Gerardo Ledesma Cabral
Expediente 822/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 822/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gerardo Ledesma Cabral
Actuaciones
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el oficio recibido vía electrónica, signado por el Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el que informa el proveído de veintinueve de septiembre del presente año, dictado en el juicio de amparo 479/2020-V de su índice, relativo al juicio de amparo 822/2020, en el que informa que acepta la competencia planteada por este órgano Judicial mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso y se avoca al conocimiento del juicio de amparo 822/2020 a que este cuaderno de antecedentes se refiere. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley federal en consulta, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Téngase por realizada la certificación de cuenta en la que se asienta que teniendo a la vista el presente expediente, se advierte que no obran glosados documentos originales. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis contenida en el inciso j), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se declinó la incompetencia a un diverso juzgado de distrito; lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes transcurridos tres años contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción la cual deberá ser remitida a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el tercer párrafo del numeral antes precisado. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que el juicio de amparo 1212/2019, se encuentra promovido por Víctor Antonio Chávez de Anda; contra actos del Presidente del Comité de Ministros Especializados en Materia de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo, el juicio de amparo 214/2018 se encuentra promovido por Daniel Nuri Pérez Ades, contra actos de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ambos del índice de este Juzgado de Distrito, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el oficio y después de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que se lleva en éste Juzgado, se advierte que el juicio de amparo 1212/2019 fue promovido por Víctor Antonio Chávez de Anda; contra actos del Presidente del Comité de Ministros Especializados en Materia de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, de dicha revisión y del contenido del oficio, se advierte que corresponde al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México promovido por Ricarda Pérez Naranjo; en consecuencia, y en obvio de mayores dilaciones, remítase a dicho Juzgado el oficio registrado con el folio 6413, en virtud de lo señalado con antelación, previa copia simple que del mismo se deje en autos para constancia, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que el sello en la Constancia de Notificación del presente acuerdo hace las veces del mismo. Por otra parte, visto el escrito recibido vía electrónica registrado con folio 7000, agréguese sin mayor proveído en virtud de que después de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que se lleva en éste Juzgado, no se encontró ninguna relación con asuntos de este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE: "Vista la demanda de amparo presentada por Gerardo Ledesma Cabral, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Norma Patricia Vargas González. Integración del expediente. Fórmese el expediente 822/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo y sus anexos, este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa carece de competencia por materia para conocer de la demanda de amparo. Incompetencia. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Precisión del Acto reclamado. Gerardo Ledesma Cabral busca que a través del juicio de amparo se ejerza control de constitucionalidad sobre los actos siguientes: La falta de respuesta y la falta de notificación del acuerdo correspondiente a través del cual se de contestación a la solicitud de reconocimiento calidad (sic) de victima directa el C. Emmanuel Alonso Ledesma Cabral e indirectas de los CC. Laura Miranda Hernández y Gerardo Ledesma Cabral, en términos del artículo 110, fracción VIII de la Ley General de Victimas, por los hechos denunciados por el C. Gerardo Ledesma Cabral en el año 2013, los cuales dieron inicio a la averiguación previa AP/PGR/DDF/SZN-II/388/2013; solicitud que fue formulada de manera fundada y motivada, de forma escrita y presentada ante la oficialía de partes de la fiscalía general de la república, subdelegación zona norte el veintitrés de enero de dos mil veinte. Una vez establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito especializado en materia administrativa concluye que carece de competencia por materia para conocer de la demanda de amparo a que se refiere este expediente, toda vez que el acto reclamado corresponde a la materia penal. Para demostrar lo anterior, es importante destacar que las reglas para la distribución de las competencias, tratándose de Juzgados de Distrito Especializados por materia, toman como elemento para determinar la competencia material tanto el carácter de la autoridad emisora del acto reclamado, cuanto la naturaleza del acto que emiten; como se advierte de la siguiente jurisprudencia: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado". Sin embargo, también debe indicarse que las reglas para la distribución de las competencias ponen especial énfasis en el contenido material del acto reclamado, tal y como sucede en las impugnaciones de leyes o de disposiciones de carácter general, en donde no interfiere el carácter de la autoridad emisora para determinar la naturaleza del acto que se reclama en amparo. Esto es, para determinar la competencia material, la naturaleza del acto es un elemento fundamental que prima sobre la calidad de la autoridad que lo emite. Por otra parte, cabe destacar el contenido del artículo 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece que: "51.- Los jueces de distrito en materia penal conocerán: (.) I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (.)" El numeral transcrito establece que será competencia de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, los juicios de amparo que se presenten en contra de determinaciones judiciales del orden penal, actos que afecten libertad personal, con excepción de las correcciones disciplinarias impuestas fuera de procedimiento penal, y en contra de aquellos actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno prohibido por el numeral 22 del Pacto Federal. De lo expuesto con antelación, cabe destacar que el promovente reclama la omisión o falta de contestación al escrito de veintitrés de enero del presente año, dentro de la carpeta de investigación AP/PGR/DDF/SZN-II/388/2013. Entonces, es inconcuso que su conocimiento debe corresponder a un Juez especializado en materia penal, pues evidentemente tal acto se encuentran vinculado a un acto que tiene esa naturaleza, dado que indudablemente la averiguación previa es el acto primigenio y respecto del cual se hacen depender tanto la facultad de investigar, como el procedimiento para su debida integración, que evidentemente conlleva a realizar los actos que aquí impugna y que encuentra su fundamento en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas. Aunado a lo anterior, la solicitud de la intervención del Procurador General de Justicia de la Ciudad de México para que se pronuncie sobre el seguimiento dado a esa carpeta de investigación incide en cuestiones de naturaleza penal, pues se trata de un derecho de acción concerniente a esa materia. Asimismo, la autoridad responsable se relaciona con actividades de investigación y de persecución de presuntos responsables en la comisión de delitos, conforme al tipo penal previsto en la legislación penal aplicable (en este caso, el delito de extorsión). Por lo que es evidente que con base en la naturaleza del acto, el conocimiento de la demanda corresponde a un órgano jurisdiccional especializado en materia penal. Resulta aplicable la tesis 1a. CCLXXXIII/2012, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL, SI EN LA DEMANDA DE AMPARO SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO DEL PROCURADOR DE JUSTICIA, LA OMISIÓN DE INTERVENIR EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE, POR POSIBLES IRREGULARIDADES EN SU INTEGRACIÓN". En este contexto, es dable sostener que el acto reclamado debe considerarse, por su naturaleza, como eminentemente penal, pues el acto que se reclama se encuentra vinculado con la carpeta de investigación AP/PGR/DDF/SZN-II/388/2013, por lo cual es indefectible que tal supuesto encuadra perfectamente en la hipótesis prevista en el numeral 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y por consiguiente, no encuentra cabida en las hipótesis previstas por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la siguiente jurisprudencia: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA. Cuando se trate de juicios de amparo interpuestos en contra de actos realizados por el agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa, que no incidan en la libertad personal del quejoso ni se esté en presencia de un procedimiento de extradición, en atención a su naturaleza intrínsecamente penal, independientemente de la procedencia del juicio de garantías, es competente para conocer de ellos el Juez de Distrito en Materia Penal y, en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia para resolver el recurso de revisión respectivo. Ello es así, en virtud de que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados o Jueces de Distrito atiende a la naturaleza del acto reclamado para decidirlos, prescindiendo de la naturaleza formal de la autoridad de la que emana el acto; de ahí que aun cuando durante la integración de la averiguación previa el agente del Ministerio Público es una autoridad formalmente administrativa, los actos que realiza son de naturaleza penal, ya que practica toda clase de diligencias con fundamento en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto". Sin que pase desapercibido que la omisión reclamada pudiera considerarse como violaciones formales imputables a autoridades administrativas; no obstante, esta circunstancia no puede atribuir competencia a un Juzgado especializado en materia administrativa. Lo anterior es así, porque dicha omisión está funcionalmente relacionada con el expediente de la carpeta de investigación mencionada, por lo que su conocimiento debe ser concentrado en un Juez de Distrito en Materia Penal, en atención al principio de especialidad. Sostener lo contrario, y dividir la competencia en función del acto en concreto -si es una omisión o si se estudia el fondo del asunto-, sin atender al contexto en el cual se emite, únicamente produce inseguridad jurídica a la quejosa al momento de impugnar el acto, sin que, en cambio, exista un beneficio derivado de la especialización administrativa de este órgano jurisdiccional. Similares consideraciones fueron establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2016, en la que se estableció que: "(.) Sin que obste el hecho de que la omisión del consejo de responder a una solicitud de apoyo constituya una violación formal atribuible a una autoridad administrativa que, en principio, podría ser conocida también por un Juez no especializado o por uno especializado en la materia administrativa, pues para emitir un pronunciamiento sobre la omisión, aisladamente considerada, podría pensarse que no es necesaria especialización alguna. Lo anterior, porque esa omisión está funcionalmente conectada con la finalidad del procedimiento, a saber, determinar la procedencia o no del apoyo económico a una víctima del delito, por lo que se estima recomendable, en función del principio de especialidad, concentrar el conocimiento de cualquier acto de ese procedimiento funcionalmente conectado con su resolución, en el Juez de Distrito en Materia Penal, porque además, fragmentar la competencia en función del acto concreto que se reclame, ignorando el contexto en el que es emitido, sólo podría producir inseguridad jurídica a los quejosos con miras a su impugnación, sin que a cambio se obtuviera beneficio alguno relacionado con la especialización. (.) De dichas consideraciones surgió la jurisprudencia 1a./J. 133/2017 (10a.), que lleva por rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL CONSEJO DE ATENCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS DEL DELITO DEL DISTRITO FEDERAL DE EMITIR OPINIÓN RESPECTO DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE UNA SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO COMPETENTE PARA CONOCER DE MATERIA PENAL". En este sentido, resulta irrelevante que los actos reclamados se relacionen con omisiones, y no propiamente una cuestión de fondo puesto que, como se señaló, tal circunstancia no reviste a la omisión de naturaleza administrativa. Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, toda vez que el acto reclamado no encuadra dentro de las hipótesis que señala el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que prescribe las atribuciones de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, remítase el expediente en que se actúa al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente, solicitando atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Ahora bien, en atención a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítanse las actuaciones digitalizadas del juicio de amparo en que se actúa al citado órgano jurisdiccional, a través del sistema de interconexión y solicítese atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Sin que se forme cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas de manera electrónica. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se considera competente. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Téngase por autorizado en términos de la primera parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en estrecha relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la ley de la materia a Israel Rodríguez Valle, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese; personalmente al quejoso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo."
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