Gerardo Mariscal Ochoa
Expediente 705/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 705/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gerardo Mariscal Ochoa
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Como de la constancia secretarial se advierte que el dieciocho de noviembre pasado compareció el quejoso - a ratificar su firma que obra en el escrito que presentó el diez de noviembre del año en curso, así como el contenido del mismo; por lo tanto se le tiene por cumplido el requerimiento decretado en autos. Ahora bien, visto el escrito de demanda y el ocurso aclaratorio de la misma, este juzgador estima que procede desechar el libelo constitucional, con sustento el artículo 113 de la Ley de Amparo que impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la modificación del itinerario fijo en la ruta - -, fijado en las concesiones marcadas con los números -, de las cuales es concesionario de transporte público urbano, acto que atribuye a los accionistas de la sociedad anónima de capital variable denominada -, de la cual dice que también ser accionista, y que específicamente les reclama al Presidente, Tesorero y Jefe de Servicios de dicha moral, quienes también detentan el carácter de accionistas. Asimismo, reclama la ejecución a -, quien se encarga de designar las rutas modificando el itinerario según se lo ordenan el Presidente, el Tesorero y el Jefe de Servicios de la persona jurídica de referencia. Atento a lo anterior, se determina que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley" "ARTICULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De conformidad con los preceptos en cita, la procedencia del juicio de amparo, se encuentra supeditada al hecho de que los actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, provengan de una autoridad, la que en términos del aludido artículo 5 de la Ley de Amparo, es - con independencia de su naturaleza formal-, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como puede verse, la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. Lo anterior se obtiene del criterio plasmado en la tesis XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, visible en la página 118, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por el contrario, cuando el actuar de un particular derive de un plano de igualdad, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Luego, como del contenido de los preceptos invocados en párrafos precedentes, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de autoridad o de un particular equiparable a ésta, debe entenderse como tal, aquélla que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; dicha circunstancia en la especie no acontece. Se afirma lo anterior, porque el acto reclamado a la sociedad mercantil denominada -, no reviste la características de un acto de autoridad, esto es, de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad para los efectos del juicio de amparo, puesto que la designación de las rutas o la repartición de éstas entre sus accionistas para la prestación del servicio público de transporte urbano que tienen concesionado se trata de un acto de derecho privado propio de la organización interna de dicha sociedad. Máxime que las facultades de dicha sociedad, por cuanto hace a la modificación interna de la repartición de rutas entre sus accionistas no derivan de una norma general, requisito indispensable para que los actos de particulares se equiparen a los que realiza un órgano del Estado con funciones de supra a subordinación frente al gobernado, puesto que, como el propio quejoso lo reconoce, la designación de la rutas corresponde a la Comisión Coordinadora de Transporte en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Comunicaciones y Transporte de esta entidad federativa, el cual prescribe que dicha Comisión podrá modificar en cualquier tiempo los itinerarios por razón de interés público. Ahora bien, el numeral 36 de la citada Ley prevé que la referida Comisión al otorgar la concesión establecerá el itinerario, la tarifa y los horarios de la prestación del servicio público de auto transporte; por lo tanto, si el quejoso no reclama a la citada Comisión Coordinadora una modificación en el itinerario que tiene establecido la moral a la que pertenece en cuanto accionista, sino que reclama de esta última la modificación en la distribución de las rutas entre los accionistas que integran dicha persona jurídica, es evidente que las facultades de la moral no derivan de una norma general ni existe una relación de supra a subordinación, sino que existe un plano de coordinación que se rigen por disposiciones de derecho privado en virtud de una decisión tomada al interior de dicha sociedad relativa a su organización interna. En resumen, las decisiones emitidas por la citada persona moral, con carácter obligatorio para sus miembros, no son actos equivalentes a los de autoridad para efectos del amparo, porque de conformidad con el artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no basta que el quejoso le atribuya la emisión de actos en forma unilateral y obligatoria, por estimar que podrían afectar sus derechos, al tener el alcance de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas; pues para poder determinar que aquélla reviste esa calidad en el juicio de amparo indirecto, el precepto citado exige, además, que las funciones del particular estén determinadas por una norma general, en sentido material y formal; condición que no se actualiza en el caso concreto, ya que las personas morales se rigen por las reglas creadas por sus integrantes, tanto en su organización y funcionamiento, como en las relaciones entre sus socios, asociados o accionistas, las cuales son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los órganos jurisdiccionales. Siendo que lo relevante para la procedencia del juicio de amparo, es que sus reglas no encuadran en la categoría de normas generales a que alude el artículo 107, fracción I, de la ley aludida, por no emanar de órganos del Estado ni ser de observancia general. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías en estudio. Notifíquese personalmente el presente proveído, en el entendido de que el Actuario adscrito deberá acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada en los términos a que se refiere el artículo 2 fracción lV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte... Vista la demanda promovida por-, por propio derecho, regístrese como prevención en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número II-705/2020-1, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído cumpla con lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad y apercibido de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, narre los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación, lo cual deberá hacer bajo protesta de decir verdad, por ser éste un requisito formal establecido por la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior que el quejoso haya manifestado en el punto dos de su demanda relativo al nombre y domicilio del tercero interesado, que bajo protesta de decir verdad, desconoce a quién le recaiga dicho carácter, pues de conformidad con el artículo 108, fracciones II y V, la protesta de decir verdad con que deben de narrarse los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, es distinta a la protesta de decir verdad que debe manifestarse respecto del desconocimiento del nombre y domicilio del tercero interesado. En la inteligencia que dicha manifestación deberá hacerla bajo protesta de decir verdad el propio quejoso y no por conducto de sus autorizados en términos amplios, toda vez que la misma corresponde a los hechos y abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, la que es necesario para evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, e imponer sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten, en relación con el acto reclamado, podrán ser acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, por lo que adquieren con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación, dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA.- El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Apoya a lo anterior, es de invocar por identidad de razón, la tesis 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas.". Conviene precisar que la prevención formulada en el presente proveído no podrá ser desahogada por el autorizado en términos amplios que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto personalísimo acorde a la tesis número 1a./J. 50/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 210, de contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. En la inteligencia que de no cumplir con las prevenciones formuladas, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada la demanda de garantías. También se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo y en el artículo 23, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, para rendir su informe, deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que acusen recibo de los autos que se les notifiquen, salvo manifestación expresa de este órgano jurisdiccional. Y, para el caso de que las autoridades responsables lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este órgano jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene al quejoso por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y por autorizado para ese efecto a la persona que señala, con excepción de los licenciados -, a quienes se les otorgan todas las facultades que establece el numeral 12 de la Ley de la Materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, diez de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual, la parte quejosa pretende dar cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veintinueve de octubre pasado, ahora bien, como según de la constancia secretarial se desprende que la firma ahí estampada difiere notoriamente de la que obra en el escrito inicial de demanda, previo a proveer respecto a su contenido y con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, requiérase al promovente, para dentro del término de cinco días contado a partir de la legal notificación de este proveído, comparezca ante la presencia judicial, con documento idóneo que lo identifique y copia del mismo, a ratificar la firma que calza el escrito de cuenta; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. De conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, tiene aplicación sobre el particular la Jurisprudencia número 202, consultable en la página 165 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.- Cuando un escrito presente una firma notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran falsamente ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista en la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". Por lo que será menester que el quejoso genere una cita QR, a fin de que agende la hora y fecha, dentro del plazo de cinco días, para que acuda a ratificar la firma que calza el ocurso de cuenta; se informa a la parte quejosa que deberá acudir puntualmente a la cita y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El acceso a la cita estará condicionado a que las personas que acudan se identifiquen y registren, además el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil, o bien, de manera impresa, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos jurisdiccionales distintos a este juzgado; todo lo anterior acorde con los numerales 3 y 7, tercer párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Notifíquese personalmente el presente proveído, en el entendido de que el Actuario adscrito deberá acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada en los términos a que se refiere el artículo 2 fracción lV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez en cita, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar total cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos, sin que haya lugar a dar vista con ello a la parte quejosa, hasta en tanto obre la totalidad del mismo. Ahora, no obstante lo anterior, indíquesele a la citada autoridad responsable, que tiene la obligación de informar de manera periódica, en un término prudente, las gestiones que vayan dirigidas a materializar la ejecutoria dictada en el presente asunto, apercibida que de no hacerlo se le harán efectivas las multas decretadas en autos, y sin previo aviso se remitirán los autos del juicio de garantías en que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, o en su caso, determine lo conducente en el presente asunto, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 258 de la misma Ley. Notifíquese.
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