Gerardo López Martínez

Expediente 1110/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1110/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/11/2021

Partes del expediente

  • Gerardo López Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de trece de octubre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano la demanda de amparo ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de trece de octubre del año en curso, se desechó de plano el escrito inicial, por lo que con esa resolución se puso fin al juicio sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1110/2021. De inicio es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que el inconforme Gerardo López Martínez impugna los actos siguientes: Del Fiscal, del Subdirector y de la Agente del Ministerio Público de la Mesa VII del Sistema Adversarial, todos de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, reclama: Las omisiones de integrar la carpeta de investigación 0424/FEMCO/2020 formada con motivo de la denuncia que presentó el dos de julio de dos mil veinte y de reconocerle el carácter de víctima o perjudicado colateral en esa indagatoria. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas, lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Gerardo López Martínez, porque en relación con los actos reclamados al Fiscal, al Subdirector y a la Agente del Ministerio Público de la Mesa VII del Sistema Adversarial, todos de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, consistentes en las omisiones de integrar la carpeta de investigación 0424/FEMCO/2020 formada con motivo de la denuncia que presentó el dos de julio de dos mil veinte y de reconocerle el carácter de víctima o perjudicado colateral en esa indagatoria, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que el inconforme no observó el principio de definitividad que rige a este juicio constitucional, al no haber agotado de manera previa al ejercicio de la acción de amparo el medio de defensa innominado establecido por el ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prescribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" El juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa cuya procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios rectores que lo estructuran como el idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, mediante una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Los principios o normas fundamentales que estructuran al juicio de amparo están previstos por el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. El principio de definitividad establece que el juicio constitucional es procedente únicamente contra actos definitivos; es decir, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su promoción los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, ya que el juicio de protección de los derechos fundamentales se forjó como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. Por ello, la Carta Magna y la Ley de Amparo restringen la procedencia del juicio de amparo al atribuirle el carácter de instancia extraordinaria; esto es, de un medio de reparación de la violación de derechos fundamentales al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado los recursos ordinarios o medios de defensa. Tal postulado se regula por el arábigo 107, fracción IV, del Pacto Federal, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]" Así, antes de acudir a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación debe darse la posibilidad a los Tribunales ordinarios o a otras autoridades del Estado -tanto jurisdiccionales como administrativas- de dirimir la controversia, a fin de que los primeros actúen únicamente cuando se trate de actos definitivos que no sean susceptibles de modificarse, anularse o revocarse; es decir, que sólo se puede acudir a los Tribunales de amparo cuando la violación que se alega no pueda ser examinada a través de otros medios legales de impugnación. Cabe señalar que el incumplimiento del deber de agotar todos los recursos y medios de defensa que la ley establezca para combatir un acto de autoridad antes de ejercer la acción constitucional provoca la improcedencia del amparo y, por ende, el sobreseimiento en el juicio respectivo. Las consideraciones anteriores se sustentan en la jurisprudencia 451 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Ahora, de los ordinales 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las propias leyes se suspendan los efectos de tales actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley que norma a este medio procesal de tutela constitucional y sin exigir mayores requisitos que los que esta última legislación consigna para conceder la suspensión definitiva, ni señale un plazo mayor que el que la ley de la materia establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la legislación que norma a este juicio constitucional. Esas normas también establecen que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución General de la República o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. Igualmente debe destacarse que el precepto legal invocado prescribe que operará la excepción al principio de definitividad cuando la autoridad responsable señale en su informe justificado la fundamentación y la motivación del acto reclamado. Ahora, el disidente reclama del Fiscal, del Subdirector y de la Agente del Ministerio Público de la Mesa VII del Sistema Adversarial, todos de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, las omisiones de integrar la carpeta de investigación 0424/FEMCO/2020 formada con motivo de la denuncia que presentó el dos de julio de dos mil veinte y de reconocerle el carácter de víctima o perjudicado colateral en esa indagatoria, omisiones en contra de las cuales procedía el medio de defensa innominado previsto por el dispositivo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para evidenciar tal aserto en principio es necesario tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido por el arábigo 211 del código invocado, el procedimiento penal está compuesto de las etapas siguientes: Primera. La fase de investigación, que abarca los estadios siguientes: a) la investigación inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; y, b) la investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Segunda. La etapa intermedia o de preparación del juicio, que abarca desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Tercera. La fase de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Por otro lado, el normativo 21, primer y segundo párrafos, de la Constitución General de la República establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél cuando realice esa función y que el ejercicio de la acción penal ante los Tribunales es una facultad conferida al mencionado representante social. En otro punto, de los ordinales 212, 213, 214, 216 y 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierten los siguientes aspectos: La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se entere a la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un ilícito. Tratándose de informaciones anónimas la policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación que considere conducentes para este efecto. De confirmarse la información se iniciará la investigación correspondiente. Cuando la fiscalía tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de una querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicará a ésta por escrito y de inmediato a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. La investigación tiene por objeto que el fiscal reúna los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba que le permitan sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados por la ley. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales. Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima u ofendido podrán solicitar al representante social todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. La autoridad investigadora podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar indagación alguna cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir. Las decisiones del Ministerio Público serán impugnables en los términos que prevé la codificación señalada. A su vez, del contenido de los arábigos 16, décimo cuarto párrafo, y 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna se obtiene que en el proceso penal acusatorio y oral la víctima o el ofendido tienen el derecho de impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño y para hacer viable el ejercicio de esa prerrogativa el Constituyente Permanente estableció que los Poderes Judiciales contarán con Jueces de Control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de las medidas cautelares, las providencias precautorias y las técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. En congruencia con esas bases constitucionales el legislador secundario dispuso en los normativos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en el procedimiento penal la víctima u ofendido tendrán el derecho de impugnar por sí o por medio de sus representantes, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos por ese ordenamiento y por las demás disposiciones legales aplicables; asimismo, estableció que las determinaciones del fiscal sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes podrán impugnarlas ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de la resolución correspondiente y que en estos casos el órgano jurisdiccional convocará a una audiencia para decidir en definitiva citando al efecto a la víctima u ofendido, al representante social y, en su caso, al imputado y a su defensor; por otro lado, dispuso que en el supuesto de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de que sean debidamente convocados, la autoridad judicial declarará sin materia la impugnación y la resolución que el órgano jurisdiccional dicte en las hipótesis señaladas no admitirá recurso alguno. En otro aspecto, es necesario señalar que el dieciocho de abril del año en curso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló la contradicción de tesis 233/2017, en cuya ejecutoria estableció que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio son impugnables ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, señaló que los numerales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del código invocado otorgan a la víctima u ofendido de un delito el derecho a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del representante social en sus funciones de investigación, en los términos previstos en la propia codificación; asimismo, puntualizó que el arábigo 16, décimo cuarto párrafo, del Pacto Supremo, prevé que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el Alto Tribunal del País indicó que el dispositivo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; así, precisó que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, sostuvo que bien puede entenderse que las omisiones del representante social en la etapa de investigación encuadran en ese supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. En esa línea argumentativa, el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación sostuvo que de la interpretación sistemática y funcional de los preceptos citados se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el órgano jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del fiscal que definen el curso de una indagatoria es que al estimar que su actuación sea ilegal debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De acuerdo con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual -precisó- debe agotarse en cumplimiento al principio de defintividad que rige en el juicio de amparo. En ese sentido, la Superioridad puntualizó que de la interpretación sistemática y funcional de los preceptos 16, décimo cuarto párrafo y 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el dispositivo 258 citado, cuya finalidad es que el órgano jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del representante social que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por tanto, estableció que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto se debe agotar ese medio ordinario de defensa, en observancia al principio de definitividad. Las consideraciones establecidas en la ejecutoria dictada en el diferendo de criterios señalado dieron origen a las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.) emitidas por la Primera Sala del Alto Tribunal del País, de contenido siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En otro aspecto, es necesario señalar que la jurisprudencia dictada por los órganos facultados del Poder Judicial de la Federación es una fuente formal de derecho y un medio de control constitucional tendente a garantizar la supremacía de la Norma Fundamental. En esa línea, es factible sostener que las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.) insertas en los párrafos anteriores son vinculantes para este órgano de control constitucional, en términos de lo dispuesto por el precepto 217 de la Ley de Amparo, los cuales deben aplicarse en el caso particular porque el contenido de esos criterios tienen relación con el supuesto de improcedencia que se examina, ya que de no hacerlo implicaría desconocer una interpretación que es acorde a una realidad jurídica, que proviene de la autoridad otorgada por el Constituyente Permanente al máximo y último intérprete del Pacto Federal; además, la adopción de esa postura da certeza y seguridad jurídica al sistema judicial y permite que esa determinación sea congruente con la interpretación más reciente realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con base en lo anterior, es factible sostener que los actos reclamados al Fiscal, al Subdirector y a la Agente del Ministerio Público de la Mesa VII del Sistema Adversarial, todos de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, consistentes en las omisiones de integrar la carpeta de investigación 0424/FEMCO/2020 formada con motivo de la denuncia que presentó el dos de julio de dos mil veinte y de reconocerle el carácter de víctima o perjudicado colateral en esa indagatoria son susceptibles de impugnarse ante el Juez de Control a través del medio de defensa innominado previsto por el arábigo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se sostiene lo anterior, porque la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al fallar la contradicción de tesis 233/2017 estableció que el aludido dispositivo prevé la posibilidad de combatir las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal y precisó que en general se trata de actuaciones del representante social que tienen como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; en este sentido, sostuvo que bien puede entenderse que las omisiones en las que incurra la fiscalía en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio y oral encuadran en ese supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. En esa línea, de acuerdo con la interpretación sistemática y funcional de los preceptos 16, décimo cuarto párrafo y 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que el quejoso Gerardo López Martínez puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el normativo 258 citado, cuya finalidad es que el órgano jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del representante social que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; por tanto, el justiciable previamente a la promoción de este juicio constitucional debió agotar ese mecanismo ordinario de defensa en observancia al principio de definitividad, sin que haya atendido esa carga procesal. Efectivamente, de acuerdo con lo expuesto es factible sostener que en las normas constitucionales y legales citadas está reglamentada la impugnación de las omisiones en las que incurra el representante social en la atapa de investigación del procedimiento penal, por lo que si el principio de definitividad exige el agotamiento previo del recurso o el medio de defensa ordinario procedente respecto a un determinado acto de autoridad esa situación se traduce en la obligación de la parte quejosa de agotar los mecanismos de impugnación antes de promover el juicio constitucional, sin que se advierta que haya observado el referido principio rector; por tanto, en la especie el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente. Por las consideraciones expuestas se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el numeral 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que el disidente no observó el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, al no haber agotado de manera previa a la promoción del presente asunto el medio de defensa innominado establecido por el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de las actuaciones reclamadas. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo este Juzgado Federal desecha de plano la demanda de amparo presentada por Gerardo López Martínez en contra de los actos reclamados al Fiscal, al Subdirector y a la Agente del Ministerio Público de la Mesa VII del Sistema Adversarial, todos de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, consistentes en las omisiones de integrar la carpeta de investigación 0424/FEMCO/2020 formada con motivo de la denuncia que presentó el dos de julio de dos mil veinte y de reconocerle el carácter de víctima o perjudicado colateral en esa indagatoria, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio del quejoso. Se tiene como domicilio procesal del inconforme el que indica en su ocurso. Medios de contacto de comunicaciones no procesales. En otro punto, se toma conocimiento del número telefónico y del correo electrónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1110/2021. De inicio es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que el inconforme Gerardo López Martínez impugna los actos siguientes: Del Fiscal, del Subdirector y de la Agente del Ministerio Público de la Mesa VII del Sistema Adversarial, todos de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, reclama: Las omisiones de integrar la carpeta de investigación 0424/FEMCO/2020 formada con motivo de la denuncia que presentó el dos de julio de dos mil veinte y de reconocerle el carácter de víctima o perjudicado colateral en esa indagatoria. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas, lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Gerardo López Martínez, porque en relación con los actos reclamados al Fiscal, al Subdirector y a la Agente del Ministerio Público de la Mesa VII del Sistema Adversarial, todos de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, consistentes en las omisiones de integrar la carpeta de investigación 0424/FEMCO/2020 formada con motivo de la denuncia que presentó el dos de julio de dos mil veinte y de reconocerle el carácter de víctima o perjudicado colateral en esa indagatoria, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que el inconforme no observó el principio de definitividad que rige a este juicio constitucional, al no haber agotado de manera previa al ejercicio de la acción de amparo el medio de defensa innominado establecido por el ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prescribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" El juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa cuya procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios rectores que lo estructuran como el idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, mediante una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Los principios o normas fundamentales que estructuran al juicio de amparo están previstos por el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. El principio de definitividad establece que el juicio constitucional es procedente únicamente contra actos definitivos; es decir, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su promoción los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, ya que el juicio de protección de los derechos fundamentales se forjó como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. Por ello, la Carta Magna y la Ley de Amparo restringen la procedencia del juicio de amparo al atribuirle el carácter de instancia extraordinaria; esto es, de un medio de reparación de la violación de derechos fundamentales al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado los recursos ordinarios o medios de defensa. Tal postulado se regula por el arábigo 107, fracción IV, del Pacto Federal, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]" Así, antes de acudir a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación debe darse la posibilidad a los Tribunales ordinarios o a otras autoridades del Estado -tanto jurisdiccionales como administrativas- de dirimir la controversia, a fin de que los primeros actúen únicamente cuando se trate de actos definitivos que no sean susceptibles de modificarse, anularse o revocarse; es decir, que sólo se puede acudir a los Tribunales de amparo cuando la violación que se alega no pueda ser examinada a través de otros medios legales de impugnación. Cabe señalar que el incumplimiento del deber de agotar todos los recursos y medios de defensa que la ley establezca para combatir un acto de autoridad antes de ejercer la acción constitucional provoca la improcedencia del amparo y, por ende, el sobreseimiento en el juicio respectivo. Las consideraciones anteriores se sustentan en la jurisprudencia 451 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Ahora, de los ordinales 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las propias leyes se suspendan los efectos de tales actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley que norma a este medio procesal de tutela constitucional y sin exigir mayores requisitos que los que esta última legislación consigna para conceder la suspensión definitiva, ni señale un plazo mayor que el que la ley de la materia establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la legislación que norma a este juicio constitucional. Esas normas también establecen que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución General de la República o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. Igualmente debe destacarse que el precepto legal invocado prescribe que operará la excepción al principio de definitividad cuando la autoridad responsable señale en su informe justificado la fundamentación y la motivación del acto reclamado. Ahora, el disidente reclama del Fiscal, del Subdirector y de la Agente del Ministerio Público de la Mesa VII del Sistema Adversarial, todos de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, las omisiones de integrar la carpeta de investigación 0424/FEMCO/2020 formada con motivo de la denuncia que presentó el dos de julio de dos mil veinte y de reconocerle el carácter de víctima o perjudicado colateral en esa indagatoria, omisiones en contra de las cuales procedía el medio de defensa innominado previsto por el dispositivo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para evidenciar tal aserto en principio es necesario tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido por el arábigo 211 del código invocado, el procedimiento penal está compuesto de las etapas siguientes: Primera. La fase de investigación, que abarca los estadios siguientes: a) la investigación inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; y, b) la investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Segunda. La etapa intermedia o de preparación del juicio, que abarca desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Tercera. La fase de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Por otro lado, el normativo 21, primer y segundo párrafos, de la Constitución General de la República establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél cuando realice esa función y que el ejercicio de la acción penal ante los Tribunales es una facultad conferida al mencionado representante social. En otro punto, de los ordinales 212, 213, 214, 216 y 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierten los siguientes aspectos: La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se entere a la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un ilícito. Tratándose de informaciones anónimas la policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación que considere conducentes para este efecto. De confirmarse la información se iniciará la investigación correspondiente. Cuando la fiscalía tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de una querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicará a ésta por escrito y de inmediato a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. La investigación tiene por objeto que el fiscal reúna los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba que le permitan sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados por la ley. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales. Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima u ofendido podrán solicitar al representante social todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. La autoridad investigadora podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar indagación alguna cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir. Las decisiones del Ministerio Público serán impugnables en los términos que prevé la codificación señalada. A su vez, del contenido de los arábigos 16, décimo cuarto párrafo, y 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna se obtiene que en el proceso penal acusatorio y oral la víctima o el ofendido tienen el derecho de impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño y para hacer viable el ejercicio de esa prerrogativa el Constituyente Permanente estableció que los Poderes Judiciales contarán con Jueces de Control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de las medidas cautelares, las providencias precautorias y las técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. En congruencia con esas bases constitucionales el legislador secundario dispuso en los normativos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en el procedimiento penal la víctima u ofendido tendrán el derecho de impugnar por sí o por medio de sus representantes, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos por ese ordenamiento y por las demás disposiciones legales aplicables; asimismo, estableció que las determinaciones del fiscal sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes podrán impugnarlas ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de la resolución correspondiente y que en estos casos el órgano jurisdiccional convocará a una audiencia para decidir en definitiva citando al efecto a la víctima u ofendido, al representante social y, en su caso, al imputado y a su defensor; por otro lado, dispuso que en el supuesto de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de que sean debidamente convocados, la autoridad judicial declarará sin materia la impugnación y la resolución que el órgano jurisdiccional dicte en las hipótesis señaladas no admitirá recurso alguno. En otro aspecto, es necesario señalar que el dieciocho de abril del año en curso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló la contradicción de tesis 233/2017, en cuya ejecutoria estableció que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio son impugnables ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, señaló que los numerales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del código invocado otorgan a la víctima u ofendido de un delito el derecho a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del representante social en sus funciones de investigación, en los términos previstos en la propia codificación; asimismo, puntualizó que el arábigo 16, décimo cuarto párrafo, del Pacto Supremo, prevé que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el Alto Tribunal del País indicó que el dispositivo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; así, precisó que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, sostuvo que bien puede entenderse que las omisiones del representante social en la etapa de investigación encuadran en ese supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. En esa línea argumentativa, el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación sostuvo que de la interpretación sistemática y funcional de los preceptos citados se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el órgano jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del fiscal que definen el curso de una indagatoria es que al estimar que su actuación sea ilegal debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De acuerdo con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual -precisó- debe agotarse en cumplimiento al principio de defintividad que rige en el juicio de amparo. En ese sentido, la Superioridad puntualizó que de la interpretación sistemática y funcional de los preceptos 16, décimo cuarto párrafo y 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el dispositivo 258 citado, cuya finalidad es que el órgano jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del representante social que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por tanto, estableció que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto se debe agotar ese medio ordinario de defensa, en observancia al principio de definitividad. Las consideraciones establecidas en la ejecutoria dictada en el diferendo de criterios señalado dieron origen a las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.) emitidas por la Primera Sala del Alto Tribunal del País, de contenido siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." En otro aspecto, es necesario señalar que la jurisprudencia dictada por los órganos facultados del Poder Judicial de la Federación es una fuente formal de derecho y un medio de control constitucional tendente a garantizar la supremacía de la Norma Fundamental. En esa línea, es factible sostener que las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.) insertas en los párrafos anteriores son vinculantes para este órgano de control constitucional, en términos de lo dispuesto por el precepto 217 de la Ley de Amparo, los cuales deben aplicarse en el caso particular porque el contenido de esos criterios tienen relación con el supuesto de improcedencia que se examina, ya que de no hacerlo implicaría desconocer una interpretación que es acorde a una realidad jurídica, que proviene de la autoridad otorgada por el Constituyente Permanente al máximo y último intérprete del Pacto Federal; además, la adopción de esa postura da certeza y seguridad jurídica al sistema judicial y permite que esa determinación sea congruente con la interpretación más reciente realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con base en lo anterior, es factible sostener que los actos reclamados al Fiscal, al Subdirector y a la Agente del Ministerio Público de la Mesa VII del Sistema Adversarial, todos de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, consistentes en las omisiones de integrar la carpeta de investigación 0424/FEMCO/2020 formada con motivo de la denuncia que presentó el dos de julio de dos mil veinte y de reconocerle el carácter de víctima o perjudicado colateral en esa indagatoria son susceptibles de impugnarse ante el Juez de Control a través del medio de defensa innominado previsto por el arábigo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se sostiene lo anterior, porque la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al fallar la contradicción de tesis 233/2017 estableció que el aludido dispositivo prevé la posibilidad de combatir las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal y precisó que en general se trata de actuaciones del representante social que tienen como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; en este sentido, sostuvo que bien puede entenderse que las omisiones en las que incurra la fiscalía en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio y oral encuadran en ese supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. En esa línea, de acuerdo con la interpretación sistemática y funcional de los preceptos 16, décimo cuarto párrafo y 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que el quejoso Gerardo López Martínez puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el normativo 258 citado, cuya finalidad es que el órgano jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del representante social que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; por tanto, el justiciable previamente a la promoción de este juicio constitucional debió agotar ese mecanismo ordinario de defensa en observancia al principio de definitividad, sin que haya atendido esa carga procesal. Efectivamente, de acuerdo con lo expuesto es factible sostener que en las normas constitucionales y legales citadas está reglamentada la impugnación de las omisiones en las que incurra el representante social en la atapa de investigación del procedimiento penal, por lo que si el principio de definitividad exige el agotamiento previo del recurso o el medio de defensa ordinario procedente respecto a un determinado acto de autoridad esa situación se traduce en la obligación de la parte quejosa de agotar los mecanismos de impugnación antes de promover el juicio constitucional, sin que se advierta que haya observado el referido principio rector; por tanto, en la especie el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente. Por las consideraciones expuestas se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el numeral 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que el disidente no observó el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, al no haber agotado de manera previa a la promoción del presente asunto el medio de defensa innominado establecido por el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de las actuaciones reclamadas. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo este Juzgado Federal desecha de plano la demanda de amparo presentada por Gerardo López Martínez en contra de los actos reclamados al Fiscal, al Subdirector y a la Agente del Ministerio Público de la Mesa VII del Sistema Adversarial, todos de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, consistentes en las omisiones de integrar la carpeta de investigación 0424/FEMCO/2020 formada con motivo de la denuncia que presentó el dos de julio de dos mil veinte y de reconocerle el carácter de víctima o perjudicado colateral en esa indagatoria, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio del quejoso. Se tiene como domicilio procesal del inconforme el que indica en su ocurso. Medios de contacto de comunicaciones no procesales. En otro punto, se toma conocimiento del número telefónico y del correo electrónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese personalmente. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)

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