Gerardo Llaguno Ponce De León

Expediente 1091/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1091/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Gerardo Llaguno Ponce De León

Actuaciones

  1. Principal

    VIII.-...se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes....archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido

  2. Principal

    VIII.- Vista la razón de cuenta signada por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, por medio de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso *** el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, por los motivos que expone...se ordena la notificación del referido acuerdo, del presente, así como los subsecuentes, aun los de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado federal y publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo, mientras no señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, lugar de residencia de este órgano jurisdiccional. LO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos de la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1091/2022-VIII. En principio, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala:.. Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable, por el criterio que informa, la jurisprudencia1 de rubro: En ese contexto, del análisis íntegro de la demanda, se advierte que la parte quejosa, reclama el auto de veintitrés de agosto del año en curso dictado por la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec, Estado de México, en el toca ******, que desechó la recusación planteada por el quejoso en relación con el Juicio Ordinario Civil sobre Acción Reivindicatoria con número de expediente ******. En ese contexto, el suscrito estima que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Estas porciones normativas disponen que el juicio de amparo será improcedente, contra actos que no sean de imposible reparación. En efecto, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Acorde con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten a la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten materialmente algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación o derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales, y desaparecen si el afectado obtiene sentencia favorable. Como se dijo, el acto reclamado en el presente juicio consiste en el auto de veintitrés de agosto del año en curso dictado por la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec, Estado de México, en el toca ******, que desechó la recusación planteada por el quejoso en relación con el Juicio Ordinario Civil sobre Acción Reivindicatoria con número de expediente ******. Determinación que no es combatible a través del amparo indirecto, toda vez que en la fracción V, del artículo 107, de la ley de la materia, se advierte que por "actos de imposible reparación," se entenderán aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos; sin embargo, el acto de que se duele el promovente no conculca algún derecho sustantivo, sino que se trata de una violación procesal reclamable a través del medio de impugnación que haga valer contra la resolución que resuelva en definitiva el juicio de origen. Bajo ese esquema, el efecto de la resolución combatida no implica una afectación material a un derecho sustantivo previsto en la Constitución o en algún tratado internacional, sino que sólo gravita en la depuración procesal con el propósito de continuar el litigio, razón por la cual resulta incuestionable la improcedencia del amparo indirecto. Ciertamente, los efectos del acto reclamado son formales y pueden desaparecer si la parte quejosa obtiene una resolución favorable en el juicio civil de origen. Con ello se reitera que el acto del que se duele la parte quejosa no conculca materialmente algún derecho sustantivo, partiendo del hecho que no le irroga un perjuicio de imposible reparación que la sala responsable en el auto de veintitrés de agosto pasado, en el toca ******, desechara por notoriamente improcedente la recusación planteada en relación con el Juicio Ordinario Civil sobre Acción Reivindicatoria con número de expediente ******, debido a que el promovente omitió exhibir el máximo de multa, de conformidad con el artículo 1.69, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En congruencia con lo anterior, se concluye que el auto reclamado que desechó la referida recusación, al tratarse de una determinación intraprocesal que no causa agravio por sí misma, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el juicio de origen. En ese sentido, dicha resolución tiene como único efecto que el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal, respecto de quien se haya promovido una recusación, continúe conociendo del asunto, cuyas consecuencias sólo están relacionadas con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden, en todo caso, en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo. Sostener lo contrario, alentaría a que se diversificara la promoción de juicios de amparos y, en consecuencia, no es factible reclamar las posibles transgresiones sufridas, pues ello sólo se justificará hasta que se dicte la resolución respectiva dentro del Juicio Ordinario Civil sobre Acción Reivindicatoria con número de expediente ******; caso en el cual, válidamente pudiera reclamar las violaciones acaecidas dentro de aquél. De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que el acto impugnado no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause al peticionario del amparo un perjuicio de imposible reparación, en los términos requeridos por la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda promovida por ******, por propio derecho, atento a lo que establece el diverso 113 del ordenamiento indicado. Por otra parte, se tiene como autorizado a ******, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo expresamente. La parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ******; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, por única ocasión, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que se constituya en el domicilio en cita y notifique personalmente el presente acuerdo a la parte quejosa, o bien, a su autorizado; asimismo, le requiera para que en la diligencia, o bien por escrito en el término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, lugar de residencia de este órgano jurisdiccional. Apercibida la parte quejosa que de no hacerlo en el plazo señalado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto señale uno en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, para tal efecto. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito a este juzgado de Distrito para que, en caso de ser necesario, practique las diligencias derivadas de este asunto, en días y horas inhábiles. Asimismo, se destaca al fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional que para realizar las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan, deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de la Materia. Se instruye a los actuarios judiciales para que cuando practique la notificación a que se refiere este acuerdo acaten los protocolos para su seguridad personal elaborados por el Consejo de la Judicatura Federal. Se toma conocimiento de las manifestaciones relativas a que no se opone a la publicación de sus datos personales con motivo de la tramitación de este juicio de amparo. No ha lugar a tener como medio para oír y recibir notificaciones la cuenta de correo electrónico que señala al final del escrito de demanda, no obstante, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, se toma conocimiento de aquella; asimismo, requiérase a la parte promovente para que, de estimarlo conveniente, proporcione un número de teléfono, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgador lo considere necesario. Asimismo, derivado del esquema de trabajo establecido con motivo de la emergencia sanitaria derivada del virus SARSCoV2, conforme a lo dispuesto en los normativos 22, fracción I, y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase al promovente que está en aptitud de solicitar la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y continuar la tramitación del presente expediente utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para incorporarlas al expediente impreso. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a los secretarios del juzgado a efecto de que elaboren la versión pública de la sentencia y/o resolución que al efecto se dicte en este juicio de amparo, con estricto apego a dichos ordenamientos legales y demás normatividad aplicable. Finalmente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1°, 3, 4, 9, 68, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, así como 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, comuníquese a las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial."

  3. Principal

    VIII.- Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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