Gerardo López Ruíz

Expediente 1225/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1225/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
06/03/2017

Partes del expediente

  • Gerardo López Ruíz
  • Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 1225/2016 y testimonio de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 390/2016, en la cual se determinó: PRIMERO. Se modifica la resolución sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******, contra las autoridades y actos señalados en el resultando primero de esta determinación, por los motivos expuestos en la sentencia recurrida. Por ende, acúsese recibo; glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes del expediente en que se actúa; háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Ahora bien, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones III y lV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, el expediente es susceptible de depuración ya que se negó el amparo y carece de relevancia documental; y, de destrucción del original del incidente, pues se negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, devuélvanse a la responsable las constancias remitidas en autos, sin que sea necesario acusar de recibo.

  2. Principal

    ...Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone revisión contra la sentencia dictada en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto ese recurso; distribúyanse entre las partes el mismo y una vez integrado el expediente, remítase al Tribunal de Alzada...

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1225/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y al día siguiente turnado a este órgano jurisdiccional; Gerardo López Ruiz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, este juzgado admitió y registró la demanda bajo el número 1225/2016; solicitó informe justificado; dio intervención al Ministerio Público de la Federación; fijó día y hora para audiencia constitucional, la cual fue desahogada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado se atribuye a autoridades que tienen su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial del juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables a la Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, así como al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, a quienes les reclaman: - El auto de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 67/2013 y su acumulada 101/2013, así como su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Juez Primero de Procesos Penales Federales en el Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la juez responsable como complemento de su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la causa penal 67/2013 y su acumulada 101/2013, mismas que obran en anexo por separado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 136, Tomo XIV, Septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL). Las copias fotostáticas certificadas por los secretarios de acuerdos, tienen valor como documentos públicos, aun cuando carezcan de los datos de la resolución o decreto mediante el cual se ordenó su expedición, pues es facultad de los secretarios de Acuerdos de los juzgados de primera instancia expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto o resolución judicial; de lo que se sigue que la expedición de dichas copias deriva de un mandato judicial, salvo prueba en contrario.". Actos inexistentes. El Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", al rendir su informe con justificación negó la existencia del acto que se le reclama, sin que el peticionario de amparo haya aportado prueba en contrario para desvirtuar tal negativa. En tales circunstancias, ante la inexistencia del acto que por esta vía se combate, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del acto atribuido a la citada autoridad responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Este juzgado no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia y las partes no las hicieron valer; por lo que procede realizar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Los motivos de disenso que hace valer la parte quejosa se encuentran en el capítulo respectivo del escrito de demanda, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, lo anterior en virtud de que no existe precepto legal que obligue a transcribirlos. La cuestión planteada consiste en determinar si como lo sostiene el quejoso, procede el beneficio de la libertad provisional bajo caución respecto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dado en el Código Nacional de Procedimientos Penales dicho delito no es considerado como grave. Al respecto el quejoso señala que la autoridad responsable infringe el contenido de los artículos 1° y 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el diverso 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues el principio "pro persona o pro homine" consiste en aplicar el dispositivo más favorable a la persona. Indica que solicitó se le concediera libertad provisional bajo caución por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ello porque en términos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicho delito dejó de ser considerado como grave; por lo que teniendo en cuenta los numerales invocados, y el hecho de que la Constitución señala la aplicación de la ley con efecto retroactivo en beneficio de la persona, no debe darse efecto retroactivo a una ley en perjuicio, por lo que tratándose de reos sujetos a un proceso penal, resulta más protectora la fuente internacional, y de ese modo puede ordenarse se beneficie al procesado con la imposición de una pena más leve, aun cuando se establezca en una ley posterior a la comisión del delito. Dice que la Juez responsable soslaya su derecho de acceder a la aplicación retroactiva de una ley más benéfica y a la inaplicación de la norma que le perjudica, pues en el auto reclamado, la responsable sustentó su negativa en la aplicación retroactiva de una disposición nueva que le perjudica (artículo cuarto transitorio constitucional), y en la aplicación de una norma anterior que también le perjudica (Código Federal de Procedimientos Penales); de ahí que se le aplique retroactivamente un dispositivo transitorio que afecta su esfera de derechos, es decir, se trata de una ley con vigencia posterior a los actos delictivos, y al aplicarse de forma retroactiva en su perjuicio, se inobserva el mandato constitucional contenido en el artículo 14, párrafo primero. Son infundados los planteamientos que esgrime el quejoso, como se explica. En principio debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 860/2010, se pronunció en el sentido de que en materia adjetiva o procesal no opera la aplicación retroactiva de la ley, si se toma en cuenta que como lo ha sostenido ese Alto Tribunal, una ley procesal está formada, entre otras, por normas que otorgan facultades que dan la posibilidad jurídica a una persona de participar en cada una de las etapas que conforman el procedimiento y al estar regidas esas etapas por las disposiciones vigentes en la época en que van naciendo, no puede existir retroactividad mientras no se le prive de una facultad con la que ya contaba. Esto, porque es en la substanciación de un juicio, regido por la norma legal adjetiva, en donde tiene lugar la secuela de actos concatenados que constituyen el procedimiento, actos que no se realizan ni desarrollan en un solo momento, sino que se suceden en el tiempo y es a este diferente momento de realización de los actos procesales, al que debe atenderse para determinar cuál es la ley adjetiva que, en todo caso, debe regir el acto de que se trate. Por tanto, si antes de que se actualice una etapa del procedimiento el legislador modifica la tramitación de éste, suprime un recurso, amplía un término, modifica la valoración de las pruebas o el procedimiento mismo, no existe retroactividad de la ley, ya que la serie de facultades que dan la posibilidad de participar en cualquier etapa del procedimiento, al no haberse actualizado ésta, no se ven afectadas. Ello, porque tratándose de leyes procesales, existe el principio doctrinario de que las nuevas son aplicables a todos los hechos posteriores a su promulgación ya que rigen para el futuro y no para el pasado, por lo que la abrogación o derogación de la ley antigua es instantánea y en lo sucesivo tiene que aplicarse la nueva. Asimismo, se trata de normas que sólo reglamentan la actividad procesal en relación a derechos adjetivos que se establecen en reglas o fórmulas a seguir en procedimientos de índole penal, es decir, únicamente señalan la forma con arreglo a la cual puede ser ejercitado un derecho público sustantivo ante las autoridades judiciales, sobre el cual sí habrá de decidirse. De ahí que, la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio de ninguna manera puede ser retroactiva, pues la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, deberá sujetarse hasta su conclusión definitiva, a las disposiciones legales vigentes a la fecha en que acontecieron los hechos delictivos. Lo que apoyó con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido en la Octava Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, página 110, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL. Una ley procesal está formada, entre otras cosas, por normas que otorgan facultades que dan la posibilidad jurídica a una persona de participar en cada una de las etapas que conforman el procedimiento y al estar regidas esas etapas por las disposiciones vigentes en la época en que van naciendo, no puede existir retroactividad mientras no se prive de alguna facultad con que ya se contaba; por tanto, si antes de que se actualice una etapa del procedimiento el legislador modifica la tramitación de éste, suprime un recurso, amplía un término, modifica la valoración de las pruebas, etc., no existe retroactividad de la ley, ya que la serie de facultades que dan la posibilidad de participar en esa etapa, al no haberse actualizado ésta, no se ven afectadas". Esas consideraciones dieron origen a la tesis aislada 1a. LXXV/20011, publicada en la página 240, del Tomo XXXIII, mayo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SISTEMA PROCESAL ACUSATORIO. SU APLICACIÓN SOBRE ACTOS PROCESALES A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, NO VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que en materia procesal no opera la aplicación retroactiva de la ley, si se considera que la ley procesal está formada, entre otras, por normas que otorgan facultades jurídicas a una persona para participar en cada una de las etapas que conforman el procedimiento, y al estar éstas regidas por las disposiciones vigentes en la época en que van naciendo, no puede existir retroactividad mientras no se le prive de una facultad con la que contaba. Esto, porque es en la substanciación de un juicio regido por la norma legal adjetiva donde tiene lugar la secuela de actos concatenados que constituyen el procedimiento, los que no se realizan ni se desarrollan en un solo instante, sino que se suceden en el tiempo, y es al diferente momento de realización de los actos procesales al que debe atenderse para determinar la ley adjetiva que debe regir el acto respectivo. Por tanto, si antes de actualizarse una etapa del procedimiento el legislador modifica su tramitación, suprime un recurso, amplía un término, modifica la valoración de las pruebas o el procedimiento mismo, no existe retroactividad de la ley, ya que las facultades que dan la posibilidad de participar en cualquier etapa del procedimiento, al no haberse actualizado ésta, no se afectan. Además, tratándose de las leyes procesales, existe el principio doctrinario de que las nuevas son aplicables a todos los hechos posteriores a su promulgación, pues rigen para el futuro y no para el pasado, por lo que la abrogación o derogación de la ley antigua es instantánea, y en lo sucesivo debe aplicarse la nueva. En consecuencia, la aplicación del ordenamiento legal que establece el nuevo sistema penal procesal acusatorio sobre actos procesales acontecidos a partir de su entrada en vigor, no viola el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De consiguiente, si desde el veintiuno de agosto de dos mil trece, la Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en la causa penal 67/2013, calificó de legal y ratificó la detención del aquí quejoso Gerardo López Ruiz, y el veintisiete de agosto de do mil trece, dictó auto de formal prisión en su contra al considerarlo probable responsable de la comisión del ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de administración, previsto y sancionado por el artículo 400 bis, párrafos primero y sexto del Código Penal Federal; en tanto, el Código Nacional de Procedimientos Penales (que establece el Sistema Penal Acusatorio) fue publicado el cinco de marzo de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, y tratándose del Estado de México, dicho código entró en vigor a partir de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, conforme a la declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de septiembre de dos mil quince; es evidente que de ninguna manera puede serle aplicado al demandante de amparo, sino que el procedimiento penal que se le sigue debe ser concluido bajo las reglas del ordenamiento legal vigente en el momento de la comisión de los hechos, sobre todo, que el artículo Cuarto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, dispone que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. Numeral transitorio (cuarto) que además, no puede considerarse que se le aplique de manera retroactiva al quejoso, sino que dicha porción normativa establece la directriz para aquellos procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio. En tal contexto, resulta incuestionable que no puede serle aplicado en forma retroactiva al quejoso Gerardo López Ruiz, el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni aun tratándose de la libertad provisional bajo caución, pues si bien constitucionalmente la libertad se constituye como un derecho sustantivo, también lo es que no es posible cambiar el sistema procesal bajo el cual se ejerció acción penal en contra del quejoso. Esto es, el constituyente permanente desde el máximo ordenamiento estableció la limitante para aplicar retroactivamente el nuevo sistema penal acusatorio, al señalar que los procedimientos penales iniciados con anterioridad, debían concluirse conforme a las disposiciones legales que las regulaban, pues de no ser así, ello implicaría cambiar el sistema procesal bajo el cual se ejerció acción penal en contra del quejoso, lo que infringiría la ley fundamental. Ahora, si bien la libertad es un derecho sustantivo, tirándose de disposiciones procesales cabe mencionar que son aquellas que sólo rigen la particular diligencia de que se trata en el momento de su desarrollo, por lo que no es posible, por técnica, aplicarlas de modo retroactivo. Asimismo, no se soslaya que en el caso se trata de un derecho sustantivo consagrado en la Constitución Federal, como es el derecho a la libertad, y no se trata de un derecho adjetivo o procesal, y que tratándose de la aplicación retroactiva de la ley en beneficio del reo, debe ser la más benéfica, ya sea al momento en que se cometió el ilícito o bien la vigente en la época de emisión del acuerdo respectivo, empero, en el asunto a estudio, si los hechos delictivos por los cuales se le sigue la causa penal al hoy quejoso ocurrieron antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, deberá sujetarse hasta su conclusión definitiva, a las disposiciones legales vigentes a la fecha en que acontecieron los hechos, lo que impide que se le aplique el nuevo procedimiento penal no obstante resultarle más benéfico. De consiguiente, no puede ser aplicado retroactivamente el sistema penal acusatorio a los procedimientos penales iniciados con antelación a su entrada en vigor, ni aún en el caso de la libertad personal, ya que con ello se inobservaría lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico, el artículo Cuarto Transitorio del Decreto de Reformas a la Constitución Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. En diverso aspecto, es de precisar que el principio pro persona se encuentra previsto en el artículo 1º constitucional, en los siguientes términos: "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia." Principio que permite interpretar las normas relativas a derechos humanos, pues busca maximizar la vigencia y respeto de tales derechos. En esa medida, tiene lugar ante la disyuntiva de elegir entre dos o más normas a aplicar, o entre dos o más posibles interpretaciones de una misma norma, para elegir la que favorezca más ampliamente o en mejor medida los mencionados derechos, e inversamente, acudir a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, tal y como la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó en la tesis aislada 1a. XXVI/2012 (10a.), visible en la página 659, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL." Ahora bien, es cierto que la aplicación del principio pro persona resulta oficioso, pero cuando el juez o el tribunal consideren necesario acudir a ese criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pues es factible que las partes soliciten su aplicación, bien porque el principio debe ser aplicado al caso concreto, o porque la autoridad lo omitió En relación con lo anterior, debe decirse que nuestro Máximo Tribunal ha sentado el criterio relativo a que si bien la reforma al artículo 1o. de nuestra Constitución significó un cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona y al orden constitucional, el principio pro persona o pro homine no se traduce en que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia se traduzca en que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. El criterio citado puede ser consultado en la página 1587, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011." Por tanto, no basta que la parte quejosa aluda al principio pro persona o pro homine, pues dicho principio no persigue proteger a toda costa a la persona, sino lo que busca es procurarle la mayor protección pero, sin desconocer los principios procesales, cuenta habida que la aplicación de la forma que favorezca más ampliamente a las personas, no llega al extremo de poder cambiar el sistema procesal bajo el cual se ejerció acción penal en contra del quejoso; habida cuenta que en el caso no existe disyuntiva de elegir entre dos o más normas a aplicar, sino que se debe atender a la limitante para aplicar retroactivamente el nuevo sistema penal acusatorio, considerando que los procedimientos penales iniciados con anterioridad, deben concluirse conforme a las disposiciones legales que los regulaban. Asimismo, debe precisarse que si bien los tribunales no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales, sino también la Constitución, los tratados o convenciones internacionales, pactos o acuerdos celebrados por el Estado Mexicano, sin embargo, teniendo en consideración que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, y que cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece, en el caso, existe una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, ya que el citado artículo Cuarto del Decreto de Reformas a la Constitución Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, señala expresamente una limitación en cuanto a que: "Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto." En tal contexto, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 202, del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo epígrafe y sinopsis dicen: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano." Ante tal panorama, y de acuerdo a los criterios emitidos por el Máximo Tribunal Constitucional del País, las restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades deben prevalecer sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior. Respalda la consideración anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis 2a. CXXVIII/2015 (10a.), localizable en la página 1299, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. ADICIONALMENTE A QUE SE TRATEN DE UNA MANIFESTACIÓN EXPRESA DEL CONSTITUYENTE MEXICANO QUE IMPIDE SU ULTERIOR PONDERACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, TAMBIÉN SE ENCUENTRAN JUSTIFICADAS EN EL TEXTO DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Conforme a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011, las restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior; razonamiento que generó, a su vez, que esta Segunda Sala emitiera el criterio jurisprudencial número 2a./J. 119/2014 (10a.), relativo a que son inoperantes aquellos agravios en los cuales se pretenda desconocer el texto de la Ley Fundamental cuando se esté en presencia de una disposición que contenga una restricción, prohibición, limitación o excepción constitucional. Ahora bien, adicional a ello, de lo previsto en los numerales 30 y 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que los Estados Parte han dispuesto que las restricciones convencionalmente permitidas, son aquellas que por razones de interés general se dictaren en las leyes domésticas, con el propósito para el cual han sido establecidas, además de resultar ineludibles por razones de seguridad y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. En este sentido, las restricciones constitucionales encuentran sustento también en el propio texto del instrumento internacional en cita, pues se tratan de una manifestación soberana del Constituyente Originario o del Poder Revisor de la Norma Fundamental, en el que se incorporan expresamente este tipo de finalidades en la Constitución General." Ahora, en cuanto al apartado de la demanda que se denomina "capítulo especial", en el que el quejoso alude a la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del asunto, se deja a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, si así lo estima conveniente, ejerza su faculta de atracción y conozca del presente asunto. En las relatadas circunstancias, no demostrada la infracción de preceptos aludidos por el quejoso, ha lugar a negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, ambos de la Carta Magna, 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gerardo López Ruiz, por propio derecho, contra el acto y autoridad especificada en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en la parte final del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No ampara Ni Protege a Gerardo López Ruiz, por propio derecho, contra actos que reclamó de la Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido del Secretario José Jiménez Sarmiento, que da fe; hasta el día de hoy veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron. EL JUEZ EL SECRETARIO

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese la razón suscrita por la Fedataria de la adscripción, en la que hace constar la imposibilidad para notificar a la parte quejosa del proveído de tres de los cursantes; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese al solicitante del amparo, el auto en comento y las subsecuentes notificaciones por medio de la lista que se pública en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto designe diverso domicilio procesal. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Yamín Dávalos Rosas, que da fe.

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