Gerardo Mariscal Ochoa
Expediente 556/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gerardo Mariscal Ochoa
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veinte. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de nueve de octubre de dos mil veinte, mediante el cual SE DESECHÓ por notoria improcedencia, la demanda de amparo promovida por ********************, sin que se hubiese recurrido. CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. ARCHIVO. Por otro lado, como de autos se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.Rcl
- Principal
MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE LO SUGUIENTE: Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veinte. POR CUMPLIDA LA PREVENCIÓN Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta y atento a su contenido, se tiene al quejoso cumpliendo a cabalidad con lo requerido en proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, al haber atendido los puntos de prevención contenidos en el referido acuerdo y, por exhibir copias suficientes de su ocurso aclaratorio para correr traslado a las partes; por ende, se provee lo siguiente. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Se procede al análisis de la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del presidente del consejo de administración de la persona moral ********************, sociedad anónima de capital variable y otras autoridades de la misma empresa, en términos de la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, contenida en la Tesis PC.III.L. J/5 L (10a), localizable en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)"; en esa virtud, procede analizar sobre el carácter de autoridad responsable de la institución que se señala como responsable en la demanda y el acto que se le reclama. Los artículos 5, 61, fracción XXIII, 62 y 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." La Ley de Amparo en las porciones normativas transcritas, establece el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo; asimismo, que el órgano jurisdiccional examinara de oficio el escrito de demanda y ante la advertencia de una causa de improcedencia debe desechara la demanda. Ahora, en la demanda promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del consejo de administración de la persona moral ********************, sociedad anónima de capital variable, reclama la modificación del itinerario fijo de la ruta Zamora-El Llano-Ario de Rayón, fijado en las concesiones ******************** y ********************, de las cuales refiere ser propietario el ahora amparista, acto que no se puede considerar de autoridad para los efectos del juicio de control constitucional y por tanto, se actualiza de manera indubitable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 5º. de la aludida ley de la materia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, determinó lo siguiente: "Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Contradicción de tesis 76/99-SS. Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Contradicción de tesis 2/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 18 de marzo de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Contradicción de tesis 116/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito) y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito). 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. Contradicción de tesis 212/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Eduardo Alvarado Ramírez. Contradicción de tesis 253/2011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (antes Primer Tribunal Colegiado Auxiliar de la misma región) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 17 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Amalia Tecona Silva. Tesis de jurisprudencia 164/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once.". Nuestro más alto tribunal estableció que la autoridad para efectos del amparo tiene las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, cabe precisar que el constituyente en la reforma que dio lugar a la legislación a partir del dos de abril de dos mil trece, amplió el espectro protector de la ley de la materia, incluso contra actos emitidos por particulares, quienes conforme con este original, tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos tutelados en la presente legislación y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En efecto, del análisis a esta disposición legal, es válido arribar a la convicción de que son tres los requisitos demandados por el legislador, para que se actualice esta hipótesis normativa, a saber: Que el particular realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, Que sus funciones estén determinadas en una norma general. Por cuanto al primer tópico relativo a que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, debemos de entender que se trata de actos que sean emitidos de manera unilateral e imperativa, es decir, que el particular al momento de la emisión del acto de molestia o de privación, ya sea mediante actos de acción u omisión, se encuentre en un plano de supra a subordinación en relación con quien reciente en su esfera jurídica tal acto, por haberse creado modificado o extinguido su situación jurídica. De modo que no debe de confundirse esta acepción legislativa, con aquellos casos en que el actuar del particular derive de un plano de igualdad, por ejemplo, con motivo de una relación laboral, o bien, con motivo de una relación contractual entre particulares, pues en estos casos no se actualiza la hipótesis normativa establecida por el legislador, que requiere precisamente que el acto reclamado este dotado de imperio y unilateralidad, por ende, en casos donde no acontezca este elemento, no existirá sustento alguno, ni constitucional, ni legal, para impugnar esta clase de actos mediante el juicio de amparo, ya que ello reñiría con la naturaleza de esta instancia constitucional e iría en contra del espíritu legislativo. Por otra parte, además del requisito antes analizado, el legislador estableció que para poder otorgar este carácter a un particular -autoridad responsable- es necesario que las funciones desempeñadas por el particular encuentren determinadas por una norma general, es decir, se encuentren determinadas y resulten obligatorias conforme a algún precepto legal establecido en la ley, pues no basta que el amparista atribuya al particular señalado como autoridad responsable, la emisión de actos en forma unilateral y obligatoria. Sentado lo anterior, se puede establecer válidamente que la demanda en estudio es improcedente, conforme a la causal de improcedencia antes invocada. Se afirma lo anterior, pues las autoridades señaladas como responsables al emitir y ejecutar los actos reclamados actuaron en el ámbito particular, esto es, en base a un contrato celebrado entre particular en la constitución de una persona moral dedicada al transporte público, cuya ley que permitió su formación también otorga a sus integrantes las facultades para crear las reglas que regirán, tanto su organización y funcionamiento, de ahí que se sitúan en el mismo plano de gobernados tanto el quejoso como la persona moral señalada como responsable. En efecto, de lo expuesto por el quejoso en su demanda de amparo, se desprende que es accionista y concesionario del transporte público de pasajeros de la persona moral cuyo consejo administrativo y demás funcionarios (particulares) son señalados como responsables. Circunstancia que se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su escrito de demanda, consistentes en la constancia relativa al acta constitutiva, concesión de transporte público e itinerario conferido a la persona moral ********************, sociedad anónima de capital variable, contrato de compra-venta, convenio de renta de concesiones celebrado entre el quejoso y autoridades señaladas como responsables y ratificado ante las partes, documentales que adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, y que hacen prueba plena de la relación particular que existe entre el quejoso y las señaladas como responsables. Luego, es evidente que el acto reclamado no reviste el carácter de actos de autoridad, toda vez que las autoridades responsables al modificar el itinerario de las rutas dentro de las cuales el quejoso con las concesiones que alude en su demanda prestaba el servicio público de transporte, no se ubicaron en una posición de supra a subordinación con el amparista, tampoco de imperito y unilateralidad, sino a las propias facultades que tiene la empresa para su funcionamiento y organización, pues como se dijo, no basta que el quejoso refiere que dicha modificación de itinerario es un acto unilateral, ya que como socio y accionista tiene faculta para votar en la toma de decisiones en el funcionamiento de esa empresa; de ahí que se considere que se está en presencia de una la relación de particular existe entre la aludida empresa de transporte público y los concesionarios de la misma. Por ende, las decisiones que se adopten dentro de dicha persona moral, que tengan vinculación la explotación del servicio público que le fue concesionado, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación que existe entre ellos como particulares, en donde los particulares señalados como responsables actuaron como organización que son antes sus socios, accionistas y concesionarios. Por tanto, si los actos reclamados provienen de un nexo de índole particular, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad. En efecto, pues al tener el quejoso la calidad de socio accionista y concesionario del servicio de transporte público de pasajeros, por una parte y por la otra, el consejo de administración que funciona como órgano administrativo y representativo de la persona moral responsable, es inconcuso que cualquier cuestión derivada con la forma y distribución de rutas dentro de lo concesionado por la dependencia respectiva del ejecutivo estatal, debe ventilarse ante la autoridad correspondiente. No debe ignorarse que la violación de derechos entre sujetos situados en un plano de coordinación, como sucede tratándose de las partes en un contrato, no puede ser remediada a través del juicio de amparo, que ha sido instituido para proteger a los particulares de los actos de las autoridades, y excepcionalmente para proteger contra los actos de los particulares que por mandato legal actúen como si fuesen autoridades Son aplicables por identidad jurídica, las tesis del siguiente contenido literal: "Época: Décima Época Registro: 2017779 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III Materia(s): Común Tesis: XV.6o.2 K (10a.) Página: 2270 ACTOS DE PARTICULARES EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DECISIONES OBLIGATORIAS QUE EMITA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA SUS MIEMBROS. Las decisiones emitidas por el consejo de administración de una sociedad anónima, con carácter obligatorio para sus miembros, no son actos equivalentes a los de autoridad para efectos del amparo, porque de conformidad con el artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no basta que la quejosa atribuya al particular señalado como autoridad responsable, la emisión de actos en forma unilateral y obligatoria, por estimar que podrían afectar sus derechos, al tener el alcance de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas; pues para poder determinar que aquél reviste esa calidad en el juicio de amparo indirecto, el precepto citado exige, además, que las funciones del particular estén determinadas por una norma general, en sentido material y formal; condición que no se actualiza en el caso del consejo de administración de una sociedad anónima, ya que si bien la Ley General de Sociedades Mercantiles permite a los ciudadanos formar diversos tipos de asociaciones o sociedades, entre éstas, las anónimas, otorgándole a sus integrantes las facultades para crear las reglas que regirán, tanto su organización y funcionamiento, como las relaciones entre sus socios o asociados, las cuales son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los órganos jurisdiccionales; lo relevante, para la procedencia del juicio de amparo, es que no encuadran en la categoría de normas generales a que alude el artículo 107, fracción I, de la ley aludida, por no emanar de órganos del Estado ni ser de observancia general. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. Queja 63/2017. Patricia Aubanel Riedel. 9 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Encarnación Aguilar Moya. Secretaria: Aline Ixchel Millán González. Esta tesis se publicó el viernes 07 de septiembre de 2018 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación.". "Época: Décima Época Registro: 2007698 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III Materia(s): Común, Civil Tesis: III.2o.C.20 C (10a.) Página: 2819 CONDOMINIO. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE, FRENTE A LOS CONDÓMINOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Acorde con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, los particulares tienen carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo cuando, en un plano de supra a subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad, y en ejercicio de funciones previamente determinadas por una norma general, realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir, actos unilaterales e imperativos que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a otro particular, y cuyas funciones están determinadas por una norma general. En ese tenor, la circunstancia de que en el acta constitutiva de una sociedad civil de condominio, se establezcan como sustento legal de su creación los artículos 1001 al 1038 del Código Civil del Estado de Jalisco, y que su integración, funcionamiento, administración, representación, facultades y obligaciones deriven tanto de ese ordenamiento legal como del reglamento interno del condominio; no otorga a los miembros del consejo de administración, frente a los condóminos, el carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, porque las relaciones entre ellos son de coordinación (y no de supra a subordinación) y, por ende, pertenecen al ámbito del derecho privado; además de que las funciones de dicho órgano, están determinadas en el acta constitutiva y, por ello, deben acudir a dilucidar las eventuales controversias que en relación con los condóminos surjan ante la autoridad competente, en términos de los artículos 1029, 1031, fracción IV y 1032 del citado código. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 138/2014. Jorge Leopoldo Jiménez Pérez. 9 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Jáuregui Quintero. Secretario: Armando Márquez Álvarez. Esta tesis se publicó el viernes 17 de octubre de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.". Así, resulta que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir los actos que aquí se reclaman, en virtud que el inconforme tiene a su alcance los mecanismos de solución que la autoridad reguladora del transporte público, para hacer valer sus derechos, de acuerdo con el vínculo existente entre él y las autoridades que señalan como responsables, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. De igual forma resulta aplicable la tesis del contenido literal siguiente: "Época: Novena Época Registro: 179407 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Febrero de 2005 Materia(s): Común Tesis: I.13o.A.29 K Página: 1620 ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 537/2003. Caminos y Pavimentos del Sur, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Fabiana Estrada Tena. Nota: Por ejecutoria del 5 de marzo de 2014, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 466/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.". "Época: Décima Época Registro: 2009420 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 19, Junio de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: XVI.1o.A.22 K (10a.) Página: 1943 ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Queja 6/2014. Isabel Gil Hernández. 30 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández. Queja 9/2014. Norma Silvia Zavala Garcés. 7 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Arturo Amaro Cázarez. Queja 9/2015. Ricardo Camarillo Guerra. 5 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica. Esta tesis se publicó el viernes 19 de junio de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.". Cabe precisar que la improcedencia analizada resulta notoria, porque en el caso concreto este órgano de control constitucional no realizó mayor análisis o demostración para arribar a la conclusión anotada, dado que como se advierte de los criterios citados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como diversos Tribunales Colegiados de Circuito, ya han realizado la interpretación respecto a la hipótesis en estudio. Además, se estima que aún en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes, ante la obligatoriedad de las jurisprudencias anotadas, y, por el contrario se podría ocasionar un perjuicio mayor a la quejosa al retrasar la oportunidad para que acuda a la instancia correspondiente e hacer valer sus derechos. Con base en las razones antes expuestas, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del presidente del consejo de administración de la persona moral ********************, sociedad anónima de capital variable y otras autoridades de la misma empresa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Rcl
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Gerardo Jiménez Merida1438/2023
- Gerardo Jorge Guzmán Ramírez1161/2022
- Gerardo Leal Flores405/2020
- Gerardo Leal Flores158/2020
- Gerardo Leal Solis900/2018
- Gerardo Macias Cortés398/2018
- Gerardo Marroquín Saucedo352/2021
- Gerardo Marroquín Saucedo179/2019
- Gerardo Morales Serrano1182/2022
- Gerardo Olivo Melgoza606/2018
- Gerardo Orozco Mosqueda1019/2022
- Gerardo Ortiz Estrada203/2019