Gerardo Marroquin Hernández

Expediente 22/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
22/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
15/01/2019

Partes del expediente

  • Gerardo Marroquin Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, por medio del cual, se advierte que transcribe el proveído de diez de enero del año que transcurre, dictado en el juicio de amparo ***de su índice, en el que acusa de recibo de los autos originales del juicio de amparo *** promovido por ***; asimismo, informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Se ordena archivo En mérito de lo antes expuesto, y tomando en consideración que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, se ordena archivar el presente asunto, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, en acatamiento a lo ordenado en los puntos cuarto, décimo cuarto, vigésimo al vigésimo tercero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el manual -dos mil diez-, para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de conformidad con el acuerdo antes mencionado se aprobó, manual que en su apartado IV, punto 4., refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito signado por ****, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" y otro, de quienes reclama la falta de atención médica especializada y suministro de medicamentos. Registro de la demanda. Al respecto, fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número ***, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. De la Suspensión de Oficio y de Plano respecto de la falta de atención médica especializada y falta de suministro de medicamentos. Ahora bien, los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: ... De las normas constitucionales reproducidas se advierte que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, debiendo todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dentro de los derechos humanos se encuentra el derecho a la salud, previsto en su artículo 4, conforme al cual, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirma que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". El derecho a la salud, como ha afirmado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, comprende un conjunto de derechos y libertades dirigidos a posibilitar que cada persona pueda disfrutar del nivel más alto de salud. El nivel más alto posible variará según la persona, pues depende tanto de las circunstancias biológicas, sociales y económicas de cada individuo, como de la situación y los recursos de los que dispone cada Estado. La salud ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud de la manera siguiente: "es un derecho fundamental y el logro del grado más alto posible de la misma es un objeto social importantísimo en el mundo". De acuerdo con diversos tratados suscritos por el Estado mexicano el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social y que el derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden las disponibilidades garantizadas de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano. Asimismo, conforme al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho a la vida es un derecho humano fundamental cuyo goce pleno constituye una condición para el ejercicio de todos los derechos. La integridad personal es esencial para el disfrute de la vida humana. A su vez, los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud humana. El derecho a la vida impone al Estado una obligación compleja, en tanto que no sólo prohíbe la privación de la vida (que se traduce en una obligación negativa: que no se prive de la vida), sino que también exige que, a la luz de la obligación de garantizar el pleno, libre y efectivo ejercicio de los derechos humanos como el relativo a la salud, adopte medidas positivas para preservar ese derecho en el ámbito legislativo, judicial y administrativo. En ese sentido, existe transgresión al derecho a la vida por parte del Estado no sólo cuando una persona es privada de la vida por un agente del Estado, sino también cuando éste no adopta las medidas razonables y necesarias aludidas, como son las tendientes a preservarla, a minimizar el riesgo de que se pierda en manos del Estado o de otros particulares, y las necesarias para investigar efectivamente los actos de privación de la vida. Así, los Estados son responsables de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los derechos a la vida y la integridad personal, inclusive de las personas que con motivo de índole penal, se encuentran privadas de su libertad personal. Para todo ello, se requiere de la formación de un orden normativo que respete y garantice efectivamente el ejercicio de sus derechos humanos, y la supervisión eficaz y constante sobre la prestación de los servicios de los que dependen la vida y la integridad de las personas. De igual forma, se estableció que la ley reglamentaria del artículo 4º constitucional, Ley General de Salud, establece que el derecho a la protección de la salud tiene entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; son servicios básicos de salud, los consistentes en: a) La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; b) La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Por ello, el Alto Tribunal definió que conforme a la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4º constitucional, el mismo comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes. Lo anterior se advierte de las tesis aisladas LXVIII/2009 y P. XIX/2000, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación. En ese orden de ideas, el artículo 126 de la Ley de la Materia a la letra dispone: ... Como ha quedado establecido, la parte quejosa en el escrito de demanda refiere que se le ha negado la atención médica especializada, así como los medicamentos apropiados; por tanto, es dable concluir que dicho acto reclamado deriva del derecho humano a la salud el cual se encuentra estrechamente relacionado con el disfrute de los demás derechos fundamentales; entre ellos, los derechos humanos a la vida e integridad personal. En mérito de lo anterior, ante el aparente riesgo en la salud de la parte quejosa, se concede la suspensión de plano para el siguiente efecto: Para que el quejoso ***, reciba el tratamiento médico, y medicamentos adecuados a sus padecimientos, en el centro penitenciario donde se encuentra recluido, esto es, en el CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 4 "NOROESTE" o bien, en caso de ser ordenado por el personal médico de dicho centro penitenciario, por un especialista que deberá ser solicitado por el mismo centro para que sea atendido al interior de ese centro de reclusión. Incompetencia. Una vez decretado lo anterior, esta sede constitucional estima necesario señalar que la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de oficioso pronunciamiento, y por consiguiente una cuestión de orden público, debe ser analizada oficiosamente por este órgano jurisdiccional, para legitimarse en el momento de decidir el fondo de un litigio al dictar la sentencia respectiva, por lo que es de precisarse que es el acto y las autoridades los que determinan dicha incompetencia. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo promovida este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos arriba a la conclusión de que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por los consideraciones que a continuación se vierten. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En ese sentido, para determinar la competencia para conocer del presente juicio de amparo, debe primero precisarse donde tiene ejecución el acto reclamado, para lo cual resulta necesario el siguiente estudio. La parte quejosa reclama la falta de atención médica especializada y suministro de medicamentos, al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, asimismo, de la demanda de amparo se desprende que el impetrante del amparo actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit. En ese sentido, y al advertirse que los actos reclamados son con efectos positivos sobre las cuestiones de internamiento del mismo quejoso, dado que los beneficios alcanzados en el caso de ser procedente la demanda de amparo, surtirán efectos en el lugar donde se encuentre recluido; por tanto, resulta competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno, Sirve de apoyo por analogía jurídica a la anterior determinación, la Tesis II.2o.P.16 K (10a.), Décima Época, visible en el Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Materia Común, Registro 2012019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 2093, cuyo rubro texto reza: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Asimismo, sirve de apoyo la diversa jurisprudencia número 2a./J. 13/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, en la página 107, Materia (s) Común, que por rubro y texto dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. En tales circunstancias, de acuerdo con lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, determina carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver en el presente juicio de amparo; en consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase las actuaciones correspondientes al citado órgano jurisdiccional, quien se estima competente para conocer del asunto. Asimismo, se solicita al Juez que corresponda conocer del mismo, comunique a este órgano jurisdiccional, la determinación que considere respecto a la incompetencia planteada. De la notificación a la parte quejosa. En ese sentido, toda vez que el domicilio para llevar a cabo la notificación del presente auto a la parte quejosa, se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos; con fundamento en el segundo párrafo del arábigo 116 de la Ley Reglamentaria, en relación con el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto urgente a través de los medios legales y tecnológicos correspondientes, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su digno cargo, para que se constituya en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", y le notifique el contenido del presente auto al quejoso *** y le corra traslado con copia autorizada del mismo que al efecto se acompaña; habilitándolo para que realice tal formalidad procesal, inclusive, en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de amparo. En ese sentido, este juzgado federal otorga plenitud de jurisdicción al Juez de Distrito exhortado para que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para el desahogo de la comunicación oficial de referencia. Se solicita al homologo encargado de la presente diligencia, para que una vez realizada la notificación de mérito y de no existir inconveniente legal alguno devuelva la comunicación oficial únicamente por la misma vía remitida, es decir, vía SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), lo anterior con la finalidad de agilizar la tramitación de la encomienda y evitar la duplicidad de actuaciones, con fundamento en el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese; y por medio de exhorto a la parte quejosa.

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