Gerardo Malfavon Barreto
Expediente 962/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 962/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/07/2019
Partes del expediente
- Gerardo Malfavon Barreto
Actuaciones
- Principal
Remítase copia certificada de las constancias que peticiona; lo anterior para los efectos legales conducentes.
- Principal
Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal algún documento que amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese...
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a********************, por propio derecho, promoviendo demanda de amparo, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 962/2018, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este juzgado. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición, en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de derechos fundamentales, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia previstas en el diverso precepto 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda. Apreciada la demanda se advierte lo siguiente: Se inició juicio civil de acción hipotecaria radicado en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en el que el ahora quejoso figura como demandado, es decir, el agraviado no tiene el carácter de tercero extraño a juicio. Seguido el procedimiento, el ****, la parte demandada suscribió convenio de reconocimiento de adeudo y descuento temporal y quita condicionada con la parte actora, comprometiéndose a dar cumplimiento con las obligaciones de pago ahí estipuladas. Sobre el particular, aduce el quejoso que al no tener noticia del juicio civil del que se viene hablando, el ocho de agosto de dos mil dieciocho, acudió al juzgado responsable a consultar el expediente natural y se percató que el inmueble motivo de la litis ya había sido rematado y adjudicado a la parte actora. Además, arguye que el veinte de marzo del año en curso, el juez responsable acusó recibo del oficio girado al Notario Público Treinta y Tres con ejercicio en esta ciudad, designado para el otorgamiento de la escritura pública de propiedad por adjudicación judicial. Como se ve, lo acaecido en el juicio natural, se trata de un acto derivado de un procedimiento judicial de naturaleza civil, donde el hoy quejoso es parte demandada. Así pues, al ser el quejoso parte formal del juicio génesis, la propia normativa local establece los medios idóneos para inconformarse en contra de las actuaciones que paren perjuicio a las partes integrantes de litis procesal. Por ello, es preciso mencionar que el agraviado debe optar por el medio ordinario concedido para tal efecto, esto es, el incidente de nulidad. Al caso, vale la pena traer a glosa el contenido de los preceptos 77, 79 y 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro. Así establecen: "Artículo 77. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes y cuando la ley expresamente lo determine, pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. Artículo 79. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo Quinto del Título Segundo serán nulas, pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. Artículo 80. La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la actuación subsecuente en que intervenga la parte que promueva aquella; de lo contrario quedará revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento del demandado. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el Tribunal deberá atender lo siguiente: I. La nulidad no podrá ser invocada por la parte que intervino en el acto sin hacer en él la reclamación correspondiente; II. No procederá cuando el acto haya satisfecho la finalidad procesal a que estaba destinado; y III. La nulidad de una actuación no implicará la de las demás que sean independientes de ella". De la interpretación conjunta de los artículos recién reproducidos, se colige que los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal, salvo los casos previstos en dicho ordenamiento; siendo que serán substanciados como incidentes de previo y especial pronunciamiento las cuestiones relativas a la nulidad. Atento a lo anterior, debe decirse que constituye el medio ordinario de defensa idóneo para impugnar las actuaciones relativas a las notificaciones, pues con él se otorga la oportunidad de aportar las pruebas para justificar la ilegalidad de cualquier actuación o notificación. La figura en cita, tiene por finalidad que las actuaciones judiciales puedan ser revisadas, por existir en ellas un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado. Así pues, como parte formal del juicio civil que se sigue en su contra, el quejoso está obligado a promover el incidente contra la falta o defecto de las notificaciones de las actuaciones de las que se duele. Entonces, antes de acudir al amparo, el quejoso tenía que agotar el incidente de nulidad contra la falta de las notificaciones o lo indebido de ellas, conforme al cual podría lograr que se revise tal omisión o defecto. Luego, si el acto reclamado en la presente instancia tenía rectificación mediante el medio ordinario de defensa anteriormente citado y éste no se agotó antes de acudir al juicio de amparo, debe estimarse que el promovente del amparo incumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que le causan perjuicio. Sin bien, los artículos 77, 79 y 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, no establecen la oportunidad procesal para promover el incidente de nulidad de actuaciones, es decir, sí éste procede tanto durante el trámite del juicio como después de concluido con sentencia ejecutoria, por ello es de considerarse que tales disposiciones se refieren a los casos en que la notificación practicada en forma irregular, se verifica con antelación al pronunciamiento de la sentencia respectiva o del auto que la declara ejecutoria, pues una vez dictada sentencia definitiva o hecha la declaratoria de su firmeza, no puede retrotraerse el incidente de nulidad hacia las actuaciones practicadas con anterioridad a dichas resoluciones. Sin embargo, ello no impide que en aquellos casos que ya existe sentencia ejecutoriada no pueda promoverse tal incidencia, en relación a notificaciones hechas con posterioridad, toda vez que pretender lo contrario sería tanto como permitir deficiencias en dichas actuaciones, dejando en estado de indefensión a las partes, lo cual contravendría lo dispuesto por el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, que señalan que las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida por la ley, serán nulas. En consecuencia, la ilegalidad que se atribuye a las autoridades responsables, consistente en no notificar la determinación, debe combatirse a través del incidente de nulidad de actuaciones respectivo, en el que se podrán resolver las inconformidades base de la alegada nulidad de actuaciones. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 20/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, mayo de 2004, página: 5, Novena Época, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA. Si se parte de la interpretación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del artículo 32 de la Ley de Amparo en la jurisprudencia P./J. 5/94, y se toma en cuenta que durante la sustanciación del juicio de garantías se presentan diversas hipótesis relacionadas con las notificaciones que deben practicarse para hacer del conocimiento de las partes las decisiones emitidas en cada etapa procesal, debe aceptarse la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no sólo contra aquellas que se practiquen antes de que el Juez de Distrito dicte sentencia, pues en atención al espíritu del citado artículo y a las directrices que ha establecido el Tribunal Pleno, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte que se considere afectada, es procedente el mencionado incidente en contra de la notificación de la sentencia del Juez de Distrito, aun en el caso de que ésta ya se hubiese declarado ejecutoriada, y en el supuesto de que aquél resultara fundado deberá reponerse el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad, tal como lo ordena el referido precepto legal; sin que lo anterior contravenga el principio de cosa juzgada, en virtud de que los efectos jurídicos de la tramitación y resolución del referido incidente no afectan la decisión del Juez de Distrito plasmada en su sentencia, pues en caso de resultar fundado, sólo tendría como consecuencia ordenar que la notificación de la sentencia se practique de manera legal, subsanando las deficiencias que motivaron su impugnación, pero la sentencia misma queda intocada". (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIX, mayo de 2004, Tesis: P./J. 20/2004, página: 5.). Asi como la diversa tesis VIII.1o.C.T.2 C (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, en la publicación del viernes tres de agosto de dos mil dieciocho, a las diez horas con once minutos, con registro 2017499, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA ENTREGA DE LOS BIENES REMATADOS, DEBE OBSERVARSE Y AGOTARSE EL MEDIO ORDINARIO QUE PROCEDA, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVIII y 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, interpretados de manera conjunta y sistemática, se advierte que contra el auto dictado en la fase de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil, que ordena la entrega de los bienes rematados, se debe agotar el medio ordinario de defensa que en su caso proceda, antes de promover el juicio de amparo, pues el hecho de que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, no implica inobservar el principio de definitividad. Por tanto, si el quejoso no agotó el incidente de nulidad de actuaciones, se acredita la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y con apoyo en el artículo 113 de la misma ley se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, téngase como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, las listas que se publican en los estrados de este juzgado, toda vez que el que señala se encuentra fuera del lugar de residencia del mismo, y como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala; lo anterior, en virtud de que no cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredite para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese, y personalmente al quejoso...
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