Gerardo López Ayala

Expediente 577/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
577/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
13/06/2017

Partes del expediente

  • Gerardo López Ayala

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de primero de junio de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por Gerardo López Ayala, contra actos del Juez Menor Mixto de Moroleón, Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 577/2017-IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el normativo 113 de la ley de la materia, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Cabe precisar que de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama el auto de once de mayo de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil M490/2015 del índice del Juzgado Menor Mixto de Moroleón, Guanajuato, por medio del cual en atención a la solicitud presentada por el adjudicatario **********, ordenó a la parte demandada la entrega de la escritura correspondiente del bien inmueble materia de dicho juicio. Por ello, en el caso concreto, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 217 de la Ley de Amparo, que literalmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito." A manera de preámbulo, conviene prevenir que la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia Ley de Amparo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus primeras veintidós fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma, que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por su parte, el citado numeral 217 de la Ley de Amparo, prevé que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligatoria para los Plenos de Circuito, los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales y federales. De tal suerte que, a efecto de que se cumpla con el contenido de este precepto, cuando exista jurisprudencia emitida por dicho órgano que sea aplicable a un determinado asunto, la actuación del juez de distrito debe adecuarse al criterio jurisprudencial emitido por Nuestro Máximo Órgano Constitucional. Sobre estos parámetros, este juzgador estima que tocante al acto reclamado en esta instancia, se actualiza un motivo de improcedencia que tiene su génesis en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, tomo VI, parte SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." De ahí, que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos derivados de otros consentidos, que son aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente. Sobre el particular, nuestro Máximo Tribunal Constitucional, ha sostenido que para considerar que un acto es derivado de otro consentido, deben concurrir dos elementos: Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, para una mejor comprensión de por qué se actualiza la causal de improcedencia en estudio, es necesario señalar los antecedentes que se desprenden de la lectura de la demanda de amparo y que son los siguientes: **********, promovió la acción cambiaria directa en la vía ejecutiva mercantil en contra de **********; demanda que fue radicada por el Juez Menor Mixto de Moroleón, Guanajuato, bajo el número M-490/2015, dictándose sentencia condenatoria en dicho juicio. El veintiocho de febrero pasado el juez mencionado aprobó la petición hecha por la parte actora, en la cual cedió los derechos de ejecución de sentencia al ahora quejoso **********. En la misma data y una vez que la sentencia de mérito causó ejecutoria y no habiendo realizado la parte demanda el pago voluntario, se llevó a cabo la audiencia de remate del bien inmueble materia del citado controvertido; diligencia en la cual se adjudicó en favor de ********** dicho bien raíz y se requirió a la parte demandada para que dentro del término de tres días otorgara a favor de dicho adjudicatario la escritura de venta correspondiente. En contra de la citada audiencia el solicitante del amparo interpuso recurso de revocación, en el cual mediante sentencia de veinticuatro de marzo del presente año, el Juez Menor Mixto de Acámbaro, Guanajuato, confirmó las determinaciones asumidas en la audiencia de remate. Mediante proveído de once de mayo de dos mil diecisiete, a petición del adjudicatario el juez responsable requirió a la parte demandada **********, para que dentro del término de tres días hiciera entrega de la escritura correspondiente del bien inmueble rematado mediante audiencia de veintiocho de febrero de la presente anualidad. Acto que constituye el acto reclamado en la presente instancia. Ahora bien, de los antecedentes narrados, se aprecia que el auto de once de mayo de dos mil diecisiete, por el cual el juez responsable requirió la entrega de la escritura correspondiente, fue consecuencia natural y legal de la diligencia de remate llevada a cabo el veintiocho de febrero pasado, en la cual se adjudicó en favor de **********, el bien materia del controvertido. Diligencia en contra de la cual la parte quejosa interpuso recurso de revocación, resolviéndose en el sentido de confirmar lo impugnado; determinación que la parte quejosa tuvo conocimiento y sin que lo impugnara debidamente, por lo que se estima consentido el acto que reclama en esta instancia constitucional. Esto es, si el acto reclamado consiste en el auto de once de mayo de la presente anualidad, por el cual el juez responsable requirió la entrega de la escritura correspondiente al bien adjudicado dentro de la audiencia de remate de veintiocho de febrero de la misma anualidad, diligencia que fue confirmada mediante resolución de recurso de revocación que este mismo interpuso, y si tuvo conocimiento de esta última determinación y no la impugnó debidamente, ni la señala como acto reclamado, es inconcuso que para efectos del juicio de amparo resulta ser un acto consentido la resolución que en esta vía se reclama. Lo anterior se corrobora del estudio que se realizó al diverso juicio de amparo 470/2017-IV radicado en este Juzgado de Distrito, con el que da cuenta la secretaría, promovido por el mismo quejoso **********, y que se tiene a la vista como hecho notorio conforme lo dispone el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, editada en junio de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE."; del que se advierte que en dicho expediente el quejoso reclamaba: La determinación dictada el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, por el Juez Menor Mixto de Moroleón, Guanajuato, al resolver el recurso de revocación interpuesto en contra de la audiencia de remate de veintiocho de febrero de la misma anualidad, en la cual, como se dijo, se ordenó la adjudicación del bien inmueble materia del juicio ejecutivo mercantil M-490/2015 en favor de **********. Juicio de amparo en el cual se previno al peticionario a efecto de que realizara diversas precisiones, sin embargo al no haberlas realizado a cabalidad y habiendo fenecido el término para ello, el veintidós de mayo se tuvo por no presentada. Por otra parte, cabe puntualizar además, que el auto de once de mayo de dos mil diecisiete que en esta instancia constituye el acto reclamado, no se reclama por vicios propios, dado que su inconstitucionalidad se hace depender de la audiencia de remate de veintiocho de febrero del mismo año. Lo anterior es así, porque la parte quejosa no le atribuye a la determinación reclamada vicios de ilegalidad, pues de sus conceptos de violación se observa que alega que le causa agravio, pero esencialmente expone argumentos orientados a discutir la ilegalidad de la audiencia de remate de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Ahora, tomando en consideración que el promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. En el mismo orden, téngase al promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rafael Zavala Magaña, al contar con cédula profesional número 5332810 registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "WORD SISE".

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