su naturaleza, necesitan tener fecha cierta, con el objeto de que puedan surtir efectos frente a terceros, lo cual acontece a partir del día en que se incorporen o inscriban en un registro público, se presenten ante un funcionario investido de fe pública por razón de su oficio, o bien, desde la muerte de cualquiera de sus suscriptores. Lo anterior, como se establece en la jurisprudencia en materia civil, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, sexta época, volumen LXVI, cuarta parte, página 63, registro 818042, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." Importa mencionar que la certeza de la fecha en documentos traslativos de dominio tiene como finalidad evitar que dichas constancias se antedaten en perjuicio de terceros, pues en el instrumento privado la fecha es obra de las partes, quienes incluso pueden ponerse de acuerdo para estampar una firma en fecha anterior o posterior a la verdadera; de ahí que si en la especie no se verificó alguna de las hipótesis mencionadas, a tal documento, aun inobjetado e incluso ratificado por sus signatarios, no se le puede otorgar una eficacia probatoria de la cual carece, para ser oponible contra terceros. En el caso, la peticionaria de amparo sustenta su pretensión en lo siguiente: a) Su condición de tercera extraña al juicio del que derivan los actos reclamados; b) Su carácter de propietaria del bien embargado en el juicio natural; y, c) La afectación de esa propiedad mediante los actos reclamados. Luego, la quejosa invoca conculcados, en su perjuicio, los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que en el juicio ejecutivo mercantil 4060/2012, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en donde es persona extraña, las autoridades responsables pretenden privarla de los derechos de propiedad que manifiesta ejercer, a título de dueña, respecto del bien mueble que refiere en la demanda de amparo, por lo que es claro que debió acreditar, necesariamente, la causa jurídica por la que entró a poseer dicho bien, con anterioridad a la emisión de los actos reclamados; lo que, en la especie, no aconteció, como se precisará a continuación. En el caso, para acreditar su interés jurídico, la quejosa ofreció como medios de pruebas los siguientes: 1. Copia certificada pasada ante la fe del notario público número veintiuno de Rio Grande, Zacatecas de la factura número 0200 expedida a favor de la parte quejosa (folio 18). 2. Copia simple de la factura número A 21920 expedida a favor de Ramón Alcázar Hernández (folio 19). Sin embargo, con ninguna de las pruebas descritas se justifica el interés que aduce respecto del bien mueble que defiende. En efecto, la copia certificada de la factura -descrita en el punto uno- es ineficaz para justificar que la quejosa tenía la propiedad del bien que refiere, en la fecha en que se produjeron los actos reclamados. Se afirma lo anterior, porque dicho documento adquirió fecha cierta con posterioridad a los actos reclamados, ya que en el juicio mercantil de origen el embargo decretado sobre el vehículo que defiende fue el dieciocho de octubre de dos mil once (folio 14 del tomo I del cuaderno de pruebas) y la orden de cambio de depositario el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (folio 273 del tomo II del cuaderno de pruebas), mientras que el documento privado adquirió fecha cierta el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Tal como se observa, de la certificación realizada al documento que nos ocupa: Cierto, la copia certificada de la factura exhibida si bien es de fecha cierta, ya que se presentó ante un funcionario en razón de su oficio, lo cierto es que ésta la adquirió en fecha posterior a los actos reclamados, de ahí que carece de eficacia probatoria plena, por sí, para acreditar el interés de la parte quejosa. En consecuencia, al ser el documento de fecha posterior a los actos reclamados, se desprende que la quejosa carece de un derecho subjetivo oponible a los actos reclamados, ya que en el momento en que se emitieron carecía de un derecho susceptible de tutela constitucional. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. SE ACREDITA CON EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE UN BIEN INMUEBLE RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). El indicado documento es apto para acreditar el interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio de origen, donde reclama el embargo llevado a cabo sobre el inmueble en cuestión y sus consecuencias, pues al pasar dicho documento ante la fe del Notario Público adquiere valor probatorio pleno, y demuestra que, por lo menos en la fecha en que se ratificó, ya se había llevado a cabo la transacción, dotando así de seguridad a los acreedores de determinada relación jurídica y garantizando que los documentos que se presenten en oposición de sus pretensiones no fueron realizados con posterioridad al inicio de un juicio y se dataron en una fecha anterior. De acuerdo con ello, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario es suficiente para acreditar que las firmas que obran son las de los contratantes y demostrar ante los Jueces de amparo que la transmisión de la propiedad del inmueble motivo del embargo que se reclame, se dio antes de éste, lo que prueba la existencia de un agravio contra el comprador ante la posible afectación a su propiedad. "(Énfasis añadido). "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENE QUIEN RECLAMA EL EMBARGO TRABADO SOBRE UN BIEN QUE NO HABÍA ENTRADO A SU PATRIMONIO EN LA ÉPOCA DE LA DILIGENCIA. Atento lo dispuesto por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Ello ocurre cuando se reclama el embargo trabado sobre un bien adquirido por el impetrante de garantías con fecha posterior a la diligencia de secuestro, pues si bien es verdad que el hecho de que acreditase la legítima propiedad al promoverse el juicio constitucional, implicaría que el quejoso pudiere tener derechos subjetivos; lo cierto es que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, pues ello ocurre en relación con la diversa persona que sí tenía derechos sobre el bien en la época del embargo. " (Énfasis añadido). La copia simple de la factura a nombre del demandado -descrito en el punto dos- tampoco es documento idóneo para acreditar su interés, pues carece de valor probatorio en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo; además, que, en el supuesto caso, con éste no demostraría su propiedad sino la del demandado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 32/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XI, abril de 2000, registro 192,109, página 127, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Además, tampoco es viable resolver con base en injerencias o presunciones, puesto que se llegaría al extremo de que cualquier persona acudiera al juicio amparo reclamado un derecho que no le pertenece. De manera que al no existir prueba alguna con la cual la quejosa acredite la afectación en su esfera jurídica, o en su caso, ser titular de un derecho adquirido, lo cual debe realizarlo de manera fehaciente y no inferirse solamente con base en presunciones, la sola manifestación de la impetrante de amparo con los documentos ya valorados, no es suficiente para probar la titularidad respecto del bien que defiende. Avalan esta consideración, las jurisprudencias que, literalmente, dicen: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente " Sin que los criterios que refiere la parte quejosa sean aplicables al caso, pues como se estudió, en los párrafos antecedentes, el interés jurídico no lo acreditó, ya que exhibió un documento de fecha cierta posterior a los actos reclamados y no porque la factura no sea un documento idóneo para demostrar, en su caso, la propiedad de un vehículo. En consecuencia, como se adelantó, las pruebas ofrecidas resultan jurídicamente ineficaces para demostrar fehacientemente el interés jurídico de la parte quejosa. De ahí, que al actualizarse la causa de inviabilidad prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. El sobreseimiento se hace extensivo respecto de los actos reclamados a las autoridades ejecutoras, dado que deriva de lo atribuido a las ordenadoras y no se combate por vicios propios. Asimismo, es de mencionar que no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados en cuanto al acto de autoridad que se reclama, en razón de que estos aspectos corresponden al estudio de fondo, lo que no es dable verificar, si se resuelve sobreseer en el presente juicio de amparo, como en la especie sucedió, porque con ello se impide juzgar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tales actos. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 61, 63 y 74, todos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Es infundado el incidente de objeción de falsedad promovido por el tercero interesado Jorge Joaquín Aldama Cerda, en términos del considerando cuarto de esta resolución SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mónica González Barajas en contra de los actos atribuidos al Juez y Secretario ejecutor adscritos al Juzgado Décimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y otras autoridades, en términos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo sentenció y firma Helmuth Gerd Putz Botello, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que actúa con la secretaria, licenciada Nathali Cisneros Mendoza, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy catorce de junio de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron. LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA SENTENCIA DICTADA EL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1324/2018-C. CONSTE.
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Téngase por recibido el ocurso signado por Gustavo Zepeda Vázquez, en su carácter de administrador general único de la persona moral tercera interesada Desarrollos inmobiliarios de 10, sociedad anónima de capital variable, personalidad que acredita conforme al artículo 11 de la Ley de Amparo, con la copia certificada de la escritura pública cuarenta y cuatro mil ciento cinco, la cual adjunta al ocurso de cuenta, con la que se apersona al juicio de amparo en que se actúa. Señala domicilio procesal y autorizados. Téngase como su domicilio procesal el ubicado en la finca marcada con el número 2583, de la calle Colomos, en la Colonia Providencia, en Guadalajara, Jalisco y como su autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Alberto Contreras Bravo, Arturo Valdez Luévanos y Héctor Emmanuel Romero Macedo, por tener registrada su cédula profesional de licenciado en derecho el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Formula alegatos. Asimismo, se le tiene realizando manifestaciones a manera de alegatos, los cuales, conforme lo prevé el artículo 124 de la ley de la materia, serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Causales de improcedencia. Por otra parte, téngasele invocando causales de improcedencia; las que, con apoyo en el numeral 61 de la Ley de Amparo, en su caso, serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Ofrece pruebas. Además, con fundamento en lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales, que anexa a su ocurso, instrumental de actuaciones, así como presuncional legal y humana, las cuales, serán tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Oposición de datos personales. Asimismo, como lo solicita, se le tiene manifestando oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, de momento no ha lugar a ordenar la devolución de los documentos que menciona, toda vez que el estado procesal de los autos no lo permite. Esto así, ya que, si bien es cierto que el citado artículo establece que las partes pueden pedir, en todo tiempo, que se les devuelvan los originales que hubieren presentado en el juicio respectivo, también prevé que esto únicamente es procedente transcurrida la etapa procesal en que puedan ser objetados los documentos aportados o resuelta en definitiva dicha objeción; otra limitante es que no se devolverán los documentos que, por su naturaleza, no puedan ser reproducidos por el personal de tribunal, hasta que el asunto se resuelva definitivamente. En ese sentido, el artículo 122 de la ley de la materia dispone que las objeciones de las pruebas se acordarán en la audiencia constitucional, como es de advertirse, después de celebrada ésta, se puede solicitar la devolución de los documentos aportados en el proceso.
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CUADERNO DE ANTECEDENTES RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO 359/2019.-Vista la certificación de cuenta, se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de junio de dos mil diecinueve, funge como titular de este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, HELMUTH GERD PUTZ BOTELLO, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que, atento a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), la notificación a las autoridades responsables, se realizará por medio de lista de acuerdos, conforme lo disponen los numerales 28, fracción I, en relación con los diversos 29, 30 y 31, todos de la Ley de Amparo.Agréguese el oficio 5133/2019 del secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual comunica la admisión del recurso de revisión promovido en autos, mismo que quedó registrado bajo número de revisión principal 256/2019.
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